Todavía hoy, a través de su cuenta de Twitter, se dirigió de manera directa al periódico Reforma, que publicó un reportaje de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y lo acusó de mentir “en su campaña de linchamiento en mi contra”.
De acuerdo con la ASF, durante los mandatos de Robles Berlanga al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ambas dependencias otorgaron convenios de servicios millonarios a entes públicos de distintos estados. Éstos, a su vez, subcontrataron a redes de empresas fantasmas vinculadas entre sí, las cuales desaparecieron la mayor parte del dinero público.
Como lo hizo en cada ocasión desde que la ASF reveló dichos esquemas de “simulación de servicios”, la experredista repitió hoy que la Sedatu “no contrató” a las empresas mencionadas en el reportaje y añadió que “las universidades y entidades públicas (contratadas por la Sedatu) tienen procedimientos propios”.
Si bien la funcionaria tiene razón desde un punto de vista técnico –ni la Sedesol ni la Sedatu contrataron directamente a estas empresas–, el argumento es engañoso.
En varias ocasiones, la ASF documentó que los organismos públicos contratados solo sirvieron como intermediarios de papel, que recibían las instrucciones de la Sedesol y la Sedatu sobre las empresas que debían subcontratar, entre ellas las empresas fantasmas que desaparecieron el dinero.
Un ejemplo: empleados de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) afirmaron a los funcionarios de la ASF que, en mayo de 2015, acudieron a las oficinas de la Sedesol, donde recibieron de la Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) un paquete de 36 contratos con 27 proveedores, ya elaborados y listos para firmar, además de dos cajas con los “entregables” por los cuales la Sedesol se comprometía, en se mismo instante, a pagar por 601 millones de pesos.
Casos como éste abundan en las auditorías realizadas por la ASF a la Sedesol y la Sedatu –los documentó Proceso en febrero pasado–, todos muestran que los desvíos fueron diseñados y operados desde estas dependencias e invalidan el argumento de Rosario Robles, según el cual toda la responsabilidad incumbe a los organismos públicos estatales.
En el reportaje de MCCI -elaborado por el periodista Raúl Olmos y publicado en Reforma–, se exhibe una red de empresas fantasmas empleadas, tanto en los desvíos operados durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, como durante la gestión de Robles al frente de la Sedatu.
La funcionaria reviró en Twitter que la Sedatu “no tiene contratos con (la) empresa Agatha Líderes Especializados”… algo que el reportaje no plantea.

Más engaños
En los últimos meses, Robles sostuvo una y otra vez que las dependencias a su cargo recibieron los servicios por los cuales habían otorgado convenios millonarios a los organismos públicos.
Sin embargo, la ASF señaló que la Sedesol y la Sedatu pagaron por servicios “simulados”. En una auditoría, por ejemplo, mostró que la Sedatu pagó al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y a la Televisora de Hermosillo SA de CV para la entrega de materiales, los cuales resultaron totalmente idénticos. Y lo peor: los pagó por montos millonarios, ¡cuatro veces!.
En junio pasado, el portal Aristegui Noticias mostró que, bajo la coordinación del equipo de trabajo más cercano a Robles, la Sedesol y la Sedatu falsificaron los “entregables” y las facturas que posteriormente fueron presentadas como evidencias de que los servicios sí se entregaron.
Otro argumento engañoso que empleó Robles en su defensa desde principios de año fue que ninguna auditoría ni investigación la vinculan con algún acto de enriquecimiento ilícito; afirmó que los medios citan su nombre porque “vende”.
Con tales afirmaciones, no desmiente a nadie: ni la ASF ni ningún medio afirmó que la funcionaria embolsó dinero a partir de estos esquemas de desvíos.
Lo que documentaron la ASF y la prensa fue que tales esquemas fueron realizados durante sus mandatos al frente de la Sedesol y la Sedatu. En un principio, Robles lo negó, hasta que, en febrero pasado, reconoció por primera vez que “si alguien abusó de la confianza mía en la Sedesol y en la Sedatu, que pague; pero que sea con nombre y apellido”.
Todavía el pasado 11 de septiembre, en respuesta a una pregunta de Apro, afirmó que “si hay personas que hayan incurrido en alguna irregularidad, que se castiguen, con nombre y apellido, a la gente que ha sido denunciada ante la PGR. Por cierto, yo no estoy en ninguna denuncia, y sin embargo mi nombre aparece porque es el que vende…”.
-Usted es titular de la Secretaría, se le dijo.
“Yo soy la titular, soy la responsable de las políticas públicas de la Secretaría, pero por esto hay ejecutores de gasto en cada una de las áreas y hay responsables con nombres y apellidos”, eludió.
De nuevo, Robles no mintió en un sentido estricto: no existen evidencias de que ella haya firmado algún convenio que desembocó en desvíos.
Sin embargo, desde su primer día en el gobierno federal, la funcionaria ha tenido al mismo equipo de colaboradores cercanos. Ello, a pesar de que la ASF ha señalado los esquemas fraudulentos cada año desde febrero de 2015.
Entre ellos, mantuvo a Emilio Zebadúa González como Oficial Mayor –por su oficina pasaron los convenios–, y a Humberto René Islas Cortés en la Dirección General de Recursos Materiales (DRGM) –esta dependencia es señalada en varias auditorías–. También preservó a Gustavo Rodríguez González en la dirección de Comunicación Social, a Enrique Prado Ordoñez en la Dirección de Licitaciones y Adjudicaciones de Contratos de Bienes y Servicios, y a su amigo, Ramón Sosamontes Herreramoro –a quien contrató como “asesor” en la Sedatu–, entre otros.
Una última: el pasado 11 de septiembre, Rosario Robles afirmó que “seguimos hablando de auditorías que han pasado, que han ya sido superadas”, lo que resulta falso.
La ASF interpuso 27 denuncias ante la PGR derivadas de las observaciones que hizo a la Sedesol entre 2013 y 2015. Es decir, que el órgano fiscalizador estimó que existían evidencias suficientes para constituir un delito y que la Sedesol no pudo demostrar lo contrario