Para su conocimiernto y difusion:
México, D.F. a 1 de julio de 2008.
BOLETIN DE PRENSA
Los días primeros de abril de 2008, se hicieron estudios geológicos con georadar en el interior del ex cuartel militar de Átoyac de Álvarez, por una recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace al gobierno mexicano para buscar y entregar los restos del Sr. Rosendo Radilla Pacheco, detenido desaparecido en 1974 por el ejercito mexicano en un reten militar en la carretera federal y llevado a ese cuartel.
El compromiso de la Procuraduría General de la Republica, PGR, era que en 10 o 15 días, después del peritaje se iniciaban las excavaciones, lo cual, hasta el momento, no ha sido cumplido.
Después de esperar tres meses sin iniciar las excavaciones los familiares agrupados en AFADEM realizamos una marcha mitin donde de manera simbólica hicimos excavaciones en el lugar, para demostrar nuestra decisión de “o excavaban las autoridades o lo hacían los familiares”.
Por fin, la Procuraduría General de la Republica, PGR, notifica los abogados representantes de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla y vicepresidente de AFADEM, que las excavaciones se inician el día 7 de julio de 2008 en el ex cuartel de Átoyac de Álvarez, Guerrero.
Invitamos a todo el pueblo de México a estar atentos a estos trabajos.
Sin más por el momento
FRATERNALMENTE
JULIO MATA MONTIEL
Secretario Ejecutivo de AFADEM
y vocal de FEDEFAM
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM
FEDEFAM 1981-2008: 27 años de lucha contra la impunidad
AFADEM 1978-2008: 30 años de lucha contra la impunidad
!POR LA VIDA Y LA LIBERTAD, NI DESAPARECIDOS NI IMPUNIDAD¡
Julio Mata Montiel
Secretario Ejecutivo de AFADEM
Vocal de FEDEFAM
Telcel Acap: 74 4118 5044 Cd Mex: 55 2893 6354
México, D.F. a 1 de julio de 2008.
BOLETIN DE PRENSA
Los días primeros de abril de 2008, se hicieron estudios geológicos con georadar en el interior del ex cuartel militar de Átoyac de Álvarez, por una recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace al gobierno mexicano para buscar y entregar los restos del Sr. Rosendo Radilla Pacheco, detenido desaparecido en 1974 por el ejercito mexicano en un reten militar en la carretera federal y llevado a ese cuartel.
El compromiso de la Procuraduría General de la Republica, PGR, era que en 10 o 15 días, después del peritaje se iniciaban las excavaciones, lo cual, hasta el momento, no ha sido cumplido.
Después de esperar tres meses sin iniciar las excavaciones los familiares agrupados en AFADEM realizamos una marcha mitin donde de manera simbólica hicimos excavaciones en el lugar, para demostrar nuestra decisión de “o excavaban las autoridades o lo hacían los familiares”.
Por fin, la Procuraduría General de la Republica, PGR, notifica los abogados representantes de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla y vicepresidente de AFADEM, que las excavaciones se inician el día 7 de julio de 2008 en el ex cuartel de Átoyac de Álvarez, Guerrero.
Invitamos a todo el pueblo de México a estar atentos a estos trabajos.
Sin más por el momento
FRATERNALMENTE
JULIO MATA MONTIEL
Secretario Ejecutivo de AFADEM
y vocal de FEDEFAM
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM
FEDEFAM 1981-2008: 27 años de lucha contra la impunidad
AFADEM 1978-2008: 30 años de lucha contra la impunidad
!POR LA VIDA Y LA LIBERTAD, NI DESAPARECIDOS NI IMPUNIDAD¡
Julio Mata Montiel
Secretario Ejecutivo de AFADEM
Vocal de FEDEFAM
Telcel Acap: 74 4118 5044 Cd Mex: 55 2893 6354
COMPAÑEROS Y AMIGOS PERIODISTAS:
A 17 días del secuestro de mi hijo ERIK ISSAC MOLINA GARCIA, de 18 años de edad, y sus amigos MARIA GUADALUPE TOLENTINO PEREZ, de 23; DIANA EDITH SOTELO RAMIREZ, de 22 y ROBERTO TERRAZAS, de aproximadamente 25 años, por hombres armados que vestían de civil como agentes Ministeriales del Estado, que los plagiaron tras interceptar a las 5 de la mañana del sábado 14 de junio de este año el taxi en que los cuatro jóvenes se transportaban rumbo al centro de la ciudad luego de que abandonaron el bar “YEYO ROKERS”, que se ubica sobre la Costera Miguel Alemán a la altura de la zona de la playa La condena y la Glorieta de La Diana Cazadora, resulta evidente la incapacidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y su titular EDUARDO MURUETA URRUTIA para esclarecer los hechos y dar con el paradero de nuestros hijos.
Es por eso que los padres de MARIA GUADALUPE TOLENTINO PEREZ, DIANA EDITH SOTELO RAMIREZ y de ERIK ISSAC MOLINA GARCIA, les solicitamos su apoyo para que nos acompañen a la marcha que este jueves 3 de julio del año en curso a las 11 de la mañana llevaremos a cabo del Asta Bandera, que se encuentra sobre la Costera Miguel Alemán y frente al Parque Papagayo, a la Fiscalía Regional de la PGJE para exigir ¿Alto a la impunidad de la delincuencia organizada que actúa con la complicidad de los cuerpos policíacos del estado!, ¡La destitución del Procurador EDUARDO MURUETA URUTIA por inepto! Y para hacer un llamado al Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa para que nos ayude a encontrar a nuestros hijos.
Agradeceremos su solidaridad y que hagan extensiva esta invitación.
Atentamente
CECILIO MOLINA MARTELL
Telcel 74 41-94 76 13
A 17 días del secuestro de mi hijo ERIK ISSAC MOLINA GARCIA, de 18 años de edad, y sus amigos MARIA GUADALUPE TOLENTINO PEREZ, de 23; DIANA EDITH SOTELO RAMIREZ, de 22 y ROBERTO TERRAZAS, de aproximadamente 25 años, por hombres armados que vestían de civil como agentes Ministeriales del Estado, que los plagiaron tras interceptar a las 5 de la mañana del sábado 14 de junio de este año el taxi en que los cuatro jóvenes se transportaban rumbo al centro de la ciudad luego de que abandonaron el bar “YEYO ROKERS”, que se ubica sobre la Costera Miguel Alemán a la altura de la zona de la playa La condena y la Glorieta de La Diana Cazadora, resulta evidente la incapacidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y su titular EDUARDO MURUETA URRUTIA para esclarecer los hechos y dar con el paradero de nuestros hijos.
Es por eso que los padres de MARIA GUADALUPE TOLENTINO PEREZ, DIANA EDITH SOTELO RAMIREZ y de ERIK ISSAC MOLINA GARCIA, les solicitamos su apoyo para que nos acompañen a la marcha que este jueves 3 de julio del año en curso a las 11 de la mañana llevaremos a cabo del Asta Bandera, que se encuentra sobre la Costera Miguel Alemán y frente al Parque Papagayo, a la Fiscalía Regional de la PGJE para exigir ¿Alto a la impunidad de la delincuencia organizada que actúa con la complicidad de los cuerpos policíacos del estado!, ¡La destitución del Procurador EDUARDO MURUETA URUTIA por inepto! Y para hacer un llamado al Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa para que nos ayude a encontrar a nuestros hijos.
Agradeceremos su solidaridad y que hagan extensiva esta invitación.
Atentamente
CECILIO MOLINA MARTELL
Telcel 74 41-94 76 13
A la comunidad poblana
A la opinión pública nacional e internacional
A los medios de comunicación
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos abajo firmantes hacemos del conocimiento público nuestra postura respecto a las atribuciones que la XXV Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) asume en materia de seguridad pública; dado a conocer por medio de un comunicado de dicha institución el pasado 24 de junio del presenta año.
De inicio es importante destacar que las fuerzas armadas tienen como objetivo principal: salvaguardar la seguridad y la defensa nacional, se caracterizan por organizarse como ejércitos profesionales entrenados para dicho fin, es decir, se entrenan permanentemente para entrar en combate. De igual manera, el empleo por parte del Estado de fuerzas militares siempre va encaminado para alcanzar objetivos de carácter político.
El Ejecutivo Federal en nuestro país desde hace tres años ha venido recurriendo de manera más frecuente de efectivos militares en casos políticos que se enmarcan en la llamada inseguridad pública; la cual por cierto, es atribuida por la corrupción que se promueve en las propias instancias gubernamentales. Así por ejemplo: la toma de los penales federales en enero del 2005, de igual manera tenemos el caso Atenco, APPO en Oaxaca, las constantes incursiones en comunidades indígenas de Chiapas, y la muerte de civiles a manos de militares en diferentes estados del país, son algunos casos.
De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 129 menciona: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…", en este sentido, la preocupación de que el ejercito este cumpliendo funciones de instancias civiles es por la trayectoria de excesos que ha cometido en contra de la población ya que "… los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que orresponda." (Artículo 13 de la Constitución). Más aún, cuando la reforma judicial recién aprobada, mejor conocida como Ley Gestapo, en su artículo 21 puntualiza: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. (…) La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional." Por lo que resulta oprobioso para los derechos humanos el Código de Justicia Militar, que en su artículo 57, fracción II inciso a, establece que deben ser investigados en el fuero militar aquellos delitos del orden común o federal "Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo".
La inicitiva del ejército, encabezao por su comandante en jefe Felipe Calderon, de extender su ámbito de competencia en seguridad pública a delitos tanto del orden común y federal, por medio del anonimato, no es más que promover el ya deteriorado tejido social.
Ahora, el ejercito trata de cumplir indebidamente tareas de la policía civil, lo cual garantiza impunidad por cada acto delictivo que cometan, ya que no serán juzgados en tribunales civiles, sino en tribunales militares. A su vez, se enmarca en una campaña de criminalización que el Estado mexicano lleva en contra de la movimiento social democrático y en contra de los defensores de derechos humanos.
La Historia ha demostrado que cuando las instancias gubernamentales dejan de cumplir las aspiraciones de la población y utilizan la represión como diálogo, la población se organiza para crear sus propias instancias gubernamentales que le permitan garantizar la satisfacción de sus demandas, derecho estipulado en el Artículo 39 de la Constitución que a la letra dice: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno."
Por lo anterior, nos pronunciamos:
A la opinión pública nacional e internacional
A los medios de comunicación
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos abajo firmantes hacemos del conocimiento público nuestra postura respecto a las atribuciones que la XXV Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) asume en materia de seguridad pública; dado a conocer por medio de un comunicado de dicha institución el pasado 24 de junio del presenta año.
De inicio es importante destacar que las fuerzas armadas tienen como objetivo principal: salvaguardar la seguridad y la defensa nacional, se caracterizan por organizarse como ejércitos profesionales entrenados para dicho fin, es decir, se entrenan permanentemente para entrar en combate. De igual manera, el empleo por parte del Estado de fuerzas militares siempre va encaminado para alcanzar objetivos de carácter político.
El Ejecutivo Federal en nuestro país desde hace tres años ha venido recurriendo de manera más frecuente de efectivos militares en casos políticos que se enmarcan en la llamada inseguridad pública; la cual por cierto, es atribuida por la corrupción que se promueve en las propias instancias gubernamentales. Así por ejemplo: la toma de los penales federales en enero del 2005, de igual manera tenemos el caso Atenco, APPO en Oaxaca, las constantes incursiones en comunidades indígenas de Chiapas, y la muerte de civiles a manos de militares en diferentes estados del país, son algunos casos.
De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 129 menciona: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…", en este sentido, la preocupación de que el ejercito este cumpliendo funciones de instancias civiles es por la trayectoria de excesos que ha cometido en contra de la población ya que "… los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que orresponda." (Artículo 13 de la Constitución). Más aún, cuando la reforma judicial recién aprobada, mejor conocida como Ley Gestapo, en su artículo 21 puntualiza: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. (…) La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional." Por lo que resulta oprobioso para los derechos humanos el Código de Justicia Militar, que en su artículo 57, fracción II inciso a, establece que deben ser investigados en el fuero militar aquellos delitos del orden común o federal "Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo".
La inicitiva del ejército, encabezao por su comandante en jefe Felipe Calderon, de extender su ámbito de competencia en seguridad pública a delitos tanto del orden común y federal, por medio del anonimato, no es más que promover el ya deteriorado tejido social.
Ahora, el ejercito trata de cumplir indebidamente tareas de la policía civil, lo cual garantiza impunidad por cada acto delictivo que cometan, ya que no serán juzgados en tribunales civiles, sino en tribunales militares. A su vez, se enmarca en una campaña de criminalización que el Estado mexicano lleva en contra de la movimiento social democrático y en contra de los defensores de derechos humanos.
La Historia ha demostrado que cuando las instancias gubernamentales dejan de cumplir las aspiraciones de la población y utilizan la represión como diálogo, la población se organiza para crear sus propias instancias gubernamentales que le permitan garantizar la satisfacción de sus demandas, derecho estipulado en el Artículo 39 de la Constitución que a la letra dice: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno."
Por lo anterior, nos pronunciamos:
1. En contra de que el ejército cumpla tareas que le corresponden a instancias civiles.
2. Que el gobernador del estado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como la comisión de derechos humanos del Congreso del Estado hagan público su rechazo ante las atribuciones que el ejército se ha tomado en materia de seguridad pública.
3. No a la militarización del país.
4. No a la criminalización de la protesta social y de los defensores de derechos humanos.
Finalmente hacemos un exhorto a los militares a reflexionar su actuar, a que antepongan su calidad como seres humanos, a no volverse cómplices generadores de la violencia institucionalizada; de igual manera, convocamos a los intelectuales, catedráticos, personas progresistas, y organizaciones sociales, populares y de defensa de los derechos humanos a estar atentos al desenvolvimiento de los acontecimientos para brindar apoyo a las victimas que ven violentados sus derechos humanos por parte del Estado mexicano.
Atentamente
Israel Sampedro Morales por la Red de Defensa de los Derechos Humanos
Fernando Cuellar Muñoz por el Centro de Derechos Humanos "Joel Arriaga Navarro"
Brahim Zamora por la Red Democracia y Sexualidad
H. Puebla de Zaragoza a 30 de junio de 2008
Buenas tardes, Les invitamos a las actividades a un año de la desaparición de Daniela y Virgina Ortiz Ramírez en la ciudad de Oaxaca,Pueden bajar los promos, el cartel y el programa de las actividades para el miercoles 02 de julio. desde nuestra página Internet
http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article308 Convoca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Saludos
Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México – D.F.
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, México – D.F.
Señor Presidente de la República Mexicana,
A través del presente queremos manifestar nuestra preocupación por la DETENCIÓN ARBITRARIA, SECUESTRO Y ACTOS DE MALTRATO Y TORTURA HACIA MOISÉS MOLINA RODRÍGUEZ DE LA COMUNIDAD TABIQUERA LA LOMA, URUAPILLA, TENENCIA DE SANIAGO UNDAMEO, MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.
Teniendo en cuenta los tratados internacionales firmados y ratificados por México, manifestamos nuestra profunda preocupación por la grave situación de derechos humanos que se vive en México. Se anexa la acción urgente emitida por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. conjuntamente con otras organizaciones de derechos humanos en México.
Por lo que respetuosamente le solicitamos que se inicie una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial para identificar las causas del conflicto y que se privilegie el diálogo entre las partes, lo que es responsabilidad del estado.
Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad jurídica e igualdad ante la ley de Moisés MOLINA RODRÍGUEZ, de su familia, de los comuneros de la Comunidad Tabiquera La Loma, Uruapilla, Tenencia de Santiago Undameo, Municipio de Morelia, Michoacán, así como de los integrantes de la OCIP-RFM/FNLS.
Que se informe oficialmente de las acciones tomadas hacia Moisés MOLINA RODRÍGUEZ por parte de las autoridades.
El cese de las amenazas de violencia, de maltrato, de actos de tortura o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe la dignidad humana de los luchadores sociales y organizaciones sociales.
Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos, especialmente de detención arbitraria y tortura, y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.
A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.
Se investigue y sancione a funcionarios estatales responsables de la violación del derecho de Estela García Ramírez a la tutela judicial.
De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.
Por fin, llamamos la atención sobre el hecho que México deba respetar a todos los tratados y convenciones internacionales sobre la protección y la salvaguardia de los Derechos Humanos que ha firmado y ratificado.
Agradeciendo su atención, nos despedimos de usted, expresándole nuestros saludos y las más altas consideraciones.
Nombre, Apellido
Dirección, País,
Fecha, Firma.
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