Violencia política, desapariciones y acceso a derechos sexuales, ámbitos más rezagados
En
2018 el Estado mexicano enfrentará al Comité de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), organismo internacional que evaluará
las políticas implementadas para enfrentar la violencia de género y
garantizar los derechos políticos, electorales, sexuales y reproductivos
de las mujeres.
En diciembre de 2016
el Estado mexicano presentó ante el Comité el noveno informe sobre
políticas de igualdad de género y no discriminación donde respondió a
las recomendaciones recibidas en 2012 y en años anteriores; dos años
después de enviar ese documento los avances y retrocesos del país para
erradicar la discriminación contra las mujeres serán evaluados
nuevamente.
Ante esta rendición de cuentas el panorama para México no es
alentador. La Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), que junto con organizaciones del todo el país elabora un
“informe sombra” sobre las recomendaciones, calificó el cumplimiento de
las recomendaciones como “insuficiente”.
REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Como muestra: En 2012, en materia de participación política de las
mujeres, el Comité CEDAW recomendó al gobierno eliminar los obstáculos
que impiden la participación femenina en cargos públicos, pero aun
cuando en 2014 se instauró como principio constitucional la paridad -que
obliga a los partidos políticos a postular 50 por ciento de mujeres en
candidaturas locales y federales-, su presencia sigue siendo escasa y
cuando logran incursionar en este escenario enfrentan a prejuicios
relacionados con su género.
La representación femenina en cargos de elección popular municipales
fue calificada por la Cátedra UNESCO como “deficiente” porque en 2016
las mujeres ocuparon 9 por ciento de las presidencias municipales, como
consta en su “Informe técnico sobre la elaboración de indicadores de las
recomendaciones CEDAW 2017”.
Además consideran que faltan políticas públicas para incrementar el
número de mujeres en puestos de la administración pública que para
representaban 38 por ciento de los puestos directivos.
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en la
recomendación 33 la CEDAW pidió al Estado mexicano eliminar los
obstáculos que enfrentan las mujeres para interrumpir un embarazos de
forma legal y segura.
Sin embargo, para 2016 al menos 19 entidades aún protegían “la vida
desde la concepción”, entre ellas Veracruz, Querétaro, Baja California y
Chiapas, lo que criminaliza y puede llegar a poner en riesgo la vida de
las mujeres que buscan ejercer la interrupción del embarazo, así lo
afirmó la Cátedra UNESCO en otro “informe sombra” parcial que publicó
en marzo de 2017.
En este contexto y como producto de la exigencia social este mes se
emitió por primera vez en el país una Alerta de Violencia de Género
(AVG) por Agravio Comparado en Veracruz, porque en la entidad seguín
vigentes leyes que criminalizaban a las mujeres por interrumpir
embarazos no deseados.
PREVALECEN DESAPARICIONES E IMPUNIDAD
En 2012 el Comité CEDAW hizo especial énfasis en las desapariciones
de mujeres y niñas por la relación porque son delitos que podría tener
relación con otros ilícitos pero el gobierno mexicano no atendió este
aspecto pues a pesar de que una da las recomendaciones fue mantener
registros certeros que permitieran dimensionar la magnitud del problema,
mismos que no se realizaron.
Destaca el caso de Nuevo León, entidad donde las académicas de la
UNAM que dan seguimiento a la CEDAW, revisaron solicitudes de
información y encontraron que las autoridades no registran cuántas
mujeres desaparecidas son localizadas, esto a pesar de que el organismo
instrumento intencional ha señalado de preocupante el alto número de
desapariciones de mujeres en el estado, de acuerdo al Registro Nacional
de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) fueron 677 de
2000 a 2017.
La exigencia de una base de datos actualizada sobre desapariciones de
mujeres también la hicieron organizaciones civiles y familiares de las
víctimas en noviembre pasado cuando Data Cívica denunció que el RNPED,
dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no contabiliza ni
actualiza los nombres de las personas desaparecidas.
La falta de registros resulta preocupante en un contexto donde, de acuerdo a la Segob, durante los últimos 11 años 8 mil 456 mujeres desaparecieron en México, Más de la mitad fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años.
La CEDAW también recomendó hacer eficiente la implementación de la AVG, mecanismo de emergencia
vigente en 11 entidades del país para enfrentar y erradicar la
violencia de género y acelerar el procedimiento para que en caso de ser
necesario se aplique en más estados, venciendo así las limitantes
políticas que impiden activarla.
En la práctica en 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) negó la AVG en Puebla y
Tlaxcala, entidades donde se solicitó la declaratoria de Alerta por
desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas relacionados con trata de
personas; también rechazó la solicitud en el municipio sonorense de
Cajeme y en Tabasco.
RESPUESTAS A LA VIOLENCIA
Respecto a la violencia cometida contra las mujeres el Comité CEDAW
pidió al Estado mexicano responder sobre los avances y retrocesos en el caso de las mujeres Atenco,
sobre tortura sexual contra 11 mujeres que mantienen una denuncia por
la violencia y falta de justicia que han vivido durante once años, desde
que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron víctimas de violación por policías
municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco, Estado de
México.
En noviembre de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH), que analiza el caso para dictar una posible sentencia
condenatoria contra el Estado, llamó a las 11 denunciantes para escucha
su testimonio. Ahora se espera que en 2018 el organismo interamericano
emita una resolución sobre el caso y sobre la posible reparación del
daño.
Otro ámbito que la CEDAW abordó en 2012 y en el que México resultará
rezagado fue la erradicación de la violencia en el ámbito educativo ya
que, de acuerdo al análisis de la Cátedra UNESCO, sólo18.75 por ciento
de las entidades federativas del país cuentan con un protocolo para la
detección y denuncia de esta violencia.
El gobierno mexicano se ha caracterizado por dejar en segundo plano
el cumplimento de la CEDAW, lo que se ve reflejado en el retraso con el
que informa sobre el cumplimento de las recomendaciones. Hace 10 años
que entrega informes al Comité evaluador con retrasos de hasta cuatro
años. Por ejemplo, la séptima evaluación la debió presentar en 2006 pero
la envió hasta 2010 junto con el octavo informe.
Además, denunció en entrevista con Cimacnoticas la coordinadora de la
Cátedra UNESCO, Gloria Ramírez Hernández, el gobierno mexicano no tiene
mecanismos ni políticas públicas de seguimiento a las recomendaciones
recibidas por la CEDAW pues se interesa en ellas “exclusivamente cuando
tiene que entregar informes y sólo para cumplir con el compromiso
internacional”.
Desde que México suscribió esta convención, en 1981, y hasta la
fecha, el Comité ha emitido 132 recomendaciones al Estado mexicano,
quien cada cuatro años tiene la obligación de comunicar qué acciones
realiza para subsanar las observaciones.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .-
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