El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de
Diputados informó que dará prioridad en el próximo periodo de sesiones a
la ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia laboral,
con la finalidad de aterrizar el modelo de conciliación.
Líderes sindicales que han hecho fortunas con la venta de contratos de protección a empresas verán el fin de ese negocio, dijo ayer Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la cámara.
La legisladora recordó que el modelo de justicia laboral permitió los
llamados contratos de protección patronal y refirió que en diciembre su
bancada presentó una iniciativa de modificaciones a la Ley Federal del
Trabajo, con el objetivo de dar cauce legal a la reforma constitucional.
Fin a sindicatos
blancos
En el caso de los sindicatos conocidos como
blancos, citó que al menos tres cuartas partes de los contratos son de protección patronal,
es decir, no sirven para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, y sostuvo que la decisión de acabar con esas figuras
será una transformación de fondo en el ámbito laboral.
Dolores Padierna cuestionó que los denominados
gobiernos de la alternanciarenunciaron a tocar los pilares del viejo régimen, por incapacidad o por fidelidad a sus patrocinadores, y
mantuvieron un modelo de justicia laboral que favoreció la existencia de sindicatos falsos, que hasta la fecha alimentan mafias laborales a lo largo y ancho del país.
Expuso que en febrero de 2017 entró en vigor la reforma
constitucional en materia de justicia laboral, enfocada en poner fin a
sindicatos de ese tipo, así como crear tribunales laborales para
sustituir a los que operan en el ámbito del Poder Ejecutivo, con el
ánimo de privilegiar la conciliación en la solución de controversias
entre trabajadores y empresas.
Señaló que la propuesta de Morena para reformar la Ley Federal del
Trabajo tiene la finalidad de hacer realidad los cambios
constitucionales.
La iniciativa permitirá, además, cumplir con las obligaciones establecidas en el texto del nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, añadió.
Padierna Luna consideró que hacer realidad una reforma de este tipo
entraña numerosos retos, porque los rezagos son enormes. Sólo por dar unos datos: los juicios laborales pendientes en el ámbito federal son el doble que los litigios penales, civiles, mercantiles y familiares. En números gruesos, 400 mil contra 200 mil.
En ese contexto, resaltó que el Congreso de la Unión debe obligarse a
privilegiar la conciliación para que los asuntos de la materia laboral
no lleguen a juicio.
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
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