Lorenzo Meyer
Sin novedad en el frente occidental (1929), de Erich Maria Remarque, es un clásico de la literatura bélica. Si la política puede ser la guerra por otros medios, la crónica del inicio del actual gobierno mexicano puede titularse como el reverso del título de esa novela. Aquí y hoy en todos los frentes de la guerra política hay novedades.
El primer frente que abrió Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue ¡contra su presidencia! Para disminuir los excesos de la vieja clase política, AMLO puso en marcha un programa de austeridad que, entre otras cosas, recortó el salario, el equipo y los privilegios de la propia presidencia. Prescindió de la suntuosa residencia oficial, del poderoso Estado Mayor Presidencial y su cuerpo de guardias. Hoy, en el gabinete o en el congreso federal, nadie puede tener una remuneración mayor a la del presidente y esto ha puesto presión sobre toda la clase política. La batalla por la austeridad aún no está ganada, pero casi.
En la “batalla de Texcoco” el nuevo gobierno chocó con los grandes poderes fácticos al negarse a seguir adelante con el magno proyecto del nuevo aeropuerto (NAIM), donde ya se habían invertido entre 60 y 100 mdp, pero cuyo costo total se estimaba entre 169 y 285 mdp. El grueso de los contratos de esa obra se había dado a grupos tan fuertes como Carso, ICA, GIA+A o Ángeles, (El Financiero, 30/10/18). La reacción no se hizo esperar y Coparmex incluso auguró que ese “error” marcaría al nuevo gobierno como La Casa Blanca o Ayotzinapa marcaron a su antecesor (Proceso, 04/11/18). Al revelarse aspectos de corrupción en torno al NAIM, lograrse acuerdos con inversionistas y proponer una alternativa más modesta (Santa Lucía), con lo que el gobierno mantiene la iniciativa.
La batalla del presupuesto y el gasto del gobierno federal se centró en el redireccionamiento. El pago de la gran deuda pública y el compromiso de no aumentar impuestos, fueron, y siguen siendo, dos de los grandes obstáculos a los ambiciosos programas sociales del nuevo gobierno. Algunos gobernadores, varias universidades públicas, miembros de la comunidad cultural y otras dependencias se quejaron por los recortes y el gobierno debió hacer modificaciones, pero echó a andar sus primeros proyectos sociales en beneficio de jóvenes y personas de la tercera edad. Esos programas aún deben pasar la prueba de su efectividad y, otros —como la reconstrucción de zonas afectadas por el último sismo, las cien nuevas universidades, etcétera—, transcurrir del diagnóstico a la ejecución. En este frente, la batalla por hacer que el Estado signifique algo para la parte más frágil de la sociedad apenas se inicia y su resultado está abierto a debate.
Las encuestas mantienen que la seguridad es una preocupación central para todas las clases sociales. Por ahora, un instrumento para recuperarla —la creación de una Guardia Nacional (GN) con miembros de las fuerzas armadas— ha enfrentado al proyecto del gobierno con varios grupos de la sociedad civil, la CNDH y organismos internacionales, que ven en la GN el huevo de la serpiente del militarismo. El congreso respaldó el proyecto de AMLO, pero éste debió ceder en un punto importante: la GN será responsabilidad de un mando civil —el de la SSP— aun cuando en su estructura mantenga un carácter militar.
Hoy por hoy, a querer que no, “la madre de todas las batallas” —porque de varias maneras afecta a toda la sociedad— es la que se libra en tierra, mar y aire contra el robo de combustible. Se trata de la lucha contra las varias modalidades del robo de combustible y el desabasto en los expendios. Su objetivo último es devolver viabilidad a la empresa que fue nave insignia del nacionalismo mexicano pero que los abusos, la corrupción y la irresponsabilidad de muchos gobiernos dejaron moribunda vía una carga impositiva excesiva, contratos corruptos, una casta sindical rapaz y, en los últimos años, favoreciendo, por acción y omisión, el robo masivo de los combustibles. Se trató de una piratería, tanto dentro como fuera de Pemex. Según cálculos de la empresa, este robo fue de 38 mil barriles al mes en 2013, pero en 2018 llegó a los 65 mil: 56 mil en ductos y nueve en las instalaciones mismas de Pemex (conferencia de prensa presidencial del 14/01/19).
La peculiaridad de esta batalla contra el llamado “huachicol” es que el costo directo e indirecto lo ha pagado toda la sociedad con desabasto de combustible por el cierre de ductos y pérdida de recursos para el erario. Lo robado en 2018 se calcula en 66,300 mdp, (Forbes México, 27/12/18). La red de saqueo incluye carteles del narcotráfico, bandas locales, empleados y ex empleados de Pemex, gasolineros, empresarios y grandes transportistas, autoridades federales y locales, comunidades, policías. El gobierno se ha topado con resistencia y sabotaje, pero mantiene el apoyo público.
La presidencia ha definido la batalla por Pemex y contra el “huachicol” como una lucha del Estado contra un enemigo fundamental de la sociedad: la corrupción y el crimen organizado. Desde esta óptica, el Estado está obligado a imponerse, pues lo que está en juego no es sólo el nuevo régimen sino la naturaleza de ese Estado: fallido o efectivo.
Lorenzo Meyer
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