La “cortesanía”, el uso faccioso y familiar de los tribunales electorales estatales, así como los “bonos de marcha” anticonstitucionales que se autoasignan los magistrados salió a relucir en la elección en el Senado de 8 magistrados para la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Michoacán y Sonora que serán los árbitros de las contiendas en el 2018. Caso delicado de “cortesanía” es el del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Sin importarles que fuera violatorio del artículo 127 de la Constitución que prohíbe jubilaciones, “haberes de retiro” o liquidaciones que no estén contempladas por la ley, los magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de México acordaron en el Acta Privada 038/2017 modificar su reglamento para pagarse un “bono de marcha” por 700 mil pesos que benefició al magistrado saliente Eduardo Arana Miraval. Según el acta, cuya copia obtuvo Proceso, la reforma anticonstitucional al reglamento de los magistrados electorales capitalinos fue aprobada por mayoría de tres votos del magistrado presidente Armando Hernández Cruz, la magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena y Eduardo Arana Miraval.
En contra votaron los magistrados Martha Leticia Mercado Ramírez y Gustavo Anzaldo Hernández. Al reformar el reglamento en su artículo 84 quedó establecido que “para la procedencia del pago, por única vez, para los magistrados por conclusión del encargo para el que fueron asignados, bastará que el interesado lo solicite al magistrado presidente, que el pleno lo apruebe y que exista suficiencia presupuestal (...) para determinar el monto del pago se contemplará como techo el equivalente a tres meses, más veinte días por año laborado, tomando como base el salario bruto mensual que viniera percibiendo, menos las deducciones de Ley”.
Es decir, el equivalente a 700 mil pesos. El magistrado Arana Miraval fue el beneficiario de este “bono de marcha” y el proyecto de reforma al reglamento fue preparado por el director jurídico del propio tribunal Juan Carlos Sánchez León quien resultó electo el pasado 15 de diciembre por el Senado como uno de los ocho magistrados electorales para el 2018. En otras palabras, Sánchez León benefició a su propio jefe, el magistrado Arana Miraval, y resultó electo como magistrado electoral por 82 votos a favor, 17 en contra y un voto nulo. Los otros magistrados electos en la madrugada de esa larga sesión, la misma en la que se aprobó la Ley de Seguridad Nacional, fueron Leticia Victoria Tavira y Raúl Flores Bernal, para el Estado de México; Ana Violeta Iglesias Escudero y Tomás Vargas Suárez, para Jalisco; Salvador Alejandro Pérez Contreras y Yolanda Camacho Ochoa, para Michoacán; y Leopoldo González Allard, para Sonora.
La elección de estos magistrados estuvo teñida también por la polémica. Los senadores Héctor Larios Córdova, del PAN, y Luis Humberto Fernández, del PT-Morena, criticaron que el PRI se tomara la libertad de seleccionar a un magistrado que forma parte de una red de cónyuges, magistrados del Tribunal Administrativo o del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora. “Que un órgano administrador de justicia se manipule de esta manera, no es admisible. Es inaceptable que el organismo electoral haya nombrado a más de un 80 por ciento de consejeros locales y distritales, militantes activos del PRI”, afirmó Larios Córdova. Luis Humberto Fernández reprochó que las designaciones de los magistrados no se toman a partir de los perfiles ni de la conveniencia del interés público “sino de la cercanía, cortesanía y funcionalidad”, lo cual explica “la bancarrota de la justicia electoral de México”.
Uno de esos casos de “cortesanía” es el del magistrado Juan Carlos Sánchez, quien antes de trabajar como jurídico del tribunal electoral capitalino fue consejero en el Instituto Electoral del Distrito Federal y votó a favor de exonerar al ex dirigente priista capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de contratar edecanes para servicios sexuales con dinero público. El senador morelense Fidel Demédicis, del PT-Morena, también reprochó que en la elección de los magistrados electorales “no hay méritos sino cuotas partidarias para designarlos en los estados”.
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