TIEMPO DE MUJERES

Informe anual de Human Rights Watch

Las leyes mexicanas no garantizan derechos femeninos

Por Paulina Rivas Ayala

México, DF, 25 ene 10 (CIMAC).- En México, las y los defensores de derechos humanos están amenazados, la libertad de expresión es una actividad peligrosa, las leyes no garantizan los derechos de las mujeres, hay violencia institucional hacia ellas, y la justicia es deficiente en un contexto de militarización y de impunidad.

Ese es el país que describe la organización internacional Human Rights Watch, en su Informe anual 2010 que consta de 612 páginas. Resume las condiciones en las que se encuentran los derechos humanos en 90 países y muestra los resultados de una investigación realizada durante 2009.

Uno de los “graves” problemas a los que se refiere el informe es que las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y las niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual, pues en ellas hay algunas disposiciones “contrarias a las normas internacionales” que definen las sanciones para los responsables con base en “la castidad de la víctima”.

Incluso, señala Human Rights, en algunas ocasiones se castiga la violencia doméstica “únicamente cuando la víctima ha sido maltratada en varias ocasiones” y las protecciones legales existentes “no se aplican rigurosamente”.

Sostiene que hay violencia institucional debido a que las autoridades no se dirigen con respeto a quienes denuncian una violación, lo que ha provocado que las víctimas sean renuentes a denunciar.

Lo anterior, indica, debilita el registro de cifras que pueden servir para presionar el impulso de reformas jurídicas necesarias para prevenir y erradicar el problema de violencia de género y conduce a la impunidad en la que se encuentran los delitos de violencia sexual y doméstica contra niñas y mujeres.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

La organización sostiene que a pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de la constitucionalidad de la ley que legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la ciudad de México, esta práctica sigue siendo penalizada en el resto del país y durante el año 2009 varios estados lograron incorporar el derecho a la vida del no nacido en sus Constituciones.

Ante esas acciones, Human Rights sostiene que las autoridades suelen “frustrar el intento de las víctimas de violación para interrumpir el embarazo” y tratan a las mujeres con desdén y hostilidad a pesar de que cada estado permite el aborto bajo ciertas circunstancias.

JUSTICIA Y ABUSOS DE PODER

La organización sostiene que a partir de que Felipe Calderón delegó la lucha contra el crimen organizado a las fuerzas armadas, se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones, tortura, violaciones sexuales contra mujeres y detenciones arbitrarias.

Human Rights considera a México como uno de los países que "bajo diversos pretextos”, están atacando las bases del movimiento de derechos humanos, una de esas excusas es la militarización, pues a partir de este hecho han aumentado las quejas de violaciones a los derechos fundamentales de la población civil.

Pero no sólo los elementos del ejército han cometido dichas violaciones, sino también el sistema de justicia penal “está plagada de problemas de derechos humanos” que consisten en malos tratos por parte de las autoridades policiales.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS HUMANOS

En el contexto de la militarización de Felipe Calderón también ha aumentado la violencia contra los periodistas que denuncian al crimen organizado y la corrupción gubernamental. Una de las consecuencias de ello es la autocensura de la prensa por los múltiples asesinatos de periodistas y personas que defienden los derechos humanos.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos , del año 2000 a la fecha se tienen registradas 59 muertes, 8 desapariciones de comunicadores y 7 atentados con explosivos a instalaciones de medios de comunicación.

En lo que se refiere a los ataques contra personas que defienden los derechos humanos, 2010 comenzó con la noticia del asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, quien en vida denunció abusos y violencia por parte del ejército por la desaparición forzada de uno de sus hijos y el homicidio de otro a manos del ejército.