Algo delicado y
peligroso está pasando tras la lamentable tragedia en Tlalhuelilpan,
Hidalgo: en las llamadas redes sociales, el linchamiento opinócrata, que
se ha vuelto pan de todos los días, está pasando de su inicial
deshumanización al juzgar a las víctimas físicas, mortales y no, de la
explosión del ducto de gasolina, y ha comenzado a manejar un discurso de
descalificación de la defensa y promoción de los derechos humanos
mientras, en correspondencia, hace apología de la militarización. Unas
opiniones acusan a una oposición "progresista" (el entrecomillado es
suyo) de manifestarse en contra de la militarización del país, pero de
exigir en el caso de Tlalhuelilpan que el ejército detuviera a quienes
desesperados tomaban la gasolina que salía del ducto robándola. Otras,
aseguran que si el ejército hubiera actuado a tiempo estas personas no
hubieran resultado muertas y/o heridas, pero que de ser así las
organizaciones defensoras de derechos humanos hubieran dicho que eso
implicaba una violación a los mismos derechos.
En el primer caso
asoma una especie de burla por, como me dijeron por ahí,
"inconsistencia ideológica", que concluye que lo mejor es dejar de
rechazar la militarización del país; en el segundo caso, además de
reafirmar que el ejército debió de haber intervenido para impedir el
robo de la gasolina, se adelanta un juicio de descalificación de quienes
seguramente dirían desde la sociedad civil,que podría haberse hecho de
otra forma: quienes defienden los derechos humanos.
El interés
de desacreditar a quienes se oponen desde las izquierdas al proyecto de
país lopezobradorista y de quienes pretenden desacreditar a lxs
defensorxs de los derechos humanos es el mismo: allanar el paso a la
militarización. Las razones detrás de esos interés parecen ser diversas:
desde quien habla desde la desesperación de sentirse indefenso en un
país que se ha caído a pedazos en manos de los capitalistas neoliberales
(y por ende criminales) que antecedieron a AMLO en el poder de arriba,
hasta quién lo hace porque de suyo siempre ha pensado que lo mejor para
una sociedad es acotar las libertades a su mínima expresión y que se
erija un imperio de orden, y, en medio, un gran abanico.
El
espectro ideológico (y político) de quienes de una u otra manera están
pidiendo al ejército en las calles y el silencio de la sociedad civil
que exige un alto a la militarización va desde quienes habiendo militado
en alguna expresión de las izquierdas ahora han perdido el pensamiento
crítico y apoyan ciegamente cualquier iniciativa del gobierno
lopezobradorista, así estas sean las mismas e igualmente lesivas que las
que implementaron las administraciones, insisto: criminales,
anteriores, hasta quienes caminan las derechas más neofascistas y
extractivistas, y ríen como hienas salivando en tanto ven al país arder
en llamas literalmente.
Detrás de la tragedia en Tlalhuelilpan
hay una cadena de corrupción que pasa por el crimen organizado, valga la
redundancia, priísta incrustado en Pemex con la complicidad de quienes
han sido y, gracias a la amnistía de facto lopezobradorista, aún son
gobierno. Como jefe del Ejecutivo federal, AMLO está obligado a dejar de
lado su discurso y su actuar de conciliación con los grandes
delincuentes que han saqueado, explotado, burlado y ensangrentado el
país (muchos de ellos, asesores y/o colaboradores suyos), y, ahora,
aprobado con su partido la continuidad de la militarización del país.
Lo ocurrido en Tlalhuelilpan es un crimen, no un accidente, y los
responsables de este crimen siguen en Pemex, en la cúpula charra del
sindicato de trabajadores de Pemex o han encontrado curules y puestos en
el gobierno de la llamada "4a. Transformación"; si AMLO quiere dar
muestras de que en verdad pretende acabar con la corrupción que, hemos
visto, es criminal, debe solicitar al poder Judicial el inicio de las
investigaciones correspondientes en el deslinde de responsabilidades,
lleguen estas hasta donde lleguen; al poder Legislativo, que ofrezca el
marco legal para que quienes resulten responsables de estos crímenes
sean llevados a la justicia, y, como Ejecutivo, mandar obedeciendo y no
impedir con su discurso moralista que se haga justicia. Ése es el AMLO
que quienes votaron por él siendo de izquierdas esperan ver: el que juró
acabar con la corrupción y poner coto al crimen organizado.
¿Usar el ejército? Lo ocurrido en Tlalhuelilpan demuestra que el
ejército no sabe qué hacer en estos casos; lo suyo no es la contención,
sino el exterminio, la aniquilación; para eso están formados y
entrenados nuestros militares (sí, nuestros); el ejército debe regresar a
los cuarteles y como país estamos obligados a abrir una discusión muy
seria y rigurosa sobre lo que tenemos que hacer para acabar con el
crimen organizado, que, dicho sea de paso, tiene como caldo de cultivo
un modo de producción económica criminal que no solo lo cobija: lo creó.
Ése modo de producción económica está en la raíz del problema; sin
acabar con él, no se podrá pensar que existen otras formas para vivir
que no sea la petrolización de nuestras vidas; sin acabar con él, no se
podrá imaginar que esas formas "limpias" no estén por encima del derecho
a la alimentación y el respeto a los pueblos originarios; sin acabar
con él, no se podrá acorralar a la red criminal de quienes se enriquecen
a gran escala con el robo de combustible, porque son los principales
socios y accionistas beneficiados por este modo; sin acabar con él, no
se pondrá fin a la corrupción de quienes son cómplices de estos
criminales en la clase política y el servicio público; sin acabar con
él, no serán menos la deshumanización y la estulticia de quienes
terminan defendiendo lo indefendible porque están desesperados de tanta
burla y muerte; sin acabar con él, no habrá fin a la ignorancia de
quienes seguirán perdiendo la vida, legal o ilegalmente, como víctimas y
carne de cañón de ése mismo modo de producción, desesperados también,
por todas las formas de miseria.
Ése modo de producción
económica criminal se llama capitalismo y si el señor presidente decide
seguirle dando continuidad y, además, alentar a las voces que le
secundan en la militarización del país y en el descrédito a la prensa y
la sociedad civil organizada que disiente de su proyecto de país por
razones anticapitalistas (que son muy diferentes a quienes lo quieren
ver fracasar porque quieren la gerencia de México, S.A. para ellxs, los
criminales de siempre); el señor presidente y quienes le aplaudan de los
30 millones que votaron por él, serán igualmente unos criminales.
Notas:
1.
No será fácil, quizás sea hasta imposible: revertir 90 años de
cochinero desde la creación del PNR por Calles no parece una tarea nada
fácil; pero, puede comenzarse a hacer: no con leyes punitivas, no con
militarización, mucho menos con choremas moralistas así hayan sido
escritos por Alfonso Reyes; sino dejando de aliarse con quienes han sido
los criminales de siempre, dejando de protegerlos, dejando de callar
ante sus crímenes y componendas en todas (todas) sus formas. No se
pretende que se deshaga en seis años la red criminal y la ruptura de un
entramado social que se ha construido, la primera, y roto, el segundo,
sistemáticamente en nueve décadas. No somos ingenuos. La exigencia es de
poner fin a la impunidad, y no hay un solo gesto hasta ahora en ése
sentido.
2. De sobra está decir que yo no espero que un capitalista encare al sistema del que es producto; pero, ése es otro tema.
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