Guardia Nacional, al vapor
Aprobar artículo
insatisfactorio
Poder militar
legalizado
Empleo a huachicoleros
Con una premura derivada de la
urgencia que tienen por satisfacer la indicaciones que al respecto ha
dado Palacio Nacional, los operadores de Morena en el Congreso federal
(Mario Delgado y Ricardo Monreal) pretenden aprobar aunque sea a
tropezones la Guardia Nacional.
La incontrovertible mayoría aritmética de Morena en las cámaras
legislativas buscará que tal proyecto de militarización sea aprobado en
un periodo extraordinario de sesiones que podría ser convocado hoy a
través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. No hay
dictamen de las comisiones de trabajo que en el Senado recibieron la
minuta proveniente de San Lázaro y, para cumplir el trámite de hacer
algún tipo de consulta, se citaría al vapor a secretarios del gabinete
obradorista para que comparezcan a explicar algunos puntos del citado
plan de la Guardia Nacional.
El descuido de las formas, además de la fuerte polémica sobre el
fondo, pretende evitar que el paso de unas semanas más sin aprobar el
proyecto pueda multiplicar y fortalecer las objeciones del caso. En
concreto, el partido dominante, y sus aliados, buscan disolver la
insatisfacción que abiertamente expresó el presidente Andrés Manuel
López Obrador con lo que por mayoría de votos decidió la Cámara de
Diputados, pues en esa resolución no se incluyó un artículo transitorio
(que no había formado parte de las discusiones internas en San Lázaro,
hasta que llegó de parte de la Secretaría de Gobernación, es decir, de
Palacio Nacional) que a contrapelo de la actual letra constitucional
otorgaría a las fuerzas armadas la facultad de integrar la citada
Guardia Nacional, en tanto los cuerpos policiacos se llegan a
profesionalizar o en tanto el actual desbordamiento criminal fuese
frenado.
Ese artículo transitorio, que ni siquiera fue considerado por la
bancada de Morena en San Lázaro en la minuta que aprobaron, condensa el
espíritu real de la militarización buscada: todo el rollo legal y
político que se plantea en lo general, a través de ese transitorio,
aterriza en el aspecto específico de la habilitación de las fuerzas
armadas para el cumplimiento de tareas de índole civil, durante un lapso
que se dice podría ser de cinco años.
Sobre el punto se han manifestado diversos organismos defensores de
derechos humanos a escalas nacional e internacional y se han invocado
diversos tratados internacionales que serían contradichos con la
pretensión del artículo transitorio que a la carrera quiere insertar el
Senado para devolverlo a San Lázaro, donde la mayoría aliada de
diputados muy seguramente buscaría aprobar la modificación sin mayor
contratiempo.
Está resultando fácil ceder a la tentación de entregar más porciones
de poder a unas fuerzas armadas que durante estas semanas de obradorismo
han tenido una preponderancia nunca antes vista (de constructores de
pistas aéreas y de unidades inmobiliarias de lujo a departamento de
personal para contratación de choferes de pipas). La herencia de
criminalidad creciente que recibió el obradorismo lleva al actual
gobierno a considerar que necesita con urgencia instrumentos de control
militar. Valdría recordar una de las frase de la campaña del político
tabasqueño:
abrazos, no (más) balazos.
De gira por el estado de México, donde Alfredo del Mazo recibió
abucheos de ínfima proporcionalidad en relación con el pésimo gobierno
que ha hecho, el presidente López Obrador ofreció apoyos económicos y de
asistencia social para los pobladores que decidan dejar el huachicoleo
(trabajo digno, entre otras ofertas gubernamentales, aspiración que no
alcanzan muchos de quienes se mantienen al margen de ese tipo de
saqueos). La pinza de apoyo social va de la mano del combate directo al
robo de combustible, en un escenario donde ha disminuido el problema del
abasto en algunas ciudades, pero se mantiene vivo en otras (Guadalajara
y, ahora, Monterrey, por ejemplo), además del constante ataque de
bandas delictivas que pinchan ductos de manera sistemática.
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