Jorge Zepeda Patterson
Sin duda, en la reacción del Presidente Andrés Manuel López Obrador por la nota publicada en The New York Times hay un par de exabruptos reprobables (regresaré a ellos). Pero lo verdaderamente delicado es lo otro, una pieza de contenido cuestionable en términos periodísticos y publicada, quiérase o no, en momentos en que afecta los procesos electorales de México y de Estados Unidos. En cierta forma un capítulo de lo que podríamos llamar el Newsfare, que con la llamada Lawfare, o guerra a través de instrumentos jurídicos, se intenta neutralizar y deslegitimar al Gobierno del cambio.
El reportaje del NYT remite a una indagatoria que fue cerrada hace tiempo, recuperada ahora a 13 semanas de las elecciones, justo en el contexto de una campaña mayúscula bajo el #NarcoPresidente convertido en cruzada de la oposición. Comprarse la tesis de la ética periodística y el respeto a la libertad de prensa es irresponsable. El impacto propagandístico que tiene la nota en México es mayúsculo, pero en Estados Unidos no es menor: fortalece las posiciones de la derecha que pugna por una política de intervención directa bajo el argumento, justamente, de que el estado mexicano está dominado por los cárteles.
Vayamos a la nota del NYT. Lo que sabemos es que uno o varios testigos protegidos intentaron negociar sus penas ofreciendo información sobre presuntos vínculos entre el narco y colaboradores del Presidente mexicano, ya en funciones. La información fue desechada por el Departamento de Justicia por carecer de sustento. El NYT intenta vacunarse contra la debilidad del contenido con un párrafo a la mitad de la nota: “Gran parte de la información recopilada por los funcionarios estadounidenses proviene de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y, a veces, terminan siendo incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga, y no estaba claro cuánto de lo que los informantes les dijeron se confirmó de forma independiente”. Aquí es deliberadamente vago el NYT, porque lo que los documentos dicen es que no pudieron encontrar confirmación de tales acusaciones.
Para salvar la cara, la nota continua con una tesis absolutamente especulativa: el Departamento de Justicia habría desechado la investigación no porque careciera de veracidad sino por motivos políticos. No lo dicen con estas palabras, pero el argumento es categórico: “si salieron inocentes seguramente no es porque sean inocentes sino porque hubo un arreglo”. Un planteamiento indigno de un reportaje de investigación, porque para argumentarlo solo pueden citar a los mismos funcionarios que hicieron la acusación y les fue rechazada por falta de elementos. Peor aún, el NYT muy convenientemente no revela quiénes podrían ser tales funcionarios o a que agencia pertenecen. Y no lo hace, supongo, porque eso dañaría la legitimidad de la nota. Prefiere ocultar la fuente para no debilitar el impacto de la acusación. Y esa fuente no puede ser otra que la DEA o elementos asociados a ella, toda vez que la información procede de interrogatorios a narcotraficantes.
Con tan pocos elementos el NYT se explaya en dar un contexto que haga verosímil su acusación relatando la corrupción en México y la relación entre capos y autoridades. Como si eso fuera una novedad o de allí se desprendiera la inevitable culpabilidad del Gobierno de la 4T. Si quería dar contexto interpretativo ¿por qué no referirse a las tirantes relaciones entre López Obrador y la DEA? Una agencia a la cual el Presidente ha acusado de intervencionista y endurecido las condiciones para su operación en México. Una animadversión ganada a pulso entre las dos partes. Basta recordar el dato que aparece en la nota publicada el 29 de enero en ProPublica, también estadounidense, sobre un intento anterior por parte de la DEA para mostrar vínculos de la droga con la campaña de López Obrador en 2011. Tal investigación también fue abandonada por falta de elementos; pero la nota revela un dato significativo: en ese año la DEA propuso un acercamiento a colaboradores de la campaña de AMLO para ofrecerles 5 millones de dólares supuestamente procedentes del narcotráfico; con eso intentaban mostrar su tesis. Pero incluso el Departamento de Estado consideró la iniciativa demasiado intervencionista, además de ilegal. Curiosamente la DEA nunca se propuso hacerlo con los candidatos priistas o panistas.
Por lo demás, la propia relación entre el Presidente y el NYT se ha enturbiado con el transcurso del tiempo y ha terminado por generar una relación poco profesional por ambas partes. Basta hacer la búsqueda con el nombre del Presidente en la Web del diario para que aparezca el rosario de publicaciones sobre su gobierno: invariablemente negativas. EL NYT terminó comprando la visión de la oposición. El contenido y el momento de esta última publicación confirman el sesgo antilopezobradorista.
Pero también hay que decir que en la relación hostil entre la prensa crítica a López Obrador y los embates de este para defenderse no hay inocentes. En otros textos he lamentado el deslizamiento de muchos medios de comunicación del periodismo a la militancia. Un inventario seleccionado, y en ocasiones magnificado, de las malas noticias procedentes de la administración, abandonando todo intento de dar cuenta de una realidad compleja y cargada de claroscuros para remitirse primordialmente a una divulgación de corte propagandístico.
Las respuestas del Presidente no han sido menos militantes. Un esfuerzo evidente destinado a desprestigiar a los críticos, a evidenciar sus motivaciones políticas o su visión ideológica, y ningún interés en responder con información puntual a las acusaciones específicas. En esa tarea han existido frases y momentos desafortunados, sin duda. La exhibición de información personal de finanzas o los insultos por parte del mandatario son indeseables en cualquier situación, mucho más en el contexto de un país en el que la vulnerabilidad de los periodistas a la violencia política es evidente. Entendiendo la necesidad de responder a los golpes recibidos, me parece que algunas actitudes y frases del Presidente, soltadas en momentos de irritación, desfavorecen a su causa. Lo del teléfono de la reportera y la razón para divulgarlo era innecesario; afirmar que la autoridad moral del soberano está por encima de la ley, también.
Dicho lo anterior, no deberíamos perder las proporciones de lo que aquí se está jugando. Sostener la campaña de un #NarcoPresidente con inversiones millonarias o publicar artículos forzados provocan un enorme daño potencial a la estabilidad del país y sus instituciones. Es altamente irresponsable por parte del NYT o de Claudio X. (quien lo ha tuiteado) y sus equivalentes. Que los supuestos defensores de la democracia y sus instituciones jueguen a la irresponsabilidad con tal de ganar algunos votos, es lo verdaderamente preocupante.
@jorgezepedap
Jorge Zepeda Patterson
Es periodista y escritor.
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