El
Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios
Públicos Internacionales del Sistema de las Naciones Unidas, divulgó un
estudio en diciembre de 2018 sobre acoso laboral, sexual discriminación y
abuso de autoridad, que difiere de una encuesta de la ONU, que solo se
concentra en el acoso sexual.
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Un estudio sobre acoso sexual en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) generó incomodidad al cambiar su objetivo y concentrarse en las y
los altos funcionarios que escaparon a la censura o al castigo, a pesar
de una serie de acusaciones en su contra, que incluyen distintos tipos
de abuso y de conductas inapropiadas.
La defensora de los derechos de las mujeres Paula Donovan, una de las
directoras de AIDS-Free World, y de la Campaña Código Azul, dijo a IPS
que es interesante que agencias como Reuters y AFP, cuando se refieren a
la renuncia de Michel Sidibé, director ejecutivo de Onusida, parecen
implicar que la ONU o el secretario general, António Guterres, le
atribuyeron responsabilidades por sus acciones.
Pero la verdad es que Guterres nunca dijo una palabra sobre Sidibé,
incluso después de que un grupo de expertos concluyera en diciembre,
tras una investigación de seis meses, que el funcionario “creó una
cultura patriarcal de tolerancia al acoso y al abuso de autoridad” en
Onusida y recomendara su destitución.
“Radio silencio por parte del secretario general, quien permitió que
Sidibé decidiera cuándo y si se iba, y luego lo dejó regresar al
trabajo, sin censura a seguir con su comportamiento ya documentado”,
indicó Donovan, ex enviada especial para VIH/sida en África.
La consultora Deloitte Touche Tomhatsu, contratada por la ONU, reveló
que 10.032 funcionarios de la ONU denunciaron haber sido víctimas de
acoso, las que están entre los 30.364, de los 105.000 funcionarios de la
ONU, consultados para el estudio, divulgado el 15 de este mes.
La encuesta también reveló que 12 por ciento de los acosadores eran altos funcionarios del foro mundial.
Según Donovan, en abril de 2018, Guterres anunció que lanzaba una
nueva investigación, a través de la Oficina de la ONU de Servicios de
Supervisión Interna, sobre las denuncias de acoso y agresión sexual
presentadas contra el ex director ejecutivo adjunto de Onusida, Luiz
Loures. Pero no se supo más nada sobre esa “nueva investigación”.
El secretario general tampoco comentó nada sobre las últimas
denuncias de conductas sexuales inapropiadas en otras varias agencias
como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa Mundial
de Alimentos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
La Fuerza de Tareas, creada por Guterres, está encabezada por Jan
Beagle, quien pasó a ser secretaria general adjunta, a pesar de ser
investigada por acoso laboral en Onusida.
Mientras, la política de “tolerancia cero” al abuso sexual terminó
siendo una farsa con la repentina renuncia, a mediados de diciembre, del
director de la Comisión Internacional de Servicio Civil por denuncias
de acoso sexual, por lo cual fue objeto de una investigación de la
Oficina de Servicios de Supervisión Interna.
La renuncia del presidente de la comisión, secretario general adjunto
Kingston Rhodes, fue posterior a la investigación de la Oficina de
Servicios de Supervisión Interna sobre la Comisión Internacional de
Servicio Civil. Pero el contenido del informe todavía es una incógnita y
no se sabe cuándo se hará una presentación pública de los resultados,
tras varios meses de investigación.
La posición oficial era que ni la ONU ni el secretario general no
podían intervenir porque la comisión y su personal dependen directamente
de la Asamblea General.
Según Peter A. Gallo, exinvestigador de la División de
Investigaciones de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, todo
este asunto es un ejemplo de la típica hipocresía de la ONU.
Gallo dijo a IPS que no hay nada malo con las normas (ST/SGB/2008/5),
sino con su aplicación, pues la mayoría de los funcionarios
(comprensiblemente) no están dispuestos a denunciar el acoso sexual, y
las “investigaciones” están en manos de sordos, tontos, ciegos y
estúpidos y no quieren encontrar comportamientos inapropiados por el
impacto negativo que tendría para la organización, añadió.
En los casos de “abuso y explotación sexual”, la ONU está obligada a reportar los datos a la Asamblea General todos los años.
En lo que respecta a los casos de acoso sexual, según el artículo 6
de (ST/SGB/2008/5), la o el funcionario debe mandar una copia de la
denuncia al secretario general adjunto de recursos humanos como forma de
llevar un control, pero Gallo, abogado y director de la organización
”Hear Their Cries” (escucha sus gritos) no cree que eleven públicamente
esa información a la Asamblea General.
Antonia Kirkland, responsable de igualdad global de la organización
Igualdad Ya, dijo a IPS que la encuesta presenta medidas para evitar el
acoso sexual, las que, junto a la respuesta de la ONU frente a las
denuncias de las y los funcionarios, son buenos indicadores de que la
política de tolerancia cero funciona.
Pero señaló que “deben tomarse medidas proactivas para evitar y
responder al acoso sexual de parte de todos los funcionarios,
independientemente de su cargo, incluso personas designadas por la
Asamblea General”.
Cuando se anunció la encuesta, Donovan escribió al secretario general
expresándole su preocupación por la validez de los datos de la encuesta
Espacio Seguro.
En la misiva mencionaba la posibilidad de que cualquiera completara
la encuesta y de que lo hiciera cuantas veces quisiera, siempre y cuando
cada vez usara un dispositivo diferente. De hecho, algunos funcionarios
preocupados por el tema, lo hicieron.
“Nos quedamos con el hecho indiscutible de que el diseño de la
encuesta Espacio Seguro no impide que respondan personas ajenas a la
institución ni evita múltiples respuestas de las mismas personas con
fines perjudiciales”, subraya Donovan en la carta.
“No hay certeza de si la encuesta se vio comprometida varias veces
por numerosas personas con el fin de que pierda validez estadística. El
riesgo de que los datos hayan sido manipulados parece lo suficientemente
alto como para invalidar el estudio”, añade.
Ian Richards, presidente del Comité Coordinador de Sindicatos y
Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales del Sistema de las
Naciones Unidas, con 60.000 miembros, dijo a IPS que una encuesta
realizada en diciembre sobre acoso laboral, sexual discriminación y
abuso de autoridad, difiere de la encuesta de la ONU, pues cubre todas
las formas de conductas inapropiadas.
Las conclusiones clave del ese estudio del Comité Coordinador de
Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales
fueron:
- el acoso sexual, que es aborrecible, constituye 16 por ciento de todas las formas de acoso y abuso de autoridad;
- los resultados muestran una tendencia preocupante en términos de denuncias no investigadas. Cuando hubo una investigación, una proporción significativa de funcionarios tuvo que esperar más de seis meses para conocer los resultados. La mayoría de los denunciantes no recibieron información sobre los avances de la investigación.
- Y 20 por ciento de los consultados siente que sufrieron represalias por denunciar conductas inapropiadas.
“Las acciones de la ONU se concentran en el acoso sexual, lo que es
importante, pero no debe desviar energías del mayor problema de la
organización, que es el abuso de autoridad”, observó Richards.
“La encuesta de Deloitte se perdió una oportunidad importante. Al
acotarse al acoso sexual, que es en sí mismo aborrecible, casi evitó
temas como discriminación, hostigamiento y abuso de poder, que hubieran
planteado serias cuestiones sobre cómo se gestiona nuestra
organización”, acotó.
Eso hubiera llevado a las mayores conclusiones, que el personal sigue
temiendo represalias por denunciar ciertos comportamientos y que está
lejos de sentirse satisfecho con el tratamiento de las denuncias.
“Es la base de los problemas de las organizaciones internacionales, que operan en cierto vacío legal”, apuntó.
Traducción: Verónica Firme
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