Este 7 de marzo arribaron en caravana desde Chiapas a la Ciudad de México dos familias de víctimas de feminicidio, quienes a su vez representaban los casos de otras madres que no pudieron venir a la capital del país.
Una de las madres era Maricruz Velazco Nájera, madre de Karla Yesenia Gómez Velazco, quien fue asesinada el 4 de julio del 2019. Karla era una joven estudiante de Derecho que fue asesinada después de las elecciones estatales. Ella hacía su servicio social en la campaña del diputado Carlos Penagos Vargas, quien pretendía ocupar la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Dos días después de las elecciones, la joven le dijo a su mamá y su papá que iría, por órdenes de su jefa inmediata, a la casa de campaña del candidato. Karla ya no regresó a su casa.
La última vez que su familia habló con ella fue a las cuatro de la tarde, después ya no respondió el teléfono. En el transcurso de la tarde/noche, Maricruz consiguió comunicarse con dos de sus compañeros, quienes le aseguraron que pasarían a dejar a Karla a su casa, lo que nunca pasó. Al día siguiente, Maricruz se comunicó con la jefa inmediata de Karla, quien dijo primero que ella había pasado a dejar a la joven a su casa y después cambió su versión para decir que se quedó en casa de su hermana y su cuñado, llamado Marvin, en la colonia Francisco I. Madero, pero que Karla salió muy temprano y no la habían visto.
Ese mismo día, pero horas más tarde, unos policías encontraron el cuerpo de Karla en la Francisco I. Madero. Cuando Maricruz quiso ver el cuerpo en el Semefo, no la dejaron entrar pero pudo identificar a su hija a través de un monitor y observó signos de violencia, como golpes, dos uñas de acrílico arrancadas, el cabello revuelto, la blusa al revés, entre otros. De acuerdo con la necropsia, la joven murió por estallamiento de vísceras y un pulmón perforado.
Pese a la evidencia, el caso se investigó como homicidio y hasta ahora sólo hay un sentenciado, a quien se le castigó con 11 años de prisión. Maricruz busca que el caso se reclasifique a feminicidio y se investigue con perspectiva de género dado que fue una muerte violenta. Quiere también que se castigue al resto de las personas implicadas y a los funcionarios que cometieron omisiones.
“Con todas la acciones que hagamos no vamos a recuperar a nuestras hijas pero sí vamos a hacer que paguen los culpables que les quitaron la vida”, declaró a Cimacnoticias.
Con Maricruz también vino Adriana Gómez Martínez, madre de Jade Guadalupe, quien fue asesinada en el Instituto del Deporte de Chiapas el 14 de enero del 2020.
En su caso, a dos años de los hechos, la carpeta no ha sido investigada como feminicidio y perspectiva de género, sino que los hechos siguen clasificados como suicidio, señaló Adriana.
Jade tenía 13 años y practicaba judo de alto rendimiento en el Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El 14 de enero, uno de sus compañeros llamó a Adriana para avisarle que Jade “se había matado”.
El personal de la institución deportiva, que es una instancia de gobierno, cometió varias irregularidades. De acuerdo con Adriana, además de no avisarles directamente de lo sucedido, impidieron que viera el cuerpo inmediatamente; dijeron que encontraron a la niña en el baño y luego en la zona de patinaje; dieron nombres distintos sobre quién la encontró; y aseguraron que la niña se colgó de un cinturón naranja cuando el papá, el policía y un intendente, la vieron colgar de un listón rojo. El intendente cambió su versión días después.
La policía le dijo a Adriana que Jade había dejado una carta con la que podía responsabilizar al papá del suicidio, sin embargo, hasta ahora nadie le ha entregado esa carta; también movieron el cuerpo para que estuviera más cerca del piso. Cuando el personal forense fotografió a Jade le bajó la manga de su suéter para ocultar unos hematomas y registraron una talla y peso diferente al que tenía, entre otras irregularidades.
La carpeta de investigación de este caso se integró como suicidio por asfixia mecánica, y nunca se investigó a nadie dentro del Instituto. La policía en cambio, inició un hostigamiento contra Adriana y su esposo luego de que ella organizara manifestaciones en Chiapas para dar a conocer el caso.
Por todo esto, en 2022 Adriana pide que la Fiscalía General de la República atraiga el caso porque en Chiapas las autoridades están rebasadas y han permitido que el presunto agresor de su hija, un maestro, siga trabajando impune.
“Esta lucha es cansada. Si las leyes existieran por qué no agarran al asesino. El gobierno nos echa a la calle para exigir justicia. No tendríamos necesidad de hacer esto si las leyes se cumplieran”, refirió Adriana.
Las mujeres aseguraron que en los días que estuvieron en la capital del país insistieron ser escuchadas por el presidente pero que nunca fueron recibidas, por el contrario, un policía las agredió y les gritó cuando intentaron colgar una manta con las fotos de sus hijas.
Sin haber sido escuchadas, las mujeres regresaron a su entidad natal este 9 de marzo, luego de haber participado en la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
Y dijeron que se declaraban “Madres Revolucionarias contra el Feminicidio” porque se están viendo obligadas a hacer justicia por sus propias manos, ya que la Fiscalía del estado no ha hecho justicia.
Es de recordar que hace un año, estas mismas mujeres vinieron también en caravana y montaron un plantón de tres días afuera de Palacio. Aquella vez tampoco las recibió el presidente quien si bien ha mantenido reuniones con colectivos de víctimas de diversos delitos, entre ellos la familia LeBarón o de Ayotzinapa, nunca ha recibido a ninguna madre de víctimas de feminicidio o violencia machista.
Chiapas cuenta desde 2016 con una Alerta de Violencia de Género para 7 municipios.
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