7/04/2017

Los periodistas pal café . . . .



Los directivos del simulacro de lucha institucional contra la corrupción (denominado, de manera hilarante, Sistema Nacional Anticorrupción, SNA, siglas que bien podrían cambiarse por Snif)) se negaron a exhortar (¡cuando menos a exhortar!) al gobierno de Enrique Peña Nieto a que informe respecto de los términos de adquisición y uso del sistema de espionaje Pegasus, que ha sido señalado de manera fundada y constante como ejemplo de desviación de recursos públicos para fines distintos de los oficial y legalmente contemplados.
El tema fue planteado por la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del citado SNA-Snif, Jacqueline Peschard, quien retomó las denuncias de que la adquisición y uso del malware Pegasus han coincidido con el envío de mensajes-anzuelo a periodistas, activistas y opositores al régimen para que, al dar clic a esas trampas, estuviesen instalando el programa que no deja huella de esas intrusiones ( Pegasus) y permite vigilar y manipular los teléfonos celulares deseados.
El citado Comité de Participación Ciudadana fue creado con la intención de que ahora, los ciudadanos participen activamente en el combate y prevención a (sic) la corrupción. Con optimismo, se plantea en la página oficial: Con el SNA, la ciudadanía será escuchada por conducto del Comité de Participación Ciudadana ( https://goo.gl/oYzvQn ). Bueno, hasta se decidió que sea uno de esos ciudadanos quien presida el mencionado SNA-Snif.
Peschard, en ese contexto, señaló: Pensamos que las distintas autoridades que tienen este tipo de programa pudieran darnos información sobre quiénes lo tienen, cuánto se ha gastado y cuál es el marco jurídico, es lo que solicitamos para que podamos tener mayor información del caso, que nos parece particularmente relevante. Dijo que podrían darse, en esos hechos, violaciones graves a la privacidad y, desde luego, actos de corrupción.
Pero cinco distinguidos votantes se negaron a tocar aunque fuera con el pétalo de un exhorto a la administración peñista que monta en caballos alados. Entre un efluvio de legalismos y formalidades que Los Pinos debería agradecer aunque fuera con mejores cargos para los deponentes, el punto fue rechazado: no está comprobado que sea un acto de corrupción y demás bla, bla doctoral y etcéteras solemnes: cinco votos en contra de molestar al cuaco pinolero espiador y uno a favor. Esos cinco adversos a la apertura representan a las siguientes instituciones teóricamente justicieras: el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Secretaría de la Función Pública.
Ahora, bien (o, más bien: ahora, mal), la titular de la oficina citada al final de la ristra de denominaciones, tan pomposas como ineficaces, es ni más ni menos que Arely Gómez, quien justamente tuvo a su cargo la operación inicial del sistema de espionaje Pegasus, adquirido por su antecesor en la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam. ¿Se abstuvo Arely Gómez, ahora titular de la Secretaría de la Función Pública, de votar en un caso que evidentemente representa para ella un conflicto de interés? O, ¿en un admirable lance cívico e institucional, fue ella quien demandó que se informara a fondo sobre el caso y se despejaran dudas y maledicencias? No. Como sus cuatro congéneres, votó en contra. Cinco votos institucionales, contra el voto solitario de la ciudadana que preside, pero no gobierna. Carpetazo. Opacidad. Búsqueda de olvido. ¿SNA? ¡Snif!
La senadora priísta Lilia Merodio Reza ha solicitado de manera categórica que Enrique Ochoa Reza renuncie a la presidencia nacional del PRI. Usualmente acoplada a las prácticas más tradicionales de su partido (votó en favor, por ejemplo, del aumento del impuesto al valor agregado en la zona fronteriza del norte del país, siendo nativa y representante de Ciudad Juárez), la senadora declaró a El Heraldo de Chihuahua (periódico integrante de la Organización Editorial Mexicana) que para sanear al PRI en toda la República, es necesario que el dirigente nacional, Enrique Ochoa, presente su renuncia, pues no conoce nada sobre la vida interna del partido ni de su militancia, pues él ni siquiera ha sido regidor.
En particular, la mencionada legisladora denuncia que Ochoa Reza pretende imponer al futuro presidente del comité priísta (en una entidad donde no hay gobernador tricolor), mediante un juego sucio, muy perverso, utilizando al delegado, Fernando Moreno Peña (cacique colimense) para presionar y amenazar a quienes elegirán a Omar Bazán como nuevo dirigente chihuahuense. A Morena Peña le atribuye Merodio algo que en otras entidades le han achacado al citado ex gobernador de Colima: mecanismos y acciones gansteriles ( https://goo.gl/3R2TWR ).
El (todavía) gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval (sin contacto afectivo en Los Pinos), ha pasado a engrosar el catálogo de priístas bajo documentadas acusaciones de corrupción. La procuraduría federal de justicia ha tomado en sus manos el expediente de quien pasó de jardinero indocumentado en Estados Unidos a ser político en su estado natal, donde acumuló escandalosa riqueza de la que hizo exhibición pública.
El consejero presidente del Instituto de la Nulidad Electoral (INE), Lorenzo Ugalde Zurita; perdón, Lorenzo Córdova Vianello, lamentó que la ciudadanía menosprecie lo que se hace en ese órgano autónomo. Y es que, aseguró, en México se hacen las elecciones y se hacen bien. Haciéndose, Córdova Vianello dijo que en el INE están en una lógica de no autocomplacencias, de autoconformismos, sino en una lógica de autocrítica. Ya con tan lindas palabras, luego de emitir un suspiro de complacencia y conformismo, a esta columna no le queda sino plácidamente hacerse a un lado y decir, ¡hasta mañana!
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Foto
Mientras en el Senado siguen dando un paso hacia delante y dos hacia atrás en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, los empresarios tienen que enfrentar una realidad: cuando se trata de hacer negocios con el gobierno, es necesario pagarle un moche a alguien del propio gobierno. Puede ser un secretario de Estado o un jefe de compras modesto, pero alguien se llevará algo. Tomen nota de los datos que arrojó la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, realizado por Inegi. Las empresas del país realizaron 76.5 millones de trámites en 2016, lo cual significa que en promedio cada negocio hizo 19.5 ante los tres órdenes de gobierno. El costo para cumplir con las regulaciones gubernamentales lo estimó el instituto en 115 mil 700 millones de pesos, que representan 0.56 por ciento del producto interno bruto (PIB). La corrupción en materia regulatoria en México costó mil 600 millones de pesos a las empresas. El costo promedio por empresa fue de 12 mil 243 pesos, según el reporte. Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo son los estados donde más empresas mexicanas son víctimas de la corrupción. El periodo de referencia de la encuesta es de enero a diciembre de 2016 y fueron seleccionadas 34 mil 681 compañías para la muestra nacional. Actualmente, en nuestro país hay 4.5 millones de empresas.
Tasas de interés
Ya pegó el aumento de las tasas de interés a la venta de vehículos nuevos. La industria automotriz (AMIA y AMDA) reporta que durante junio la venta de vehículos ligeros fue de 127 mil 410 unidades, 5.3 por ciento inferior a las unidades comercializadas en el mismo mes del año pasado. Hace seis meses el gobierno asestó el gasolinazo. Desató una inflación que no ha podido controlar (6 por ciento) y llevó al Banco de México a subir la tasa de interés. Todavía a principios del año pasado las firmas automotrices tenían planes de ventas de 7 por ciento anual; inclusive, algunas ofrecían a sus clientes preferentes una tasa de cero por ciento. Ahora la tasa de interés está por encima de 10 por ciento. Sin embargo, la comparación con el semestre 2016 sigue siendo positiva. Se registraron 743 mil 51 vehículos ligeros vendidos con un crecimiento de 2.9 por ciento en relación con el acumulado del mismo periodo del año previo.
El hangar presidencial
En el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados se incluye la información referente a nuevas irregularidades halladas en la construcción del hangar presidencial, obra que el gobierno federal adjudicó de forma directa a Concretos y Obra Civil del Pacífico, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Enrique Peña Nieto. En las auditorías 2014 y 2015, la ASF ya había encontrado pagos irregulares por 208 millones de pesos. En los nuevos documentos se especifica que la SCT firmó un contrato por 74 millones para labores de conservación y mantenimiento del hangar, pero fue personal del Ejército el que en realidad realizó el trabajo, no la empresa de Hinojosa Cantú. Dice la Auditoría que no se garantizó el debido cumplimiento de la ejecución de los trabajos y no se hizo constar cómo se gastaron 74 millones de pesos. En ninguna de las auditorías se han promovido responsabilidades penales a los funcionarios involucrados. Ya se había documentado que la obra estaba presupuestada para costar 685 millones de pesos, se encareció 70 por ciento y el gobierno al final pagó mil 182 millones de pesos; además era un diseño vanguardista pero terminó en un hangar tipo bodega.


Nadie sabe, nadie supo, pero se ha desinflado la euforia que en ciertos círculos económico-financieros provocó el decreto oficial de que en esa materia todo funciona razonablemente bien. El mes pasado –tras el resultado electoral en el estado de México– todo el circuito reaccionó positivamente y decidió aumentar –es un decir– su estimación sobre lo que ha dado en llamar crecimiento, en el entendido –decía– de que los indicadores se muestran más sólidos que lo previsto.
Pero tras la elección del virrey tricolor en la tierra peñanietista y como por arte de magia, los eufóricos comenzaron a recular y parecen regresar a la realidad, es decir, se aleja de la verdad oficial. Entre tales entusiastas se contaron a los grupos de especialistas del sector privado nacional y foráneo consultados permanentemente por el Banco de México, quienes, tras muchos meses al hilo de reducir y reducir la expectativa de crecimiento, en junio pasado decidieron, como por arte de la magia electoral, elevar (apenas dos décimas de punto porcentual) por primera vez su pronóstico en la materia.
Sin embargo, el gusto apenas les duró un mes, porque en su nuevo pronunciamiento tal pronóstico a duras penas se movió una décima de punto porcentual con respecto al mes inmediato anterior, lo que para efectos prácticos no es nada, pues de cualquier suerte la posibilidad por ellos prevista es que la economía mexicana crezca, si bien va, 1.98 por ciento en el presente año.
De concretarse tan raquítico pronóstico, y sumado éste a los cuatro años previos del gobierno peñanietista, el gran logro del México en movimiento arroja el siguiente resultado: la poderosísima economía nacional registraría una tasa anual promedio de 1.99 por ciento, una proporción que, dadas las urgencias del país, no alcanza ni para la propina.
Si se considera la estimación que el citado grupo de especialistas ha hecho pública para 2018 (2.23 por ciento, en pleno año electoral), entonces el brinco económico registrado por el país sería histórico, pues la tasa promedio anual se elevaría a… dos por ciento. La situación se complica aún más, porque tal grupo incluye su pronóstico para 2019 (2.29 por ciento), el cual sólo confirma que la tendencia de la economía mexicana es la misma de siempre, con todo y las reformas que –versión oficial– provocarían un avance anual superior a 5 por ciento.
Las reformas no sólo se aprobaron, sino que –también versión oficial– se han llevado a la práctica, y de cualquier suerte la economía se mantiene estática, sin crecimiento y desarrollo. Y el sexenio peñanietista heredará la misma dinámica que recibió, la cual, según dijo el de Los Pinos, él se encargaría de romper para crecer al ritmo que el país necesita. Pero no. Deja a la siguiente administración gubernamental el mismo dos por ciento que tanto daño le ha hecho al país a lo largo de las últimas tres décadas y media.
En el rubro en el que los citados especialistas se muestran mucho más generosos que en materia de crecimiento es en el de los precios al consumidor, pues estiman que en 2017 –el año de la inflación temporal, producto del mega gasolinazo de enero pasado– tal indicador se ubique, si bien va, en 6.02 por ciento, el doble de 2016 y el más elevado desde cuando menos nueves años.

México pasó de ser una gran potencia petrolera, que en los años setentas nos llevó a la ficción de que nuestro mayor problema sería ‘‘la administración de la abundancia’’, según José López Portillo, a ser un país altamente deficitario en hidrocarburos.
Los datos de la balanza comercial de los últimos dos años nos muestran con precisión esta cruda realidad. En 2015 exportamos 23 mil 100 millones de dólares de productos petroleros, contra una importación de 33 mil 288 millones de dólares de dichos productos. En 2016 vendimos a otros países sólo 18 mil 818 millones de dólares e importamos 31 mil 566 millones de dólares de hidrocarburos y, para colmo de males, el desequilibrio comercial en este sector crecerá durante los próximos años.
Pemex dejó de ser el gran exportador y productor de petróleo y derivados, para convertirse en una empresa que en 2016 representó menos de 5 por ciento de las exportaciones totales de México, que llegaron a 373 mil 939 millones de dólares y su tendencia es a la baja, no sólo por el crecimiento de otros sectores, sino por la caída de la eficiencia y productividad de esta empresa que tiene costos fijos muy altos, difíciles de reducir. Ningún político al frente de la empresa ha tenido la capacidad de bajar los costos y aumentar la eficiencia al promedio de las empresas del sector en el mundo y la corrupción y el robo es una constante en esta empresa estatal.
Otro elemento importante a considerar es la creciente participación de empresas privadas en este sector, por lo que en una década la participación de Pemex en las exportaciones totales de nuestro país bajará aún más, para representar tan sólo dos o tres puntos porcentuales.
Pemex fue un gran generador de divisas y de ingresos para el gobierno en la segunda mitad del siglo pasado, lo que permitió el financiamiento de parte del gasto corriente y del gasto de inversión pública; sin embargo, ahora representa una carga para la población que tiene que pagar el doble de precio de la gasolina en México con relación a la que se vende en Estados Unidos.

La semana pasada se publicó en el Diario oficial la promulgación legislativa mediante la cual se legaliza la marihuana para usos médicos. Se sabe que esta iniciativa es muy limitada, pues aún no permite a quienes requieran de los beneficios terapéuticos de esta planta que recurran al autocultivo, entre otras limitaciones. Pero sin duda se trata de un gran avance para destrabar la inútil prohibición de la mota. Coincidentemente con esta noticia tan positiva para el movimiento antiprohibicionista, la Dirección de Cultura de la Delegación Cuauhtémoc aceptó con una postura progresista y congruente de un gobierno de izquierda, programar tres presentaciones del libro Conversaciones pachecas: voces por la despenalización cannábica en México, que reúne una docena de entrevistas realizadas por quien esto escribe con especialistas en torno al tema, entre ellos Luis Astorga, Gady Zabicky, Julio Glockner, Jorge Hernández Tinajero y Leopoldo Rivera, así como artistas y escritores como José Agustín, Guillermo Fadanelli y Felipe Ehrenberg, entre otros. Estas conversaciones se han realizado en las casas de cultura de esta demarcación, José Romero Flores, Tepito y la última será el próximo viernes 6 de julio en la Casa de Cultura Santa María La Ribera (Jaime Torres Bodet 160, frente a la Alameda de Santa María) a partir de las cinco de la tarde. En esta ocasión estará Leopoldo Rivera, editor de la revista Cáñamo, Alejandra Sánchez, directora de cultura de la delegación, y el autor. También habrá un performance de la Chica Cannábica (Lily Angelos) y la actuación especial del artista el Muertho de Tijuana.



La madrugada de ayer un grupo delictivo mató a tres personas y levantó a otras cuatro en la localidad poblana de Huehuetlán el Grande. De acuerdo con testimonios de pobladores, dos de las víctimas mortales eran comerciantes que se negaron a pagar el derecho de piso que exigían los delincuentes y la tercera, el comandante de la policía municipal. Según los vecinos, los presuntos responsables de los crímenes serían seis hermanos oriundos de Huehuetlán que se han dedicado al robo de hidrocarburos de ductos de Pemex y que en fechas recientes empezaron a extorsionar a los habitantes. Esa banda criminal sería, a decir de los testimonios, la que en agosto pasado asesinó al presidente municipal, José Santamaría Zavala.

Solidaridad con La Jornada
Nuestra solidaridad con La Jornada, deseando encuentre la solución al conflicto. La razón debe prevalecer con el fin de continuar su propuesta de periodismo independiente y en defensa de los movimientos sociales. Su historia ha demostrado lo necesario que es para nuestro país.

En varias de mis últimas contribuciones he ido mostrando esquemáticamente la línea teórica que trazó Ernesto Laclau, acompañado por Chantal Mouffe, Íñigo Errejón y otros varios autores, a partir de Antonio Gramsci y Palmiro Togliatti, para comprender y reivindicar el populismo. El debate sobre el tema ha resurgido con fuerza a la luz de los populismos, o de grandes movimientos sociales con tintes populistas, que ganaron las instituciones en varios países latinoamericanos durante una década. El neoliberalismo está muerto, pero el zombi sigue caminando y ha vuelto a hacer daño, debido a las fallas estructurales y a los fallos políticos de ese vigoroso y breve impulso populista, sin alternativa por el momento.

La entusiasta recepción que tuvo mi entrega anterior sobre Los civilizionarios ( http://www.jornada.unam.mx/2017/06/ 20/opinion/016a1pol ), expresada no sólo en las cifras de lectores y en su reproducción por las redes sociales, sino en su traducción casi inmediata al inglés ( http://voicesmotherearth.blogspot.mx/ 2017/06/globalization-of-hope-civilizers.html ), debió haberme obligado a dedicar un segundo ensayo al tema. Sin embargo, un encuentro, probablemente inédito, en torno a las relaciones entre educación, comunidad y ecología, realizado en el campus de la UNAM en Morelia, que reunió a varias decenas de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, sección 18) e investigadores que trabajan en comunidades y educación ambiental, arte y ciencia, me reveló el papel crucial que jugarán, ya están jugando, los profesores democráticos de este país en la transformación civilizatoria, es decir su rol como civilizionarios.

Meztli Sarabia Reyna fue ejecutada por cuatro sicarios. A las 10 de la mañana del 29 de julio, llegaron al mercado Hidalgo, en Puebla, preguntaron por ella, y, cuando Meztli se identificó, le descerrajaron dos balazos: uno en el abdomen y otro en la nuca. Junto al cuerpo dejaron un mensaje escrito en una cartulina: “esto les pasará a todos los que apoyen a Simitrio. Sigues tú Simitrio y a los que apoyen a Simitrio. Fuera la 28”.

Ya es lugar común hablar de lenguas indígenas que corren el peligro de desaparecer y, por ende, de la necesidad de conservarlas, promoverlas y revitalizarlas, como señalan diversos espacios institucionales, tanto dentro como fuera del país. Asimismo, es innegable la importancia de la lengua indígena como factor central en la cultura e identidad de los pueblos. Sin embargo, es necesario considerar que no podemos hacer abstracción de la lengua respecto de la situación histórica de los pueblos indígenas en relación con el Estado y la sociedad mayoritaria.

Formalmente, Desarrollo de Medios, la razón social que edita La Jornada, es una sociedad anónima de capital variable. Hace más de tres décadas, cuando se planeaba el lanzamiento de este diario, se decidió recurrir a esa figura, con un acta constitutiva y unos estatutos singulares, como una forma de garantizar la vida democrática en el proyecto informativo e impedir que intereses externos intervinieran en su línea editorial. Aún estaban frescas (1984) las amargas experiencias de Excélsior, cuya cooperativa fue infiltrada por el régimen de Echeverría para dar un golpe de mano al modelo de periodismo crítico que encabezaba Julio Scherer, y del unomásuno, en el que la concentración accionaria en manos del director general desvirtuó los lineamientos iniciales de ese periódico.

México avanzó tres lugares en el ranking mundial de innovación, con lo que ocupa ahora la posición 58 de un total de 127 naciones consideradas en un estudio elaborado conjuntamente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Universidad Cornell y la Escuela Mundial de Negocios INSEAD. Los tres primeros lugares en la lista los ocupan Suiza, Suecia y Holanda, naciones de alto ingreso; y los tres últimos Togo, Guinea y Yemen, países de bajos ingresos.

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