Tabasco y Coahuila son la confirmación de que las elecciones, en los tiempos del PRI reconstituido, han pasado a ser un trabajo gubernamental de gabinete cuyos resultados predeterminados deben alcanzar formalidad, por mero protocolo, al cierre de urnas. El químico Granier gasta las despensas del erario en la guerra contra el PRD, que en la traducción mediática nacional significa una nueva derrota para el villano designado, Andrés Manuel López Obrador. La familia Moreira, en el estado norteño, desplaza y destroza al panismo calderonista que soñó con hacerse del poder estatal, y abre el camino a las tentaciones de la sucesión fraterna: hermano Humberto gobernador podría dejar la gubernatura a hermano Rubén diputado federal y dirigente estatal tricolor, pues lo que cuenta en la nueva política sin prejuicios consanguíneos son los resultados y no las actas de nacimiento ni las arcas compartidas.
El PRI marca líneas y determina el futuro. No sólo en lo electoral, sino en lo presupuestal. Por ello se pasma el proceso legislativo a la espera de que los poderosos gobernadores priístas ordenen a sus bancadas lo que deben hacer (se suspenden, en tanto los tres colores se ponen de acuerdo, dos sesiones, la plenaria de los legisladores priístas de San Lázaro y la de la Comisión de Hacienda). El PAN y el calderonismo buscan alternativas tramposas al 2 por ciento impositivo que según eso sería para luchar contra la pobreza y, a cambio, gestionan un IVA de 16 por ciento, bajo la tesis de ciencia económica profunda que se pregunta qué tanto es tantito. Pero los priístas se revuelven internamente porque los gobernadores quieren recursos a como dé lugar, pero al mismo tiempo se resisten ciertos diputados (de rebeldía manejable mediante ciertas concesiones básicas) a aprobar ese uno por ciento de incremento por las consecuencias electorales que podría representarles rumbo a 2012.
Aún no aparece la Roqueseñal (aquella que con explícito sentido de arrejuntamiento carnal hizo el entonces notable diputado federal priísta Humberto Roque Villanueva al ser aprobada otra fornicación fiscal), pero en San Cristobal Ranch la representación escultórica de la mano de Chente Fucks haciendo la presunta V de la victoria fue convertida por politólogo vandalismo en la típica señal introductoria del dedo medio erecto al que acompañan, adjuntos, sus compañeros prudentemente retraídos (en el caso, los artistas de la destrucción le tumbaron el índice a la mano del futuro premio Nobel de la Paz por Oaxaca). Chente, desde Viena, ya le había mandado un día antes atentos saludos a su criatura electoral, el gerente de recursos humanos apellidado Cal de Ron, al considerar que la estrategia militar contra el narco había multiplicado los problemas en lugar de solucionarlos y que ya son tres años, creo que es indispensable venir con nuevas ideas y nuevas estrategias. Oh: duro golpe (uno más) de Chente Recién Exonerado contra el michoacano en traje de faena en talla mayor.
Pero nada mella el alegre ánimo combatiente del lic. Felipe. Él sigue echándole la culpa al SME hasta del asesinato de Colosio y sus operadores cavernícolas mantienen el fuego: el secretario GoMón coordina las suertes de engaño que oficialmente han sido llamadas Mesa de Diálogo, concebidas por el pinolerismo como forma de ganar tiempo y tratar de que se seque la pólvora eléctrica, y el trágico pianista de la guillotina laboral, Javierdugo Lozano, juega amargamente con ofrecimientos de franquicias y otras fantasías de cotorreo proletario: por ejemplo, capacitación en inglés, cómputo y variedades eléctricas a los despedidos para que puedan presentarse con mayor decoro a la feria del desempleo que diariamente se pone a un costado de la Catedral Metropolitana. El Trío Calavera juega a la provocación, como si su estrategia fuera obligar al SME y a la izquierda social que le acompaña a entrar a una fase de confrontación que no sólo sirva de distractor ante los problemas económicos que se viven y se agudizarían inflacionariamente con los nuevos esquemas fiscales, sino incluso de culpar a este gremio y al movimiento social de resistencia, en general, de las culpas pasadas –acusaciones que ya practica con entusiasmo el antedicho gerente de la República–, sino de las crisis que estuvieren por venir.
En ese negro panorama, los héroes de la Independencia fueron tocados ayer por el mismo color mediante una manta colocada por Greenpeace en el Ángel para denunciar el nuevo golpe del calderonismo contra la ecología y la soberanía nacionales, al autorizar la siembra experimental de maíz transgénico. Una teatralización oportuna hizo a las estatuas de los próceres lanzar a los mexicanos las siguientes frases: Vicente Guerrero: Nuestro maíz es primero. ¡Traidores!; Miguel Hidalgo: Muera el mal gobierno que autoriza transgénicos; y José María Morelos: La soberanía dimana de nuestro maíz criollo. Greenpeace, pero no sólo esa organización, exige que se revoque la autorización de las siembras, el establecimiento de una moratoria definitiva e inmediata al maíz transgénico y la aplicación de medidas estrictas para proteger las variedades nativas y determinar el grado de contaminación transgénica de los cultivos de maíz en México. La manta, negra, decía: Maíz transgénico, fin de la Independencia.
Y, mientras la cúpula de la Iglesia católica aprovecha el desbarajuste nacional para meterse abiertamente en política y trata de condicionar la decisión de los poderes laicos y presuntamente soberanos de este presunto país, al descalificar abiertamente a Emilio Álvarez Icaza para que presida la CNDH porque, según el inquisidor Hugo Valdemar, ha sido el más connotado proabortista del Distrito Federal, ¡hasta mañana, en esta columna que confiesa estar absolutamente en favor de la liquidación de LyFC, es decir, de la liquidación laboral y política de Lozano y Felipe Calderón!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
El PRI marca líneas y determina el futuro. No sólo en lo electoral, sino en lo presupuestal. Por ello se pasma el proceso legislativo a la espera de que los poderosos gobernadores priístas ordenen a sus bancadas lo que deben hacer (se suspenden, en tanto los tres colores se ponen de acuerdo, dos sesiones, la plenaria de los legisladores priístas de San Lázaro y la de la Comisión de Hacienda). El PAN y el calderonismo buscan alternativas tramposas al 2 por ciento impositivo que según eso sería para luchar contra la pobreza y, a cambio, gestionan un IVA de 16 por ciento, bajo la tesis de ciencia económica profunda que se pregunta qué tanto es tantito. Pero los priístas se revuelven internamente porque los gobernadores quieren recursos a como dé lugar, pero al mismo tiempo se resisten ciertos diputados (de rebeldía manejable mediante ciertas concesiones básicas) a aprobar ese uno por ciento de incremento por las consecuencias electorales que podría representarles rumbo a 2012.
Aún no aparece la Roqueseñal (aquella que con explícito sentido de arrejuntamiento carnal hizo el entonces notable diputado federal priísta Humberto Roque Villanueva al ser aprobada otra fornicación fiscal), pero en San Cristobal Ranch la representación escultórica de la mano de Chente Fucks haciendo la presunta V de la victoria fue convertida por politólogo vandalismo en la típica señal introductoria del dedo medio erecto al que acompañan, adjuntos, sus compañeros prudentemente retraídos (en el caso, los artistas de la destrucción le tumbaron el índice a la mano del futuro premio Nobel de la Paz por Oaxaca). Chente, desde Viena, ya le había mandado un día antes atentos saludos a su criatura electoral, el gerente de recursos humanos apellidado Cal de Ron, al considerar que la estrategia militar contra el narco había multiplicado los problemas en lugar de solucionarlos y que ya son tres años, creo que es indispensable venir con nuevas ideas y nuevas estrategias. Oh: duro golpe (uno más) de Chente Recién Exonerado contra el michoacano en traje de faena en talla mayor.
Pero nada mella el alegre ánimo combatiente del lic. Felipe. Él sigue echándole la culpa al SME hasta del asesinato de Colosio y sus operadores cavernícolas mantienen el fuego: el secretario GoMón coordina las suertes de engaño que oficialmente han sido llamadas Mesa de Diálogo, concebidas por el pinolerismo como forma de ganar tiempo y tratar de que se seque la pólvora eléctrica, y el trágico pianista de la guillotina laboral, Javierdugo Lozano, juega amargamente con ofrecimientos de franquicias y otras fantasías de cotorreo proletario: por ejemplo, capacitación en inglés, cómputo y variedades eléctricas a los despedidos para que puedan presentarse con mayor decoro a la feria del desempleo que diariamente se pone a un costado de la Catedral Metropolitana. El Trío Calavera juega a la provocación, como si su estrategia fuera obligar al SME y a la izquierda social que le acompaña a entrar a una fase de confrontación que no sólo sirva de distractor ante los problemas económicos que se viven y se agudizarían inflacionariamente con los nuevos esquemas fiscales, sino incluso de culpar a este gremio y al movimiento social de resistencia, en general, de las culpas pasadas –acusaciones que ya practica con entusiasmo el antedicho gerente de la República–, sino de las crisis que estuvieren por venir.
En ese negro panorama, los héroes de la Independencia fueron tocados ayer por el mismo color mediante una manta colocada por Greenpeace en el Ángel para denunciar el nuevo golpe del calderonismo contra la ecología y la soberanía nacionales, al autorizar la siembra experimental de maíz transgénico. Una teatralización oportuna hizo a las estatuas de los próceres lanzar a los mexicanos las siguientes frases: Vicente Guerrero: Nuestro maíz es primero. ¡Traidores!; Miguel Hidalgo: Muera el mal gobierno que autoriza transgénicos; y José María Morelos: La soberanía dimana de nuestro maíz criollo. Greenpeace, pero no sólo esa organización, exige que se revoque la autorización de las siembras, el establecimiento de una moratoria definitiva e inmediata al maíz transgénico y la aplicación de medidas estrictas para proteger las variedades nativas y determinar el grado de contaminación transgénica de los cultivos de maíz en México. La manta, negra, decía: Maíz transgénico, fin de la Independencia.
Y, mientras la cúpula de la Iglesia católica aprovecha el desbarajuste nacional para meterse abiertamente en política y trata de condicionar la decisión de los poderes laicos y presuntamente soberanos de este presunto país, al descalificar abiertamente a Emilio Álvarez Icaza para que presida la CNDH porque, según el inquisidor Hugo Valdemar, ha sido el más connotado proabortista del Distrito Federal, ¡hasta mañana, en esta columna que confiesa estar absolutamente en favor de la liquidación de LyFC, es decir, de la liquidación laboral y política de Lozano y Felipe Calderón!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
¿Privatización del sector eléctrico? ¿No será más apropiado hablar de renacionalizarlo? Privatizado ya está: 50% de la luz que se consume en el país la generan grandes corporaciones nacionales y extranjeras, y los excedentes se los venden a Alfredo Elías Ayub. (El director de la CFE es un personaje singular dentro de la tecnocracia, a la que se incorporó en tiempos del doctor Zedillo y ahí sigue: detrás de su aparente fragilidad física, el bastón que lo acompaña siempre, esconde una ambición personal desmedida.) Cuando el presidente López Mateos nacionalizó el sector, en 1960, sólo operaban dos empresas, Mexican Light&Power Co y American&Foreign Power Co. Hoy el panorama es dramáticamente distinto: la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado casi un millar de permisos especiales a empresas particulares para que produzcan electricidad: unos son para autoabastecimiento, otros de cogeneración, también hay de importación y exportación, asimismo para pequeña producción y algunos para usos continuos. Cualquier cosa que cada concepto signifique, en la práctica es electricidad que ya no produce el gobierno mexicano a través de la CFE, en clara violación a la Constitución. En el Valle de México y sus alrededores, a LFC sólo le habían dejado como clientes a las empresas medianas y pequeñas, las dependencias de gobierno que no pagan su consumo, las plantas de algunos medios de comunicación que tampoco pagan, los usuarios domésticos y los diablitos.
Las miniCFE
Hay empresas que operan como mini-CFE, tienen su propia lista de clientes. Una es la española Iberdrola, suministra servicios a Coca-Cola, Kimberly Clark, Colgate-Palmolive, Altos Hornos de México, Oxxo, DuPont, FEMSA, Gas Natural y numerosas más. Otras tienen permiso para atender sus propias necesidades, pero venden sus remanentes: Telmex y Wal-Mart, 100 permisos cada empresa; Bimbo, 25; Cinemex, 19; Liverpool, 15; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, 5. Por eso los grandes corporativos tomaron con tanta calma la liquidación de LFC: no les afecta, está asegurado su propio suministro. Uno de los mejores clientes de Elías Ayub está del lado americano: son los consumidores del sur de California. Es un negocio muy complejo, sospechoso también, fincado en la termoeléctrica de Cerro Prieto, la zona geotérmica del Valle de Mexicali. La CFE compra vapor de agua a la Constructora y Perforadora Latina SA (Coperlasa), el cual es extraído de sus yacimientos. ¡Y son propiedad de la nación! O sea, CFE compra lo que es suyo. En Coperlasa aparecen los nombres de Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones, y Alberto Escofet, ex director de la CFE. Otra compañía, Sempra, se lleva a California la electricidad que se produce en Mexicali y la vende a sus clientes más barata que la que adquieren los mexicanos a la CFE de nuestro lado de la frontera. Entonces: ¿privatizar o renacionalizar? Sale sobrando decir que el gobierno panista ya tomó la decisión de llevar la privatización a sus últimas consecuencias. No tiene la intención de rectificar el multimillonario esquema armado con las principales empresas del país, aunque viole la Constitución. De ahí que haya decidido aniquilar al SME, el insumiso sindicato que se oponía a sus planes. Primero lo intentó interviniendo en las elecciones, trató de remplazar la dirigencia que encabeza Martín Esparza. Pero falló el plan del torvo secretario de Trabajo, Javier Lozano. El siguiente golpe fue demoledor y a la vista de todos. Inclusive, ya desapareció del presupuesto federal de 2010 la partida relativa a LFC. La cereza del pastel es la fibra óptica, que se dará en concesión, supuestamente, a Televisa.
Maromas en lo oscurito
El fin de semana pasó a media luz y no por los apagones, que han sido relativamente pocos, sino por las negociaciones en lo oscurito entre funcionarios del gobierno, senadores, diputados, gobernadores, grandes empresarios, con miras a ponerse de acuerdo en los impuestos del año próximo. Sólo han estado ausentes los consumidores, que somos los que vamos a pagar. Al PRI le toca la decisión. Y todavía anoche no le hallaba la cuadratura al círculo para quedar bien con todos: primero, servirse bien, que haya abundante dinero para su gente; luego, no ganarse la antipatía de las 400 grandes corporaciones que no pagan impuestos, lo que significa dejarlas que sigan operando sin pagar, además, bloquear el gravamen a las televisoras, y tercero, rechazar el aumento al IVA del 2% para presentarse como defensor del pueblo.
e@Vox Populi
Asunto: clase pobre alta
Mi estimado Enrique: en una de tus columnas de la semana pasada argumentas las razones por las que consideras que quienes ganamos 20 mil del águila mensuales, pertenecemos a una clase económica que denominas clase media baja. Pues bien, siendo tu servidor y su amorosa familia parte de ese grupo poblacional con tales niveles de ingreso, te propongo un mejor término: clase pobre alta… y puede que incluso quien te manda estas líneas (y otra vez su amorosa y solidaria familia) pertenezca a la clase pobre media… pero uno tiene su orgullo, caray, se siente rete gacho estar en tal categoría, así que me quedo con la de clase pobre alta manque sólo yo (y mi terca, pero amorosa familia) se considere así.
E. Antonio Torres Toscano/Distrito Federal
R: ¿Clase pobre alta? Me gusta. Creo que es un lugar donde aterrizaremos de emergencia millones de mexicanos en los tres años que nos siguen de Vivir Mejor. Una precisión: fueron los expertos en economía los que hicieron la clasificación.
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://www.elforomexico.com/
Las miniCFE
Hay empresas que operan como mini-CFE, tienen su propia lista de clientes. Una es la española Iberdrola, suministra servicios a Coca-Cola, Kimberly Clark, Colgate-Palmolive, Altos Hornos de México, Oxxo, DuPont, FEMSA, Gas Natural y numerosas más. Otras tienen permiso para atender sus propias necesidades, pero venden sus remanentes: Telmex y Wal-Mart, 100 permisos cada empresa; Bimbo, 25; Cinemex, 19; Liverpool, 15; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, 5. Por eso los grandes corporativos tomaron con tanta calma la liquidación de LFC: no les afecta, está asegurado su propio suministro. Uno de los mejores clientes de Elías Ayub está del lado americano: son los consumidores del sur de California. Es un negocio muy complejo, sospechoso también, fincado en la termoeléctrica de Cerro Prieto, la zona geotérmica del Valle de Mexicali. La CFE compra vapor de agua a la Constructora y Perforadora Latina SA (Coperlasa), el cual es extraído de sus yacimientos. ¡Y son propiedad de la nación! O sea, CFE compra lo que es suyo. En Coperlasa aparecen los nombres de Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones, y Alberto Escofet, ex director de la CFE. Otra compañía, Sempra, se lleva a California la electricidad que se produce en Mexicali y la vende a sus clientes más barata que la que adquieren los mexicanos a la CFE de nuestro lado de la frontera. Entonces: ¿privatizar o renacionalizar? Sale sobrando decir que el gobierno panista ya tomó la decisión de llevar la privatización a sus últimas consecuencias. No tiene la intención de rectificar el multimillonario esquema armado con las principales empresas del país, aunque viole la Constitución. De ahí que haya decidido aniquilar al SME, el insumiso sindicato que se oponía a sus planes. Primero lo intentó interviniendo en las elecciones, trató de remplazar la dirigencia que encabeza Martín Esparza. Pero falló el plan del torvo secretario de Trabajo, Javier Lozano. El siguiente golpe fue demoledor y a la vista de todos. Inclusive, ya desapareció del presupuesto federal de 2010 la partida relativa a LFC. La cereza del pastel es la fibra óptica, que se dará en concesión, supuestamente, a Televisa.
Maromas en lo oscurito
El fin de semana pasó a media luz y no por los apagones, que han sido relativamente pocos, sino por las negociaciones en lo oscurito entre funcionarios del gobierno, senadores, diputados, gobernadores, grandes empresarios, con miras a ponerse de acuerdo en los impuestos del año próximo. Sólo han estado ausentes los consumidores, que somos los que vamos a pagar. Al PRI le toca la decisión. Y todavía anoche no le hallaba la cuadratura al círculo para quedar bien con todos: primero, servirse bien, que haya abundante dinero para su gente; luego, no ganarse la antipatía de las 400 grandes corporaciones que no pagan impuestos, lo que significa dejarlas que sigan operando sin pagar, además, bloquear el gravamen a las televisoras, y tercero, rechazar el aumento al IVA del 2% para presentarse como defensor del pueblo.
e@Vox Populi
Asunto: clase pobre alta
Mi estimado Enrique: en una de tus columnas de la semana pasada argumentas las razones por las que consideras que quienes ganamos 20 mil del águila mensuales, pertenecemos a una clase económica que denominas clase media baja. Pues bien, siendo tu servidor y su amorosa familia parte de ese grupo poblacional con tales niveles de ingreso, te propongo un mejor término: clase pobre alta… y puede que incluso quien te manda estas líneas (y otra vez su amorosa y solidaria familia) pertenezca a la clase pobre media… pero uno tiene su orgullo, caray, se siente rete gacho estar en tal categoría, así que me quedo con la de clase pobre alta manque sólo yo (y mi terca, pero amorosa familia) se considere así.
E. Antonio Torres Toscano/Distrito Federal
R: ¿Clase pobre alta? Me gusta. Creo que es un lugar donde aterrizaremos de emergencia millones de mexicanos en los tres años que nos siguen de Vivir Mejor. Una precisión: fueron los expertos en economía los que hicieron la clasificación.
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://www.elforomexico.com/
La Constitución lo prohíbe y la Ley Federal del Trabajo lo deja más claro que el agua, pero al gobierno calderonista le importa un comino y ha decidido interpretar muy a su manera el sentido de ambas legislaciones, al suspender de facto las garantías individuales y condicionar el derecho al trabajo, a la liquidación y a la capacitación (violaciones disfrazadas de alternativas laborales) de los ex trabajadores de la otrora paraestatal Luz y Fuerza del Centro.
Tras el decretazo del pasado 11 de octubre, y como parte de su campaña de convencimiento, ayer los amigos del inquilino de Los Pinos que despachan en las oficinas principales de las secretarías del Trabajo y de Economía, los carismáticos Javier Lozano Alarcón y Gerardo Ruiz Mateos, respectivamente, ofrecieron el oro y el moro a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro… siempre y cuando previamente hayan aceptado la liquidación ofrecida por el gobierno calderonista.
En nota de La Jornada (Susana González y Víctor Cardoso) se lee lo siguiente: (los amigos del amigo) “anunciaron una serie de ‘alternativas’ para los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro encaminadas a reincorporarlos al mercado laboral, con la condición de que previamente hayan aceptado y recibido la liquidación. En conferencia de prensa conjunta, los funcionarios dijeron que están ofreciendo becas de capacitación en electricidad, computación, inglés, mecánica, refrigeración, entre otras materias, por un monto de 5 mil 382 pesos mensuales, hasta la asesoría para instalar una franquicia de servicios ajenos al sector eléctrico o una cooperativa. Las becas, agregó Lozano Alarcón, se otorgarán hasta por tres meses a aquellos empleados que acepten tomar un curso para ‘reconvertir sus capacidades laborales’. Estas opciones, agregó, forman parte del Sistema Nacional de Empleo, por lo que aseguró que “no tenemos ningún problema presupuestal para atender cualquier solicitud… Sin embargo, recalcaron, acceder a esta modalidad está condicionado a que previamente hayan aceptado la liquidación”.
En otros medios se anota que “la Secretaría de Economía pondrá 21 franquicias a disposición de los trabajadores de la extinta compañía pública Luz y Fuerza del Centro. Esta opción laboral está abierta, siempre y cuando los empleados hayan finiquitado su relación con Luz y Fuerza tras recibir su liquidación… La operación de una franquicia requiere una inversión de entre 100 mil y un millón de pesos, y la ‘mayoría’ de las que serán ofrecidas a los electricistas ‘pueden no tener nada que ver con el sector eléctrico’, tales como un restaurante o una miscelánea, afirmó el titular de Economía. Sin embargo, algunos franquiciatarios podrán operar como contratistas de la Comisión Federal de Electricidad…” Por si fuera poco, anunciaron que todo aquel ex de LFC que firme antes del 14 de noviembre tendría un apoyo hasta de 5 mil pesos mientras reciben capacitación como inglés, computación, electricidad y otros oficios, a fin de que puedan conseguir otro puesto de trabajo.
Como parte de la campaña de convencimiento, el gobierno calderonista lanza el anzuelo: “con la finalidad de apoyar a los trabajadores, se propone cubrir a todos los trabajadores sindicalizados y operativos no sindicalizados un pago extraordinario… solamente para aquellos que concurran voluntariamente a recibir su indemnización; este ofrecimiento se mantiene por un mes a partir del día siguiente de la publicación del decreto de extinción (de LFC)”. Y la promesa del inquilino de Los Pinos, en el sentido de recontratar a la mayoría, en la práctica, si bien va, sólo alcanzará para uno de cada cuatro.
La oferta, pues, es sencilla: si quieres tu liquidación copeteada, reinsertarte en el mercado laboral, capacitarte y tener un futuro venturoso como un feliz emprendedor con todo y changarro, entonces fírmale, da por concluida tu relación laboral de la que fuiste despojado, acepta alejarte del sector en el que participabas y de la organización sindical que te cobijaba, apártate lo más posible y serás feliz, pero eso sí tiene que ser rapidito, porque llevamos prisa para arrancar el negocio privado del tendido de fibra óptica a costillas del erario. Primero en tiempo, primero en derecho, según el discriminatorio Lozano Alarcón, pero sólo para aquellos que abandonen la loca de idea de recuperar su plaza. Para Ruiz Mateos las alternativas son algunas franquicias y la creación de cooperativas o nuevas empresas (de milagro no propuso a los ex trabajadores de LFC reinsertarse como porristas en actos oficiales del inquilino de Los Pinos), pero apúrense porque el decretazo es irreversible.
Pues bien, el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo señala que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos, mientras el 123 constitucional prescribe que, sin condición alguna, toda persona tiene derecho al trabajo digno, al tiempo que precisa que en caso de separación injustificada (los trabajadores) tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal; en los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de ley. Lo anterior, en el marco del artículo primero de la Carta Magna (“en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse… Queda prohibida toda discriminación (…) que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Y como cereza del pastel, un análisis del decreto presidencial para la extinción de Luz y Fuerza del Centro, realizado por el Frente Amplio de Abogados y Juristas en Defensa de la Energía Eléctrica, determinó que se violan más de 25 disposiciones constitucionales, implica una agresión a los derechos laborales de más de 40 mil trabajadores y deja al descubierto que hubo abuso de autoridad en la aplicación del ordenamiento gubernamental.
Las rebanadas del pastel
Si Calderón carece de propuestas y nada quiere negociar, entonces, ¿para qué una mesa de diálogo con los electricistas? Un abrazo cariñoso, con mi agradecimiento pleno, a los integrantes de la CND Ajusco Medio por la generosidad con la que el pasado sábado recibieron y aguantaron a este tecleador… Animo Chicharín, que ya pasó el susto y todo salió bien.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
Tras el decretazo del pasado 11 de octubre, y como parte de su campaña de convencimiento, ayer los amigos del inquilino de Los Pinos que despachan en las oficinas principales de las secretarías del Trabajo y de Economía, los carismáticos Javier Lozano Alarcón y Gerardo Ruiz Mateos, respectivamente, ofrecieron el oro y el moro a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro… siempre y cuando previamente hayan aceptado la liquidación ofrecida por el gobierno calderonista.
En nota de La Jornada (Susana González y Víctor Cardoso) se lee lo siguiente: (los amigos del amigo) “anunciaron una serie de ‘alternativas’ para los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro encaminadas a reincorporarlos al mercado laboral, con la condición de que previamente hayan aceptado y recibido la liquidación. En conferencia de prensa conjunta, los funcionarios dijeron que están ofreciendo becas de capacitación en electricidad, computación, inglés, mecánica, refrigeración, entre otras materias, por un monto de 5 mil 382 pesos mensuales, hasta la asesoría para instalar una franquicia de servicios ajenos al sector eléctrico o una cooperativa. Las becas, agregó Lozano Alarcón, se otorgarán hasta por tres meses a aquellos empleados que acepten tomar un curso para ‘reconvertir sus capacidades laborales’. Estas opciones, agregó, forman parte del Sistema Nacional de Empleo, por lo que aseguró que “no tenemos ningún problema presupuestal para atender cualquier solicitud… Sin embargo, recalcaron, acceder a esta modalidad está condicionado a que previamente hayan aceptado la liquidación”.
En otros medios se anota que “la Secretaría de Economía pondrá 21 franquicias a disposición de los trabajadores de la extinta compañía pública Luz y Fuerza del Centro. Esta opción laboral está abierta, siempre y cuando los empleados hayan finiquitado su relación con Luz y Fuerza tras recibir su liquidación… La operación de una franquicia requiere una inversión de entre 100 mil y un millón de pesos, y la ‘mayoría’ de las que serán ofrecidas a los electricistas ‘pueden no tener nada que ver con el sector eléctrico’, tales como un restaurante o una miscelánea, afirmó el titular de Economía. Sin embargo, algunos franquiciatarios podrán operar como contratistas de la Comisión Federal de Electricidad…” Por si fuera poco, anunciaron que todo aquel ex de LFC que firme antes del 14 de noviembre tendría un apoyo hasta de 5 mil pesos mientras reciben capacitación como inglés, computación, electricidad y otros oficios, a fin de que puedan conseguir otro puesto de trabajo.
Como parte de la campaña de convencimiento, el gobierno calderonista lanza el anzuelo: “con la finalidad de apoyar a los trabajadores, se propone cubrir a todos los trabajadores sindicalizados y operativos no sindicalizados un pago extraordinario… solamente para aquellos que concurran voluntariamente a recibir su indemnización; este ofrecimiento se mantiene por un mes a partir del día siguiente de la publicación del decreto de extinción (de LFC)”. Y la promesa del inquilino de Los Pinos, en el sentido de recontratar a la mayoría, en la práctica, si bien va, sólo alcanzará para uno de cada cuatro.
La oferta, pues, es sencilla: si quieres tu liquidación copeteada, reinsertarte en el mercado laboral, capacitarte y tener un futuro venturoso como un feliz emprendedor con todo y changarro, entonces fírmale, da por concluida tu relación laboral de la que fuiste despojado, acepta alejarte del sector en el que participabas y de la organización sindical que te cobijaba, apártate lo más posible y serás feliz, pero eso sí tiene que ser rapidito, porque llevamos prisa para arrancar el negocio privado del tendido de fibra óptica a costillas del erario. Primero en tiempo, primero en derecho, según el discriminatorio Lozano Alarcón, pero sólo para aquellos que abandonen la loca de idea de recuperar su plaza. Para Ruiz Mateos las alternativas son algunas franquicias y la creación de cooperativas o nuevas empresas (de milagro no propuso a los ex trabajadores de LFC reinsertarse como porristas en actos oficiales del inquilino de Los Pinos), pero apúrense porque el decretazo es irreversible.
Pues bien, el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo señala que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos, mientras el 123 constitucional prescribe que, sin condición alguna, toda persona tiene derecho al trabajo digno, al tiempo que precisa que en caso de separación injustificada (los trabajadores) tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal; en los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o la indemnización de ley. Lo anterior, en el marco del artículo primero de la Carta Magna (“en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse… Queda prohibida toda discriminación (…) que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Y como cereza del pastel, un análisis del decreto presidencial para la extinción de Luz y Fuerza del Centro, realizado por el Frente Amplio de Abogados y Juristas en Defensa de la Energía Eléctrica, determinó que se violan más de 25 disposiciones constitucionales, implica una agresión a los derechos laborales de más de 40 mil trabajadores y deja al descubierto que hubo abuso de autoridad en la aplicación del ordenamiento gubernamental.
Las rebanadas del pastel
Si Calderón carece de propuestas y nada quiere negociar, entonces, ¿para qué una mesa de diálogo con los electricistas? Un abrazo cariñoso, con mi agradecimiento pleno, a los integrantes de la CND Ajusco Medio por la generosidad con la que el pasado sábado recibieron y aguantaron a este tecleador… Animo Chicharín, que ya pasó el susto y todo salió bien.
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
David Márquez Ayala: Reporte Económico
Los argumentos del gobierno para extinguir a Luz y Fuerza del Centro (LFC) fueron sus pérdidas, improductividad, costo operativo-laboral, y deficiencias en el servicio. Analizar su validez no resulta fácil, pues toda la información fue borrada de Internet, sin embargo, datos de otras fuentes algo ayudan.
Situación financiera.- En el presupuesto de Origen y Aplicación de Recursos para LFC, Hacienda estableció a principios de este año que la empresa manejaría un total de 108 mil millones de pesos, de los cuales 47 mil serían ingresos propios, 42 mil subsidios del gobierno, 12 mil 500 por aumento de pasivos (se entiende que son préstamos del gobierno para previsiones de pensiones y jubilaciones), y 4 mil por aumento del capital (Gráfico 1).
Destaca por principio el hecho de que a LFC la obligan a comprar a la Comisi;on Federal de Electricidad (CFE) casi toda (90%) la electricidad que canaliza y debe hacerlo perdiendo: por sus ventas al público con tarifas que le fija el gobierno recibe 46 mil 600 millones de pesos, pero paga por la electricidad 59 mil 400 millones, esto es, tiene una pérdida operativa de 12 mil 800 millones al año sólo por este concepto.
En vez de atacar las causas del alto costo eléctrico, el gobierno ha optado por subsidiar a los usuarios. Estos subsidios costaron al erario 149 mil millones de pesos en 2008 (Gráfico 2), de los cuales 91 mil fueron vía CFE y 57 mil vía LFC.
En ese mismo año, LFC recibió por subsidios 42 mil 300 millones de pesos (Gráfico 3), es decir, casi 15 mil millones menos del subsidio que se le ordenó otorgar a los usuarios, cargándosele esta diferencia como pérdida. Si el gobierno decide otorgar subsidios debe rembolsarlos a las empresas en su totalidad y no obligarlas a cargar con parte del costo y menos aún para señalarlas dolosamente (como lo está haciendo con LFC) como ineficientes.
Costo y pasivo laboral.- En 2008 el costo por servicios personales en LFC ascendió a 11 mil 242 millones de pesos, total integrado por 4 mil 895 millones para sueldos y salarios, y 6 mil 347 millones para gastos de previsión social (prestaciones) (Gráfico 3).
Dividiendo los 4 mil 895 millones de pesos entre los 44 mil 167 trabajadores activos de LFC en 2008, tenemos que el salario promedio mensual total fue de 9 mil 237 pesos, en los cuales se incluye desde el salario promedio de los trabajadores sindicalizados (6 mil 600 pesos al mes) hasta los 242 mil pesos mensuales del director general.
Como se ve, los salarios del personal sindicalizado de LFC son de hecho modestos, incluso en una economía de salarios deprimidos como la nuestra, y la razón tiene que ver con la tradicional política de los grandes sindicatos de incidir más que en los salarios en la seguridad y la estabilidad de las prestaciones. Desaparecer esta estructura y querer liquidar a los trabajadores (aun generosamente) de acuerdo a su salario es claramente lesivo. El ahorro con la extinción sería ínfimo.
En el caso de las pensiones y jubilaciones (unas 25 mil), éstas representaron para LFC un costo de 10 mil 796 millones de pesos, cifra elevada ciertamente, pero la menor de las que pagan el resto de los organismos públicos (Gráfico 4) cuyo monto total ascendió a 254 mil millones el año pasado. El pago de estas pensiones no debe ser un préstamo (pasivo) a la empresa, sino un pago directo, ya que es obligación del gobierno que se ahorró crear reservas. Cambiar las reglas del juego debe ser, en todo caso, resultado de una negociación sensata.
Brasil: la violencia y su trasfondo
El pasado fin de semana, un choque entre dos bandas de narcotraficantes generó una escalada de violencia en la favela Morro dos Macacos, al norte de Río de Janeiro, Brasil. Los enfrentamientos, que duraron varias horas, dejaron 17 muertos, entre ellos dos policías. Ante la gravedad del escenario, las autoridades de seguridad locales ordenaron ayer el despliegue de 4 mil 500 efectivos policiacos adicionales para reforzar las tareas de vigilancia en la zona.
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El Correo Ilustrado
Pronunciamiento contra extinción de Luz y Fuerza del Centro
Como ciudadanos expresamos nuestro rechazo a la decisión de liquidar a Luz y Fuerza del Centro con el uso de la policía. Se trata de una medida autoritaria que viola los derechos laborales y sindicales de 44 mil trabajadores.
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He querido escribir y he desistido porque el diluvio de malas noticias me ha rebasado. Por donde se asome la vista, se perfila algo ominoso, injusto, abusivo. Me parece que el país vive en el desconcierto más grande, en la desilusión más completa. Como un castillo de naipes que se viene abajo, así parece ser este tiempo donde los asideros se desvanecen y nos precipitan al desastre.
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Felipe Calderón actúa como si todos los organismos descentralizados del Estado mexicano –Luz y Fuerza del Centro (LFC), Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Petróleos Mexicanos (Pemex), etcétera– le pertenecieran de manera personal y directa.
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Según sus amigos, el licenciado Ernesto Cordero Arroyo, quien cobra como secretario de Desarrollo Social, es una persona inteligente, muy preparada y gran político, y por todo eso puede ser el candidato del Partido Acción Nacional en las elecciones presidenciales de 2012. Hace unos días llamó a la solidaridad de todos los mexicanos para que apoyen a las familias que más lo necesitan. Reveló que todos los mexicanos están enfrentando momentos difíciles por la crisis económica que afecta al mundo y que “hay familias que la viven con más crudeza; en donde se están tomando decisiones muy importantes como saltarse una comida al día; en lugar de tres veces, comer dos, o que alguno de los niños deje la escuela para trabajar, y les aseguro que no exagero: eso sucede en muchas familias pobres en México…”
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El asalto policiaco militar contra las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), seguido del decreto de extinción de la paraestatal y la campaña de guerra sucia mediática contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es un paso más en la perspectiva de construcción de un Estado autoritario de nuevo tipo.
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Bien está que el SME utilice todos los recursos legales a su alcance. Es lúcido y sensato que se resista a caer en provocaciones, evite toda forma de violencia y se siente a negociar. Pero al preparar la resistencia necesita tomar muy seriamente en cuenta la condición del adversario y la naturaleza de esta lucha.
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El Congreso deberá aprobar en los próximos días la Ley de Ingresos para 2010. Las filtraciones que hay sobre lo que se debate y se propone no indican que las medidas que se tomen alrededor de la propuesta presentada por Hacienda sean de trascendencia suficiente para empezar a resolver a fondo la situación fiscal del gobierno.
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Scampia no es sólo el barrio primordial y emblemático de la Camorra, sino también uno de los más grandes y poblados de la ciudad de Nápoles, a su vez la cuarta urbe más poblada de Italia. Junto con Miano y Tercer Mundo, sirve de sombrero geográfico de la ciudad, por lo demás muy turística, movida, normal a su modo y de carácter fuerte y proverbial.
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Lydia Cacho
Plan B
La ciudad y el sexo
Se está retomando el debate sobre la legalización de la prostitución en la capital del país. Se rescató la propuesta de la anterior Legislatura, la cual argumenta que la prostitución es un trabajo “tan digno y respetable como cualquier otra actividad lícita”. La respaldan un grupo de prostitutas en defensa de sus derechos y una reactivada alianza de propietarios de hoteles, moteles y bares de la multimillonaria industria del sexo, quienes se presentan como cabilderos de los derechos femeniles, pero lo que en realidad pugnan es por que su negocio (en el que hay más de 80 mil mujeres adultas, jóvenes y menores prostituidas) siga funcionando y el Estado avale la explotación sexual.
La propuesta se denomina “Ley de protección del sexoservicio”. El ex diputado Juan Bustos propuso un código de conducta para los compradores —a quienes llama usuarios— y les pide: “que no se conduzcan con agresividad, que no se encuentren bajo el efecto del alcohol o drogas, y que no porten armas”. Las mesas de debate sobre el tema presentan hasta ahora dos posturas: la que busca abolir la prostitución y la que busca reglamentarla.
Cuando Holanda legalizó la prostitución, ésta representaba 5% de la economía y la regulación aumentó el mercado a 25%. Ahora quieren abolirla. Otros países incluidos Filipinas e Italia implementan leyes que provean a las mujeres de oportunidades educativas y económicas para apropiarse de su cuerpo y su sexualidad para así no verse forzadas a prostituirse por pobreza. Mientras 35 países intentan penalizar a los compradores y abatir la trata de mujeres y menores, un grupo en México buscaría fortalecer a la industria del sexo vinculada con mercados ilícitos. Otro pretende demostrar que la legalización aumenta la demanda, ya que el mercado se rige por leyes de oferta y demanda.
Urge este debate formal no desde las pasiones irreflexivas sino desde argumentos razonados, considerando que en un proyecto de ley se deben analizar tres componentes: el formal normativo (leyes y normas, tratados internacionales), el político-cultural, que analiza intereses, costumbres, tradiciones, vicios y constructos sociales (sexismo, machismo, etcétera). Y el componente estructural, es decir, cómo interpretan las leyes quienes administran e imparten justicia y los que las aprueban y debaten.
Valdría la pena aportar indicadores de qué porcentaje de la sociedad mexicana avala esta ley e incitaría honestamente a sus hijas, nietas o esposas a entrar en la “profesión dignificada de la prostitución”. Conocer su postura sobre los derechos de las mujeres y si saben de los tratados internacionales sobre prostitución y trata de personas signados por México. Hacer un mapeo de qué hombres compran sexo y por qué. Por último, quienes toman decisiones deberán estudiar el mapa del mercado ilícito alrededor de la explotación sexual y su vinculación con la normalización cultural de la violencia contra mujeres en general. Habrá que involucrar a toda la sociedad, a las y los jóvenes también. Pues sin todos —actores y componentes del debate— esta propuesta no sería más que una trampa para enriquecer a la industria que explota a mujeres, niñas y jóvenes mexicanos.
Se está retomando el debate sobre la legalización de la prostitución en la capital del país. Se rescató la propuesta de la anterior Legislatura, la cual argumenta que la prostitución es un trabajo “tan digno y respetable como cualquier otra actividad lícita”. La respaldan un grupo de prostitutas en defensa de sus derechos y una reactivada alianza de propietarios de hoteles, moteles y bares de la multimillonaria industria del sexo, quienes se presentan como cabilderos de los derechos femeniles, pero lo que en realidad pugnan es por que su negocio (en el que hay más de 80 mil mujeres adultas, jóvenes y menores prostituidas) siga funcionando y el Estado avale la explotación sexual.
La propuesta se denomina “Ley de protección del sexoservicio”. El ex diputado Juan Bustos propuso un código de conducta para los compradores —a quienes llama usuarios— y les pide: “que no se conduzcan con agresividad, que no se encuentren bajo el efecto del alcohol o drogas, y que no porten armas”. Las mesas de debate sobre el tema presentan hasta ahora dos posturas: la que busca abolir la prostitución y la que busca reglamentarla.
Cuando Holanda legalizó la prostitución, ésta representaba 5% de la economía y la regulación aumentó el mercado a 25%. Ahora quieren abolirla. Otros países incluidos Filipinas e Italia implementan leyes que provean a las mujeres de oportunidades educativas y económicas para apropiarse de su cuerpo y su sexualidad para así no verse forzadas a prostituirse por pobreza. Mientras 35 países intentan penalizar a los compradores y abatir la trata de mujeres y menores, un grupo en México buscaría fortalecer a la industria del sexo vinculada con mercados ilícitos. Otro pretende demostrar que la legalización aumenta la demanda, ya que el mercado se rige por leyes de oferta y demanda.
Urge este debate formal no desde las pasiones irreflexivas sino desde argumentos razonados, considerando que en un proyecto de ley se deben analizar tres componentes: el formal normativo (leyes y normas, tratados internacionales), el político-cultural, que analiza intereses, costumbres, tradiciones, vicios y constructos sociales (sexismo, machismo, etcétera). Y el componente estructural, es decir, cómo interpretan las leyes quienes administran e imparten justicia y los que las aprueban y debaten.
Valdría la pena aportar indicadores de qué porcentaje de la sociedad mexicana avala esta ley e incitaría honestamente a sus hijas, nietas o esposas a entrar en la “profesión dignificada de la prostitución”. Conocer su postura sobre los derechos de las mujeres y si saben de los tratados internacionales sobre prostitución y trata de personas signados por México. Hacer un mapeo de qué hombres compran sexo y por qué. Por último, quienes toman decisiones deberán estudiar el mapa del mercado ilícito alrededor de la explotación sexual y su vinculación con la normalización cultural de la violencia contra mujeres en general. Habrá que involucrar a toda la sociedad, a las y los jóvenes también. Pues sin todos —actores y componentes del debate— esta propuesta no sería más que una trampa para enriquecer a la industria que explota a mujeres, niñas y jóvenes mexicanos.
Emilio Álvarez Icaza Longoria
Visión de Estado
El proceso para la elección de quien presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una oportunidad privilegiada de profundizar en las fortalezas y pendientes del Estado mexicano en esta materia, y en lo que significan y expresan los anhelos democráticos de quienes habitamos este país. Es claro que en el debate público existe consenso sobre la pertinencia y necesidad de los derechos humanos, pero no lo hay aún en lo que ello implica para las instancias públicas y para la ciudadanía.
Gracias a la apertura democrática y a los esfuerzos de partidos políticos y de la sociedad organizada se han logrado grandes avances en las últimas décadas. Expresión de ello son las más de 300 leyes promulgadas y casi 500 instituciones creadas —a nivel federal y local— relacionados con derechos humanos, electorales, de acceso a la información, contra la discriminación, para los usuarios de servicios médicos, financieros, de protección al ambiente, de derechos laborales, sociales, de defensa de consumidores y de contribuyentes. También las que protegen la infancia, adultos mayores, jóvenes, familias, indígenas, personas víctimas de trata, y mujeres.
Además existe un sólido conjunto de tratados internacionales que México ha ratificado y diversas reformas constitucionales que han dado lugar a leyes reglamentarias y a legislaciones estatales. Como complemento de estos avances, institucionales y sin duda presupuestales, existen avances de generación de diagnósticos —el nacional del 2003 y el del DF del 2008— y de programas de derechos humanos, el nacional de 2008 y el Distrito Federal de 2009.
Este nuevo marco no le da, sin embargo, garantías del derecho a la seguridad a un padre cuando su hija de 14 años sale con sus amigas, o a una mujer campesina que requiere sus derechos sociales para sobrevivir, para que sus hijos no hereden las enormes restricciones que impone la pobreza. Tampoco a un niño con discapacidad de que su derecho a la educación no se limitará a inscribirse en la primaria, sino que la cobertura, la calidad y la accesibilidad estarán asegurados. No da garantías de justicia a las víctimas de violaciones a cualquiera de sus derechos.
Para quien ejerce una función pública las leyes y normas son el marco de actuación. Pero en lo cotidiano la perspectiva con la que se trabaja se traduce en enormes diferencias para la gente. Se puede vivir el servicio público desde la convicción de “por qué no” suceden las cosas, de por qué los límites de horario, presupuestales o estructurales son obstáculos infranqueables. O se puede ejercer buscando “cómo sí” es posible que leyes, instituciones y políticas públicas sean un poderoso conjunto de herramientas a favor de la dignidad de las personas; “cómo sí” mirar diferente a los millones de personas que tienen más obstáculos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales.
El Estado mexicano ha ido modificando la definición de su relación con la sociedad, y ha ido poniendo en el centro de su propuesta a las personas y a sus derechos. Ese proceso es tendencialmente irreversible en un contexto de pluralismo político, de reconocimiento de la diversidad, y en un mundo que internacionalmente define formal e informalmente criterios de respeto y vigilancia de los derechos humanos, y exigencias de diversa índole para el fortalecimiento de las democracias.
Los derechos humanos representan obligaciones de respeto, de protección, de promoción y de garantía de las instituciones públicas, y se han convertido en un indicador de gobernabilidad democrática y gestión gubernamental. Pero aún es indispensable que sean eje rector de la cultura política y social. Es indispensable encontrar maneras de que el marco legal e institucional funcione mejor, que el modelo económico tenga criterios de derechos humanos, que el sistema de justicia garantice justicia. Es indispensable que el rediseño del Estado se perciba en cada hogar no sólo como servicios o programas públicos, sino en certezas de desarrollo, de un nivel de vida adecuado, de seguridad, de posibilidad de futuro. Es irreversible en el marco del bicentenario de la Independencia, y del centenario de la Revolución, luchas nacionales por la igualdad, la equidad y la justicia.
El avance de los derechos humanos representa una nueva cultura y un nuevo marco institucional del Estado mexicano. La reforma del Estado pasa, necesariamente, por una visión de Estado en esta materia. Esa es mi convicción y compromiso. Por ello me esfuerzo desde hace muchos años. Para ello quiero ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Candidato a presidir la CNDH
Gracias a la apertura democrática y a los esfuerzos de partidos políticos y de la sociedad organizada se han logrado grandes avances en las últimas décadas. Expresión de ello son las más de 300 leyes promulgadas y casi 500 instituciones creadas —a nivel federal y local— relacionados con derechos humanos, electorales, de acceso a la información, contra la discriminación, para los usuarios de servicios médicos, financieros, de protección al ambiente, de derechos laborales, sociales, de defensa de consumidores y de contribuyentes. También las que protegen la infancia, adultos mayores, jóvenes, familias, indígenas, personas víctimas de trata, y mujeres.
Además existe un sólido conjunto de tratados internacionales que México ha ratificado y diversas reformas constitucionales que han dado lugar a leyes reglamentarias y a legislaciones estatales. Como complemento de estos avances, institucionales y sin duda presupuestales, existen avances de generación de diagnósticos —el nacional del 2003 y el del DF del 2008— y de programas de derechos humanos, el nacional de 2008 y el Distrito Federal de 2009.
Este nuevo marco no le da, sin embargo, garantías del derecho a la seguridad a un padre cuando su hija de 14 años sale con sus amigas, o a una mujer campesina que requiere sus derechos sociales para sobrevivir, para que sus hijos no hereden las enormes restricciones que impone la pobreza. Tampoco a un niño con discapacidad de que su derecho a la educación no se limitará a inscribirse en la primaria, sino que la cobertura, la calidad y la accesibilidad estarán asegurados. No da garantías de justicia a las víctimas de violaciones a cualquiera de sus derechos.
Para quien ejerce una función pública las leyes y normas son el marco de actuación. Pero en lo cotidiano la perspectiva con la que se trabaja se traduce en enormes diferencias para la gente. Se puede vivir el servicio público desde la convicción de “por qué no” suceden las cosas, de por qué los límites de horario, presupuestales o estructurales son obstáculos infranqueables. O se puede ejercer buscando “cómo sí” es posible que leyes, instituciones y políticas públicas sean un poderoso conjunto de herramientas a favor de la dignidad de las personas; “cómo sí” mirar diferente a los millones de personas que tienen más obstáculos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales.
El Estado mexicano ha ido modificando la definición de su relación con la sociedad, y ha ido poniendo en el centro de su propuesta a las personas y a sus derechos. Ese proceso es tendencialmente irreversible en un contexto de pluralismo político, de reconocimiento de la diversidad, y en un mundo que internacionalmente define formal e informalmente criterios de respeto y vigilancia de los derechos humanos, y exigencias de diversa índole para el fortalecimiento de las democracias.
Los derechos humanos representan obligaciones de respeto, de protección, de promoción y de garantía de las instituciones públicas, y se han convertido en un indicador de gobernabilidad democrática y gestión gubernamental. Pero aún es indispensable que sean eje rector de la cultura política y social. Es indispensable encontrar maneras de que el marco legal e institucional funcione mejor, que el modelo económico tenga criterios de derechos humanos, que el sistema de justicia garantice justicia. Es indispensable que el rediseño del Estado se perciba en cada hogar no sólo como servicios o programas públicos, sino en certezas de desarrollo, de un nivel de vida adecuado, de seguridad, de posibilidad de futuro. Es irreversible en el marco del bicentenario de la Independencia, y del centenario de la Revolución, luchas nacionales por la igualdad, la equidad y la justicia.
El avance de los derechos humanos representa una nueva cultura y un nuevo marco institucional del Estado mexicano. La reforma del Estado pasa, necesariamente, por una visión de Estado en esta materia. Esa es mi convicción y compromiso. Por ello me esfuerzo desde hace muchos años. Para ello quiero ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Candidato a presidir la CNDH
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