Poco a poco, fueron desapareciendo de los centros de abastecimiento en varias partes del país, incluida la Ciudad de México. Reaparecieron hace algunos días, cuando el tema del robo de combustible tomó la dimensión de lo que es: un riesgo para la seguridad nacional.
Entre los buenos oficios propagandísticos del presidente, la escasez de gasolina y la tragedia en Tlahuelilpan, que oficialmente ha dejado hasta ahora un centenar de muertos, el tema ha dominado la agenda pública. Y seguirá muy presente.
Hace justo un mes, el presidente colocó el tema del robo de gasolinas cuando había perdido el control de la agenda pública por la caída del helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quien se perfilaba como uno de sus principales opositores.
La referencia al auge del robo de combustible en Puebla durante el gobierno de Moreno Valle fue en ese momento obligada, inevitable.
Desde entonces, ha abundado información sobre los llamados “huachicoleros”, los grupos delictivos, los permisionarios, la ocupación militar de las instalaciones estratégicas de Pemex, y ahora sobre la red de distribución de combustible que el gobierno va a construir de forma paralela a la empresa petrolera.
La Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), ambos de la Secretaría de Hacienda, han presentado cifras que están encaminadas hacia los vendedores del combustible.
Respecto a exfuncionarios del gobierno, el presidente y sus principales colaboradores involucrados en el tema, tienen una salida perfecta: el debido proceso. Es decir, no inculpar a nadie sin antes judicializar las investigaciones. Aunque el presidente sí se animó a mencionar por su nombre al general Eduardo León Trauwitz, titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica en el sexenio pasado y protegido del entonces presidente Enrique Peña.
Pero nada han dicho sobre otra de las incógnitas de la ecuación para despejar las responsabilidades: los compradores del combustible más allá de los particulares que adquirían gasolina robada; es decir, las grandes empresas que han participado en la cadena delictiva.
Son responsables no solo por comprar gasolina robada a sabiendas de que era un delito. También, por haber participado en un esquema de lavado de dinero y hasta de defraudación fiscal.
Al comprar combustibles robados, en primer lugar, ayudaban a la delincuencia organizada a introducir en la economía legal activos ilegales. En segundo, al producir bienes o servicios con insumos adquiridos de forma ilegal, lo de menos era la competencia desleal a sus competidores.
Es muy probable que hayan cometido un doble fraude fiscal al manifestar en sus declaraciones costos de sus servicios o procesos productivos como si uno de sus principales insumos, el combustible, hubiera sido comprado en el mercado legal, con su respectivo pago de impuestos.
Si se actúa contra toda la estructura delictiva -integrada por quienes extraían, las autoridades de todos los niveles que lo permitían, los concesionarios o individuos que vendían y las empresas que compraban para sus procesos productivos-, estaremos ante un verdadero combate a ese delito y no frente a una estrategia política que está teniendo altos costos sociales. Veremos.
@jorgecarrascoa