Guardia Nacional: objeción denegada

Magdalena Gómez

El proceso para crear la Guardia Nacional avanza casi como un hecho, producto de la decisión presidencial, si bien no exento de contradicciones en el Congreso de la Unión y en abierto rechazo a lo expresado por organismos de derechos humanos de la llamada sociedad civil, especialistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Todos ellos ofrecieron argumentos en días pasados, en los foros en la Cámara de Diputados, sobre los riesgos que entraña la militarización, que en estos tiempos no se dice como lo hizo en su momento Felipe Calderón, que era para controlar al crimen organizado, lo cual a todas luces no tuvo éxito. Ahora se plantea que la Guardia Nacional es para cuidar a la ciudadanía. El saldo de los mismos fue que el Ejecutivo cedió en que la operación de la Guardia Nacional quede en manos del Ejército, el control administrativo sea de carácter civil y se hizo pública esta modificación sobre la iniciativa ya presentada . Lo cual es en sí misma una anomalía, pues la iniciativa de reformas constitucionales ya estaba en el terreno del Congreso.

Sin embargo, se está normalizando en estos tiempos que participen instancias del Ejecutivo en el cabildeo y negociación de los dictámenes de especial interés, incluso, como en este caso, que para ello acudan legisladores a sus oficinas. Siempre ha sucedido así, cuando la hegemonía en el Congreso fue por décadas priísta, el llamado dedazo tenía múltiples expresiones. Hoy, sin embargo, se enarbola el cambio como bandera, pero éste no parece incluir el respeto al principio de división de poderes. La CNDH cuestionó que estamos frente a una determinación ya tomada, pues ya se inició el proceso de reclutamiento para la Guardia Nacional, además de figurar en el Presupuesto de Egresos.

Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, sintetizó así: el dictamen no brinda garantías de no repetición ni permite inferir que no volverán a suceder las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en el pasado; la fusión de la Policía Federal con las policías militares debilitará muy probablemente los esfuerzos por construir y fortalecer a las corporaciones civiles que el país necesita; la preocupación por el impacto que en la investigación del delito y el sistema de justicia penal llegaría a tener la reforma, y la preocupación por la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad. En coincidencia con la mayoría de las objeciones, se concluyó que desde que comenzó el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado, por lo que esta no parece la forma idónea de lograr seguridad.

El pasado 16 de enero, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con las reformas a 13 artículos constitucionales para crear la Guardia Nacional, con 362 votos de PRI, Morena, PES, PT, PVEM y algunos del PRD, 119 en contra, cuatro abstenciones y 15 ausencias . En los cambios a la iniciativa, expresados en el dictamen negociado, perdón, aprobado, se agregó que la estructura orgánica, estará bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero con un cuerpo colegiado llamado junta de jefes de estado mayor, conformada por integrantes de las secretarías de Seguridad, de Defensa Nacional y de Marina, subordinada al mando civil de la corporación. Se define que los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional, en el ejercicio de las funciones de la misma, serán conocidos por la autoridad civil competente. En tanto que las faltas y delitos contra la disciplina militar serán conocidas por las autoridades y tribunales militares. Por si quedan dudas sobre su esencia, se dice que tendrá un régimen homologado al de las fuerzas armadas, lo cual correrá a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En transitorios se indicó que además se dan 120 días para que el mismo Legislativo expida la ley reglamentaria del uso de la fuerza y una ley para generar un registro nacional de detenciones. Se indica que en tres años la Secretaría de Seguridad Pública presentará un plan para restructurar las instituciones de seguridad pública civiles, para que reasuman el ejercicio de su función, de manera gradual y continua.

El Presidente de la República expresó su inconformidad con la eliminación del artículo cuarto transitorio de la iniciativa, que decía: De manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la fuerza armada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública. Ya el Senado corregirá. Hay que lamentar la militarización, incluso contra sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un sinfín de denuncias internas. Hay regiones particularmente agraviadas, como Guerrero. Seguirán en las calles, ¿será que no estamos en tiempos de paz como señala el 129 constitucional?