MONEDERO
CIMACFoto | Gabriela Mendoza Vázquez
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | México, DF.- “La CEPAL aspira a ser parte y acompañar el diseño e implementación de la política pública en México y relevar temas como la política industrial, la urgencia de lograr la convergencia productiva con sustentabilidad ambiental, la importancia de construir sistemas de seguridad social universal, la equidad de género, y de relevar el rol económico y político de México en América Latina y el Caribe.”
Son palabras expresadas por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las únicas con una mención explícita a la equidad de género, elemento sustantivo de las políticas públicas para el desarrollo incluyente.
Forman parte de los temas debatidos en el Foro 2013 “México: políticas públicas para un desarrollo incluyente”, realizado los primeros días de enero, con la participación de los principales organismos internacionales para el desarrollo: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, OCDE y la propia CEPAL.
Para esta última instancia, la igualdad debe ser el principio ético normativo primordial y el objetivo último. Situar a la igualdad en el centro implica una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en la región durante al menos tres décadas.
Pero es una ruptura indispensable que exige políticas deliberadas centradas en derechos, con vocación universalista, en ámbitos como el empleo, la educación, la salud, y las pensiones y jubilaciones, ya que la desigualdad conspira contra el desarrollo y la seguridad, una afirmación que es clave para las mujeres.
En su opinión es indispensable apuntalar un crecimiento sostenido, estable y robusto, generador de empleos de calidad. Como también lo es un compromiso ineludible con la sostenibilidad ambiental, que se base en un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, aplicando los avances tecnológicos para lograr saltos productivos sin dañar el medio ambiente.
El crecimiento de la economía mexicana es modesto y volátil, inferior al promedio de América Latina, pese a la estabilidad macroeconómica y al destacado desempeño exportador.
Este modesto crecimiento es claramente insuficiente para generar por lo menos un millón de empleos formales que cada año México requiere para absorber a las y los jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral.
Se aprecia una tendencia a la concentración del empleo en sectores de baja productividad y bajos salarios, en los que mujeres y jóvenes se llevan la peor parte. El saldo en relación al ingreso es que el salario en términos reales es el mismo que en 1980, más de 30 años de retraso.
Subyace una segmentación educacional que reproduce y amplía las desigualdades laborales. En México el mayor salto en retornos laborales por logros educativos se da cuando se pasa de la educación secundaria a la terciaria completa (cinco o más años de educación superior), con un incremento esperable en ingresos laborales cercano al 80 por ciento.
Lo dramático es que por cada 27 jóvenes del nivel más rico que logra este nivel educativo, solo uno del nivel más pobre lo hace.
Es muy importante recuperar las voces de la sociedad civil y la academia que reclaman la apertura del espacio de diálogo, para discutir y expandir desde una perspectiva de derechos los compromisos del Pacto por México.
Que sus voces y demandas se consideren en el proceso de planificación e implementación. Prácticamente todos los organismos del foro hicieron referencia al Pacto por México y sus compromisos.
Para el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe no hay mejor política social que un empleo digno y de calidad.
El trabajo es la principal fuente de ingresos de la mayoría de la población y por tanto será a través de la generación empleos productivos como se abatirán la pobreza y la desigualdad.
La política de protección social contribuye a dar el primer paso en el combate de la pobreza, pero no implica una solución sustentable de la misma.
Señalo como retos para el país básicamente los mismos que CEPAL. Crecimiento basado en productividad, socialmente incluyente, ambientalmente responsable y un Estado eficiente. Si es socialmente incluyente y ambientalmente responsable forzosamente conlleva la equidad de género.
Por su parte, en la visión del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, se perfilaron algunas líneas sobre la necesidad de una reforma fiscal y hacendaria:
En esencia, la reforma hacendaria deberá estar asociada a un arreglo social y fiscal que permita garantizar la demanda, más que genuina, de una protección social plena.
Es prioritario fortalecer las finanzas públicas locales mediante una mayor recaudación local, presupuestos transparentes y orientados a resultados, así como una gestión adecuada de obligaciones financieras y pasivos contingentes.
Un programa efectivo de políticas públicas que promueva la inclusión social requerirá de una importante movilización de recursos públicos.
El crecimiento económico debe ser incluyente. Es necesario que el crecimiento “democratice la economía” y fortalezca plenamente los “derechos sociales”.
Para lograr un crecimiento incluyente y democrático, así como para fortalecer los derechos sociales es indispensable robustecer amplia y decididamente las políticas públicas dirigidas a la igualdad y equidad de género.
En definitiva, no se puede hablar de “desarrollo incluyente” excluyendo a las mujeres de las políticas públicas. Resulta indispensable la apertura al diálogo, escuchar y atender la voz de las organizaciones de mujeres y ampliar la agenda económica del Instituto Nacional de las Mujeres.
Twitter: @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
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