La digna voz
- El narcoestado
Para la periodista Lydia Cacho un narcoestado
es aquel donde el Estado persigue o mata a la gente que se opone a la
presencia de funcionarios o gobiernos coludidos con el narcotráfico.
Descriptivamente es correcto. Pero esa definición no es más que un
síntoma de un narcoestado. En realidad, la característica
definitoria de esa modalidad de Estado es el absoluto predominio de la
empresa criminal, señaladamente el narco, en la trama de relaciones
comprendidas en el cuerpo político. Coincidentemente, la guerra contra
el narcotráfico se tradujo en una profundización de esa relevancia
político-económica del crimen, y en la consiguiente sofocación de
cualquier oposición a esa agenda. En el Veracruz de Javier Duarte
abundan experiencias colectivas e individuales, testimonios orales,
percepciones ciudadanas, hechos observables, para respaldar con bases
empíricas el hallazgo de esas relaciones.
A Nadia Vera la
ejecutaron junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa y otras tres
personas más, en la colonia Narvarte de la capital del país el 31 de
julio de 2015. Ella también se refugió en la Ciudad de México, como
otros activistas de Veracruz, después de sufrir múltiples agresiones y
amenazas en Xalapa; agresiones que por cierto ella atribuyó públicamente
a agentes parapoliciales al servicio del gobierno del estado. Nadia fue
activista del #Yosoy132 Xalapa, y una de las más destacadas militantes
de ese ciclo de protesta en la capital veracruzana que inició en 2008
con la primera movilización en contra del alza a la tarifa del
transporte público, y que en su curso recorrió varias luchas: Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad, marchas anti-EPN, movimiento
#Yosoy132, movilización popular magisterial, jornadas de acción por
Ayotzinapa, hasta arribar a la consolidación de una asamblea-movimiento
estudiantil que tanto incomodó a la camarilla de poder en turno, y en
cuya incomodidad, por cierto, se incuba la fuente explicatoria de los
atentados criminales que más indignaron al estado y al país: a saber, el
brutal ataque a ocho alumnos de la Universidad Veracruzana el 5 de
junio de 2015 (peligrosamente equiparable con el modus operandi de la
represión en Ayotzinapa), atribuido a una banda de choque “presuntamente
al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública”; y el multihomicidio
en la colonia Narvarte, que acabó con la vida de Rubén y Nadia.
Antes de morir, Nadia acusó reiteradamente al gobernador Javier Duarte
de cometer actos de represión en contra de los estudiantes, y
responsabilizó al mandatario estatal de “cualquier cosa” que pudiera
sucederle. No obstante, fue en una entrevista con RompevientoTv donde profirió acaso su declaración más políticamente comprometedora. En esa oportunidad, Nadia dijo a Rompeviento:
“Nos empezó a preocupar mucho porque empezó a elevarse el índice de
desapariciones a partir de 2010, con la entrada de Javier Duarte como
gobernador; la violencia se comienza a destapar y nos empieza a
preocupar porque resulta que nosotros empezamos a ser el producto que
ellos necesitan. A la mujer la agarran para la trata, al estudiante para
el sicariato; el problema somos todos, que le estorbamos tanto al
gobierno como al narco. Estamos entre dos frentes de represión: la
‘legal’ y la ilegal”.
Esa “agenda común” del narcotráfico y el
gobierno que identifica Nadia es una de las fuentes de violencia contra
la población. La sociedad mexicana en general, y la población
veracruzana en particular, están atrapadas en el fuego cruzado de los
intereses dominantes (léase criminales) en el país. La guerra contra el
narcotráfico en Veracruz elevó todos los índices delictivos y la
victimización de la ciudadanía. Criminalizó dramáticamente a ciertos
sectores poblacionales, destacadamente a jóvenes, activistas,
periodistas; pero el aspecto más revelador de la guerra es la
profundización de la vulnerabilidad de la generalidad de la población:
cualquier ciudadano es susceptible de agresión.
Las respuestas
del Colectivo por la Paz Xalapa a dos preguntas formuladas en una
entrevista en 2014, dan cuenta de ese binomio crimen-Estado, y de los
impactos que la instrumentación de la guerra tuvo en amplios segmentos
de la sociedad veracruzana.
–¿Existe una consigna
gubernamental o una persecución política contra líderes sociales y
ciudadanos que luchan contra la violencia de los cárteles de la droga en
Veracruz?
–C.P.X. Una política nunca va a
estar declarada pública y formalmente… Pero es importante señalar que
hay una colusión entre las autoridades y el crimen. Nos consta que
existe una relación de complicidad y de trabajo en equipo del crimen
organizado con altas esferas gubernamentales. Hemos revisado
investigaciones en la SEIDO, donde uno descubre que personas ligadas a
la delincuencia declaran que tienen relaciones de trabajo con tal o cual
funcionario. En estos niveles, desde el gobernador hasta presidentes
municipales están trabajando de la mano con el crimen organizado. Y en
la revisión de las actividades delictivas por zona, descubrimos que
todos los negocios ilícitos, como el pago de cuotas a los cárteles,
ordeña de ductos, robo de vehículos, trata de personas, tienen un
funcionario que apadrina o cuida que no sean tocados esos criminales…
Bajo esa simbiosis entre el gobierno y el crimen organizado, sí hemos
recibido algunas amenazas indirectas, a través de las víctimas nos hacen
llegar mensajes de que paremos o asesinan a las familias… Esta
policía es un brazo del Estado que se utiliza para reprimir y para
aplacar a la ciudadanía. Lo vimos el año pasado con los maestros y
estudiantes en la plaza Lerdo y el desalojo. ¿Quién está consignado por
eso? Fueron lesiones graves. ¿Y el derecho de manifestarse?
–¿Entonces tienen más poder las empresas criminales que el Gobierno?
–C.P.X. Pero
en el Gobierno hay empresas criminales… La Secretaría de Seguridad
Pública es una de ellas: agentes de tránsito que señalan que los autos
robados están en la academia de policías; personas que dicen que hay un
grupo específico de la SSP que se encarga del trabajo sucio; las
desapariciones forzadas, que son crímenes de Estado. Por donde se lo
vea, todo esto implica un negocio. Tener un control de las cárceles,
tener un control de las calles. Es un negociazo... Cabe recordar el
testimonio de una persona en Veracruz, que narró cómo un MP le advirtió
que en la investigación de su caso tenía acceso la delincuencia
organizada. Así se lo dijeron descaradamente a la madre de un
desaparecido... Pero la consigna es proteger y permitir la operación de
los grupos criminales. Hay que recordar que el crimen participa en el
financiamiento de las campañas electorales, particularmente del PRI.
La guerra contra el narcotráfico apuntaló las operaciones del crimen,
suspendió el derecho, e hizo de la guerra y el narco una razón de
Estado. La evidencia demuestra que la administración de Javier Duarte y
las gestiones precedentes son responsables de ese engarce del
narcotráfico con las instituciones públicas.
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