Seguridad y paz

Miguel Concha

En una sociedad tan polarizada y violenta como la que estamos viviendo, el anhelo individual y colectivo de paz, como plenitud de dones y bendiciones, propio de estos tiempos de Navidad, se ha convertido en México en una necesidad cada vez más imperiosa. Es por ello pertinente añadir a todas las voces legítimas que reclaman el derecho a vivir en paz, más allá de falsos unilateralismos, que la confunden con supuestos enfoques eficaces de seguridad y violencia, la de los siete obispos católicos que integran la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Mexicano. Para empezar, en su pronunciamiento, publicado el pasado 12 de diciembre, y titulado Con decisión construyamos la paz, añaden enseguida la frase Basta de falsas seguridades, y se hacen eco de la concepción de que la violencia tiene en efecto orígenes multifactoriales y no puede seguir explicándose simplemente, como repetidamente lo difunden sospechosamente los diferentes gobiernos, como consecuencia de enfrentamientos entre bandas.

Y puesto que se trata de una situación que se endurece, se expande y empeora cada día hasta el punto de que algunas de nuestras ciudades forman ya parte del elenco vergonzoso de las más violentas del mundo, urgen a la responsabilidad de todos, autoridades y ciudadanos, e inclusive la suya propia, tomando en cuenta que cuanto más tarden las soluciones de fondo a la situación de violencia e inseguridad, será más difícil avanzar a una auténtica paz. Por ello formaron parte de todas las voces calificadas que demandaron inútilmente a los legisladores, dentro y fuera del país, dejar a un lado políticas como la de la presencia de las fuerzas armadas en funciones policiacas, y lograr en cambio un consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales, en orden a establecer estructuras de seguridad nacionales, estatales y municipales eficaces y respetuosas de los derechos de todos. “Es urgente –dijeron– que el Estado intervenga con eficacia ante el avance de las dinámicas de violencia que se han desatado en el país, atendiendo a sus causas y factores de riesgo para desactivarlos, buscando caminos y procesos de transformación”.

Y ante los oídos sordos de los legisladores, hoy se requieren –dijeron también en balde–, acciones legislativas, que con visión integral marquen una ruta crítica para resolver las causas de la inseguridad y la violencia. Entre éstas mencionan la corrupción, la desigualdad, la ineficaz procuración de justicia y el abandono del campo, así como la falta de resultados en las investigaciones ministeriales para conocer el significado de las ejecuciones de actores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, y de la extensión geográfica de los feminicidios y otras acciones violentas contra las mujeres. No soslayaron en su pronunciamiento la necesidad de atender la situación urgente en la que se encuentran los Centros de Readaptación Social, que requieren una reorientación profunda, pues siguen teniendo resultados sociales contraproducentes, con reiteradas violaciones a derechos; ni la actuación de los ministerios públicos, que por causa de la corrupción distan mucho de responder a la necesidad social de procuración de justicia. “Un aspecto que requiere también ser atendido de fondo –enfatizan– es la corrupción pública, que ha favorecido a las organizaciones criminales y a sus acciones ilegales y violentas”. Sin embargo, para poder enfrentar estos desafíos, los obispos establecen que es necesario promover una mayor responsabilidad ciudadana, contribuyendo directamente con acciones desde diferentes ámbitos de la sociedad, y urgiendo a los gobiernos para que asuman sus propias responsabilidades. Pero dada la fragmentación y dispersión que todavía se observa en la sociedad, que por ello no ha tenido la capacidad de incidir suficientemente en lo social y político, para canalizar sus esfuerzos hacia procesos que contribuyan a la construcción de la paz y la cohesión social, es sobre todo urgente contribuir a fortalecer su articulación y responsabilidad, mediante nuevos modelos de diálogo y colaboración que incorporen a todos los actores en procesos plurales, resolutivos, propositivos y comprometidos.

Es indispensable que como sociedad eduquemos para la paz, la justicia y la conciencia ética, para vivir en un estado de derecho y derechos, y una verdadera cohesión social. Y se preguntan con razón si será válido un proceso de reforma educativa que no llega a resolver la necesidad de promoción real de los valores y la cultura de cada pueblo, porque –advierten– perdemos identidad cuando buscamos uniformidad. Sobre todo –afirman– si no hay un proyecto de Nación, como punto de llegada de la educación.

Estos obispos tampoco soslayan la coyuntura electoral y expresan su preocupación de que la agenda política y social abandone los esfuerzos por contener la violencia y construir la paz, marginándolas del debate político-electoral, así como su temor de que la situación de violencia se pueda distorsionar y manipular, para favorecer intereses partidistas y facciosos. Puede darse también –advierten– un manejo superficial y frívolo de este escenario nacional, simplemente para buscar votos. Animan por ello a estar atentos para promover campañas pacíficas centradas en los problemas de mayor trascendencia, y piden a los medios de comunicación que sean maestros de un lenguaje de paz, y tengan siempre como objetivo la verdad, y el bien de la persona y el pueblo de México. Finalmente, los obispos se comprometen como Iglesia a varios compromisos, entre ellos promover en zonas de pobreza soluciones permanentes de solidaridad de toda la sociedad, así como escuchar y acompañar en las diócesis y parroquias a las víctimas, en centros orientados para ellas.