La imposición de María Teresa Pérez Ramírez, como secretaria general de la sección IX es una grave violación al derecho humano a la libertad Sindical.
Siendo la libertad sindical un derecho humano reconocido a nivel internacional en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce que Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Y que, además se reconoce en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por México, el cual, en su artículo 8º establece la obligación de los Estados a garantizar el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. Sin que se impongan más restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos.
La ratificación del PIDEC genera para nuestro país tres obligaciones fundamentales:
Obligación de respetar: que exige que todo Estado se abstenga de intervenir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho a la libertad sindical, es decir, abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja este derecho.
Obligación de Proteger: que exige que los Estados impidan a terceros (personas y grupos privados) afecten de cualquier manera, el derecho humano a la libertad sindical.
Obligación de Cumplir: exige que los Estados adopten las medidas necesarias, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena realización del derecho humano a la libertad sindical.
La situación que vive el derecho humano a la libertad sindical en nuestro país, ha generado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Comité DESC), haya realizado una serie de recomendaciones al respecto. Así, en 2006 el Comité DESC recomienda al Estado Mexicano, que examine su legislación laboral con vistas a suprimir cualesquiera restricciones de los derechos sindicales, que no sean las necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos. Además de exhortarlo a que aplique las sentencias del Tribunal Supremo de México por las que se declara ilegal la imposición de un monopolio sindical en el sector público.
Es lamentable que pese estas recomendaciones y pese al reconocimiento de la libertad sindical como un derecho humano, Elba Esther Gordillo, con el fin de reposicionarse políticamente de cara al 2009, lance la convocatoria para renovar el Comité Ejecutivo de la Sección IX después de más de diez años, cuando estatutariamente el periodo de cada comité es de 4 años. Es lamentable que ella misma no sea capaz de respetar sus propios estatutos y que los utilice para beneficiarse en lo personal vulnerando los derechos de maestros y maestras de la sección IX. La legalidad de esta convocatoria es dudosa ya que se hizo 15 días antes de que realizara el Congreso Seccional, cuando los estatutos señalan que se tiene que realizar 30 días antes. Asimismo, en la convocatoria nunca se estableció el lugar para realizar dicho Congreso, por lo que cerca de 510 delegados no pudieron estar presentes, lo que cuestiona la legitimidad con la que se realizó.
Es lamentable que Elba Esther Gordillo vulnere con esta simulación el derecho humano a la libertad sindical de maestros y maestras, es lamentable la incapacidad del Gobierno Federal y las autoridades laborales para garantizar el goce y respeto de este derecho, aun y cuando, de acuerdo con el Comité de Libertad Sindical de la OIT, el Estado Mexicano debiera adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar que cualquiera que sea la tendencia sindical, los derechos sindicales puedan ejercerse con normalidad, dentro del respeto de los derechos humanos fundamentales y en un clima desprovisto de violencia, presiones, temores y amenazas de toda índole.
El Centro de Reflexión y Acción Laboral lamenta y condena el retroceso que vivió la democracia sindical tras la imposición de María Teresa Pérez Ramírez como Secretaria General de la sección IX, y la burla que significa para el respeto de este derecho la rifa “en papelitos blancos” de las carteras sindicales, por esta razón, exige de las autoridades laborales se implementen las medidas necesarias tendientes a garantizar el derecho a la libertad sindical, anulando este tipo de congresos basados en una simulación, más que en una contienda de planillas reconocidas legítimamente por las y los trabajadores.
Creemos que una reforma educativa, no puede basarse en este tipo de actos antidemocráticos que ponen en riesgo los derechos humanos de las y los maestros, que finalmente son quienes la implementaran.
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