De acuerdo con información dada a conocer en redes sociales por parte de la Asamblea Vecinal Nos Queremos vivas Neza, el 10 de febrero pasado aproximadamente a las 9 de la noche, policías estatales, municipales y ministeriales ingresaron con violencia y sin mostrar orden de cateo, al domicilio de dos integrantes de la organización “Nos Queremos Vivas Neza” e integrantes del Centro Cultural Parque NQVN-La Llanta. En este domicilio, la Asamblea resguarda algunos de los materiales que utiliza en las diferentes acciones de protesta que llevan a cabo.
Los policías sólo les dijeron que “habían puesto la casa” y, posteriormente, registraron desde la azotea hasta todas las habitaciones del domicilio, presuntamente en busca de droga. De acuerdo con ambas organizaciones, los policías estatales sacaron a los hombres de las habitaciones y encerraron a las mujeres en un cuarto y les ordenaron apagar los celulares y no usarlos.
En el domicilio estaban presentes menores de edad y personas adultas mayores, que padecen diabetes e hipertensión y que, debido a las acciones llevadas a cabo por los elementos de la policía, sufrieron crisis nerviosas y, una de ellas, un desmayo, sin que se permitiera llamar a una ambulancia.
Pese a que los policías no encontraron absolutamente nada que constituyera un delito, colocaron en el domicilio sello de “inmueble asegurado”, señalaron las organizaciones, quienes consideraron esto como ilegal y un abuso de poder por parte de los policías.
La Asamblea Vecinal “Nos Queremos Vivas Neza”, “Alerta Temprana Red” y el “Centro Cultural Parque NQVN-La Llanta”, repudiaron estos actos en contra de las y los defensores de Derechos Humanos, por constituir persecución y criminalización de la protesta social, en represalia por la labor que estas organizaciones realizan en defensa de las mujeres y las familias víctimas de maltrato y feminicidio en esta región del Oriente del Estado de México.
Por ello, las organizaciones solicitaron a las autoridades correspondientes: poner fin al hostigamiento en contra de los y las integrantes de la organización “Nos Queremos Vivas Neza” e integrantes del Centro Cultural Parque NQVN-La Llanta y garantizar su seguridad personal y jurídica; respetar lo dispuesto en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” .
Por estos hechos, el pasado 11 de febrero la “Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza” se manifestó afuera de la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl. En la manifestación, transmitida por redes sociales, la defensora Elsa Arista, dijo que si bien la fiscal regional, María Esther Nolasco Núñez, les había prometido recibirlas a las 12 del día, la reunión se canceló porque la funcionaria fue llamada por el Fiscal General.
La Asamblea, sin embargo, consiguió reunirse con la encargada del operativo, la policía Alejandra Galván, quien les dijo que el cateo respondía a una presunta llamada anónima de alguien que aseguró que en esa casa se vendía droga.
En entrevista telefónica, Elsa Arista expresó su preocupación por la actuación de la policía en este caso, ya que, al actuar sin pruebas ni investigación de por medio, podría tratarse de un cateo para sembrar drogas y fabricar delitos contra las personas al azar, o bien una persecución directa contra las defensoras que actualmente acompañan el caso de Roxana, una joven indígena oaxaqueña que fue acusada precisamente por la Fiscalía de Nezahualcóyotl por el delito de homicidio simple en contra de su agresor.
Luego de la manifestación, las defensoras denunciaron formalmente la actuación de la policía y pidieron una mesa de trabajo para la revisión de los distintos casos que acompaña de víctimas de feminicidio, intento de feminicidio y desaparición.
Durante la manifestación, Liliana Martínez Sánchez, vecina presente en la protesta informó que su hija María de Lourdes Martínez Sánchez fue asesinada el 8 de febrero de 2019. No obstante, otra de sus hijas, de nombre Diana, tuvo una tentativa de feminicidio, pero el pasado lunes 7 de febrero, cuando la familia fue a levantar el acta por tentativa de feminicidio, la autoridad no le dio toda la información; al día siguiente, Liliana tuvo conocimiento que el acta se levantó por violencia familiar y que Diana habría sido demandada por la guarda y custodia de uno de sus hijos.
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