Carlos Fernández-Vega: México SA
Como ya es tradición en este México lindo y querido, a la velocidad del rayo se practica el juego del peloteo cuando la ciudadanía protesta por decisiones federales que afectan a estados o municipios. Si los habitantes de una comunidad que se verá afectada por negocios privados promovidos por el gobierno nacional, y no tiene de otra más que recurrir a la que supuestamente es la autoridad que la representa, entonces de ésta sólo escuchan la frase mágica del ¿y yo por qué?.
Lo anterior resume la actitud de las autoridades federales y estatales en el caso de la mina Paredones Amarillos, en Baja California Sur, que ha movilizado a la sociedad de la entidad para rechazar que la empresa canadiense Vista Gold inicie la explotación, en plena Biosfera Sierra de la Laguna, de la concesión otorgada por la Secretaría de Economía y supuestamente avalada por la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ambas dependencias del gobierno federal), por mucho que su anuencia ponga en peligro a los habitantes de la zona.
Presto a jugar a la pelotita, el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, atendió así el reclamo ciudadano en contra de Vista Gold y su pretensión de explotar la mina Paredones Amarillos: que quede claro que no es responsabilidad nuestra, sino de la Semarnat; es responsabilidad de ella, y no del gobierno del estado, la autorización del proyecto, toda vez que la dependencia federal la que otorga esos permisos. En síntesis, ¿y yo por qué?, cuando está obligado a defender la causa ciudadana y encabezar decididamente un movimiento en contra de la pretensión destructora y contaminante del negocio privado de los canadienses promovido y avalado por el gobierno calderonista. Pero con el citado que quede claro, el supuesto perredista pintó su raya: si la ciudadanía sabe contar, pues que no cuente con él, y que si sabe protestar que lo haga donde quiera, menos en el palacio de gobierno de La Paz. La experiencia de la minera San Xavier, en San Luis Potosí, es clave para entender el juego del peloteo: el ex gobernador panista de la entidad, Marcelo de los Santos, siempre le echó la culpa al gobierno federal, mientras le servía la mesa al capital privado y lo defendía a capa y espada de la protesta ciudadana, mientras la Secretaría de Economía y la Semarnat fingieron demencia ante las irregularidades e ilegalidades de la empresa privada a quienes otorgaron las concesiones y se pasaron por el arco del triunfo a la ciudadanía.
En vía de mientras, lo que queda claro es que las autorizaciones mineras otorgadas al capital extranjero por el gobierno federal han crecido como la espuma: de acuerdo con cifras oficiales, de las 21 empresas foráneas dedicadas a estos menesteres y registradas en 1990, el inventario creció a 875 en junio de 2009, un avance superior a 4 mil por ciento. Tanto ha crecido, que el número (y las concesiones) de consorcios extranjeros en proyectos mineros está muy cerca de igualar al de empresas mexicanas (mil 90, al cierre del primer semestre del año pasado). Entre las empresas nacionales y extranjeras se reparten un pastel minero distribuido en 25 millones de hectáreas concesionadas.
Y en este contexto, mientras el gobierno mexicano pasivamente acepta la cancelación de visas canadienses a los mexicanos, los consorcios privados de allá barrenan el territorio de acá. Un reporte de la Secretaría de Economía, fechado en 2002, da cuenta de que en ese año se registraron 74 consorcios extranjeros operando 143 proyectos mineros (algunos de ellos en asociación con empresas mexicanas, como Peñoles, de Alberto Bailleres) en 24 estados de la República, aunque la mayoría de ellos localizados en Chihuahua (32 proyectos), Sonora (31), Durango (19), Zacatecas (13) y Sinaloa (12). Del total de empresas extranjeras, 52 de Canadá, 15 de Estados Unidos, tres de Australia, tres de Japón y uno de India. Alrededor de 90 por ciento de esos proyectos se relacionaban con polimetálicos y de este grupo más de la mitad correspondieron a oro y plata. El 10 por ciento restante a minerales de germanio, yeso, platino, paladio, sal, cobalto, amazonita, wulfenita, legandrita, ágata, wollastonita, molibdeno y tungsteno.
Para 2007, la misma Secretaría de Economía reportó 468 proyectos mineros concesionados a empresas extranjeras con el fin de barrenar a la República mexicana; de ese total, 78 por ciento se entregaron a consorcios canadienses y el de ellos grueso fijó sus ojos en la explotación de minas de oro. Un par de años después, hasta junio de 2009, dicho número se elevó a 875, para explotar minas con metal áureo la mayoría.
A lo largo de los años, muchos de las concesiones mineras –para capital nacional o extranjero– otorgadas por el gobierno federal han sido rechazados por la ciudadanía, al constatar el peligro implícito para la población de la zona involucrada. Prácticamente ninguna queja ha sido atendida por el centro, menos por los gobiernos estatales y no se diga por los municipales. La población está a expensas de lo que decida una supuesta autoridad que sólo atienda las exigencias del gran capital.
El caso de Minera San Xavier es una verdadera vergüenza para los gobiernos federal y estatal (ambos panistas, coincidentemente, aunque los tricolores y los de amarillo y negro no cantan mal las rancheras), pero no aprenden: sordos, ciegos y mudos a los reclamos ciudadanos, insisten en repetir el agravio, pero ahora en Baja California Sur. Con gobiernos así, los mexicanos para qué quieren enemigos.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría sobre el tema: más allá de las cuestiones ecológicas, que son tal vez las de mayor importancia dada la irreversibilidad, me interesa los términos de esas concesiones, que se otorgan a cambio de migajas y tortillas duras. Una vez que la minera Vista Gold haya extraído todo ese oro, ¿legalmente a quién pertenece el oro? ¿A la minera? ¿Pueden insertarlo en el mercado libremente? De ser así, no sólo se permiten sus actividades a cambio de migajas, sino que, me parece, se viola la Constitución, pues ¿no acaso los minerales son propiedad de la nación? Si es como lo supongo, entonces el daño al país es triple: ecológico, económico y legal. Ecológico, porque arruinan el ecosistema; económico, porque para el país no es negocio por ningún lado; legal, porque se viola la Constitución. Y tal vez añadiría que también hay un daño moral, pues al permitir que vengan empresas a explotar y hacer uso de nuestros recursos es como suponer que somos tan incompetentes como para no ser capaces de hacerlo por nosotros mismos (José Guevara, pepemig29@hotmail.com).
Como ya es tradición en este México lindo y querido, a la velocidad del rayo se practica el juego del peloteo cuando la ciudadanía protesta por decisiones federales que afectan a estados o municipios. Si los habitantes de una comunidad que se verá afectada por negocios privados promovidos por el gobierno nacional, y no tiene de otra más que recurrir a la que supuestamente es la autoridad que la representa, entonces de ésta sólo escuchan la frase mágica del ¿y yo por qué?.
Lo anterior resume la actitud de las autoridades federales y estatales en el caso de la mina Paredones Amarillos, en Baja California Sur, que ha movilizado a la sociedad de la entidad para rechazar que la empresa canadiense Vista Gold inicie la explotación, en plena Biosfera Sierra de la Laguna, de la concesión otorgada por la Secretaría de Economía y supuestamente avalada por la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ambas dependencias del gobierno federal), por mucho que su anuencia ponga en peligro a los habitantes de la zona.
Presto a jugar a la pelotita, el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, atendió así el reclamo ciudadano en contra de Vista Gold y su pretensión de explotar la mina Paredones Amarillos: que quede claro que no es responsabilidad nuestra, sino de la Semarnat; es responsabilidad de ella, y no del gobierno del estado, la autorización del proyecto, toda vez que la dependencia federal la que otorga esos permisos. En síntesis, ¿y yo por qué?, cuando está obligado a defender la causa ciudadana y encabezar decididamente un movimiento en contra de la pretensión destructora y contaminante del negocio privado de los canadienses promovido y avalado por el gobierno calderonista. Pero con el citado que quede claro, el supuesto perredista pintó su raya: si la ciudadanía sabe contar, pues que no cuente con él, y que si sabe protestar que lo haga donde quiera, menos en el palacio de gobierno de La Paz. La experiencia de la minera San Xavier, en San Luis Potosí, es clave para entender el juego del peloteo: el ex gobernador panista de la entidad, Marcelo de los Santos, siempre le echó la culpa al gobierno federal, mientras le servía la mesa al capital privado y lo defendía a capa y espada de la protesta ciudadana, mientras la Secretaría de Economía y la Semarnat fingieron demencia ante las irregularidades e ilegalidades de la empresa privada a quienes otorgaron las concesiones y se pasaron por el arco del triunfo a la ciudadanía.
En vía de mientras, lo que queda claro es que las autorizaciones mineras otorgadas al capital extranjero por el gobierno federal han crecido como la espuma: de acuerdo con cifras oficiales, de las 21 empresas foráneas dedicadas a estos menesteres y registradas en 1990, el inventario creció a 875 en junio de 2009, un avance superior a 4 mil por ciento. Tanto ha crecido, que el número (y las concesiones) de consorcios extranjeros en proyectos mineros está muy cerca de igualar al de empresas mexicanas (mil 90, al cierre del primer semestre del año pasado). Entre las empresas nacionales y extranjeras se reparten un pastel minero distribuido en 25 millones de hectáreas concesionadas.
Y en este contexto, mientras el gobierno mexicano pasivamente acepta la cancelación de visas canadienses a los mexicanos, los consorcios privados de allá barrenan el territorio de acá. Un reporte de la Secretaría de Economía, fechado en 2002, da cuenta de que en ese año se registraron 74 consorcios extranjeros operando 143 proyectos mineros (algunos de ellos en asociación con empresas mexicanas, como Peñoles, de Alberto Bailleres) en 24 estados de la República, aunque la mayoría de ellos localizados en Chihuahua (32 proyectos), Sonora (31), Durango (19), Zacatecas (13) y Sinaloa (12). Del total de empresas extranjeras, 52 de Canadá, 15 de Estados Unidos, tres de Australia, tres de Japón y uno de India. Alrededor de 90 por ciento de esos proyectos se relacionaban con polimetálicos y de este grupo más de la mitad correspondieron a oro y plata. El 10 por ciento restante a minerales de germanio, yeso, platino, paladio, sal, cobalto, amazonita, wulfenita, legandrita, ágata, wollastonita, molibdeno y tungsteno.
Para 2007, la misma Secretaría de Economía reportó 468 proyectos mineros concesionados a empresas extranjeras con el fin de barrenar a la República mexicana; de ese total, 78 por ciento se entregaron a consorcios canadienses y el de ellos grueso fijó sus ojos en la explotación de minas de oro. Un par de años después, hasta junio de 2009, dicho número se elevó a 875, para explotar minas con metal áureo la mayoría.
A lo largo de los años, muchos de las concesiones mineras –para capital nacional o extranjero– otorgadas por el gobierno federal han sido rechazados por la ciudadanía, al constatar el peligro implícito para la población de la zona involucrada. Prácticamente ninguna queja ha sido atendida por el centro, menos por los gobiernos estatales y no se diga por los municipales. La población está a expensas de lo que decida una supuesta autoridad que sólo atienda las exigencias del gran capital.
El caso de Minera San Xavier es una verdadera vergüenza para los gobiernos federal y estatal (ambos panistas, coincidentemente, aunque los tricolores y los de amarillo y negro no cantan mal las rancheras), pero no aprenden: sordos, ciegos y mudos a los reclamos ciudadanos, insisten en repetir el agravio, pero ahora en Baja California Sur. Con gobiernos así, los mexicanos para qué quieren enemigos.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría sobre el tema: más allá de las cuestiones ecológicas, que son tal vez las de mayor importancia dada la irreversibilidad, me interesa los términos de esas concesiones, que se otorgan a cambio de migajas y tortillas duras. Una vez que la minera Vista Gold haya extraído todo ese oro, ¿legalmente a quién pertenece el oro? ¿A la minera? ¿Pueden insertarlo en el mercado libremente? De ser así, no sólo se permiten sus actividades a cambio de migajas, sino que, me parece, se viola la Constitución, pues ¿no acaso los minerales son propiedad de la nación? Si es como lo supongo, entonces el daño al país es triple: ecológico, económico y legal. Ecológico, porque arruinan el ecosistema; económico, porque para el país no es negocio por ningún lado; legal, porque se viola la Constitución. Y tal vez añadiría que también hay un daño moral, pues al permitir que vengan empresas a explotar y hacer uso de nuestros recursos es como suponer que somos tan incompetentes como para no ser capaces de hacerlo por nosotros mismos (José Guevara, pepemig29@hotmail.com).
Enrique Galván Ochoa: Dinero
Cuál es tu estado de ánimo tras la matanza de jóvenes en Ciudad Juárez? Es uno de los peores sucesos de la onda de violencia que parece no tener fin. ¿Te sientes invadido por el temor, la indignación, o es que ya te acostumbraste a vivir un día a día sangriento? El 60 por ciento de 2 mil 259 personas de diferentes partes de la República que participaron en la encuesta de esta semana expresó que siente ‘miedo e indignación’; 32 por ciento está indignado; 4 por ciento ya se acostumbró a vivir así, 2 por ciento sólo tiene miedo y otro 2 por ciento se siente confundido.
Metodología
Esta semana enviamos nuestra encuesta por correo electrónico a los buzones de 2 mil 500 miembros de El Foro México. Contestó un 90 por ciento. Enseguida reproducimos fragmentos de las opiniones que algunos foristas enviaron junto con su voto. Los textos completos pueden leerse en el foro.
Opiniones
Reconozco que sí tengo miedo y estoy indignada, y cómo no, si se suponía que Nayarit era tranquilo: lamentablemente digo era. Es increíble que en menos de 24 horas ha habido tres enfrentamientos a balazos, con no sé cuantos muertos y ni siquiera se comentó a nivel nacional. Con un nudo en la garganta acepto que tenemos miedo; no es justo, soy una ciudadana que trabaja todo el día y paga sus impuestos, no se me hace justo vivir como en estado de sitio.
Dra. Rosario Barragán/Tepic
El problema del narcotráfico está muy lejos de terminar debido a la corrupción que permea en este país. Y con los mismos argumentos que usó Calderón para decretar la terminación de Luz y Fuerza del Centro, nosotros como ciudadanos deberíamos decretar la extinción de este gobierno. Que toda la clase política se vaya a la calle y que llegue gente con verdadera convicción de servicio y amor a la patria.
Manuel Jiménez/Distrito Federal
No niego que la violencia es real y cruda; a lo que sí me niego es a vivir con miedo y, sobre todo, si es inducido por los que viven bien o por los fachas; esa es la reacción que esperan de nosotros. Nos cambiaron el paradigma; ahora ya no es sólo vivir de rodillas, sino de rodillas y con miedo. ¡No lo acepto! ¡De ningún modo! Los pillos viven hasta que el pueblo quiere.
Miguel Cisneros/Distrito Federal
El Correo Ilustrado
Respalda petición de cuentas a legisladores
Mi felicitación por la Rayuela del 5 de febrero, pero habría que agregar que las senadoras y los senadores que son nuestros supuestos representantes nos ignoran y desprecian cuando más tendrían que tomarnos en cuenta. Se les olvida que el artículo 39 constitucional establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
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Respalda petición de cuentas a legisladores
Mi felicitación por la Rayuela del 5 de febrero, pero habría que agregar que las senadoras y los senadores que son nuestros supuestos representantes nos ignoran y desprecian cuando más tendrían que tomarnos en cuenta. Se les olvida que el artículo 39 constitucional establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
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Ilán Semo: Cuando los medios son el fin
En síntoma llamado Berlusconi.- Habría que pensar con mayor atención si el paso de Silvio Berlusconi por la política italiana –un paso que al parecer ha fabricado ya un formato definido o un flujo de axiomas identificables– encierra un evento aleatorio, o si se trata más bien de un fenómeno de mayor relevancia, un síntoma en el sentido que alguna vez Gilles Deleuze le dio al término. Berlusconi ha ocupado el cargo de primer ministro de Italia en tres ocasiones (1994-95, 2001-2006, 2008 hasta la fecha) y, simultáneamente, ha sido el principal accionista de lo que hoy es, de facto, un oligopolio mediático que se extiende por varios países europeos, en particular Italia, España y Francia.
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Cuando alrededor de 1970 Estados Unidos se percató por vez primera de que su dominación hegemónica era amenazada por la creciente fuerza económica (y por ende geopolítica) de Europa occidental y Japón, cambió su postura, buscando evitar que asumieran una posición demasiado independiente en los asuntos mundiales.
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Bernardo Bátiz V.: El corazón de la ciudad
Es necesario un suspiro; la ciudad es declarada en emergencia por el anacrónico temporal, no encuentran al JJ y a escala nacional la economía es un desastre y la guerra contra el narco sigue errática. El respiro nos lo proporciona un hermoso libro de Ángeles González Gamio formado por docenas de crónicas de la ciudad de México a las que la autora califica como gozosas, y en verdad lo son.
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Álvaro Bitrán*: Allemande
Esta tarde estuve tres horas estudiando la Allemande de la Quinta Suite de Bach.
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Juan Arturo Brennan: ¡Pobre medalla, pobre Mozart!
El día 29 de enero se realizó en Jalapa un concierto sinfónico que fue repetido en la capital del país el día 31: música de Mozart, Revueltas, Grever y Esparza Oteo. La siempre estimable Sinfónica de Xalapa fue dirigida por Fernando Lozano, y se contó con la presencia solista de dos voces mexicanas importantes, las de Fernando de la Mora y Leonardo Villeda. En rigor, no puedo comentar nada sobre estos conciertos, porque no asistí a ninguno. Y no hubiera asistido ni por todo el oro del mundo, considerando lo ocurrido en la ocasión celebrada con esta música y estos músicos. Ambos conciertos fueron realizados con motivo de la entrega de la Medalla Mozart, que a lo largo de los años ha sido otorgada a un buen número de músicos de prestigio, y a algunos realmente relevantes y valiosos. En esta ocasión, se premió el mérito y la trayectoria, indiscutible en ambos casos, de la pianista Aurora Serratos y el violinista Luis Samuel Saloma, y fue reconocida la calidad del tenor Fernando de la Mora como intérprete, también indiscutible. Y para coronar el ceremonial, también se otorgó la Medalla Mozart a Ricardo Salinas Pliego, por sus méritos en la Promoción, Preservación y Difusión de la Música Académica. (Las comillas son mías, y muy intencionales). Resulta que el dueño de Televisión Azteca se ha hecho merecedor de un premio que lleva el nombre (y supuestamente el espíritu) de Mozart. Ante mi boquiabierto asombro, estupefacción e incredulidad, mis fidedignas fuentes me cuentan que la Fundación Azteca ha estado financiando un incipiente programa de orquestas infantiles y juveniles, análogo a lo que fue Orquestas y Coros Juveniles de México, y a lo que es el Sistema Nacional de Fomento Musical.
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Vilma Fuentes: Dominique y Nicolas
Alejandro Dumas narra en sus novelas una historia de Francia tal como él mismo la soñaba. Los tres mosqueteros, quienes son en realidad cuatro: D’Artagnan, Athos, Porthos, Aramis, hechizan. En efecto, ¿qué niño podría resistir al encanto de la epopeya de estos héroes caballerescos?, ¿las intrigas del cardenal Richelieu o a los amores de la reina Ana de Austria con el duque de Buckingham?
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Porfirio Muñoz Ledo
Los límites del pragmatismo
Decían los estadounidenses en los tiempos heroicos de nuestra diplomacia: “La política de principios de los mexicanos es la más pragmática de todas”. Sabían que las estrategias “realistas” nos conducían fatalmente al alineamiento y a la pérdida gradual de márgenes de maniobra.
La permanente invocación del derecho internacional generaba en cambio un espacio de igualdad a despecho de las evidentes asimetrías. El código de una relación fundada en la dignidad, más que en el poder, era complejo pero eficaz. A una conducta consecuente debimos nuestro prestigio y sobrevivencia.
Lo recuerdo a propósito de la enorme confusión generada por las alianzas para las elecciones locales del 2010. Promotor de la suma de fuerzas para derrocar el sistema hegemónico no podría enarbolar una crítica genérica, pero sí demandar un análisis riguroso de sus objetivos, condiciones y consecuencias.
La izquierda y la derecha democráticas bregamos juntas durante periodos cruciales de la transición. Nos derrotaron los demonios de cada quien: resabios ultramontanos, intereses personales y avidez de las burocracias partidarias. Como resultado: una democracia abortada, el predominio de los poderes fácticos y la ilegitimidad representativa.
Vivimos hoy un escenario distinto: el peligro de que impere el “masoquismo mexicano” y el poder regrese a sus antiguos detentadores. Evitarlo en serio exige un debate público de gran aliento, en el que se clarifiquen desviaciones y se parta de nuevas premisas. La definición de objetivos consensuados y compartidos; no arreglos sospechosos en la trastienda.
Mal haríamos en avalar la “victoria moral de los trepadores”. La cuestión no es la legalidad de las alianzas, aunque resulte extraño que quienes se coaligaron en la última reforma contra ellas ahora las defiendan con celo. Es la incongruencia entre las posiciones encontradas a escala nacional y las “cohabitaciones” parroquiales: los límites éticos y alcances rastacueros del pragmatismo, que incluye la postulación de candidatos racistas por la izquierda.
Es ésta la fase terminal de un sainete que comenzó con el apoyo de los gobernadores priístas a la entronización de Calderón. Ahí se gestó la aberrante feudalización del país que sus beneficiarios nos invitan ahora a combatir, ante la amenaza de que las baronías que alimentaron predeterminen la contienda del 2012.
El argumento de que sólo frenado el avance tricolor en las 10 elecciones venideras tendríamos un escenario competitivo en la presidencial es insuficiente. Olvida que en 1988 fuimos mayoría sin detentar ningún gobierno local y que en 2006 nuestros cuadros electos fueron irrelevantes en relación al voto alcanzado. El triunfo de la oposición en México ha sido siempre fruto de la insurgencia ciudadana.
Los sistemas federativos están construidos de la periferia al centro. En Estados Unidos la elección presidencial no es sino la suma de 50 elecciones estatales, determinadas por maquinarias locales que obedecen a su propia lógica. Así funcionamos hasta 1929 y he propuesto la restauración de partidos regionales que no dependieran de las franquicias nacionales ni las comprometieran.
Como no es todavía el caso, debiéramos prevenirnos contra la esquizofrenia. La propagación de alianzas locales obligaría a una corrección sustantiva de los comportamientos nacionales. Al menos una distensión política que tornara explicables y viables las confluencias particulares. Desde luego, programas claros y exigibles en que coincidieran las aportaciones genéticas.
Es inverosímil que en el Distrito Federal los voceros panistas proclamen el entierro del PRD, porque “es corrupto y no ha sabido gobernar” y en otras entidades la cortejen para sumarse a sus candidatos. Más aún, que el Ejecutivo federal declare la guerra al gobierno de la ciudad por leyes avanzadas que reflejan su identidad local, mientras se alía con gobernadores que dice combatir para socavar el Estado laico.
Lo más grave: la vesania reaccionaria contra el SME, que vuelve inmoral el colaboracionismo de las izquierdas. Lo más ridículo: las combinaciones excluyentes con el PRI en las reformas políticas y hacendarias. En ausencia de acuerdos nacionales toda complicidad provinciana es degradante.
Diputado federal (PT)
La permanente invocación del derecho internacional generaba en cambio un espacio de igualdad a despecho de las evidentes asimetrías. El código de una relación fundada en la dignidad, más que en el poder, era complejo pero eficaz. A una conducta consecuente debimos nuestro prestigio y sobrevivencia.
Lo recuerdo a propósito de la enorme confusión generada por las alianzas para las elecciones locales del 2010. Promotor de la suma de fuerzas para derrocar el sistema hegemónico no podría enarbolar una crítica genérica, pero sí demandar un análisis riguroso de sus objetivos, condiciones y consecuencias.
La izquierda y la derecha democráticas bregamos juntas durante periodos cruciales de la transición. Nos derrotaron los demonios de cada quien: resabios ultramontanos, intereses personales y avidez de las burocracias partidarias. Como resultado: una democracia abortada, el predominio de los poderes fácticos y la ilegitimidad representativa.
Vivimos hoy un escenario distinto: el peligro de que impere el “masoquismo mexicano” y el poder regrese a sus antiguos detentadores. Evitarlo en serio exige un debate público de gran aliento, en el que se clarifiquen desviaciones y se parta de nuevas premisas. La definición de objetivos consensuados y compartidos; no arreglos sospechosos en la trastienda.
Mal haríamos en avalar la “victoria moral de los trepadores”. La cuestión no es la legalidad de las alianzas, aunque resulte extraño que quienes se coaligaron en la última reforma contra ellas ahora las defiendan con celo. Es la incongruencia entre las posiciones encontradas a escala nacional y las “cohabitaciones” parroquiales: los límites éticos y alcances rastacueros del pragmatismo, que incluye la postulación de candidatos racistas por la izquierda.
Es ésta la fase terminal de un sainete que comenzó con el apoyo de los gobernadores priístas a la entronización de Calderón. Ahí se gestó la aberrante feudalización del país que sus beneficiarios nos invitan ahora a combatir, ante la amenaza de que las baronías que alimentaron predeterminen la contienda del 2012.
El argumento de que sólo frenado el avance tricolor en las 10 elecciones venideras tendríamos un escenario competitivo en la presidencial es insuficiente. Olvida que en 1988 fuimos mayoría sin detentar ningún gobierno local y que en 2006 nuestros cuadros electos fueron irrelevantes en relación al voto alcanzado. El triunfo de la oposición en México ha sido siempre fruto de la insurgencia ciudadana.
Los sistemas federativos están construidos de la periferia al centro. En Estados Unidos la elección presidencial no es sino la suma de 50 elecciones estatales, determinadas por maquinarias locales que obedecen a su propia lógica. Así funcionamos hasta 1929 y he propuesto la restauración de partidos regionales que no dependieran de las franquicias nacionales ni las comprometieran.
Como no es todavía el caso, debiéramos prevenirnos contra la esquizofrenia. La propagación de alianzas locales obligaría a una corrección sustantiva de los comportamientos nacionales. Al menos una distensión política que tornara explicables y viables las confluencias particulares. Desde luego, programas claros y exigibles en que coincidieran las aportaciones genéticas.
Es inverosímil que en el Distrito Federal los voceros panistas proclamen el entierro del PRD, porque “es corrupto y no ha sabido gobernar” y en otras entidades la cortejen para sumarse a sus candidatos. Más aún, que el Ejecutivo federal declare la guerra al gobierno de la ciudad por leyes avanzadas que reflejan su identidad local, mientras se alía con gobernadores que dice combatir para socavar el Estado laico.
Lo más grave: la vesania reaccionaria contra el SME, que vuelve inmoral el colaboracionismo de las izquierdas. Lo más ridículo: las combinaciones excluyentes con el PRI en las reformas políticas y hacendarias. En ausencia de acuerdos nacionales toda complicidad provinciana es degradante.
Diputado federal (PT)
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