Por ejemplo, la justicia que deberá surgir para controlar la validez de la política en materia de seguridad que nuestro gobierno se empeña en imponernos o la justicia que hará falta para contrarrestar la restricción excesiva a la libertad a través de la prisión preventiva oficiosa. O desde otro escenario, la justicia que ajuste la política de bienestar a un enfoque de derechos humanos; la que contribuya a erradicar la violencia contra las mujeres; la que asegure un futuro para nuevas generaciones.
Esa justicia que el representante de la Suprema Corte se ha comprometido en transformar, y para lo cual necesita de sus colegas en el Pleno y Salas, y en cada juzgado y tribunal de amparo. Usando las ideas de sus líneas generales de trabajo: juzgados sensibles frente a los legítimos reclamos sociales; cercanos a las personas –más que condescendientes con el poder, añado de mi parte–; que tengan claro que su misión es garantizar el disfrute de los derechos humanos; abiertos a la sociedad, a su escrutinio y a sus aportaciones externas para mejorar.
Tengo claro que el ministro Zaldívar no estará solo en esta empresa, seguro estoy de que consolidará un equipo de personas comprometidas con la visión garantista de los derechos que ha buscado impulsar desde su llegada a la Corte. Pienso, sin embargo, que las probabilidades de éxito de esta transformación que ha prometido se verán incrementadas a partir de dos elementos: el ejemplo que den él y sus colegas a todos los juzgados del país y la construcción de un nuevo perfil judicial.
Me enfoco en el amparo, no solamente porque a eso me dedico, tampoco porque sea mi mejor recuerdo del maestro con el que tuve la fortuna de conocer la materia, sino porque aquel juicio requiere transformarse radicalmente para que sea verdaderamente el recurso sencillo, breve, accesible, adecuado y efectivo para que las personas comunes encontremos esperanza en que el cambio social nunca se hará en detrimento de nuestros derechos, sin importar nuestra condición.
Además, el tema del amparo me permite a la perfección ilustrar lo que anuncié. Primero, porque el ministro Zaldívar y su equipo pueden dar un gran ejemplo si enmiendan un criterio de su autoría que no corresponde con la transformación comprometida. Me refiero al célebre amparo en revisión 706/2015. Famoso no por buenas razones, sino porque en tal precedente se limitó al juicio de amparo como medio para obtener la reparación integral de las violaciones a derechos humanos.
La postura adoptada en ese caso no es la de un Tribunal Constitucional garante de derechos, es más bien del tipo legalista y formalista que ha prometido cambiar. Me imagino el potencial de abandonar ese criterio y un par más, como aquel que impide que por medio del amparo se logre el acatamiento de resoluciones dadas en sede internacional de protección de los derechos humanos, o el que pretexta un análisis de correspondencia para darle la vuelta al cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana, si ahí se halla el remedio a una restricción de derechos.
Efectivamente, nuestra Corte necesita un ejercicio autocrítico, pero la clave para avanzar hacia la justicia que necesitamos no es tanto de aptitud, sino de actitud. Las capacitaciones no debieran priorizar la exposición de conocimientos para engrandecer a quienes los transmiten, sino asegurar que en la práctica se cambie todo lo que se deba de cambiar para que cada juzgado en el país sea visto como un defensor de derechos. No hacen falta garantes de ocasión, sino coherentes y consistentes “agentes de renovación” que contribuyan a una sociedad más justa. Al final, el acceso a la justicia no debería de depender de la calidad de quienes litigamos, sino del compromiso social de los tribunales al servicio de la población.