EU propondrá “fuerzas de tarea” para intervenir México

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By Miguel Badillo * / @badillo_contra

La violencia verbal y física que en los pocos días al frente del gobierno estadunidense ha hecho Donald Trump en contra de México (considerando a migrantes e indocumentados que trabajan y viven en aquel país y que son arrestados para deportarlos o procesarlos penalmente) no es nueva por parte de las autoridades gubernamentales de ese país.

En el gobierno de Barack Obama, las tropas de Estados Unidos –también bajo el argumento del narcotráfico y la violencia, igual como ahora lo hace rabiosamente Trump– generaron un clima intervencionista mediante declaraciones constantes de funcionarios y militares, sin descontar que Organización de las Naciones (ONU) Unidas también se sumó a la crítica contra México y, mediante un pronunciamiento en aquel momento, preparó el camino para que “fuerzas de tarea” estadunidenses ingresaran a territorio nacional, al asegurar que las bandas del narcotráfico que operan en el país son una “superpotencia”.

Recordamos ahora que hace 6 años, en 2011, hicieron declaraciones jefes policiales y funcionarios del Departamento de Estado, incluida Hillary Clinton; después se sumaron militares y representantes de agencias de inteligencia estadunidenses, para quienes la debilidad del entonces presidente Felipe Calderón se tradujo en fuertes presiones políticas que le impidieron gobernar con independencia y mantener control del país.

Ese riesgo de intervención a México por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se repite ahora con mayor intensidad, ante un presidente mexicano agobiado y desconcertado y un gabinete sumamente débil que no sabe qué hacer ante los embates diarios de Trump.

La advertencia del presidente de Estados Unidos en la llamada telefónica de hace unas semanas al presidente Enrique Peña Nieto, de que enviaría tropas a México para ir en contra los “bad hombres”, abre con mayor intensidad una posible intervención militar directa en contra de México o disfrazada de “fuerzas de tarea militar” para “cooperar” con las Fuerzas Armadas mexicanas.

Este clímax sobre una posible intervención militar también fue revelado en su momento por WikiLeaks, que dio a conocer las críticas del gobierno de Estados Unidos en contra del Ejército Mexicano, de los cuerpos policiales y contra el mismo presidente de la República, a quienes la diplomacia estadunidense considera incapaces de hacerle frente al crimen organizado, el cual mantiene en jaque al país y ha desatado la peor violencia de que se tenga memoria, con cerca de 200 mil muertos en 10 años, cifra muy superior a todas las víctimas de las guerras ocurridas en Irak y Libia, países a los que invadió Estados Unidos.

Ante ese preocupante panorama intervencionista, se confirma que el próximo jueves 23 de febrero arribarán a México los secretarios de Estado y de Seguridad Interna de Estados Unidos, Rex Tillerson, y Jhon F Kelly, respectivamente, y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que vienen a dialogar con funcionarios de alto nivel sobre temas bilaterales para continuar los acercamientos y el diálogo “en favor de una relación respetuosa, cercana y constructiva entre ambos países”.

Por supuesto que hasta hoy no ha habido una sola acción de respeto por parte de Trump y su equipo, así que la próxima llegada de ambos funcionarios estadunidenses ha puesto en alerta a todo el gabinete de Peña, pues sin duda el tema principal que abordarán será la seguridad interna de Estados Unidos y el trabajo que pedirán a México hacer en contra del crimen organizado y el tráfico de drogas, a fin de evitar que éstas crucen la frontera hacia el vecino país.

Como tema principal en la agenda de los funcionarios estadunidenses, será que México permita a militares y miembros de las agencias policiales e inteligencia de Estados Unidos que “colaboren” directamente con las Fuerzas Armadas mexicanas para combatir al narcotráfico, igual como sucedió en Colombia, en donde los militares estadunidenses tomaron el control del país. Esto representa una abierta intervención y violación a la soberanía nacional.

La duda es qué posición asumirá el gobierno mexicano ante esta presión de Estados Unidos, y sí el gobierno de Peña se atreverá a autorizar públicamente esa intervención disfrazada de “colaboración” en el combate contra el narcotráfico.

Un problema más es la comunicación que salga de los acuerdos alcanzados por los dos países, pues en los últimos días hemos visto como Estados Unidos da versiones distintas a las que informa el gobierno mexicano, lo cual se ha traducido en una aguda crisis en México, que revela la sumisión del gobierno ante su homólogo estadunidense.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]

La responsabilidad de Estados Unidos

Miguel Badillo *

Frente a la crisis de inseguridad, violencia y descomposición social que enfrenta México, el gobierno de Estados Unidos tiene una clara responsabilidad que, hasta ahora, se niega a reconocer y, por el contrario, lo utiliza como un instrumento de presión para someter aún más al gabinete de Felipe Calderón y obligarlo a mantenerse como su aliado en la política intervencionista que aplica hacia Latinoamérica.

La semana pasada se dio a conocer una nueva operación ilegal y violatoria de la Constitución, cometida en territorio mexicano por una de las agencias policiales más corruptas de ese país, la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés). Esta corporación opera en todo el mundo bajo leyes extraterritoriales con el pretexto de combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas, lo que le da impunidad para espiar, investigar, perseguir y capturar a todas aquellas personas que, según los órganos de inteligencia de Estados Unidos, representen un peligro para ese país.

Esta vez correspondió a una operación instrumentada por la DEA para, conjuntamente con cárteles del narcotráfico, lavar dinero producto de la droga en los circuitos financieros mexicanos. Por supuesto, esta intervención se realizó sin notificar a las autoridades de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República (todas responsables de dichas violaciones a la soberanía nacional).

Un extenso análisis de la Corporación Rand titulado La seguridad en México, implicaciones para la política estadunidense, establece que para no perder el statu quo y reconocer que las políticas e instituciones del otro lado de la frontera también tienen que reformarse, el gobierno estadunidense está dejando a un lado los pasos estratégicos para detener el avance del narcotráfico y la introducción de armas al territorio mexicano.

Los autores Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney, K Jack Riley, investigadores de dicha corporación, estiman que los costos sociales de las drogas son 15 veces mayores si se enfocan sólo a la persecución en lugar de la prevención y el tratamiento.

Sin embargo, las políticas conjuntas entre México y Estados Unidos para elevar la seguridad en ambos países no se han presentado. Desde hace dos años este influyente organismo de análisis y evaluación de las políticas públicas advirtió la necesidad de generar acuerdos que modificaran el rumbo de las amenazas a la seguridad.

Los analistas de Rand recuerdan que desde 2000, cuando llegó a la Presidencia el primer candidato de la oposición (Vicente Fox Quesada), México se ha enfrentando al reto de articular y cohesionar una estrategia nacional de seguridad, pero se ha generado una duplicidad de funciones e inestabilidad de las estructuras que se ocupan de la seguridad. En México los esfuerzos no se han coordinado y existen problemas de comunicación entre las fuerzas policiales, mientras que la población desconfía de sus integrantes y sus acciones.

Para Rand, el deterioro de la seguridad en México comenzó en 2005, y empezó a precipitarse en 2008, cuando los homicidios relacionados con el narcotráfico pasaron de 2 mil 275, en 2007, a 6 mil 290, en 2008, es decir, casi 200 por ciento más. La corporación Rand afirma que nunca antes como en el gobierno de Felipe Calderón se había dedicado presupuestalmente tal cantidad de recursos policiales y económicos para combatir a los cárteles de la droga.

El precio, sin embargo, ha sido alto: la violencia se hizo pública y la población civil comenzó a ubicarse, también por primera vez, entre el fuego cruzado de criminales, policías y militares. Otro elemento clave para el incremento de la violencia fue, sin duda, el hecho de que los cárteles de la droga tuvieron acceso a armamento cada vez más sofisticado que llegó, principalmente de Estados Unidos. La presencia de Los Zetas, exmilitares y exkaibiles que llegaron de Guatemala, también fue determinante para incrementar dicho nivel de terror.

Por ello, Rand sugiere desde 2009 que el gobierno estadunidense asuma su responsabilidad y comience una reforma que permita solucionar de fondo los problemas de seguridad de ambos países. El miedo a no desafiar el statu quo de Estados Unidos, como una nación que simplemente no podría ser vulnerada por organizaciones criminales, sin importar su origen, es lo que está impidiendo una solución real.

La represión del gobierno de Calderón, por lo tanto, no es suficiente para terminar con el problema de inseguridad, narcotráfico, violencia y violación a los derechos humanos.

La DEA, sin embargo, se ocupa de realizar operaciones encubiertas en el territorio mexicano para “develar” cómo los cárteles de la droga lavan cientos de millones de dólares y no se ocupa de descubrir a los bancos estadunidenses que participan en las operaciones.

La estrategia, por lo tanto, está incompleta. Así lo demostró el contrabando de armas hacia México o, antes, la operación Casablanca, una intervención más que actuó en contra de simples empleados bancarios y no de los directivos y dueños extranjeros de las instituciones financieras. Está confirmado que son los bancos estadunidenses o con operaciones en ese país los que han servido para el lavado de dinero proveniente del crimen organizado. El caso de Raúl Salinas de Gortari y el entramado y redes financieras que armó desde Citibank son sólo un ejemplo de la impunidad y abuso que hay en Estados Unidos.

La Corporación Rand hace una crítica clara al Plan Mérida que, hasta ahora, se ha enfocado a recursos para el equipamiento tecnológico y entrenamiento de fuerzas policiales. En dicho plan, en concreto, ha estado ausente la visión a largo plazo de ambos países para construir una reforma para la estructura en defensa de la seguridad, pero sobre todo, de asumir el reto y la responsabilidad de reducir el consumo interno de droga, en donde Estados Unidos es el rey.

*Periodista

[TEXTO PARA TWITTER: Estados Unidos no coopera con México: interviene y perjudica. Qué busca]

Fuente: Revista Contralínea 262 / 04 diciembre de 2011

Oficio de Papel

Columna semanal del periodista Miguel Badillo

Corrupción e impunidad en Durango
El santuario de los capos de la droga
Los amigos ricos de Ismael Hernández

El gobierno de priista de Ismael Hernández Deras tendría que dar cuentas a la población duranguense y al gobierno federal de lo que sucede en el estado a su cargo. En menos de 40 días la región lagunera se ha convertido en el escenario de los más preocupantes acontecimientos relacionados con el narcotráfico, la corrupción y la violencia.

El arraigo de la directora del Centro de Readaptación Social (Cereso) Número 2 de Gómez Palacios Durango, Margarita Rojas Rodríguez, a raíz de las denuncias que la involucran en la salida de peligrosos reos con armas y vehículos del penal para perpetrar ejecuciones, además del secuestro de cuatro periodistas que cubrían esos hechos en el penal, son claramente señales de alerta de la descomposición y corrupción que viven las instituciones de gobierno en ese estado. Nada más alejado de lo que sucede a nivel federal con los cuerpos policiales y militares en lo que Felipe Calderón llama su “guerra” contra el narcotráfico.

Hasta hace unos meses, a Margarita Rojas Rodríguez – nombrada en su cargo como funcionaria carcelaria precisamente por Hernández Deras –, era reconocida como la Mujer del Año allá en Durango por llevar “paz” a uno de los penales más peligrosos y violentos del país.

Pero los motines y la situación de alerta en el sistema judicial y carcelario no era una situación nueva para el gobierno estatal. Su gobernador, el exsenador Hernández Deras, reconoció en varias entrevistas que la lucha contra el crimen organizado, tanto federal como local, se había trasladado a los penales que se habían construido para albergar a reos con perfiles criminales de hace más de cuatro décadas, por lo cual resultaban insuficientes para contener a los presos acusados de narcotráfico y vinculados con el crimen organizado que opera en la región.

El gobierno de Hernández Deras genera los problemas y pretende trasladar la responsabilidad a la federación, y asegura que son los reos del fuero federal los que están involucrados directamente en las fugas y motines, y pide que sean trasladados a penales de alta seguridad. Con cinismo, hace algunos días ese gobernador aseguró que es la Procuraduría General de la República la que tendría que investigar las versiones que involucran a agentes y ministerios públicos federales en el conflicto del Cereso Número 2 de Gómez Palacio.

Se trata de una situación de alerta. Durango, además, se encuentra en el famoso triangulo dorado de las rutas del trasiego de la droga que se vende en el mercado mexicano, pero sobre todo la que se dirige al mercado estadounidense. Las vías hacia Mazatlán, Parral, Tepic, Zacatecas y Culiacán son ahora motivo de disputas entre las organizaciones de narcotraficantes que afecta a los municipios de la zona y que motivan la penetración del dinero del narcotráfico en las economías regionales.

Durango, además, ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos como un destino en México que, junto con Ciudad Juárez o Tijuana, debe ser evitado por sus ciudadanos. Algo saben lo gringos que no comparten con su homólogo mexicano.

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Oficio de Papel

Columna semanal del periodista Miguel Badillo

* Negocios de EU en Iniciativa Mérida
* La venta de helicópteros Black Hawk
* Policías estadounidenses en México

En un reporte evaluativo sobre la Iniciativa Mérida, auditores de la Oficina General de Control del Congreso de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés, se manifiesta la necesidad de dar seguimiento al uso que está haciendo el gobierno mexicano de los helicópteros tipo Black Hawk UH 60 que la administración de Barack Obama entregará para combatir a los cárteles mexicanos.
Aunque no es la primera vez que la GAO censura la manera y eficacia en la aplicación de los recursos que entrega el gobierno estadounidense para “contribuir” a la guerra contra el narcotráfico, tampoco es la primera vez que ese órgano de vigilancia del Congreso de los Estados Unidos descubre sucios intereses económicos detrás de este apoyo del gobierno estadounidense, es decir que se autoricen proyectos y partidas de dinero para beneficiar irregularmente a empresas privadas, tal y como sucede constantemente en México con el dinero público.
En esta ocasión, según reportes de las autoridades mexicanas y estadounidenses, los helicópteros por un valor superior a los 160 millones de dólares serán “regalados”.
En otros años, las licitaciones de estos equipos ocuparon partidas del Presupuesto de Egresos del gobierno mexicano y fueron motivo de graves problemas de corrupción. Siempre, sin embargo, habrá un negocio detrás. En este caso el gigante estadounidense United Technologies Corporation, que compró la empresa de Igor Sokorsky – creador de los helicópteros Black Hawk –, es una de las beneficiadas directas de los contratos millonarios firmados para la guerra contra el narcotráfico en Colombia y ahora en México.
Al segundo trimestre de 2010, las ventas de la división de aviones militares de United Technologies logró un incremento de 42.5 por ciento gracias a los contratos en América Latina, lo que le significó millonarias ganancias.

El negocio de los helicópteros
En 2001 publiqué los resultados de una investigación en la que al menos 40 funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la Policía Federal Preventiva (PFP) se habían visto involucrados en las irregularidades que se cometieron al adquirir sin licitación previa 12 aeronaves, en su mayoría usadas, para el combate contra el narcotráfico.
En aquella investigación aparecían nombres como el de Wilfrido Robledo; el exdirector de Inteligencia de la PFP, Genaro García Luna, entonces director general de la Policía Judicial Federal de la PGR y actual secretario de Seguridad Pública Federal, y el exoficial mayor de la Secretaría de Gobernación, Gerardo Cajiga Estrada. Este último firmó la entrega del dinero para la compra de las aeronaves y por ello Gobernación debió verificar que el procedimiento fuera lícito.
La auditoria practicada a dicho proceso de adquisición de las aeronaves, dio como resultado que no había desviaciones de recursos, es decir que la disposición de los 32 millones de dólares (casi 320 millones de pesos) que hizo la PFP para la compra de los nueve helicópteros y tres aviones, uno de ellos un Gruman II de superlujo y los otros dos un Falcon y un Caza, sí se utilizaron para el pago de las aeronaves.
Pero las irregularidades en el proceso se ubicaron, por ejemplo, en que uno de los helicópteros estaba embargado a la Eurocopter y a pesar de ello fue adquirido por la PFP, organismo que de acuerdo con las fechas de adquisición financió a la empresa franco-alemana Eurocopter (la cual posee capital público del gobierno francés) para que ésta liquidara deudas y pudiera liberar la aeronave embargada.
Otras de las irregularidades descubiertas por la entonces Secretaría de la Contraloría es que faltó un adecuado afianzamiento de los contratos para la venta de las aeronaves por parte de las empresas privadas, además de que se abandonaron normas que disponen las leyes para las compras gubernamentales.
También faltó una justificación para que los helicópteros y aviones se adquirieran sin licitación, como lo dispone el reglamento en la materia. De acuerdo con la auditoria de aquel entonces, los nueve helicópteros costaron 17.5 millones de dólares y los tres aviones 14.5 millones.

Desencuentros de la burocracia
Tal vez ahora, por este tipo de antecedentes, se decidió que el gobierno de Estados Unidos entregaría los equipos como parte de la Iniciativa Mérida. Hasta ahora, sin embargo, se desconoce el costo que el gobierno mexicano tendrá que pagar por ellos dentro para reforzar la lucha en contra de los cárteles de la droga. Por lo pronto el próximo año tendrán que entregarse los helicópteros y el equipo comprometido para fortalecer las actividades contra el narcotráfico por parte de la armada mexicana.
El problema que observa la GAO, sin embargo, es que los cambios políticos – a raíz de las elecciones de 2012 – podrían poner en riesgo la continuidad de sus planes en México, pues se observa nada probable que el mismo partido en el poder (PAN) repita en el gobierno y de llegar cualquier otro podría suspender la estrategia del actual gobierno en la lucha contra el crimen organizado y ello entorpecería el negocio que ha significado hasta ahora la venta de aeronaves a las fuerzas armadas mexicanas.
Los funcionarios mexicanos, de acuerdo con el reporte liberado por la GAO, también han reprochado a Estados Unidos que los procesos administrativos para la entrega del equipo de vuelo, como los helicópteros Black Hawk, están retrasando la ejecución de muchos planes contemplados en la Iniciativa Mérida, plan utilizado por el gobierno de Estados Unidos para alejar de su territorio la guerra contra los cárteles de la droga, igual como sucedió en Colombia.
México firmó con Estados Unidos la entrega de entre 9 y 11 helicópteros Black Hawk, 4 aviones tipo CASA, tres helicópteros tipo Bell, más de 200 polígrafos, equipo móvil tipo gamma para inspección, así como unidades de ferrocarril para la detección de armas y otro tipo de contrabando, programas de profesionalización y proyectos de diversos cursos de formación y asistencia técnica. Este equipo, se prevé, sea entregado entre octubre próximo y diciembre de 2011.
Para 2011, el gobierno estadounidense ha solicitado 310 millones de dólares para México dentro de la Iniciativa Mérida, 100 millones para Centroamérica y 79 millones para el Caribe. Para mantener dicha Iniciativa Mérida, dice la GAO, el Departamento de Estado de la administración de Barack Obama “deberá enfrentarse a factores fuera de su control, como cambios en el gobierno y la falta de continuidad en la administración pública”.
De acuerdo con funcionarios del gobierno estadounidense, los frecuentes cambios políticos y de organización así como reestructuraciones en los círculos del gobierno mexicano representan un reto para la ejecución de los programas de la Iniciativa Mérida. “En México, nos enteramos que los funcionarios que reciben formación pueden o no permanecer en sus puestos”.
Y ofrecen como ejemplo el presupuesto por 250 mil dólares que se destinó para la capacitación de investigadores para combatir al crimen organizado, pero que fue disuelta sin explicación alguna. El caso mexicano, dice la GAO, es una situación similar a la que se vivió en países como El Salvador o Panamá, en donde por más ayuda que se proporcione nunca se sabe dónde terminan los recursos.
Pero es un hecho que la contribución de Estados Unidos para la Iniciativa Mérida se está retrasando y ya se registran severos enfrentamientos porque eso ha ocasionado graves problemas.
Funcionarios mexicanos expresaron su preocupación por estos retrasos y aseguran que si bien el gobierno de Felipe Calderón esperaba el equipo proveniente de Estados Unidos, ante la necesidad de acelerar los programas decidieron comprar tecnología por cuenta de la administración mexicana. Ahora, en Estados Unidos decidieron destinar los recursos previstos para la Iniciativa Mérida a otros programas.

Así, la falta de información y los desencuentros entre las burocracias mexicana y la estadounidense están retrasando los recursos de la Iniciativa Mérida, mientras la gravedad de la violenta situación se convierte en un excelente pretexto para que Estados Unidos presione por una presencia directa en el territorio mexicano, como ya sucede en la frontera.
Entonces mientras muchos estamos preocupados por la presencia del Ejército Mexicanos en todo el país, haciendo de policía que lucha contra el crimen organizado y grupos subversivos, ahora hay que preocuparse más porque ante la violencia e incapacidad de las fuerzas públicas para disminuir la presencia de grupos delincuenciales que ya controlan amplios territorios, fuerzas policiales estadounidenses se preparan para empezar a tener presencia armadas en nuestro país, ante la complacencia de un gobierno inútil como el de Felipe Calderón.

El negocio está en el aire

Tras su negocio de elevadores y aires acondicionados, United Technologies Corporation resguarda su negocio vinculado con la industria bélica. Esta compañía reporta a nivel global un incremento en ganancias de 13.7 por ciento hasta el segundo trimestre del año. No sólo eso, también elevó sus previsiones de utilidades para todo el 2010, ante lo que califica como una mayor demanda y mayores márgenes.
United Technologies controla la compañía Sikorsky que fabrica los helicópteros tipo Black Hawk, aeronaves que en las guerras del medio oriente motivadas por Estados Unidos han protagonizado varios accidentes y han dejado como saldo la muerte de decenas de soldados.
Por ello han puesto en marcha un plan de modernización de su tecnología y equipos por más de mil millones de dólares. Es obvio, por lo tanto, que necesitan clientes y allí está el Plan Mérida. Es casi seguro que a México no llegará la nueva generación de Halcones Negros, sino aquellos que se sabe deben mejorarse. Cuestión de negocios.