CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos exigió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que investiguen las denuncias sobre el uso de programas de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos en el país.
El organismo, creado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), urgió al titular de la Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda; al procurador Raúl Cervantes Andrade, y a Eugenio Ímaz Gispert, director general del Cisen, “que adelanten las debidas investigaciones y se sancione a sus responsables”.
En una carta fechada en Ginebra, precisa que de acuerdo con la información publicada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC, con asistencia técnica de Citizen Lab –un centro de investigaciones de la Universidad de Toronto–, se han documentado casos en los que el gobierno mexicano estaría utilizando sofisticados programas informáticos de espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas.
Destaca que Pegasus, como se conoce al spyware, monitorea todos los datos personales del dueño del celular infectado, incluidos sus correos electrónicos, llamadas, calendario y mensajes de texto, y tendría un costo unitario de 77 mil dólares americanos provenientes de los contribuyentes.
“Esta forma de proceder, que ya ha sido utilizada por otros gobiernos latinoamericanos, como se ha documentado en Colombia a través del caso DAS , y en Brasil con los casos de Vale y Belo Monte , atenta contra la libertad de expresión y asociación, el derecho a la intimidad y sobre todo criminaliza la labor de periodistas y defensores de derechos humanos al ponerlos como objetivos de programas que son utilizados a nivel global contra criminales y terroristas”, puntualiza.
Por ello, urge a las respectivas autoridades mexicanas a realizar las investigaciones pertinentes, independientes y exhaustivas acerca de estos hechos, a que sancionen debidamente a sus responsables y a que protejan la labor de defensores de derechos humanos y periodistas que se encuentran en una situación de riesgo bajo amenazas e intimidaciones.
La carta está firmada por Dimitris Christopoulos, presidente de la FIDH, y Gerald Staberock, secretario general de la OMCT. Ambos organismos son miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.