México y otros países de América Latina viven una “guerra de baja intensidad”, señala estudio del BID. En este conflicto no declarado, las principales bajas son mujeres. La mortandad femenina tiene alcances de “epidemia”.
“La violencia contra la mujer tiene niveles de epidemia en la región, y sin embargo parecería invisible”, señala el informe Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Desafíos e innovación en gestión y políticas públicas en los últimos 10 años, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
“Una de cada tres mujeres en la región
ha experimentado algún tipo de violencia física o sexual en algún
momento de su vida. Atender esta situación es urgente y requiere una
respuesta integral de las autoridades y de la sociedad, que incluya la
provisión de mejores servicios de prevención y atención”, agrega el
informe fechado en noviembre pasado.
Y es que América Latina se ha convertido
en la región del mundo con la mayor tasa de homicidios. Las mujeres
constituyen el mayor número de víctimas.
Con el estudio coinciden investigadores:
aunque no se señale, el mayor número de bajas de la llamada guerra
contra el narcotráfico son mujeres. Es decir, sea delincuencia
organizada o común, y sean asuntos de seguridad pública o nacional, la
mayoría de las víctimas son del sexo femenino.
Vivimos en una sociedad machista,
discriminatoria, donde las mujeres no tienen valor humano. Son
consideradas objetos, mercancías. Ésa es la principal explicación del
porqué hoy aún no se puede detener la violencia que acaba en
feminicidios, señala la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, en entrevista
con Contralínea.
La también socióloga y maestra en
derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso) señala que las mujeres están padeciendo desde
la violencia doméstica hasta la eliminación física, pasando por la
trata de personas. “Las mujeres son llevadas a otro país, son explotadas
sexualmente, obligadas a la venta de drogas… Y nos preocupa porque las
mujeres en esta guerra contra el narcotráfico son las que más están
sufriendo”.
Y es que las mujeres son parte del
botín, explica el sociólogo y politólogo Valeriano Ramírez Medina. El
investigador adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM agrega que en una sociedad
machista la mujer es parte del patrimonio del hombre.
“Y cuando llegan los ataques [entre
delincuentes], no llegan a la calle. La masacre es pareja. Matan mujeres
que no tienen vínculo con el crimen organizado salvo ser pareja de
alguno de los involucrados. Muchas mujeres han sido violadas, muertas…
incluso encarceladas sin juicio y sin pruebas, simplemente por estar en
el hogar en el que vive el que tiene la droga o el sicario o el capo,
señala el investigador en entrevista con Contralínea.
“El problema es que en la ‘filosofía’ del narco
la mujer sigue siendo parte de su patrimonio. Y al considerarla como
parte de su patrimonio, también es parte del botín. Cuando se reparten
los bienes del narco, se reparten sus joyas, carros, todo… pues también las mujeres porque lo consideran parte de su patrimonio.”
El informe del BID documenta una guerra
no declarada que han vivido varios países de la región desde hace un par
de décadas. No se trata de conflictos eminentemente políticos, como los
que se vivieron en otro tiempo con las guerrillas que buscaban hacer la
Revolución, un cambio social o la transformación de los Estados.
“América Latina y el Caribe viene
librando una guerra de baja intensidad, pero de alta mortalidad y de
exorbitantes costos económicos, sociales y políticos. Pese a que la
región no registra conflictos armados activos, ostenta altos niveles de
violencia con la tasa de homicidios más alta del mundo”. Se refiere a
22.3 por cada 100 mil habitantes frente a los 5.3 por cada 100 mil
habitantes del promedio mundial.
Además de las mujeres, el otro sector más violentado en los países de América Latina y el Caribe es el de los jóvenes.
“La violencia hace especialmente
vulnerables a los jóvenes, quienes tienen más probabilidades de ser
víctimas de delitos y están más expuestos a caer en redes criminales por
su alta participación en delitos violentos.”
La violencia que asola a la región no
sólo se traduce en alta mortandad de mujeres y jóvenes. “A la pérdida de
vidas humanas se suma el costo económico, que se estima en promedio del
3 por ciento del PIB de la región”, cifra que representa dos veces lo
estimado para los países desarrollados.
“Estas condiciones han creado un estado
de alarma social al punto que se calcula que el 43 por ciento de la
población siente constantemente temor a ser víctima de un delito, y la
seguridad pública se ha convertido en una de las preocupaciones que más
aqueja a los ciudadanos.”
Ramírez Medina, doctor en estudios
políticos y sociales, explica que los saldos mortales entre las mujeres
no sólo son responsabilidad de los delincuentes. El especialista señala
la responsabilidad de las autoridades: “Por eso la invisibilización es
permanente: porque a la mujer no se le ve como sujeto, sino como objeto.
Y en tanto se siga viendo a la mujer como objeto, va a seguir pasando
esto”.
En este sentido, las mujeres son los
“daños colaterales” que, en el caso de México, las administraciones
anteriores estuvieron dispuestas a pagar. “Ése es el problema –señala
Valeriano Ramírez–, que se les vea como un problema colateral, un daño
colateral, no como un daño central. Es lo que tendríamos que empezar a
analizar. La sociedad tiene que empezar a ver que las mujeres son parte
de esta dinámica en donde se han convertido en víctimas”.
La victimización de las mujeres pasa por
hacerlas invisibles incluso en las estadísticas. Generalmente las
cuentas que se llevan de los asesinatos que se han cometido se pueden
desglosar por lugar, fecha y edades de las víctimas, pero no por sexo.
Lo mismo ocurre con otros de los delitos llamados de “alto impacto”,
como las violaciones y los secuestros.
“No son visibles. Ya ni siquiera en las
estadísticas. Pero la mayor parte de las víctimas hoy son mujeres”,
señala Ramírez Medina. A decir del investigador, se han ocultado los
datos para no aceptar la responsabilidad de las propias autoridades.
Coincide Estrada Mendoza, quien además
de coordinar el OCNF también es coordinadora del área de Violencia de
Género de Católicas por el Derecho a Decidir. “Es preocupante seguir
minimizando el problema de los asesinatos y decir que las mujeres que
asesinaron y quemaron son de la delincuencia organizada, del
narcotráfico.
“Cuando revisamos los expedientes, vemos
que nunca se investiga. El asunto es vincularlas, incriminarlas,
criminalizarlas, cuando nosotros vemos cómo son captadas, son
involucradas y obligadas. Tenemos casos en que a niñas y a jóvenes las
obligan a la venta de drogas. No tienen opción, de lo contrario las
acaban violando y matando. Son escenarios mucho más complejos que la
autoridad minimiza.”
Señala que de las 18 declaratorias de
alerta de género en el país, al menos en nueve estados la autoridad no
está investigando los casos de asesinatos de mujeres como feminicidios.
Todo por presiones de los grupos del narcotráfico.
En entrevista con Contralínea
Estrada Mendoza, especialista en estudios de la mujer por el Colegio de
México, señala que para la autoridad es más fácil minimizar el problema y
decir que las mujeres no son discriminadas.
“La autoridad ya tiene identificadas las
zonas de riesgo donde se llevan a las mujeres. Muchas autoridades están
involucradas en la delincuencia. De otra manera no se entiende que si
ya se tiene las zonas ubicadas donde operan los grupos delictivos,
incluso se sabe el modus operandi, no actúen y dejen que los delitos se sigan cometiendo y que siga habiendo víctimas de violación, desaparición y feminicidio”.
Dos paradigmas fracasados y uno por aplicarse
El documento del BID, por su parte,
analiza los paradigmas con los que los países de la región han
enfrentado la inseguridad y la delincuencia. Explica el fracaso de los
dos modelos que prevalecieron durante las últimas décadas y las
dificultades para instaurar uno nuevo basado en el respeto a los
derechos humanos.
“La transformación de la calidad del
servicio y la manera como la policía se relaciona con los ciudadanos
empiezan por la inversión en capital humano”, sentencia. “Una mejor
formación y especialización de la policía dignifica el trabajo de los
servidores públicos y moderniza el perfil de estas instituciones para
garantizar mejoras a largo plazo”.
Tres paradigmas se han aplicado en
América Latina en materia de seguridad. El primero es llamado en el
estudio “Sálvese quien pueda”. Tiene como principal característica “una
actitud de indiferencia y negación por parte de los organismos públicos
frente al problema de la violencia y el delito”. Bajo este paradigma se
promovieron soluciones de tipo privado e individual. Crecieron de manera
vertiginosa los servicios privados de seguridad y el armamentismo
civil.
Bajo esta “política” ocurrió un “cambio
acelerado en el perfil urbanístico de muchas ciudades en las que la
segregación social de espacios propició la desigualdad en el acceso a
servicios de calidad –entre ellos el de la seguridad–, según la
capacidad adquisitiva de cada quien”.
El documento no lo dice, pero por las
características enlistadas, este paradigma estuvo vigente, en el caso de
México, durante los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y
Vicente Fox.
El segundo paradigma es identificado
como el de la “mano dura”. Se explica que ante la gravedad del problema y
la “alarma social” que por ello se generó, este nuevo paradigma se
inspiró en el “populismo punitivo”. Privilegió la adopción de medidas
punitivas en tres ámbitos: legislativo, administrativo, judicial y
comunitario.
En el plano legislativo se promovieron
nuevos tipos penales, se amplió la aplicación de penas privativas de
libertad e, incluso, en algunos países se disminuyó la edad de
responsabilidad penal. En el plano administrativo, se crearon nuevas
unidades especiales de policía y se incorporó a las Fuerzas Armadas a
las tareas de seguridad pública.
También se instalaron retenes que
impidieron la libre circulación de las personas. Mientras, en materia
judicial se intensificó el recurso de la prisión preventiva y el
criterio de imponer penas más drásticas. Lo anterior derivó en
saturación de las cárceles y las consecuentes condiciones de
hacinamiento y violación de derechos humanos. Finalmente en el plano
comunitario se extendió el vigilantismo, con la aparición de
autodefensas y los actos de “justicia por mano propia”.
La descripción de este “paradigma de la
mano dura” parecería señalar lo que ha ocurrido en México desde el
sexenio del panista Felipe Calderón y que con apenas unas variantes
siguió Enrique Peña Nieto.
El documento consigna que este paradigma
fracasó no sólo por no haber abatido los índices de criminalidad, sino
porque distorsiona los mercados laborales, reduce el bienestar de la
infancia y, entre otras consecuencias, socava la participación cívica y
política.
“Los beneficios de políticas como Mano
Dura son superados por sus costos, ya que después de su implementación
las tasas de homicidio experimentaron reducciones y posteriormente se
dispararon al alza. Estas políticas socavan la voluntad de los
ciudadanos de denunciar el delito, generando impunidad para la actividad
delictiva.”
Un tercer paradigma propuesto por el
estudio es el de Convivencia Ciudadana y Prevención. Se trata de un
enfoque en el que se privilegian los derechos humanos. Asume que la
violencia y el delito son resultado de causas múltiples. Por ello, las
estrategias para abatir estos índices deben ser integrales y
multisectoriales.
El documento explica que, además de
privilegiar el respeto irrestricto a los derechos humanos de las
víctimas y de los ofensores, este paradigma defiende el respeto a los
principios del estado de derecho.
Define a la seguridad ciudadana como “la
capacidad de los Estados, en asociación con el sector privado, los
particulares, la academia y las asociaciones comunitarias, vecinales y
ciudadanas, de proveer y coproducir un marco de protección de la vida y
el patrimonio de los individuos, que les permita a los ciudadanos
convivir pacíficamente, sin miedo en aras de alcanzar una mejor calidad
de vida”.
Para que un país pueda adoptar este
último paradigma debe hacer frente a cuatro desafíos, según el
documento. Estos son: integralidad, multisectorialidad, rigurosidad y
sostenibilidad y escalabilidad.
En el estudio del BID se establece por
integralidad las “estrategias articuladas que promuevan una visión
compartida del problema y de los principios orientadores, aunque cada
actor tenga capacidades e intervenciones diferenciadas”.
Por multisectorialidad: “estructuras
organizadas que faciliten la coordinación y cohesión interinstitucional
entre autoridades nacionales, estatales y municipales”. También se
refiere a la “organización y capacitación de la sociedad civil e
integración del sector privado”.
Con respecto de la rigurosidad, el
estudio se refiere a la fiabilidad de la información y las estadísticas;
la profesionalización del personal, y el acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación.
Finalmente, al hablar de “sostenibilidad
y escalabilidad”, el documento se refiere a tres condiciones: “efectivo
liderazgo de la sociedad civil”; “mecanismos de financiamiento
permanentes”, y “diseño y planificación, evitando la trampa de la
experiencia piloto”.
El gobierno de Andrés Manuel López
Obrador no rompe totalmente con el modelo de la Mano Dura, explica
Ramírez Medina. Sí habla el nuevo gobierno de atender las causas de los
fenómenos delictivos y de no utilizar a las Fuerzas Armadas contra la
población. Pero, por otro lado, crea una Guardia Nacional con elementos
castrenses para hacerse cargo de la seguridad. De nueva cuenta, es
insistir en un modelo que ya fracasó, expone el académico.
Considera un acierto combatir la
corrupción, pues está documentada la vinculación entre las fuerzas de
seguridad y el narcotráfico. “Sí es importante romper estar relación y
atacarla de manera seria. Lo primero que se tiene que hacer es limpiar
la casa. La Guardia Nacional es una alternativa, pero el problema es que
el Ejército no está para poner el orden. El soldado está entrenado para
atacar, eliminar. No para para detener ni para prevenir. El Ejército va
a una batalla. La policía va a un operativo.”
Por su parte María de la Luz Estrada
señala que lo primero que puede hacer la nueva administración federal es
procurar la claridad en los datos. “Vemos cómo un delito que se ha
venido incrementando es el de la violencia sexual: mujeres que son
violadas por la delincuencia. Se salvan de ser asesinadas pero son
violadas y nunca detienen a los criminales. El Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad, y tengo mis reservas con respecto de
cómo manejan los datos, de enero de 2017 a junio de 2018 se registraron
18 mil 295 caso de violación, pero no dicen quiénes son las víctimas.
Nosotras estimamos que más del 98 por ciento son mujeres”.
Señala que la nueva estrategia de
seguridad debería incorporar una visión de género. Debe construir una
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (Conavim) eficaz y con mayores facultades.
“El mecanismo de la alerta de género es
uno de los importantes en materia de violencia contra las mujeres. La
instancia que lo opera es la Conavim, que está en un proceso de
restructuración, pero no sabemos de qué tipo. Necesitamos en verdad una
rectoría en la que las medidas de seguridad, de justicia y de prevención
que emanan de las alertas se evalúen”.
Zósimo Camacho
No hay comentarios.:
Publicar un comentario