Adán salgado Andrade (especial para ARGENPRESS.info)
Desde la anárquica Ciudad de México. Letreros refiriéndose al secretario del trabajo, el señor Javier Lozano, como “Lozano hermano del puerco y del marrano” u “Oficial mayor te vendiste”, entre otros, pegados en las paredes del Centro de Atención a la Infancia (Cendi), reciben a los curiosos o solidaria gente que se acerca a preguntar a los empleados del sitio, la mayoría mujeres, cuál es el problema que las ha llevado, muy unidas, a defender su centro de trabajo, reuniéndose afuera del edificio para organizar guardias durante varios días. Allí se cuidan a los hijos de los trabajadores tanto de la Secretaría del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Junta federal de Conciliación y Arbitraje y, para mayor ironía, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
“Fíjese que apenas el miércoles en la tarde le dijeron las autoridades a la directora que el Cendi se iba a cerrar por inseguro”. En efecto, sin mediar reuniones previas, ni todos los procesos legales que deben seguirse constitucionalmente para declarar inseguro un sitio laboral, ni que se cuestionara a las empleadas sobre si consideraban la construcción insegura, muy al estilo de lo que se hizo con los trabajadores de Luz y Fuerza, funcionarios de alto rango de la mal llamada Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), comenzando por su secretario, el ya mencionado Javier Lozano, a la directora del lugar se le citó en las oficinas del Oficial Mayor, el señor Héctor Antonio Alcudia Goya, quien, sin mayor protocolo, le soltó el cuestionable argumento de que el edificio en donde se encuentra el Cendi es inseguro y que debía desocuparse ya, de inmediato.
El jueves 28, la directora reunió a sus empleadas para decirles que, por órdenes superiores, el Cendi dejaría de laborar y que ese mismo día tenían que recoger todos y todas sus cosas, así, sin mayor explicación. “La directora está de nuestro lado”, declara una trabajadora, “pero es que la presionan de arriba. Dice que está entre las espada y la pared”. El débil y leguleyo argumento de que el edificio fue revisado por peritos el pasado diciembre se cae aún más dada la premura con que parecen estar actuando las autoridades, en especial el señor Alcudia Goya, quien el jueves se había entrevistado con las empleadas, prometiéndoles que abogaría por ellas y que vería que siguieran trabajando allí. Pero el viernes 29 el Cendi, como en efecto se les había advertido, ya estaba cerrado y personal de seguridad de la propia secretaria está dentro del local, “vigilando” que las trabajadoras no vayan a entrar más. Según se ha sabido, lo querían vacío ya para el martes 3 de febrero y, al parecer, deseaban las arbitrarias autoridades “laborales” aprovechar el “puente” del próximo lunes, que es día de asueto en México, para que se desmovilizara todavía más a las empleadas.
Como suele suceder en casos así, los rumores corren y corren, por esa suerte de comunicación social alternativa, bajo el agua. “Pues alguien nos dijo que ya tenían nuestros cheques para liquidarnos desde el año pasado, pero que ya luego se echaron para atrás”, comenta otra trabajadora, con una mezcla de coraje y desesperación por lo que está pasando. Quizá así haya sido, pienso, pues ahora ya está de moda no sólo liquidar a los trabajadores, sino las irrupciones violentas a sus centros de trabajo y la toma por parte de corporativos policíacos. Esto, que podríamos denominar el síndrome de los electricistas (recuérdese que así se rompió la relación laboral con los trabajadores de Luz y Fuerza, tomando la policía federal todas las instalaciones de esa estratégica empresa estatal, así, sin avisarles), al parecer, está tendiendo a convertirse en algo que el represivo y autoritario gobierno panista de este país está empleando, en vista de que, según dicho ente, ha estado funcionando.
No es algo nuevo, desde luego, pues la toma de las instalaciones por los dueños de empresas, ha sido una forma arbitraria y violenta de terminar la relación laboral con sus trabajadores a lo largo de la historia de este país (fábricas, empresas, minas…). Pero ahora la modalidad es que el propio gobierno, que se supone que está para defender la “legalidad laboral”, es quien lo está haciendo, tanto con muy leguleyos y arbitrarios argumentos, como con el uso abierto de la represión policíaca y militar.
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El jueves 28, la directora reunió a sus empleadas para decirles que, por órdenes superiores, el Cendi dejaría de laborar y que ese mismo día tenían que recoger todos y todas sus cosas, así, sin mayor explicación. “La directora está de nuestro lado”, declara una trabajadora, “pero es que la presionan de arriba. Dice que está entre las espada y la pared”. El débil y leguleyo argumento de que el edificio fue revisado por peritos el pasado diciembre se cae aún más dada la premura con que parecen estar actuando las autoridades, en especial el señor Alcudia Goya, quien el jueves se había entrevistado con las empleadas, prometiéndoles que abogaría por ellas y que vería que siguieran trabajando allí. Pero el viernes 29 el Cendi, como en efecto se les había advertido, ya estaba cerrado y personal de seguridad de la propia secretaria está dentro del local, “vigilando” que las trabajadoras no vayan a entrar más. Según se ha sabido, lo querían vacío ya para el martes 3 de febrero y, al parecer, deseaban las arbitrarias autoridades “laborales” aprovechar el “puente” del próximo lunes, que es día de asueto en México, para que se desmovilizara todavía más a las empleadas.
Como suele suceder en casos así, los rumores corren y corren, por esa suerte de comunicación social alternativa, bajo el agua. “Pues alguien nos dijo que ya tenían nuestros cheques para liquidarnos desde el año pasado, pero que ya luego se echaron para atrás”, comenta otra trabajadora, con una mezcla de coraje y desesperación por lo que está pasando. Quizá así haya sido, pienso, pues ahora ya está de moda no sólo liquidar a los trabajadores, sino las irrupciones violentas a sus centros de trabajo y la toma por parte de corporativos policíacos. Esto, que podríamos denominar el síndrome de los electricistas (recuérdese que así se rompió la relación laboral con los trabajadores de Luz y Fuerza, tomando la policía federal todas las instalaciones de esa estratégica empresa estatal, así, sin avisarles), al parecer, está tendiendo a convertirse en algo que el represivo y autoritario gobierno panista de este país está empleando, en vista de que, según dicho ente, ha estado funcionando.
No es algo nuevo, desde luego, pues la toma de las instalaciones por los dueños de empresas, ha sido una forma arbitraria y violenta de terminar la relación laboral con sus trabajadores a lo largo de la historia de este país (fábricas, empresas, minas…). Pero ahora la modalidad es que el propio gobierno, que se supone que está para defender la “legalidad laboral”, es quien lo está haciendo, tanto con muy leguleyos y arbitrarios argumentos, como con el uso abierto de la represión policíaca y militar.
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