Presos políticos en Estados Unidos
Gustavo de la Rosa es un preso político mexicano en Estados Unidos.
El derecho humanista no violó ninguna ley y esta encerrado en el campo de detención de la migra en El Paso, Texas. El departamento de Seguridad Interna dice que su política de detención es para protegerlo aunque el no pidió protección, pero la pregunta es, ¿por qué cree el gobierno estadounidense que la forma de proteger a la gente es encarcelándola?, ¿En que mente perversa se creo la noción que protección equivale a despojar de la libertad?
Dentro de la política de migración de Estados Unidos se encuentra la detención abusiva y el encarcelamiento injustificado de migrantes indocumentados y documentados, y se ha extendido a los solicitantes de protección del gobierno estadounidense. Es claro que este país no quiere ponerse del lado de los oprimidos y perseguidos del mundo y asume que todos se mueren de ganas por entrar y los considera criminales.
Al parecer es interminable el esfuerzo de victimizar a las víctimas. Sin demeritar a los migrantes que para mí son gente audaz y con el ánimo de progresar aún en contra de las adversidades, Gustavo de la Rosa representa un caso especial.
Es un viejo luchador de izquierda, profesor universitario, abogado laborista y a últimas fechas visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para víctimas en el Estado de Chihuahua y en virtud de ésta última función tuvo que salir del país a esconderse de una amenaza del ejército.
De la Rosa confirmó lo que ya había denunciado Human Rights Watch, que la justicia militar no es autónoma y que los jueces militares actúan con un criterio político.
Como visitador denunció 150 violaciones a los derechos humanos en Ciudad Juárez responsabilidad del ejército y confirmó que éstas estaban congeladas por el sistema de “justicia” militar.
La insistencia de De la Rosa porque se procesaran las quejas entre las que se incluyen asesinatos y desapariciones, provocó que uno de sus guardias fuera secuestrado y torturado por él ejercito y al otro trataron de asesinarlo, mientras que al lo amenazaron de muerte. Una noche cruzando la línea con todos sus papeles en regla fue detenido por la migra, Ante las interrogantes de su abogado, los agentes respondieron que después del interrogatorio lo dejarían salir, obviamente estaban mintiendo.
Del puente fue llevado al centro de detención sin indicaciones de cuando saldría. Este es un manejo típico de la migra: detener a alguien sin acusación y mantenerlo en prisión de manera indefinida. Mientras que en otros casos es una simple agresión con los migrantes, en este caso parece evidente una complicidad con el ejército mexicano, donde el gobierno estadounidense cierra los ojos respecto a que los fondos del plan Mérida se están usando para acosar civiles y violar los derechos humanos.
Cuando De la Rosa fue interrogado específicamente sobre de quién le daba miedo, el mencionó el nombre del general encargado del Operativo Conjunto Chihuahua y en ese momento los agentes de la migra dejaron de escribir. Debe haber una consigna política para que los procesos judiciales se manipulen tratando de proteger en el papel a los acusados de agredir civiles y peor en este caso donde la acusación es cualitativamente distinta.
Uno puede disentir frente a la determinación que modifica las leyes pero lo que es inaceptable es que una oficina de gobierno formule y aplique una política violatoria de la ley y someta a la gente a injusticias desmedidas. En este caso están tratando de forzarlo a pedir asilo político, encarcelarlo muchos meses hasta que llegue la audiencia, entonces negarle el asilo, deportarlo y arrebatarle la posibilidad de volver a entrar a Estados Unidos.
Gustavo de la Rosa debe luchar por su liberación y paso seguido demandar penalmente al servicio de inmigración y a los funcionarios que dieron la orden de detenerlo por haber violado sus derechos humanos y encarcelarlo injustamente, mientras que el senado estadounidense debe frenar los fondos para el Plan Mérida porque es obvio que el ejército mexicano sostiene una política violatoria a los derechos humanos.
Es perentorio que el gobierno mexicano levante la voz a favor de los presos políticos mexicanos en Estados Unidos y que frene los abusos contra los migrantes documentados e indocumentados.
Estados Unidos debe entender que el futuro de la relación bi-nacional camina de la mano del respeto a los trabajadores que cruzan las fronteras y más que nada del respeto a las normas internacionales de protección a los derechos y la dignidad humana.
Ojala el gobierno de México tome la bandera de Gustavo de la Rosa para cambiar de tajo la política de asedio y agresión que se desarrolla contra los migrantes mexicanos con toda impunidad.
Samuel Schmidt schimidt@mexico.com
Dentro de la política de migración de Estados Unidos se encuentra la detención abusiva y el encarcelamiento injustificado de migrantes indocumentados y documentados, y se ha extendido a los solicitantes de protección del gobierno estadounidense. Es claro que este país no quiere ponerse del lado de los oprimidos y perseguidos del mundo y asume que todos se mueren de ganas por entrar y los considera criminales.
Al parecer es interminable el esfuerzo de victimizar a las víctimas. Sin demeritar a los migrantes que para mí son gente audaz y con el ánimo de progresar aún en contra de las adversidades, Gustavo de la Rosa representa un caso especial.
Es un viejo luchador de izquierda, profesor universitario, abogado laborista y a últimas fechas visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para víctimas en el Estado de Chihuahua y en virtud de ésta última función tuvo que salir del país a esconderse de una amenaza del ejército.
De la Rosa confirmó lo que ya había denunciado Human Rights Watch, que la justicia militar no es autónoma y que los jueces militares actúan con un criterio político.
Como visitador denunció 150 violaciones a los derechos humanos en Ciudad Juárez responsabilidad del ejército y confirmó que éstas estaban congeladas por el sistema de “justicia” militar.
La insistencia de De la Rosa porque se procesaran las quejas entre las que se incluyen asesinatos y desapariciones, provocó que uno de sus guardias fuera secuestrado y torturado por él ejercito y al otro trataron de asesinarlo, mientras que al lo amenazaron de muerte. Una noche cruzando la línea con todos sus papeles en regla fue detenido por la migra, Ante las interrogantes de su abogado, los agentes respondieron que después del interrogatorio lo dejarían salir, obviamente estaban mintiendo.
Del puente fue llevado al centro de detención sin indicaciones de cuando saldría. Este es un manejo típico de la migra: detener a alguien sin acusación y mantenerlo en prisión de manera indefinida. Mientras que en otros casos es una simple agresión con los migrantes, en este caso parece evidente una complicidad con el ejército mexicano, donde el gobierno estadounidense cierra los ojos respecto a que los fondos del plan Mérida se están usando para acosar civiles y violar los derechos humanos.
Cuando De la Rosa fue interrogado específicamente sobre de quién le daba miedo, el mencionó el nombre del general encargado del Operativo Conjunto Chihuahua y en ese momento los agentes de la migra dejaron de escribir. Debe haber una consigna política para que los procesos judiciales se manipulen tratando de proteger en el papel a los acusados de agredir civiles y peor en este caso donde la acusación es cualitativamente distinta.
Uno puede disentir frente a la determinación que modifica las leyes pero lo que es inaceptable es que una oficina de gobierno formule y aplique una política violatoria de la ley y someta a la gente a injusticias desmedidas. En este caso están tratando de forzarlo a pedir asilo político, encarcelarlo muchos meses hasta que llegue la audiencia, entonces negarle el asilo, deportarlo y arrebatarle la posibilidad de volver a entrar a Estados Unidos.
Gustavo de la Rosa debe luchar por su liberación y paso seguido demandar penalmente al servicio de inmigración y a los funcionarios que dieron la orden de detenerlo por haber violado sus derechos humanos y encarcelarlo injustamente, mientras que el senado estadounidense debe frenar los fondos para el Plan Mérida porque es obvio que el ejército mexicano sostiene una política violatoria a los derechos humanos.
Es perentorio que el gobierno mexicano levante la voz a favor de los presos políticos mexicanos en Estados Unidos y que frene los abusos contra los migrantes documentados e indocumentados.
Estados Unidos debe entender que el futuro de la relación bi-nacional camina de la mano del respeto a los trabajadores que cruzan las fronteras y más que nada del respeto a las normas internacionales de protección a los derechos y la dignidad humana.
Ojala el gobierno de México tome la bandera de Gustavo de la Rosa para cambiar de tajo la política de asedio y agresión que se desarrolla contra los migrantes mexicanos con toda impunidad.
Samuel Schmidt
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