La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, advierte el Artículo 39 constitucional. Mientras que el Artículo 41 de la Carta Magna señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y agrega que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Ahora, habría que agregar a ese proceso, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, la renovación del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, si el pueblo ejerce su soberanía a través de los Poderes de la Unión, resulta natural y obligado que el próximo domingo los mexicanos acudan a las urnas para votar, por primera vez en la historia, por Ministros, Magistrados y Jueces.
Además, el Artículo 35 constitucional establece el imperativo jurídico de que es derecho de los ciudadanos mexicanos votar y ser votados para todos los cargos de elección popular. Por lo tanto, el ejercicio democrático del domingo significa la ampliación de este derecho, pues por primera ocasión en la historia los mexicanos podrán elegir por voto directo a los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
¿Por qué votar? Para cambiar de raíz a un Poder Judicial mayoritariamente corrupto y podrido, sustraerlo del control de camarillas, y poderes formales y fácticos que lo tienen secuestrado, y lo han convertido en una herramienta perversa, infame, lubricada por la corrupción y el nepotismo, en beneficio de una minoría privilegiada, dentro y fuera de sus estructuras y en detrimento de los derechos de una mayoría marginada, despreciada, burlada, que sólo en casos excepcionales tiene acceso a la verdadera justicia, que iguala a los seres humanos y los dignifica.
Los comicios del domingo permitirán al pueblo romper la torre de marfil en la que siempre ha estado encapsulada la élite de un Poder Judicial mayoritariamente ajeno a las necesidades y los sufrimientos del pueblo; coto de privilegios personales para una cofradía exquisita y despreciable, que ha medrado con el dinero de los contribuyentes para satisfacer sus frivolidades y abusos.
Podríamos rescatar, en primer término, un mensaje publicado por el actual Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, en la red social “X”, del 20 de octubre del 2023, en el cual describe los privilegios obscenos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Describe: “$300 mil mensuales de salario; $586 mil de aguinaldo; $100 mil de prima vacacional y 30 días de vacaciones pagadas; $200 mil para medicamentos; $800 mil para restaurantes de lujo; Seguro de vida por $12 millones; Dos vehículos blindados con valor de seis millones de pesos que se renuevan cada dos años; $5.5 millones mensuales para contratar personal; Seguros para autos y casa habitación”.
Agrega: “seis teléfonos celulares de gama alta y tres iPads para ministros, familiares y personal de apoyo; A su retiro reciben $20 millones por seguro de separación, pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo, dos vehículos blindados y dos personas de apoyo a su servicio de por vida; Pago por defunción de $1.1 millones. Además la corte pretende gastar $146 millones en vigilancia privada, $44 millones en lavandería y $50 millones para alimentos…”.
Sobran ejemplos que desnudan al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habría que recordar que el martes 23 de julio del 2024 el entonces Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se quejó contra la perniciosa práctica de los llamados “sabadazos”, que describen la liberación de presuntos delincuentes los fines de semana para evitar el escrutinio público y la promoción de acciones jurídicas de las fiscalías y procuradurías para evitar que los presuntos criminales regresen a las calles.
Ese día, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional el mandatario dijo que no se explicaba como de lunes a jueves el Poder Judicial liberaba a 58 presuntos criminales y los fines de semana soltaba a 192. El Subsecretario de Seguridad Pública federal, Luis Rodríguez Bucio reseñó: “En el Poder Judicial algo pasa y (casi) todas las liberaciones acostumbran a ser precisamente en fin de semana, que es cuando […] no se puede revisar rápidamente si alguno de los liberados tiene en alguna fiscalía estatal otra carpeta de investigación, para evitar que salga de la cárcel”.
El martes 20 de agosto del 2024, la revista Proceso publicó que “desde hace más de un mes, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [depositada en la Ministra Norma Lucía Piña Hernández], tiene retenidos dos casos que han impedido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobrarle al Grupo Elektra casi 35 mil millones de pesos”.
Agrega la nota de Proceso que “de acuerdo con información del SAT, se trata de dos amparos interpuestos por Grupo Elektra [del empresario Ricardo Salinas Pliego] ante la justicia administrativa, pero que ya perdió ante la justicia federal y cuya revisión fue rechazada incluso por la Segunda Sala de la Suprema Corte. A pesar de ello, la presidencia de la Corte no ha emitido los acuerdos respectivos […] Hasta que la presidenta de la Corte, Norma Piña, emita los acuerdos, el SAT podrá cobrar los casi 35 mil millones de pesos a Elektra”.
El jueves 27 de febrero del 2025 el Gobierno de México entregó al de Estados Unidos a 29 personas vinculadas al crimen organizado, particularmente al narcotráfico, que se encontraban recluidas en distintos centros penitenciarios del territorio mexicano, como parte de un acuerdo de cooperación internacional con Estados Unidos. Los delincuentes pertenecen prácticamente a todos los cárteles que operan en México.
Entre los delincuentes entregados se encuentra el histórico capo del Cártel Guadalajara, Rafael Caro Quintero reclamado por el Gobierno de Estados Unidos desde hace décadas por el asesinato del agente de la DEA, Agencia Antidrogas Estadounidense, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985. También se fueron en el mismo paquete los sanguinarios y violentos líderes del cártel de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42, entre otros criminales de singular relevancia. La extradición de estos tres capos fue obstaculizada durante décadas, en el caso de Caro Quintero, y por más de 10 años, en el caso de Los Zetas, debido a argucias jurídicas consentidas por tribunales federales.
Otro caso emblemático fue publicado por el periódico La Jornada el viernes 9 de mayo del 2025 en el que se advierte que “por resoluciones indebidas de diversos jueces, más de 100 delincuentes, en su mayoría ligados al crimen organizado o acusados de delitos de alto impacto, han regresado a las calles, sostuvo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch”.
En la información se argumenta que “en el periodo comprendido entre 2024 y lo que va de 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden. Existe registro de 193 determinaciones –de casi 200 decisiones judiciales– que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes mediante traslados, liberaciones y egresos definitivos”.
Ese mismo día, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que han detectado conductas ilegales que podrían dar lugar a denuncias por delitos contra la administración de justicia. Los jueces actúan con impunidad porque los protege el mismo Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, reclamó el Fiscal General de la República: “¿Qué ha pasado? Que no nos dejan proceder en el Poder Judicial, porque dictaron un acuerdo interno en el que se establece que ningún juez puede ser procesado sin su autorización”.
En la misma conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a la oposición: “¿Por qué no dicen nada de lo que pasa actualmente? Ahora resulta que somos autoritarios porque el pueblo va a elegir a los jueces. Pero, ¿dónde está la crítica a lo que está ocurriendo hoy? No sólo hablamos de nepotismo y corrupción –denunciados incluso por la propia presidenta de la Corte–, sino de estos casos en los que es impresionante que jueces liberen a delincuentes”.
Al amparo de leyes manipuladas en beneficios de políticos y empresarios corruptos se han llevado a cabo infinidad de despojos que no llegan a las páginas de los periódicos y a los medios de comunicación convencionales, cometidos en perjuicio de ejidatarios, comuneros, propietarios de modestas viviendas de interés social, ancianos indefensos e inocentes que son encarcelados como chivos expiatorios porque no tienen dinero, conocimientos e influencias, para conseguir la justicia que por derecho les corresponde.
Sigue latente el eco de una información publicada por el periódico La Jornada el lunes 4 de agosto del 2014 en la que se advierte que “campesinos del ejido Morelos, municipio de Tomatlán, Jalisco, dijeron ser víctimas de despojo de tierras, en las cuales se construyen una aeropista y la ampliación de la carretera federal 200, que conectaría con Puerto Vallarta. En un escrito, los ejidatarios mencionan que “el Gobierno estatal [de Jalisco], asociado con la empresa Rasaland, busca despojarnos de nuestras tierras para un proyecto conocido como Chalacatepec o Nuevo Cancún”. El proyecto fue iniciado por el Gobierno del panista Emilio González Márquez y continuado por las administraciones del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y los emecista Enrique Alfaro Ramírez y Jesús Pablo Lemus Navarro.
Denunciaron los ejidatarios que falsos representantes ejidales, coludidos con funcionarios estatales y federales y la empresa extranjera Rasaland, intentaron suplantarlos en el juicio de amparo 711-2013 ante el juzgado quinto de distrito, pero no pudieron ni se les reconoció el carácter de autoridades. En el documento, los ejidatarios indican que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Gobierno de Jalisco enfrentan acusaciones por posibles actos de la privación de la propiedad, posesión y disfrute de los bienes agrarios del ejido y su sustracción del régimen jurídico ejidal, pues han violado la resolución presidencial de 1960, que creó el ejido José María Morelos.
En otro asunto que afecta directamente al pueblo desprotegido, en la conferencia mañanera de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, el 27 de enero de 2025, se informó que, como parte del seguimiento al congelamiento de saldos y mensualidades a dos millones de créditos por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se detectó que, en 2012, se implementó una estrategia a través de la cual despachos legales interpusieron juicios masivos en contra de 373 mil derechohabientes, los cuales derivaron en que 249 mil perdieran la propiedad de su vivienda.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la estrategia de los juicios masivos consistió en que los despachos legales no notificaron a los acreditados; se incluyeron a personas que no tenían problemas de pago; y se demandó a las y los trabajadores en estados que no correspondían a su residencia, —principalmente en Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos—, esto en perjuicio de 373 mil derechohabientes y sin que el Comité de auditoría ni en la Comisión de Vigilancia del Infonavit se realizara alguna acción en su defensa. Y todo eso consentido por tribunales y juzgadores en perjuicio de los trabajadores.
Sí, es importante votar, para poner al Poder Judicial de la Federación al servicio del pueblo, de la mayoría silenciosa que por primera vez en la historia podrá decidir, con sus votos, quienes llegan a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Electoral, a los Tribunales de Circuito y a los Juzgados de Distrito, privilegio que desde siempre ha sido una prerrogativa de los grupos de poder formales o fácticos que han lucrado con la justicia.
Pedro Mellado Rodríguez
Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).
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