TIEMPO DE MUJERES

TORTURA E IMPUNIDAD.

Alberto Híjar.

El Colectivo contra la Tortura y la Impunidad se ha distinguido por su rigor y constancia lo largo de sus primeros 5 años de su existencia. Condiciona su solidaridad con las denuncias enfurecidas sin más sustento que la digna rabia para precisar, en cambio, con pruebas contundentes los crímenes de Estado. Para esto, sus integrantes continúan sus esforzados estudios en salud pública, psicología y cuestiones indígenas, a fin de mantenerse actualizados y a la altura de las estructuras de seguridad fascistoides.

Ahora han presentado el libro de 133 páginas Tortura, pensamiento y acción del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad 2004-2009. Para contribuir al conocimiento transformador de la lucha contra el Estado represor. Transformador en el sentido de superar la pura crónica dramática. Quizá por esto haya que empezar por el final con el texto de Cristina Bottinelli, fallecida en México en 2009 luego de seguir las secuelas de la tortura argentina. Psicóloga, docente, clínica e investigadora, fundó la Red de Estudios Psicosociales Interactivos. CCTI le dedica el libro y ofrece en él la Ampliación Declaratoria presentada a la efímera Secretaría de Derechos Humanos en abril de 1992 donde narra lo sufrido en 1975-76 y sus consecuencias. Descubre la dialéctica irreductible a la anécdota para en cambio establecer el lugar de los crímenes mediante reflexiones sintéticas que dan lugar a caracterizaciones contundentes. El lugar del secuestro-tortura fue La Escuelita en Neuquén, quinto cuerpo del ejército, subzona 52, según identificación posterior a los hechos.

Huellas borradas podría llamarse el testimonio de Cristina porque nada consta en actas. “Yo soy mi prueba” afirma luego de enumerar los efectos secundarios: “tres lesiones cerebrales ocasionadas por la picana derivaron en enfermedades irreversibles y cambiaron substancialmente mi vida” para luego ser atendidas por ella misma ante los temores de ser denunciada por el recuerdo del médico que recomendaba “cuidado…paro cardiaco…bajen el voltaje…paren…continúen”. Cita a Víctor Frankl, el psicólogo sobreviviente de un campo de concentración: “quien no pierde la cabeza aquí es que no tiene cabeza que perder”. Ella optó por perder la cabeza para nada informar en medio de recuerdos intrusitos (inesperados), alertas ante señales imprevistas, indefensión y vulnerabilidad constantes. El terror pues.

“La ausencia de pruebas es justamente la prueba” concluye a medio testimonio. Ahí está no sólo la desastrosa situación de sobreviviente sino los efectos familiares y sociales. La certeza de que van en serio las amenazas no sólo a su persona sino a los familiares, acumuladas al frío congelante, a los gritos y susurros, a la tenaz reducción a nada de su personalidad hasta desear la muerte y no tenerla, hasta llegar al juego del bueno y el malo para captarla como informante. Lo poco bueno después se convirtió en terror culposo apenas interrumpido cuando “parimos juntos mi hijo y yo el derecho a existir”.

Y de esto, el peligro de la introspección individualista hasta el aislamiento cuando la evidencia inmediata prueba a cada momento la dimensión social terrible, así sea por los alaridos del de junto. Ni reparación del daño, ni indemnización injusta, resuelven la necesidad de ir más allá de la compasión y la autocompasión ante los recuerdos de haber sido obligada al canibalismo, a reglar sin intimidad pero suspendiendo el sangrado como resistencia instintiva, a llevarse a la boca quizá un pene, a recibir disparos sin balas, a ser citada para luego que saliera como satisfacción del erotismo de los torturadores. La fueron a aventar en libertad en medio del desierto. Concluye Cristina con la exigencia de que no sólo se establezcan como delitos de lesa humanidad la detención clandestina y la desaparición forzada (Asamblea General de la ONU, 1992) sino también la tortura. Para eso existe el Protocolo de Estambul sin reconocimiento por el Estado mexicano. El experto del CCTI que lo aplicó a un torturado para presentar el dictamen como prueba, fue demandado por la PGR por usurpación de funciones.

El libro reflexiona y testimonia Atenco, ese enorme crimen impune que mantiene a doce encarcelados y a un poderoso y gastalón gobernador como precandidato presidencial, mientras el responsable de entonces Genaro García Luna medra al frente de la ¿Seguridad Nacional? de ¿México? Carlos Fazio mencionó en la presentación en la Comisión de Derechos Humanos del D.F. la consolidación de la tortura sexual contra las mujeres y algunos hombres en Atenco como prueba de la calidad de la asesoría francesa transmisora de las experiencias del ejército colonial contra el pueblo de Argel. En fin, de los voceros de la criminalización de las luchas sociales se ocupan Enrique y Santiago Victoria, Jacobo Silva plantea definiciones desde su experiencia de diez años en penales de máxima seguridad donde ocurren crímenes no tan notorios como el asesinato a balazos del famoso Ceja güera que acarreó la supresión de todo derecho de los presos. Se reseñan los testimonios femeninos vertidos en el Festival de la Digna Rabia por mujeres victimadas en Atenco, Cristina Híjar entrevista a las y los del CCTI y Ricardo Loewe escribe de lo que sabe como el que más: la historia de la tortura y el Protocolo de Estambul en México. Gran libro para quien quiera avanzar más allá de la pura solicitud de compasión y consuelo.

La presentación del importante libro el jueves 21 ocurre cuando Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian las tropelías del ejército mexicano y las policías impunes como lucha contra el crimen organizado al que oponen el suyo propio. Cuando la Comisión para exigir la presentación con vida de los dos militantes del EPR desaparecidos vuelve a trabajar y denuncia los extravíos del expediente en la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando decenas de periodistas han sido ejecutados y otros intimidados y obligados a callar. Activistas de Ciudad Juárez denuncian el operativo militar de hostigamiento frente a la casa de Carlos Yeffim Fong Ronquillo conocido como el Gero, denunciante de las tropelías del ejército, las policías y los paramilitares.

La lucha sigue y sólo tendrá fin cuando otra justicia resuelva el irremediable desastre humanitario de éste Estado brutal que mantiene al ejército y la marina en las calles y los caminos rurales para cumplir con la Iniciativa Mérida en beneficio de la mal llamada y malnacida seguridad nacional a la que sirve, entre otros, el excomandante salvadoreño Joaquín Villalobos ahora escoltado por Aguilar Camín y otros sicarios intelectuales semejantes al servicio de Álvaro Uribe, Felipe Calderón y sus respectivos planes Colombia y México de contrainsurgencia y guerra puerca.

Treinta, cuarenta años han corrido desde los crímenes argentinos hasta ahora cobrados a Jorge Videla hoy reclamado por la justicia alemana, mientras el presidente salvadoreño convoca a la concordia imposible en un aniversario más de los Acuerdos de Chapultepec cuando Villalobos todavía del ERP entregó su fusil a Salinas de Gortari ante los reflectores y el ahora vicepresidente salvadoreño Sánchez Cerén, a nombre de las FPL, celebraba satisfecho sus buenos oficios traicioneros. Lo dicho: la lucha sigue.