Omisiones e irresponsabilidad en todos los niveles en el caso Iguala

Las autoridades evaden responder por qué no actuaron: legislador Víctor Sánchez

Desde del principio se dejaron de hacer cosas relevantes, afirma el integrante de la comisión especial de la Cámara de Diputados

Ni siquiera está claro aún el móvil de la agresión, señala

Desde los primeros momentos del ataque se cometieron errores, afirma el diputado Víctor Sánchez. La imagen: una marcha en la ciudad de México en el primer aniversario de la desaparición de los 43

Periódico La Jornada

De las primeras diligencias e investigaciones de la comisión especial de la Cámara de Diputados para el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala se han acreditado omisiones graves e irresponsabilidad de todos los niveles de gobierno y dependencias de seguridad que actuaron en aquel ominoso suceso, sostuvo el diputado federal Víctor Sánchez.

El legislador de Movimiento Ciudadano expuso, con conocimiento de causa: ya podemos señalar que hay omisiones graves de la policía estatal y de la Procuraduría General de la República (PGR). En las entrevistas que hemos sostenido con el ex gobernador (Ángel Aguirre Rivero); con quien se desempeñaba como fiscal del estado (Iñaki Blanco Cabrera), con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la PGR, todos evaden su responsabilidad.

Las dependencias, sin reacción

En entrevista, el diputado Sánchez, quien fungió de subprocurador de Justicia en Jalisco, señala con insistencia que desde el principio de aquella tragedia se dejaron de hacer cosas relevantes. En la primera agresión –refiere–, es obvio que todas las dependencias tuvieron conocimiento a través del C4. No hubo reacción, todos se lavan las manos, y es ahí, en esos detalles, donde nosotros estaremos insistiendo en que la PGR vaya al fondo de las cosas.

–Ahora el ex gobernador Aguirre Rivero busca autoexonerarse mediáticamente, no obstante que la realidad apunta a su responsabilidad –se le dijo.

–El gobernador, de acuerdo con el artículo 89 constitucional, fracción séptima, tiene la facultad de asumir el mando ante una situación grave o de emergencia, como lo ameritaba el caso de Iguala, y lo hizo; él señala que instruyó al fiscal a trasladarse al lugar de los hechos, y de las nueve de la noche a la una de la mañana, que fueron horas relevantes, no vemos que haya habido dirección o mando, pues de haberlo habido estaríamos hablando de otro destino de los estudiantes.

Creemos que van a resultar responsabilidades contra servidores públicos que no actuaron, y debe haber una investigación de los altos mandos. El gobernador declaró que él informó al general de la zona militar, que le pidió apoyo, y ahí vamos a pedir el respaldo de las llamadas telefónicas que se hicieron para saber si el gobernador, como dice, le informó al presidente de la República. Recordemos que dos días después el jefe del Ejecutivo federal declaraba que era un tema local.

–También el ex fiscal Blanco Cabrera argumenta que no tenía capacidad legal para asumir del todo la investigación inicial y las acciones que eso conllevaría.

–Al fiscal se le cuestionó si de acuerdo con el artículo 21 constitucional asumió el mando, pero simplemente lo evadió, no quedó claro a qué hora llegó; por más que le preguntamos no dio la hora exacta, sólo dijo que fue después de la medianoche, pero de acuerdo con el 21 constitucional él tuvo el mando sobre la investigación y podía haberse puesto a la cabeza de todas las policías, incluso podía ordenar a los militares y a la Policía Federal para darle seguimiento a las investigaciones y a la búsqueda de los estudiantes.

No lo logró la fiscalía y fue uno de los grandes errores, hacer que declarara la mayoría de los estudiantes. En las entrevistas que hemos tenido con el ex gobernador, con el ex fiscal, con representantes de la Sedena y con la titular de la PGR, todos evaden su responsabilidad. Unos y otros dejaron de hacer cosas relevantes.

El abogado y ahora legislador señala que a la fecha no existe una investigación por la responsabilidad de los militares en términos de sus leyes marciales, por las omisiones o responsabilidades que puedan tener las autoridades estatales, ni de la PGR.

–Abundan los desatinos a la fecha. ¿Habrá que comenzar el proceso de investigación a más de un año del suceso?

–Hasta ahora ni siquiera está claro el móvil de la agresión contra los estudiantes, eso habla de las deficiencias en la misma investigación. Hubo evidente omisión. Nunca hubo ninguna coordinación. Se cometieron errores en los momentos claves. El fiscal no asumió su responsabilidad, sigue pensando que él es sólo una autoridad investigadora, cuando en esos momentos debió haber asumido el mando, y eso ayudó a la evasión de la justicia de muchos criminales.