Dedico este trabajo a Amellalli, mi conciencia social.
Imbuidas las clases dominantes, el capital y
el Estado en las políticas neoliberales. Se han fundado en la dinámica
del mercado, en la competencia, la monopolización y la transferencia de
recursos al exterior, mientras se entregan los propios al capital
extranjero y a las empresas trasnacionales mediante la privatización de
las entidades de la nación, en un afán de reproducir la acumulación de
capital mediante el despojo, la rapiña y la especulación de la riqueza y
de los recursos naturales y humanos del país1.
Así, durante los mandatos de Fox y Calderón, se entregaron en concesión
a empresas mineras nacionales y extranjeras 8 millones 336 mil 990
hectáreas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y
Puebla. A las que se debe sumar 1 millón 278 mil 445 cedidas en
Michoacán durante la actual administración. Según la Dirección de Minas
de la Secretaria de Energía, tan sólo en el municipio de Ensenada, B.C –
el más grande del país, con un total de 5 millones 248 mil 240
hectáreas de territorio -, Calderón y Fox cedieron a la iniciativa
privada el uso de 2 millones 288 mil 887 hectáreas para la explotación
minera2.
En estos avatares, el gobierno de Peña Nieto ha recortado el nivel de
beneficio para el erario y maximizando las utilidades para el capital
privado en áreas como: banca, minas, ferrocarriles, ingenios azucareros,
satélites, acereras, carreteras, líneas aéreas, etc. Bajo su amparo, se
estrenan en la rama del petróleo los consorcios Petrobal, del zar
mexicano de la Plata, Alberto Mailleres y Carlos Oil y Gas, del magnate
más rico del país, Carlos Slim. Para los cuales Peña Nieto otorgó
condiciones de ensueño y renta ultra elevada, mientras que por el otro
lado darán migajas al erario y a los mexicanos, quienes alguna vez
fueron dueños de todo lo que hoy pertenece al capital privado3.
Asimismo, en medio de una opacidad total, el gobierno mexicano ha
firmado el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Trabajando de
forma gerencial para el gran capital, pero con especial interés en el
trasnacional. Tal y como se ha hecho desde 1982, cuando en México se
instaló el neoliberalismo, esquema gerencial que vende bienes de la
nación y procura negocios para los grupos de poder privado internos y
foráneos, no sin antes cobrar por sus servicios.
Cobrando mayor
fuerza este saqueo en nuestro país, toda vez que las grandes petroleras y
Washington, al estar consientes de que el mundo ha ingresado al “techo
del petróleo” (peak oil), vienen centrando sus intereses sobre todos los
recursos energéticos existentes en lo que llaman “Las Américas”. Bajo
la advertencia de generales y militares, sobre la necesidad de contar
con los abastecimientos seguros de este área, se ha desplegado una
ofensiva sobre la explotación de aguas profundas desde el mar de Alaska
hasta Rio de Janeiro, en las arenas bituminosas y crudos pesados o
superpesados de Alberta, Canadá el Este de Chicontepec, en México, la
cuenca del Orinoco, Venezuela y de Colombia, hasta Argentina, donde ya
Chevron, Exxon-Mobil y Repsol “avanzan”4.
Y
para brindarles mayores ganancias, a las grandes corporaciones, además
de amoldarse la legislación nacional para permitir la explotación y
expoliación del territorio sin mayores controles políticos ni
ambientales, el Pentágono, la CIA y las firmas petroleras, de la mano de
un respaldo corrupto de “gobernanza” financiera y policial-militar, han
traído consigo una “sombrilla de seguridad” que viene operando bajo
diseños intervencionistas, desde los procesos de toma de decisiones en
temas de seguridad y ocupación. Donde además de la “Cuarta Flota” se
incluyen bases militares, tropas, así como la incorporación de cuerpos
de seguridad – civiles o militares – de la región directamente en las
partidas de presupuesto del Departamento de Defensa5.
Mediante: la “guerra antinarcóticos” o “al crimen organizado”, desde el
Comando Sur (Plan Colombia) y del Comando Norte (Iniciativa Mérida).
Esquema
que debe circunscribirse en el contexto de la proyección del “Terror de
Estado” que Washington impulsa después del ataque a las Torres Gemelas
del 11 de septiembre en 2001, para el mantenimiento de su supremacía.
Donde, el principio fundamental es la libertad económica – que significa
libertad para las compañías norteamericanas de invertir, vender y
repatriar beneficios –. Y si estos valores fundamentales son perturbados
por estudiantes revoltosos, los procesos democráticos, las
organizaciones campesinas, la prensa libre y los sindicatos6,
se hace uso de la “fuerza extra económica”. Instrumento que también fue
utilizado por Truman en Hiroshima, por Johnson en Vietnam,
Nixon-Kissinger en Chile, Camboya y Asía y Reagan-Bush en Centroamérica y
Panamá. Experiencia, toda esta, que definitivamente viene teniendo
serias repercusiones en México.
El Terror de Estado se viene
implementando en nuestro país, impulsado desde Washington ante la
vorágine del despojo, la mercantilización, privatización de territorios y
recursos geoestratégicos. Se viene “naturalizando” la expulsión de
campesinos de sus tierras comunales y ejidales en beneficio de grandes
corporaciones transnacionales, y se les utiliza como una mercancía más,
susceptible de ser desechada. O como fuerza de trabajo excedente, en
algunos casos bajo regímenes de semi esclavitud, como en San Quintín,
Baja California, y decenas de campos bajo propiedad privada en áreas de
Sinaloa, Sonora y Nayarit. Lo cual ha venido gravitando en contra de la
legitimidad del régimen, sumado a las formas inescrupulosas en que toma
la presidencia durante el 2012 Peña Nieto, al igual que Calderón en el
2006. Toda vez que se han impuesto políticas económicas que responden al
interés de una minoría y atacan por otra parte los derechos y los
intereses de amplios sectores de la población. Por lo que, al igual que
el anterior mandatario, el actual viene haciendo uso de las fuerzas
armadas para legitimar y lograr sostener su régimen. Por lo que venimos
siendo testigos de la configuración del Estado mexicano como un Estado
que viola constantemente las condiciones de vida digna, represor de las
libertades democráticas y que usa el terror contra las organizaciones y
la protesta social.
Tras asentarse la participación directa de
los militares en la lucha contra el narcotráfico con los llamados
gobiernos de la alternancia y el actual priista (2000-2015), en nuestro
actual contexto histórico y político vienen manifestándose más como
parte del problema antes que como una solución, particularmente en su
relación con los civiles. Observándose en el alarmante aumento de
muertes, desapariciones forzadas y violaciones graves a los derechos
humanos relacionadas con la actividad de las fuerzas militares y
policiacas. Durante el calderonato, desde principios del 2007, se
publicaron las primeras denuncias sobre personas desaparecidas, que para
el año 2008 sumaron 600. Fenómeno que no se detendría, según los 2 mil
126 denunciantes familiares de los desaparecidos, responsabilizan de
dichos actos a funcionarios del gobierno. De poco a poco: dos eperristas
en Oaxaca, un par de veterinarios en Torreón, un niño de nueve años, su
padre y sus tíos, varios jóvenes que viajaban rumbo a la frontera. Para
dar paso luego a hechos colectivos: 20 vacacionistas en Acapulco, dos
camionetas con ingenieros en Piedras Negras, 38 petroleros en Cadereyta,
12 vendedores de pintura, 10 policías federales en Michoacán, ocho
cazadores de Guanajuato, tres camiones llenos de migrantes, una veintena
de jornaleros guanajuatenses, 50 personas capturadas por marinos y
cientos de jovencitas de Coahuila, Chihuahua, Veracruz o Querétaro. A lo
cual se le sumaron 15 mil cadáveres no identificados que fueron
llevados a la fosa común, de los cuales 421 fueron encontrados en fosas
clandestinas7.
Conforme
los últimos gobiernos encabezados por Felipe Calderón, Vicente Fox, y
el actual con Peña Nieto, se han posicionado como entusiastas impulsores
de los intereses empresariales, geopolíticos y geoestratégicos de
Norteamérica en México, Centroamérica y América del Sur. Venimos siendo
testigos de hechos como el más reciente ocurrido la semana pasada en
municipios como Tamazula, Durango, localizado en el llamado Triángulo
Dorado de la droga. Donde según datos proporcionados por el DIF de esa
entidad 200 habitantes se desplazaron de Tamazula a Cosalá, Sinaloa. El
sábado 10, las familias desplazadas indicaron que los marinos
mantuvieron un enfrentamiento con un grupo armado, por lo que desde
entonces han abandonado sus hogares, pero no sólo por el clima de
violencia, sino por el hostigamiento del que fueron objeto por parte de
marinos, en la supuesta búsqueda del Chapo Guzmán. Asimismo, Juan José
Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
informó que los operativos de los marinos han ocasionado afectaciones en
Lagunita, Jacole, El Verano, Las Piedrosa, El Aguilita, lugares
pertenecientes al municipio de Tamazula8.
Así,
todas estas actividades en las cuales participan de manera directa la
Armada de México y el Ejército para el supuesto desmantelamiento de los
cárteles del narcotráfico mexicano. Cuentan con la anuencia
estadounidense. La Marina en mayor medida que el Ejército, viene
“colaborando” con agentes estadounidenses de la Agencia Estadounidense
Antidrogas (DEA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), ajustándose
en los hechos, sin ningún respaldo legal, a la concepción
estadounidense de marines para la realización de operaciones en tierra
continental con el “apoyo” de sus agencias.
En el marco de la
Iniciativa Mérida negociada por Felipe Calderón con Estados Unidos, las
Fuerzas Armadas han debido rendir cuentas a ese país sobre la manera en
que usan la “ayuda” recibida, intercambiar información con la Agencia de
Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO)
y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), instancias de inteligencia
del Pentágono a las que Calderón les abrió las puertas para operar en el
país9.
Frente
a la situación crítica que vienen viviendo muchos pueblos y comunidades
indígenas y campesinas por la andanada de megaproyectos en distintas
partes del país, se viene configurando en el país el hecho de que las
fuerzas armadas han venido aplicando un plan de exterminio en contra de
movimientos sociales de distinta índole, encubierto bajo el disfraz de
una guerra contra la criminalidad. En 2008, según el documento de La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico indicó la inviabilidad del país ante la previsible simbiosis entre cárteles criminales y grupos armados desafectos al gobierno, objetivos a aniquilar mediante una cruzada nacional de tipo contrainsurgente10.
Por tales motivos el Estado viene recurriendo a distintos mecanismos
para reprimir a la población, ampliando el miedo y el terror como
principal estrategia. Así, los mandos castrenses han profundizado sus
labores de administración y trabajo de muerte. Sacando a la luz pública a
personajes siniestros como el teniente coronel Julián Leyzaola, el
pacificador de Tijuana y Ciudad Juárez, así como el general Carlos
Bibiano Villa Castillo, quien en Torreón, Coahuila, estrangulaba halconas del narco y mataba en caliente a supuestos chapos y zetas y
los hacía gusanitos. O como el teniente coronel José Juárez Ramírez,
jefe del pelotón de la muerte en Ojinaga, y el general Jorge El Marro
Juárez Loera, quienes en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua,
junto con el general Felipe de Jesús Espitia, elevaron de manera
exponencial la práctica de la tortura, las ejecuciones sumarias
extrajudiciales y la desaparición forzada de personas.
En medio
de tanta muerte, horror y caos, en estados de la república como
Monterrey, donde reside un fuerte grupo de la oligarquía nacional, a la
sombra de los militares, con su consentimiento y encuadrados como
estructuras paralelas a las fuerzas regulares del Estado, so pretexto de
“usos y costumbres locales” y “tradiciones” resurgen escuadrones
paramilitares y comandos de exterminio social, como el grupo rudo de
limpieza del alcalde Mauricio Fernández Garza, en San Pedro Garza, en la
zona metropolitana de Monterrey, La familia michoacana, Los mata zetas y otros inventos, remedos de la Brigada Blanca y los halcones en
los años setenta y de la docena de agrupaciones que tras el
levantamiento campesino-indígena exterminaban bases zapatistas al amparo
del Plan Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre
ellos Paz y Justicia, Los Chinchulines y Máscara Roja, que tuvieron como
punto máximo de su actividad criminal la matanza de Acteal11.
Así, desde el 2006, somos testigos de la ampliación de nuevas formas de
violencia no experimentadas en el país anteriormente. Por ejemplo, las
decapitaciones entre supuestos narcotraficantes que no eran la regla,
sino la excepción, ataques con granadas contra civiles como el ocurrido
durante las festividades del 15 de septiembre en 2008, en Morelia
Michoacán y dos días antes la explosión de un auto bomba en Ciudad
Juárez Chihuha, provocando la muerte de cuatro agentes federales. Todo
lo cual ha estado acompañado del hecho de que varias organizaciones
“criminales” han “contratado” a “personal de alta calificación”; por
ejemplo, “antiguos” miembros de las fuerzas especiales estadounidenses,
Boinas Verdes, Rangers, Seals, etc. Así como “antiguos” miembros de las
fuerzas especiales de México; integrantes de los Grupos
Aerotransportados de Fuerzas Especiales (GAFES). Miembros que se
encuentran involucrados de manera sustancial en ejecuciones
extrajudiciales, pese ala escases de datos oficiales, en la violencia,
la tortura y los asesinatos desatados por la guerra contra las drogas12.
Donde
resulta preciso no olvidar aspectos nada anecdóticos ni triviales como
que los llamados Zetas, es un grupo formado por supuestos “desertores”
del Ejército Mexicano, principalmente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas
Especiales (GAFE), caracterizado por tener la más alta especialización contrainsurgente
y antinarcóticos de la Sedena. Y que en casos de liberación de sicarios
como la realizada en el Penal de Apatzingán el 5 de enero de 2004,
vestían uniformes parecidos a los de la Policía Judicial de Michoacán, a
los de la Agencia Federal de Investigación y a los de la Milicia.
Además de que esta muy cerca la 43 zona militar13.
Mediante
esta forma de operar, se viene confundiendo el accionar de las fuerzas
regulares con el de las máquinas de guerra privadas (milicias urbanas,
compañías de seguridad, mercenarios y sicarios de los grupos de la
economía criminal), donde abrevaron los asesinos del Ejército que
ejecutaron a 15 civiles desarmados en Tlatlaya; los agentes municipales
de Iguala y Cocula que al amparo del 27 batallón de infantería
detuvieron-desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa, y los policías
federales que al grito de ¡Mátenlos como perros! ejecutaron a 16
personas en Apatzingán. Toda vez que la concentración de actividades
extractivas (minería, hidrocarburos) convierten a ciertos espacios en
lugares privilegiados de la depredación, la guerra y la muerte. Y para
suprimir posibles actos de subversión, se le han sumado a los
narco-paramilitares, ahora como fuerzas de choque la Gendarmería
Nacional y un cuerpo especializado de la policía militar con base en
Escobedo, Nuevo León. De forma tal que, Tlatlaya, Iguala y Apatzingán no
son hechos aislados; forman parte de la estrategia de guerra sucia,
enmarcada en los viejos manuales contrainsurgentes14.
Notas
** César
Ramón González Ortiz es Sociólogo y Maestro en Estudios Políticos y
Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1 Adrián Sotelo Valencia, México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis", UNAM, FCPyS, ITACA, México, 2014. p. 25
2 La Jornada, 20-09-2015.
3 La Jornada, 17-09-2015, por Carlos Fernández Vega.
4 Marco A (hijo) Gandásegui y Dídimo Castillo Fernández (coordinadores), Estados Unidos la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación, Siglo XXI, CLACSO, 2010. Pág. 19
5 Ibíd. Pág. 19
6 Noam Chomsky y Edward S Herman, Washington y el fascismo en el Tercer Mundo,. Siglo XXI, 1981. p. 25
7 Ibíd. Pág. 12
8 Revista Proceso, No. 2033. Pág. 10
9 Revista Proceso, No. 1882. Pág. 9
10 Carlos Fazio. “La catástrofe que viene”, La jornada 27-04-2015
11 Carlos Fazio. “La catástrofe que viene”. La Jornada 27-04-2015
12 T. Fernando. “Morir por nada. Narcotráfico y violencia de Estado en México”. L.D. Books, 2012. Pp. 26-69
13 Revista Proceso. “Con Zeta de muerte (primera parte)”. Edición especial No. 37. Pp. 8-12
14 Carlos Fazio. “La catástrofe que viene”. La jornada 27-04-2015
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