Serían favorecidos con Amnistía
En
2014 a fuego y sangre impidieron que Elisa Zepeda, hoy diputada local
de Oaxaca, llegara a ser presidenta municipal de Eloxochitlán de Flores
Magón. Cuatro años después, los agresores podrían ser favorecidos con
amnistía al considerarse “presos políticos y de conciencia”.
El de Elisa Zepeda, es uno de los casos más emblemáticos de violencia
política por razón de género y también el ejemplo más contundente del
que las leyes y las instancias han fallado en garantizar justicia a las
víctimas. A cuatro años de los hechos continúa en la batalla.
FALSOS PRESOS POLÍTICOS
Dentro de las siete personas aún encarceladas por este caso (de un
total de 15 detenidas) y que podrían obtener su libertad, se encuentra
Miguel Ángel Peralta Betanzos, quien apenas en noviembre de 2018 había
sido sentenciado a 50 años de prisión, 30 por homicidio en contra de
Gustavo Zepeda Lagunas y 20 por tentativa de homicidio en contra de
Elisa Zepeda Lagunas.
“Hay una falta de responsabilidad de la persona que debe de atender
estos casos. Ellos no son presos políticos, están presos por haber
cometido delitos y muy graves: homicidio calificado con agravantes de
premeditación y ventaja, tentativa de homicidio, saqueo, quema de casa.
Sus antecedentes no son recientes sino de muchos años atrás. Claramente
sorprendieron la voluntad de quien hizo ese análisis muy corto”, afirmó
la legisladora.
En la lista de 25 personas de 199 que podrían lograr la absolución,
presentada el pasado 25 de diciembre por la senadora por Morena, Nestora
Salgado, figuran los nombres de Miguel Ángel Peralta Betanzos, Herminio
Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez, Omar Hugo Morales Álvarez,
Jaime Betanzos Fuentes, Isaías Gallardo Álvarez y Alfredo Bolaños Pache,
todos involucrados en los hechos violentos en Eloxochitlán.
HERIDA ABIERTA
Elisa Zepeda, de profesión ingeniera acuícola, aún tiene fresco aquél
14 de diciembre de 2014, cuando el grupo de seguidores del edil Alfredo
Bolaños disolvieron con violencia una asamblea en donde se elegiría a
la próxima autoridad municipal y para ello se había prohibido la
participación política de las mujeres.
Elisa, quien buscaba ser presidenta municipal de la comunidad
indígena, fue golpeada públicamente para inhibir el ejercicio político
de otras ciudadanas.
El recuerdo es como una herida abierta que aun cuando duele, la
impulsan a no desistir en su exigencia de justicia. Por momentos
-admite- la invade un sentimiento de culpabilidad porque frente a sus
ojos las imágenes de los golpes y los daños a sus familiares, compañeras
y compañeros de lucha.
“En ese momento pasaban tantas cosas que no alcanzaba a asimilar. El
sentimiento de culpa, el estado consciente de todo el daño físico que le
están haciendo a tu familia, conocidos y compañeros de lucha. Ver cómo
estaban quemando sus casas y que en repetidas ocasiones me decían: esto
te pasó por meterte en los asuntos del pueblo”, relató.
“Me detengo a pensar seguido y trato de buscar el por qué sigo y veo a
otras compañeras y me lleno de temor al sentirlas en el mismo riesgo
(...). Intento tener la respuesta, creo que este espacio ahora da la
apertura para poder ayudar de manera más efectiva y con lo que me tocó
vivir poder comprender y no retardar acciones”, expresa.
En 2018, hay documentados 32 casos de violencia política de género.
De acuerdo con la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), existen 32
expedientes por violencia política de género abiertos por hechos
ocurridos únicamente durante el 2018. Del total en diez casos las
víctimas fueron regidoras, nueve síndicas, cuatro candidatas, una
presidenta municipal, una agenta municipal, una suplente de regidora y
en cinco eran aspirantes a un cargo de elección popular.
En 28 casos las mujeres iniciaron procesos judiciales, de éstas ocho
casos en donde se trataba de funcionarias, interpusieron quejas ante la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), tres
acudieron a instancias administrativas y 17 juicios ante el Tribunal
Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO).
En este año la DDHPO investiga cuatro casos de posible violencia
política, tres relacionados con renuncia de mujeres electas como
presidentas municipales y uno más porque el Consejo de ancianos se negó a
entregar el bastón de mando a la presidenta.
El expediente fue abierto de oficio con el número
DDHPO/CA/010/(19)/OAX/2019 en éstos se abordan los casos de Santiago
Tamazola, San Miguel Ahuehuetitlán, San Juan Bautista Tlacoatzintepec y
San Juan Colorado.
La violencia política por razones de género es la obstaculización por
cualquier medio al acceso de las mujeres para ocupar cargos de toma de
decisiones en el ámbito público.
En el ámbito estatal, 28 entidades han incorporado la modalidad de
violencia política contra las mujeres en alguno o algunos de los
siguientes ordenamientos: Constitución Política, Ley Estatal de Acceso
de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, Ley Electoral y Código
Penal.
SIN JUSTICIA
Si se hace un recuento de los casos de violencia política contra las
mujeres ocurridos en años pasados, se puede observar que en ninguno de
los 20 casos documentados de las mujeres electas en los comicios de
2016, hubo acceso a la justicia.
Uno de los casos más expuestos, fue el cometido por Pablo Ánica
Valentín, entonces Síndico de San Juan Bautista lo de Soto, quien
ejerció distintas formas de violencia política de género en contra de
Samantha Caballero Melo, quien se desempeñaba el cargo de Presidenta
Municipal, para obligarla renunciar al cargo y poderla suplir.
Las agresiones fueron desde las amenazas, encierros, destitución de
su tesorera, retención de vehículos oficiales (patrulla, ambulancia,
camión recolector de basura) por más de un año y múltiples obstáculos
para el desempeño de la función de la presidenta.
Estos actos fueron denunciados en el Juicio de Derechos Políticos del
Ciudadano promovido contra el síndico municipal, con Expediente
JDC/13/2017, en cuya sentencia del día 24 de marzo de 2017 el TEEO
definió como violencia política de género ordenando al Síndico
abstenerse de “…cometer actos de violencia política y de género
encaminados a afectar el pleno ejercicio del cargo de la ciudadana
Samantha Caballero Melo, como Presidenta Municipal del Referido
Ayuntamiento”.
A pesar de dicha sentencia el síndico siguió ejerciendo actos para
obstaculizar el ejercicio del cargo de la presidenta, específicamente
para acceso a los recursos públicos (ramo 28 y 33), por lo que ella
debió recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien
ordenó a la Secretaría de Finanzas la entrega de los recursos pero en
ningún momento hubo una sanción legal contra Ánica Valentín.
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 
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