7/03/2017

PRENSA MÉXICO LUNES 3 DE JULIO 2017


REFORMA

Dos empresas que fueron descalificadas de una licitación por el ISSSTE en 2015 ventilaron una serie de irregularidades y actos de corrupción en el otorgamiento de un contrato de más de 600 millones de pesos.El convenio es para realizar tareas de limpieza en oficinas del Instituto. En acusaciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa -litigios que siguen en curso-, Fejastec y Ficot revelaron que el proceso de licitación del ISSSTE LA-019GYN005-2015 fue amañado por personal de la institución, en presunta asociación con funcionarios de las secretarías del Trabajo y la Función Pública Señalan que Marco Antonio Jesús Reyes Saldívar, hijo de Manuel Reyes López -líder de una asociación sindical que pertenece a la sección 15 de la CTM, liderada por el priista Carlos Aceves del Olmo-, está vinculado a empresas que acaparan los servicios de limpieza en los gobiernos federal y de la CDMX y en la Cámara de Diputados, entre otras instituciones.La denuncia establece que el ISSSTE acusó a Fejastec y Ficot de presentar documentos falsos para sacarlas de la licitación y favorecer a Imagen de Inmuebles, que participó en la licitación junto con P&C Limpieza Esta firma, acusan, había concluido en el último lugar del concurso, no cumplía con los requisitos de la convocatoria y carecía de experiencia en limpieza hospitalaria.
EXPANSIÓN CNN

La Auditoría denuncia malos manejos estatales por 21,270 mdp


Los malos manejos de recursos federales por parte de los gobiernos estatales llevaron a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentara denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por irregularidades que representan un monto de 21,270 millones de pesos (mdp), de acuerdo con información del propio órgano fiscalizador.De ese total, 17,182 mdp corresponden a anomalías como pagos indebidos, comprobaciones deficientes y compras con sobreprecio, mientras que 4,088 mdp son de simulación de reintegros, es decir, dinero que se simuló devolver a la Federación.Estos datos se desprenden del primer informe de la Auditoría sobre su revisión a la Cuenta Pública de 2016, en el que se detalla en qué fondos se encontraron las irregularidades que derivaron en posibles delitos y denuncias.Los fondos revisados fueron los de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones a las Entidades que Ejerzan la Función de Seguridad Pública (Fortaseg), para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), Prospera en su Componente de Salud y Seguro Popular.Tras dicha revisión, la ASF dio a conocer que Veracruz se sitúa a la cabeza de la lista, con denuncias que representan un monto de 11,664.4 mdp. De este importe, 9,475 mdp provienen de irregularidades, principalmente en el FAFEF y en el Seguro Popular, y 2,188.5 mdp son de simulación de reintegros.Hasta octubre pasado, Veracruz estuvo gobernado por Javier Duarte, quien actualmente se encuentra detenido en Guatemala y está a la espera de un proceso de extradición a México, donde es acusado de actos de corrupción.
ANIMAL POLÍTICO
ASF detecta malos manejos de los recursos del Seguro Popular en 28 estados durante 2016

Las irregularidades, subejercicios y posibles desvíos de los recursos del Seguro Popular, el programa que permite acercar servicios de salud y tratamiento de enfermedades graves como cáncer o VIH a población vulnerable, fueron el común denominador en prácticamente todo el país, según la revisión de la Cuenta Pública 2016, hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).La ASF detectó malos manejos de los recursos federales asignados en 28 de las 32 entidades del país. El monto de las irregularidades asciende a casi 6 mil millones de pesos. Hay estados donde los posibles desvíos van del 24 hasta el 55 % de todo el dinero asignado.Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, son las entidades con los montos más altos de recursos del Seguro Popular reportados con irregularidades, y de hecho concentran por sí solos casi el 50 % de todo el total observado por los auditores.La revisión hecha por Animal Político a las 32 auditorías practicadas en los estados, permitió establecer que de los casi 6 mil millones reportados con posibles anomalías, cerca de 4 mil 500 millones son recursos que las entidades aseguran haber gastado pero se desconoce en qué o no hay documentos suficientes que lo comprueben. El resto es dinero que no se gastó pero tampoco se regresó, es decir, son subejercicios.Las investigaciones para explicar el origen de estas irregularidades están en desarrollo, pero si lo estados no comprueban el destino de los recursos, o no devuelven el dinero que no aplicaron, esto podría derivar en denuncias penales ante la PGR contra los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables.

Exsecretario de Salud de Sinaloa dio contratos por 87.2 mdp a su propia red empresarial

Ernesto Echeverría Aispuro usó el sistema de salud de Sinaloa para realizar operaciones que beneficiaron económicamente a la red empresarial a la que pertenece.Como Secretario de Salud y director General de Servicios de Salud, en la administración del exgobernador aliancista Mario López Valdez, el otorrinolaringólogo firmó 29 contratos por 87.2 millones de pesos con empresas que él fundó antes de ocupar dichos cargos públicos, y también con otras que pertenecen a sus socios Luis Javier Salido Artola e Ildefonso Salido Ibarra.Los dos últimos empresarios poseen sociedades relacionadas con los sectores de salud, construcción y bienes raíces, así como el periódico El Debate e imprenta, y la Universidad San Sebastián.De ese total de contratos, en tan solo 3 años, de 2014 a 2016, Echeverría, entonces Secretario de Salud, suscribió cuatro de ellos (contratos SSS/100/2014, SSS/131/2015, SSS/197/2015, SSS/20/2016) que suman 41 millones 18 mil 113 pesos con Mi Salud y Herramientas Médicas, empresas que fundó, de las que fue socio y representante legal.Uno de los contratos, incluso, fue ampliado con 3 millones de pesos más  por Echeverría Aispuro 11 días antes de dejar el cargo, con lo que comprometió los recursos de la actual administración del Gobierno del Estado, y dos meses del ejercicio del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 2017, que ya no le correspondía administrar.En la recta final del malovismo, en 2015 y 2016, también rubricó 25 contratos más por 39 millones 849 mil 834 pesos con Santa Justa; Prefabricados Santa Justa; Advanti; Construcciones y Arquitectura Kasta; Constructora Mansanart; Grupo Sanart del Pacífico, una red de empresas pertenecientes a la familia Salido y que competían entre sí en los concursos de licitación convocados por Servicios de Salud con el propósito de repartirse los contratos relacionados con la construcción y rehabilitación de unidades médicas.
Gobierno duplica en 4 años sus solicitudes de datos sobre usuarios de Facebook, Twitter y Google


En un lapso de cuatro años, la administración de Enrique Peña Nieto ha duplicado las solicitudes de datos sobre usuarios de Facebook, Twitter y Google, al pasar de 749 a 1,539, de acuerdo con reportes de transparencia que las citadas empresas publican periódicamente en la red.En el caso de Google, empresa que nació como un motor de búsqueda en la red, recibió en 2013 un total de 164 solicitudes de datos por parte del gobierno mexicano, que involucraron a 286 usuarios.Para 2016, el último año reportado por Google, las peticiones subieron a 352, e involucraron a 475 usuarios. Esto representó un incremento del 117%.No todas las solicitudes que ha recibido Google son de tipo judicial; la empresa explicó que algunas pueden tener también un carácter administrativo, aunque no hay un desglose público sobre los tipos de solicitud.Facebook es la red que mayor atención ha recibido por parte de  la administración de Enrique Peña Nieto.En el primer año del sexenio, Facebook recibió 573 peticiones de información, de 986 usuarios; para el cuarto año, las peticiones de información crecieron a 1,162, e involucran a 1,922 usuarios, un crecimiento de 94.9%.Facebook, sin embargo, no atendió todas las peticiones. En 2013, solo se respondió al 45.3 % de las solicitudes oficiales, y para 2016 entregó información en el 74.3% de los casos.
PROCESO

Exigen a Sedena, PGR y Cisen investigar denuncias sobre espionaje contra periodistas y defensores


El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que investiguen las denuncias sobre el uso de programas de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos en el país.El organismo, creado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), urgió al titular de la Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda; al procurador Raúl Cervantes Andrade, y a Eugenio Ímaz Gispert, director general del Cisen, “que adelanten las debidas investigaciones y se sancione a sus responsables”.En una carta fechada en Ginebra, precisa que de acuerdo con la información publicada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC, con asistencia técnica de Citizen Lab –un centro de investigaciones de la Universidad de Toronto–, se han documentado casos en los que el gobierno mexicano estaría utilizando sofisticados programas informáticos de espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas.Destaca que Pegasus, como se conoce al spyware, monitorea todos los datos personales del dueño del celular infectado, incluidos sus correos electrónicos, llamadas, calendario y mensajes de texto, y tendría un costo unitario de 77 mil dólares americanos provenientes de los contribuyentes.“Esta forma de proceder, que ya ha sido utilizada por otros gobiernos latinoamericanos, como se ha documentado en Colombia a través del caso DAS , y en Brasil con los casos de Vale y Belo Monte , atenta contra la libertad de expresión y asociación, el derecho a la intimidad y sobre todo criminaliza la labor de periodistas y defensores de derechos humanos al ponerlos como objetivos de programas que son utilizados a nivel global contra criminales y terroristas”, puntualiza.
ARISTEGUI NOTICIAS

Un análisis elaborado tras la compra del malware Pegasus por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), indica que al menos seis funcionarios distintos de esa dependencia tuvieron bajo su resguardo la operación del programa que presuntamente usó el #GobiernoEspía para atacar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción.
Desde su adquisición el 29 de octubre del 2014 y hasta julio del 2016, el sistema de espionaje Pegasus estuvo bajo la responsabilidad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (CENAPI) y sólo  en la gestión de Arely Gómez González como Procuradora General de la República (PGR), el resguardo correspondió a su Jefe de Oficina por un periodo de cinco meses.
Fuentes de la PGR mostraron a Aristegui Noticias diversos oficios en los que consta que el CENAPI, organismo que se dedica a realizar labores de inteligencia de la Procuraduría y que coadyuva a los Ministerios Públicos Federales en sus pesquisas, tuvo a su cargo el manejo y resguardo de Pegasus durante dos periodos distintos que en conjunto suman 26 meses, es decir, más de dos años.
En una primera etapa que va del 29 de octubre del 2014 al 10 de noviembre del 2015, tanto el equipo como el software malicioso de Pegasus estuvieron a cargo de CENAPI, el cual se encargaba de administrar y atender las peticiones de uso que presentaban las Subprocuradurías Especializadas en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y de Delincuencia Organizada (SEIDO).
También tenían acceso al sistema la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la oficina de la PGR para combatir el lavado de dinero; ambas creadas por el ex procurador Jesús Murillo Karam; así como de la Visitaduría General, instancia encargada de combatir la corrupción al interior de esa misma dependencia.

CONTRALÍNEA
En lo que va del actual gobierno, 35 periodistas han sido asesinados en México. Sistemáticos, los homicidios, desapariciones, amenazas, acoso, espionaje, censura y veto publicitario. Las agresiones aumentan a la par de la impunidad: 99.75 por ciento de los casos contra la libertad de expresión, sin castigo.“Nadie está a salvo”, sentencia el periodista y escritor Humberto Mussacchio al referirse al peligro que enfrentan los periodistas en México, y al mensaje que los agresores mandan al gremio cada vez que violentan a un comunicador.En lo que va del actual gobierno, encabezado por el priísta Enrique Peña Nieto, 35 periodistas han sido asesinados en el país; ocho de ellos, entre marzo y junio de 2017.El más reciente fue Salvador Adame Pardo, director del Canal 4Tv de Nueva Italia, Michoacán, que se confirmó el pasado 26 de junio al relacionar su identidad con un cuerpo calcinado descubierto en las inmediaciones de la carretera libre Uruapan-Nueva Italia. El crimen, sin embargo, podría haber ocurrido antes, pues un grupo armado lo desapareció desde el 18 de mayo.Los golpes contra la prensa se suceden uno tras otro. Tres días antes de la desaparición de Adame Pardo, el reconocido periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas –autor de los libros Huérfanos del narco y Narcoperiodismo: la prensa en medio del crimen y la denuncia, entre otros– fue acribillado a mediodía en Culiacán, Sinaloa.Con Javier Valdez seleccionaron un símbolo, considera Julio Hernández López, columnista del diario La Jornada. “Un ejemplo para mandar el mensaje a todo mundo de que no hay que arriesgarse, no hay que caminar más allá de esa línea, como lo decía el propio Javier”.Doce disparos segaron la vida del corresponsal de La Jornada y colaborador de Ríodoce y sacudieron, como nunca antes, a un gremio pasmado y receloso de reconocer colegas entre los reporteros abatidos. Por primera vez, a la protesta colectiva se sumaron los corresponsales extranjeros que trabajan en México.“En el caso de Javier quisieron ejemplificar: lo hicieron a plena luz del día, a media calle, a la vista de todos; aparentemente, según dice su propio medio [Ríodoce], lo obligaron a hincarse. Eso fue muy hiriente por el afecto que gozaba, por la buena fama de excelente periodista, porque muchos fuimos sus amigos y porque te pone a pensar hasta dónde quieren llegar: apuntaron muy alto”, reflexiona el periodista José Reveles.
REPORTE ÍNDIGO
A marchas forzadas | Reporte Indigo 1279
¿Cómo se elegirá al candidato? ¿Cuál será el proyecto de gobierno? ¿Incluye las 9 gubernaturas? El tiempo es el principal obstáculo que tiene el Frente Amplio Opositor, que impulsa la dirigencia del PAN y el PRD, para competir en alianza con otros partidos en la elección presidencial del 2018
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO

Funcionarios integrantes del Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazaron exhortar a  Enrique Peña para que explique el caso de espionaje realizado a periodistas y activistas.“No está ni remotamente probado ante nadie, ni mucho menos ante autoridad competente”, señaló Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).Las distintas dependencias consideraron que la propuesta que hizo el Comité de Participación Ciudadana de que el caso fuera transparentado es improcedente debido a que el ilícito que presuntamente se cometió no está catalogado dentro del ámbito de la corrupción.En este contexto, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, mencionó que la ley establece que el CC tiene permitido emitir exhortos referidos a temas de corrupción, pero que el espionaje denunciado por distintas organizaciones sociales es una conducta que el Código Penal tipifica como intervención de comunicaciones sin la autorización de un juez, y no como un acto de corrupción.Al momento de la votación, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, quien previamente se desempeñó como titular de la Procuraduría General de la República, una de las dependencias que adquirió el software Pegasus, lo hizo en contra, lo mismo que Pérez Daza, Chuarand, el titular del INAI, Francisco Javier Acuña, y el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
SINEMBARGO

La pensión para 28 millones de mexicanos será de 80.4 pesos al día, abajo de la línea de pobreza


Con el esquema actual de pensiones más de 2.5 millones de trabajadores recibirán una pensión cercana a los siete mil mensuales. El resto, alrededor de 28 millones recibirán una pensión de 2 mil 412 pesos mensuales, lo que sería insuficiente para adquirir la canasta de bienes y servicios. El monto también estaría por debajo de la línea de pobreza total, que según el Banco Interamericano de Desarrollo es de menos de cinco dólares al día (91.5 pesos).En el documento, el CESOP relató que para que una persona registre tiempo de cotización en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) tuvo que haber contado con un empleo formal. Sin embargo, desde hace más de 10 años hay una tasa de informalidad de 32 por ciento.Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– El actual esquema de pensiones en el país condenará a la pobreza a los adultos mayores que recibirán 80.4 pesos diarios, es decir, la cuarta parte de su salario, de acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP).El estudio reveló que alrededor de 28 millones de trabajadores en México recibirán una pensión de dos mil 412 pesos mensuales, un monto inferior a los 2 mil 817 pesos de la línea de bienestar urbana que utiliza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza, lo que implica que la pensión será insuficiente para adquirir la canasta de bienes y servicios que se requieren para cubrir sus necesidades.De igual forma estaría por debajo de la línea de pobreza total, que según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es de menos de cinco dólares al día (91.5 pesos). “Más de 2.5 millones de trabajadores recibirán una pensión cercana a los siete mil mensuales. El resto, es decir 29 millones, se llevarán el monto ahorrado, más los rendimientos de sus ahorros menos 1.03 por ciento, que corresponde a la comisión promedio que cobran las Siefore por administrar los recursos”, destacó el CESOP.Precisó que actualmente los rendimientos para la Sociedad de Inversión de Fondos para el Retiro (Siefore) Básica 1 (60 años y más) son de cuatro puntos; en la Básica 2 (46 a 59 años), de 5.43; Básica 3 (37 a 45 años), de 6.84 puntos, y en la Básica 4 (36 años y menos), 7.46 puntos.En el documento “Sistema de pensiones en México, finanzas públicas y mercado de trabajo: Pensión digna para quienes trabajaron toda su vida”, el CESOP recordó que la mayor cantidad de trabajadores que cotizan en el SAR se encuentran afiliados al IMSS, con 36.4 millones de cuentas, seguidos por el ISSSTE, con 1.5 millones de cuentas. Los empleados que han decidido pagar sus aportaciones suman tan sólo 267 mil.¿Y LOS QUE LABORAN EN LA INFORMALIDAD?En el documento, el CESOP relató que para que una persona registre tiempo de cotización en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) tuvo que haber contado con un empleo formal. Sin embargo, desde hace más de 10 años hay una tasa de informalidad de 32 por ciento.  El principal problema de la economía informal, en el sistema de pensiones, es que sus trabajadores también tienen derecho a una vejez digna. Para ellos, apuntó, existen las pensiones no contributivas; por ejemplo: el programa de Pensión para Adultos Mayores, que en 2017 tiene un presupuesto de 39 mil 100 millones de pesos, equivale al 37 por ciento de todo el presupuesto destinado al desarrollo social en México.

LA JORNADA 
Convoca a que se ponga fin a la violencia en las calles
Expresa sus condolencias a familiares de los fallecidos en protestas
Al menos 89 personas han muerto en tres meses de manifestaciones
Este miércoles el país sudamericano celebrará su independencia
Fotoportada
Miles de personas marcharon ayer por el centro de Los Ángeles, California (imagen), y en otras ciudades de Estados Unidos, como Chicago, Cleveland, Detroit, Denver, San Francisco y Seattle, para exigir al Congreso que se abra el llamado impeachment contra el magnate con miras a su destitución: "ha cometido violaciones constitucionales; ha mentido y engañado para imponer acciones que benefi cian principalmente a él y a sus amigos multimillonarios", expusieron los organizadores de la movilización en un comunicado difundido en Internet Foto Afp
Determina que hay cuatro causales; en el emplazamiento, graves errores procesales
Entre enero y mayo el gasto se redujo a $231 mil millones, reporta Hacienda

Algunas fueron ligadas al narco y están presas
Sufraga salarios, viáticos, prestaciones a 73 integrantes del comité ejecutivo
columnas
Nosotros Ya No Somos Los Mismos
Ortiz Tejeda
American Curios
David Brooks

Rayuela : Pertinente acudir al viejo dicho: el futbol es un juego de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania.
Fundar: enormes ganancias en minería e hidrocarburos
"Tienen trasnacionales trato de privilegio con pagos ínfimos al fisco"
Causan graves perjuicios en poblaciones y ecosistemas, subraya estudio
Fernando Camacho Servín

Exitoso trueque de servicios entre el IMSS y otras instituciones
Se han beneficiado en cuatro años más de 14 mil derechohabientes
En la contrucción de la Plataforma Nacional de Transparencia detecta daño patrimonial por $11 millones
Celebran el cumpleaños 85 de la escritora con lectura de textos y un concierto
Fotocontraportada
Jugadores del equipo teutón acarician el trofeo tras vencer 1-0 a Chile, en el estadio de San Petersburgo. El equipo de Joachim Löw aprovechó un error de la defensa de La Roja en el minuto 19, que el delantero Lars Stindl convirtió en gol. La escuadra sudamericana nunca bajó los brazos, pero el conjunto alemán logró equilibrar el partido. En Moscú, Portugal obtuvo el tercer lugar tras remontar y vencer 2-1 a la selección mexicana en tiempo extra. Un desquiciado Juan Carlos Osorio fue expulsado tras gritar y dar un empellón al cuarto árbitro Foto Ap
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