La seguridad sanitaria es, por naturaleza, colectiva y responsabilidad del sistema público de salud. México cuenta formalmente con un sistema de vigilancia epidemiológica y una Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, durante el año pasado ambos han probado ser más de papel que estructuras sólidas y actuantes.
La influenza A/H1N1 descubrió la ineficacia de la vigilancia epidemiológica tanto en la recolección de información como en la actuación ante la emergencia. Hemos pagado un costo altísimo a causa de ello pero nadie ha asumido la responsabilidad. Al contrario, el secretario de Salud (Salud Pública de México, 51 (5) 2009) y el subsecretario de promoción y prevención (Emerg Infect Dis. Dic, 2009) han publicado artículos en revistas médicas sobre los éxitos de la acción mexicana. Sin embargo, las evidencias revelan que sigue habiendo fallas muy serias y que se han realizado intervenciones sin evaluar su eficiencia o riesgos. Se ha mejorado el registro de la influenza tanto la A/H1N1 como la estacional. Esta última subió de 147 casos en 2008 a 11 mil 500 en 2009 además de los 69 mil casos de A/H1N1. Sin embargo, se mantienen diferencias por entidad federativa que sólo son explicables por un mal registro.
Otro problema es el tratamiento de decenas de miles de personas con Tamiflu sin seguimiento epidemiológico. En diciembre, el British Journal of Medicine publicó un análisis de este medicamento, el cual concluyó que no está probado que previene la influenza o disminuye complicaciones serias. Además encontró que existen ocho estudios sobre efectos secundarios no publicados e inaccesibles al tiempo que la empresa productora ofrece información diferente sobre Tamiflu en Estados Unidos y Europa.
El mejoramiento del registro de influenza y neumonía no se extiende al resto de las 31 enfermedades de notificación inmediata. Por ejemplo, no tienen sus canales endémicos, básicos para evaluar si hay una epidemia. No se trata de mejorar el reporte de una o dos enfermedades, sino de fortalecer el sistema de vigilancia como tal.
La reacción del Cofepris no inspira mayor confianza. Por ejemplo, su actuación respecto de la vacunación masiva contra el virus de papiloma humano (VPH) no ha seguido los cánones de una agencia de protección contra riesgos sanitarios. Registró y permitió la venta de una de las vacunas antes que Estados Unidos y Europa. No hizo público que tenía más de 500 reportes de reacciones adversas de esta vacuna antes de que se aplicara masivamente a 100 mil niñas pobres a finales de 2008. Tampoco reaccionó cuando el Consejo Nacional de Vacunación cambió el esquema de aplicación en abril de 2009 al posponer cinco años la tercera dosis. Este cambio fue justificando la recomendación confusa del Comité Asesor Externo
(compuesto por funcionarios de instituciones dependientes de la Secretaría de Salud Pública). Es confusa al decir que el Papanicolaou es más en costo-efectivo y luego recomienda la aplicación de la vacuna de VPH a niñas de nueve años con un refuerzo a los 14 años, a condición de que se haga seguimiento epidemiológico con medición de anticuerpos. Al parecer este seguimiento no se está dando, ya que, a pregunta directa mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información sobre el protocolo de vacunación, la Ssa responde enviando el protocolo aplicable a cualquier vacuna. Tampoco queda claro cómo se pretende ubicar a estas niñas después de cinco años. Cabe añadir que un último artículo sobre la vacuna contra VPH admite sus reacciones adversas y la falta de comprobación de su protección contra el cáncer cérvico-uterino.
La aplicación y seguimiento de la vacuna contra la influenza A/H1N1, claramente menos peligrosa que la influenza estacional, es muy semejante. No tiene una base científica sólida y se desconocen sus reacciones adversas. Por ello, el Parlamento Europeo hará una investigación al respecto para proteger a su población.
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