Nombramiento muy cuestionable

Ana María Aragonés

Las primeras declaraciones del nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, son sumamente preocupantes, al señalar que el fenómeno migratorio debe ser instrumentado con precisión desde el ámbito de la seguridad nacional (La Jornada, 18/1/13). Haremos un breve análisis del concepto seguridad nacional y en segundo término lo vincularemos al perfil del nuevo comisionado.

La doctrina de la seguridad nacional surge en la guerra fría como una doctrina militar ideada por Estados Unidos, justificada para detener el posible avance de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una de cuyas derivaciones fue aplicada por las dictaduras militares latinoamericanas, favoreciendo con ello la acción represiva de estos gobiernos contra opositores, a los que no se les reconoció como sujetos de derechos. En México el 26 de diciembre de 2005 se reformó la ley, señalando que por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Habría que preguntarle al nuevo comisionado si es que los migrantes atentan contra el Estado mexicano y, por lo tanto, ver el fenómeno migratorio desde la perspectiva de la seguridad nacional de entrada es no incorporarlos al marco de los derechos humanos.

El perfil de Ardelio Vargas Fosado resulta sumamente preocupante para ese cargo, sobre todo si se toman algunos datos de su historia personal. En primer lugar, como secretario de Seguridad Pública en Puebla su actuación se enmarcó en la violación a las garantías individuales, de acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y así continuó llenando su expediente con denuncias ciudadanas por agresiones a la integridad y detenciones arbitrarias, entre otros. No se puede olvidar su actuación cuando fue comisionado de la desaparecida Policía Federal Preventiva en mayo de 2006, en que se produjeron detenciones masivas y murieron dos personas en San Salvador Atenco. Pero ahí no termina su historial: resalta su participación en la comunidad de Cieneguilla, lugar en el que, por sus instrucciones, 200 uniformados de la Policía Estatal Preventiva arribaron el 23 agosto de 2011 y desalojaron con golpes a campesinos de la región e incendiaron sus viviendas, al tiempo que arrebataron grabadoras y cámaras a los reporteros, con el propósito de que no quedara constancia de su actuación (El Universal), a todas luces contraria a los más elementales derechos humanos. Resumiendo: se trata de un personaje que se ha caracterizado por ser un funcionario represor y violento, como señala El Nodo de Derechos Humanos en Puebla.

Sin embargo llama la atención que este funcionario señale que los migrantes que transitan por México deben hacerlo con la confianza de que en nuestro país no serán víctimas de la delincuencia ni de los malos funcionarios que se llegan a enquistar en nuestras instituciones, y que para ello tomará el compromiso del presidente Peña Nieto en materia de derechos humanos. Con el perfil que hemos descrito, es totalmente contradictorio hablar de seguridad nacional y derechos humanos, pues no se puede cambiar un estilo de funcionario como el que hemos descrito. No hay ninguna varita mágica que lo convierta en defensor de los derechos humanos cuando los ha violado en forma constante.

Es lamentable que el presente gobierno siga por el camino de las administraciones anteriores, sin atender los constantes reclamos que se han hecho por parte de los grupos de la sociedad civil y de derechos humanos, que han propuesto que el comisionado tenga como perfil fundamental el de una persona que haya demostrado el respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración no puede restructurarse, pues está corrompido de principio a fin. Simplemente mencionemos la actuación de la panista Cecilia Romero, marcada no sólo por la tragedia de San Fernando, en la que perdieron la vida 72 migrantes, sino por la profundidad a la que llegó la corrupción, a pesar de lo cual no se castigó a ningún funcionario. Y en cuanto a Beltrán del Río, si bien se sancionó a 366 funcionarios, como señaló Pablo Gómez en la sede del Senado, la purga de funcionarios es totalmente insuficiente.

En realidad, el INM presenta una falla fundamental y tiene que ver con el hecho de que no hay ningún lineamiento en sus objetivos que aborde el fenómeno de los migrantes indocumentados; sólo plantea las condiciones para la migración legal. Por lo tanto, se trata de un conjunto de personas que están en el limbo jurídico, lo que conduce a su enorme vulnerabilidad y a la posibilidad de que sus funcionarios puedan ejercer contra ellos todo tipo de corrupción. Si bien se aprobó la Ley de Migración, ésta debería ser incorporada a los objetivos del INM para no ser letra muerta.

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