Reversa del Episcopado
Eduardo Ibarra Aguirre
Tarde, pero finalmente se dio cuenta la Conferencia del Episcopado Mexicano que “ya no es oportuno” mantener abierto “un debate” en torno a las reformas al Código Civil, aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que parejas del mismo género puedan contraer matrimonio y adoptar niños.
Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones institucionales del órgano cupular, se dio amplio margen para lamentar “un debate” que, en efecto, se significa por las descalificaciones. “Tanto de allá para acá y de acá para allá tenemos que aprender a respetarnos”. Lamentó “los descalificativos, que nos atrasan y nos volvemos reduccionistas y fundamentalistas”. Deploró: “Es terrible que en México no podamos tener un debate con serenidad, argumentos y ética, sin que las pasiones ideológicas acaben obnubilando a los mismos intelectuales”, en referencia directa a los juicios vertidos por ocho escritoras, historiadores, abogados y antropólogos en La Jornada (1-II-10, pp. 34-35).
Es un exceso comparar, como lo hizo el obispo Corral, las tesis expuestas por diversos polemistas con las abundantes condenas de los jerarcas católicos, apostólicos y romanos, y que van desde “los perros no tienen sexo entre sí”, pasando por equiparar las adopciones de niños por gays con “legalizar al narco”, como lo hizo El Semanario de la arquidiócesis de Guadalajara, encabezada por Juan Sandoval Íñiguez; hasta el hilarante de que las bodas entre homosexuales “no tienen madre”, como lo postuló Pedro Pablo Elizondo, obispo de Cancún y Chetumal, Quintana Roo.
Para desmentir el esfuerzo igualitarista del funcionario de la CEM, Hugo Valdemar Romero, vocero de la Iglesia capitalina, hizo tabla rasa de los intelectuales porque “como está de moda golpear a la Iglesia, pues ellos siguen la corriente de la moda”. Un siglo, cuando menos, es demasiado para ser todavía moda.
Los abusos retóricos y el privilegiar la beligerancia verbal condujeron a la CEM a una posición insostenible y riesgosa con el Partido Acción Nacional, instituto que está detrás de la repulsa e impugnación política y jurídica a la reforma legislativa que entrará en vigor el 4 de marzo. Durante la reunión del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, efectuada en Mérida, Yucatán, cuatro legisladores expresaron su completo desacuerdo con el perverso afán de equiparar la adopción de menores por parejas homosexuales con la “legalización de los homicidios”, como postuló el periódico tapatío. Tolerancia y debate respetuoso, aconsejaron los senadores, pero también establecieron como “una valoración incorrecta”, “cosas totalmente distintas” y hasta “una locura” la comparación hecha por los redactores de Sandoval Íñiguez.
Esta fisura con el panismo por la incapacidad de los dirigentes de una institución con más de medio milenio de vida en México, para exponer y defender sus puntos de vista, para desenvolver argumentos y no sólo dogmas de fe y amenazas de excomunión, seguramente influyó para que la CEM enmendara la plana, aunque sin ser escuchada por el rijoso vocero del cardenal Norberto Rivera Carrera. Amenazas políticas que en otro momento recibió del cardenal Ruth Zavaleta Mercado como presidenta de San Lázaro.
Instalada como muy bien está la controversia constitucional interpuesta facciosamente por la Procuraduría General de la República –dependencia del Ejecutivo federal que brilla por su ausencia, amén de su inveterada incompetencia en Ciudad Juárez, la urbe con mayor número de víctimas mortales en la aldea global--, la CEM descubrió un poco tardíamente que es hora de recular en un debate al que aportó adjetivos calificativos y un enrarecimiento mayor del denso ambiente político que se le puede revertir. Sin que, por lo demás, sea obedecida en el Distrito Federal.
Acuse de recibo
El periodista José Sobrevilla reporta que en la lecherías de Liconsa, ubicadas en Iztapalapa, Distrito Federal, se solicita una “cooperación voluntaria” de “cinco pesos en efectivo como mínimo” para ser enviados a Haití… La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, con sede en Cuernavaca, informa que “Anayeli Flores Alonso, Gabriel Flores Alonso, hijos de Jaime Flores Castro, así como de Martín Flores Castro, integrante del Concejo de Pueblos de Morelos”, denunciaron “la detención arbitraria y tortura cometida por elementos de la Policía Municipal de Huitzilac en contra de Jaime Flores Castro, quien ocupa el cargo de vigilante comunitario y comandante del ayudante municipal de Coajomulco, municipio de Huitzilac, a manos de elementos policiacos municipales de la Patrulla 05 (…)”. Jorge Israel Hernández comparte que “A treinta años de la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las instancias convocantes consideran relevante generar un espacio de reflexión sobre el contexto que la originó, el
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