▲ Víctimas y activistas se felicitan por la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos contra la violencia cometida por
servidores públicos en 2006.
El gobierno debe acatar íntegramente la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en la que condenó al
Estado mexicano por la tortura sexual de la que fueron víctimas 11
mujeres durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco, estado
de México, en mayo de 2006.
Esto incluye la reactivación de la indagatoria por esos delitos y el
deslinde de responsabilidades de los funcionarios estatales y federales
que planificaron y supervisaron el operativo, entre ellos el entonces
gobernador, Enrique Peña Nieto, y el ex titular de la Secretaría de
Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora.
Esa fue la exigencia de las 11 mujeres violentadas sexualmente (de un
total de 27) durante los hechos en Atenco y que por 10 años siguieron
un proceso para alcanzar justicia ante el Sistema Interamericano.
En conferencia, recordaron que la sentencia de la CorIDH ordena
investigar a las autoridades de mayor rango, entre quienes también se
encuentran el ex secretario de gobierno del estado de México, Víctor
Humberto Benítez; el ex comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad,
Wilfrido Robledo; y Ardelio Vargas Fosado, ex jefe del estado mayor de
la entonces Policía Federal Preventiva.
“Nuestra exigencia es clara: cumplimiento cabal de la sentencia. Lo
más relevante para nosotras es la responsabilidad del Estado de iniciar
las investigaciones, y cito la sentencia: ‘amplias, sistemáticas y
minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso,
sancionar a los responsables directos y sus superiores jerárquicos’. No
nos conformaremos con menos de eso”, enfatizó Bárbara Italia Méndez, una
de las víctimas.
Junto a representantes de los centros Miguel Agustín Pro Juárez
(Prodh) y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que las
han acompañado en todo este proceso, 9 de las once denunciantes
subrayaron que pese a las denostaciones que sufrieron por parte de
varios gobiernos mexicanos, la sentencia del organismo interamericano
–emitida en diciembre pasado– demostró que siempre dijeron la verdad de
la violencia policial.
Foto Jesús Villaseca
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
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