Gobiernos conservadores amenazan derechos
La
reelección de Juan Orlando Hernández Alvarado, del Partido Nacional,
como presidente de Honduras es ilegal y significa perpetuar y avalar la
represión y criminalización de la protestas, así como la violación y el
retroceso de los derechos de las mujeres, denunciaron defensoras de los
Derechos Humanos (DH) del país centroamericano.
Luego de las elecciones celebradas el pasado 26 de noviembre,
calificadas por la ciudadanía hondureña como fraudulentas, mujeres y
hombres realizaron protestas en las calles, mismas que en opinión de
activistas se han caracterizado por la represión de policías y fuerzas
militares.
Hasta el 22 de diciembre organizaciones civiles del país
contabilizaron 38 asesinatos en ese contexto, entre ellos el de la
estudiante de 19 años Kimberly Fonseca Santa María, quien, según
informaron medios nacionales, recibió el impacto de una bala militar
durante las primeras manifestaciones de este mes.
La indignación creció tras el drástico cambio de los resultados
electorales. En un conteo preliminar de los votos el Tribunal Supremo
Electoral anunció la ventaja de cinco puntos del candidato opositor de
izquierda, Salvador Nasralla, pero siete días después de la jornada
electoral, el 4 de diciembre, la autoridad alegó fallas en el sistema y
declaró el triunfo de Hernández Alvarado.
La instancia gubernamental oficializó el fallo el 17 de diciembre y
el político del Partido Nacional fue considerado como ganador aun cuando
en ese país la Constitución establece como ilegal la reelección. Él
ocupó la Presidencia desde 2014 la presidencia, mandato que terminaba en
enero de 2018.
Además de ser anticonstitucional, la reelección significará un
obstáculo para defender los DH de las mujeres, actoras claves durante
las actuales denuncias en Honduras pues el gobierno de Hernández
Alvarado se caracterizó por frenar iniciativas sobre derechos de las
mujeres como la despenalización del aborto. Esto afirmó en entrevista
con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Político de Mujeres
N-26, Jessica Sánchez.
La defensora expuso que el retroceso democrático también se ve
reflejado en la violencia política contra las mujeres, ejercida contra
funcionarias y diputadas que se han opuesto a la reelección, según han
documentado.
Sánchez también criticó que pese a que en Honduras está vigente la
Ley del Principio de Paridad y Mecanismo de Alternancia, los datos
preliminares del Tribunal Supremo Electoral anuncian que de 298 cargos
municipales solo 22 estarán ocupados por mujeres. Los resultados
oficiales sobre los cargos del Congreso aún no se publican.
“Una agenda política que favorezca a las mujeres no ha sido la
prioridad de los gobiernos hondureños”, denunció también en entrevista
la directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera,
quien afirmó que el contexto de represión a nivel nacional muestra la
violencia de la que han sido víctimas las personas defensoras de DH en
el país, un ejemplo, recordó, fue el asesinato en 2016de la defensora de
la tierra, Berta Cáceres.
El crimen contra la ambientalista no fue el único, de 2013 a 2016 la
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos en Humanos
documentó mil 9 agresiones contra mujeres defensoras de DH, lo que
posicionó al país como el segundo de la región más violento para ejercer
su labor, sólo por debajo de México.
La defensora e integrante del Centro de Estudios de la Mujer -
Honduras (CEM-H) Sara Avilez Tomé explicó que las actuales denuncias son
resultado de la “indignación acumulada por la población desde 2009, cuando las fuerzas armadas y el presidente del Congreso Nacional derrocaron al entonces mandatario Manuel Zelaya. En esos años de resistencia, mencionó, las mujeres han tenido un papel esencial.
“En la toma de las calles ellas son las que organizan a los vecinos,
también preparan alimentos a las y los manifestantes y, cansadas de la
presencia de Fuerzas Armadas en las calles, encaran al ejército y la
policía durante las manifestaciones”, afirmó Avilez Tomé.
Gilda Rivera precisó que el movimiento civil de resistencia en
Honduras y particularmente las mujeres organizadas, no apoyan a Salvador
Nasralla como presidente porque tampoco es una opción ya que él se ha
pronunciado contra los derechos de las personas como el matrimonio
igualitario, por tanto un posible mandato de este político tampoco
significaría cambios estructurales a favor de los DH, sin embargo,
representaría “el fin de un gobierno ilegítimo” erigido por Hernández
Alvarado.
Jessica Sánchez observa el golpe de estado en Honduras de 2009 y las
actuales elecciones en su país desde un contexto internacional de
“vuelta a la derecha política”, lo que considera es una amenaza a los
derechos de las mujeres. Esto, dijo, se observó más claro con el
nombramiento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, nación
que la semana pasada reconoció el gobierno de Hernández Alvarado.
Para hacer frente a este panorama Jessica Sánchez señaló que la
organización de las mujeres en las calles y la sociedad civil a través
de iniciativas servirán de contrapeso, tal como lo hicieron miles de mujeres estadunidenses en enero pasado cuando marcharon tras la toma de protesta de Trump para exigir que sus derechos sean prioridad.
El fallo del Tribunal Supremo Electoral a favor de la reelección
también fue condenado por organismos internacionales como la Unión
Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien señaló
que por el “cúmulo de irregularidades” aún no podría determinarse quién
fue electo como presidente.
A raíz de los asesinatos, el pasado 26 de diciembre la OEA solicitó
la entrada de uno de sus delegados para obtener información sobre las
violaciones a los DH cometidas y hablar con las víctimas y sus
familiares, misma que fue rechazada por el gobierno hondureño un día
después.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .-
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