Con
un sesgo político equiparable al utilizado por el calderonismo para
encarcelarlos, el equipo de Enrique Peña Nieto ha decidido beneficiar a
cinco militares que en mayo del año pasado fueron llevados a prisión en
un episodio cargado de indicios facciosos, vengativos y retorcidos.
Luego de que un tribunal unitario de circuito había confirmado hace
una semana la procedencia del proceso y la estancia en prisión de los
oficiales de las fuerzas armadas (de entre quienes destaca el general
de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare), la Procuraduría General
de la República ha anunciado que
no cuenta con prueba alguna que corrobore las declaraciones de testigos protegidos, según lo publicado ayer en la página de Internet de La Jornada por el reportero Alfredo Méndez (http://bit.ly/WHRdiI).
El procurador federal de justicia, Jesús Murillo Karam, ha adornado
el excepcional gesto de reciprocidad política hacia los detenidos con
argumentaciones que vistas en abstracto pueden ser plausibles e incluso
esperanzadoras pero que, en el caso concreto, y siendo de exclusiva
aplicación para éste, corren el riesgo de quedar como simples artimañas
jurídicas en busca de disfrazar la misma politización de la procuración
de justicia que ahora se atribuye a los panistas administradores
anteriores.
Cierto es que la figura de los testigos protegidos fue una de las
sucias maquinaciones que el felipismo garcialunesco utilizó por sistema
para acusar y encarcelar a sus adversarios en el gran negocio del
narcotráfico y que bien hará el peñanietismo si extingue tal
perversión, ya sea eliminando tal figura o regulándola de tal manera
que su aprovechamiento sea excepcional y bajo firmes fundamentos.
Pero no es de celebrarse que tales criterios correctivos se apliquen
en principio sólo para favorecer a una suerte de correligionarios
armados, como si no estuvieran repletas las gavetas judiciales de
expedientes con casos similares que, por lo tanto, merecerían trato
equivalente. También es de reconocerse que la Procuraduría General de
la República sea capaz de reconocer errores y se retracte de ciertas
acusaciones, abriendo la puerta a la liberación de quienes hubiesen
sido injustamente procesados. Pero tales cesiones deberían producirse
por miles y no solamente en relación con determinados personajes
castrenses cercanos a los afectos del poder en turno.
El divisionario Ángeles Dauahare, ha de recordarse, fue encarcelado
en plenos hervores electorales, en mayo del año pasado, cuando su
nombre se mencionaba como uno de los depositarios de la confianza del
entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, a tal grado que se
le consideraba una de las cartas para la Secretaría de la Defensa
Nacional en caso de que el PRI ganara los comicios o, en otro
escenario, para encargarse del manejo de la Secretaría de Seguridad
Pública. En un Astillero de ese mayo (http://bit.ly/Wemz2J)
se planteaba como contexto de la detención de Ángeles, y otros dos
generales en retiro, el hecho de que el divisionario había participado
en un foro de la Fundación Colosio, con la presencia de EPN, en el que
hizo fundadas críticas al calderonismo.
REUNIÓN CON SENADORES. Enrique Peña Nieto se reunió a comer con
senadores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde
Ecologista de México ayer en el hotel Hyatt; en la foto, con el senador
Emilio Gamboa PatrónFoto José Antonio López
Ángeles Dauahare dijo en ese acto priísta que el futuro gobierno debería dejar de
estar dando brochazos por diferentes circunstancias a través de líneas de acción que nos conducen a veces a la nada. Criticó luego la
estrategiacontra el narcotráfico, pues
estamos combatiendo al enemigo en su fuerza, calificando como enemigo a las organizaciones criminales. Y al enemigo no se le combate en su fuerza, sino en su centro de gravedad. Un ejemplo muy común, conocido por todos, es el conflicto de Vietnam. Estados Unidos perdió la guerra en las calles de sus ciudades, no en los arrozales de Vietnam; allá estaba la fuerza. E, incluso, señaló:
Yo me atrevería a decir que no tenemos estrategia de seguridad nacional. No tenemos un apropiado marco de referencia sobre seguridad nacional.
Días después, el gobierno calderonista hizo detener a Dauahare y a
otros militares, con base en señalamientos de narcotraficantes
convertidos en testigos protegidos. Según eso, quien había sido
subsecretario de la Defensa Nacional en los primeros años del
calderonismo recibía dinero para proteger cargamentos de droga
pertenecientes al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Sin embargo, la persecución felipista es compensada ahora con una
inusual claudicación por parte de la PGR, que se declara incapaz de dar
continuidad y validez a los señalamientos contra Ángeles Dauahare. En
un México cuyas cárceles están llenas de casos con características
similares a la del expediente militar en mención, Murillo Karam decide
tirar la toalla para dar paso a que, sin sostenimiento de la acusación
original, un juez declare en libertad a quienes gozan del aprecio del
régimen en turno.
Otro de los grandes montajes de la administración recién pasada será
puesto a prueba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sin el
predominio de la pareja ejecutiva que formaron Felipe Calderón y Genaro
García Luna. A estas alturas aún es imposible tener certeza jurídica
respecto al papel que jugó la francesa Florence Cassez en una historia
de secuestros que también está en entredicho. Pero el entonces virtual
vicepresidente, García Luna, manoseó y distorsionó a tal grado ese
proceso que se transformó en un largo conflicto con Francia y en
muestra internacional de lo que puede hacer un gobierno desquiciado.
Hoy, bajo el interés peñanietista de normalizar las relaciones con
París, y de realizar un viaje de reivindicación, los ministros de la
Suprema Corte buscarán la manera de destrabar el problema conforme a
las nuevas necesidades políticas.
Y, mientras el ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington espera que
los nuevos tiempos lo libren de las acusaciones entabladas también por
circunstancias electorales por el calderonismo, pues este 29 un juez
federal determinará si le concede protección contra la orden de
aprehensión vigente por presuntos actos de delincuencia organizada,
¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Por
lo visto, la aun invertebrada Cruzada Nacional contra el Hambre (qué
querían: ¿rapidez o calidad?) fue concebida y ordenada con base en dos
criterios, uno público y otro privado: el del Programa Nacional de
Solidaridad, cuya paternidad corresponde a Carlos Salinas de Gortari, y
el del Teletón autóctono, por medio del cual Televisa y otras empresas
gigantescas expían culpas y, de pasadita, uno que otro impuesto.
Fundamentalmente esas serían las pautas a seguir en la citada campaña,
recién presentada en sociedad por el inquilino de Los Pinos.
Además, tras publicarse ayer el decreto
por el que se establece el sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, Sinhambre(así lo denominaron), queda rotundamente claro que el gobierno peñanietista deberá hacer circo, maroma y teatro si su pretensión real es cumplir con lo mucho que ha ofrecido en la materia, pues, de acuerdo con los lineamientos de dicho decreto, para tal fin no destinará un sólo peso adicional al presupuesto ya autorizado por la Cámara de Diputados para 2013, es decir, el programa social estrella del nuevo gobierno no tendrá recursos, de tal suerte que operará como pueda.
Lo anterior queda más que nítido en el artículo cuarto transitorio del texto que intenta dar cuerpo a Sinhambre:
las erogaciones que realicen las dependencias y entidades para dar cumplimiento al presente decreto se cubrirán con cargo a los respectivos programas y presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal correspondiente, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ni un peso adicional a los ya autorizados por la Cámara de Diputados saldrá del erario para financiar el rosario de promesas lanzadas el pasado lunes en Las Margaritas. Entonces, ¿cómo le harán para financiar tan titánico esfuerzo?
Pues bien, aquí es donde entra la técnica Teletón, pues en el artículo décimo tercero del multicitado decreto se establece que
la Secretaría de Desarrollo Social, con la participación de las dependencias competentes, promoverá mecanismos e instrumentos para fomentar aportaciones de organismos e instituciones internacionales y de los sectores social y privado, así como para la aplicación de éstas en la ejecución de las acciones relacionadas con los objetivos de la Cruzada contra el Hambre.
Así, alegremente el gobierno federal
trasladasus obligaciones sociales a dichas instancias internacionales y a los sectores que se refieren, para que sean ellas y ellos los que financien el programa estrella del inquilino de Los Pinos, olvidando (por mucho que en sus discursos recurrentemente lo cite Enrique Peña) el texto y el contexto del artículo 4 constitucional, que a la letra obliga:
toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Entonces, para financiar la cruzada, ni un peso adicional de las arcas públicas, y los que se llegaran a conseguir provendrían de cualquier parte, menos del gobierno federal.
Eso por la parte de los dineros, para cuya captación en breve
veremos a los artistas, cómicos y locutores de Televisa y TV Azteca
asistiendo a Los Pinos –cadena nacional de por medio– con el fin de
aportar sus respectivos cheques para Sinhambre, que serían recibidos
por Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, acompañados por
Rosario Robles y Luis Videgaray. Y a determinada hora de la madrugada,
seríamos sensibles testigos de cómo Lucerito, Marco del Regil y
Fernando Landeros, más los que gusten acompañarlos en pantalla, con
emoción dan a conocer que
se rebasó la meta, ante la paternal sonrisa de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, quienes recordarán que todo es posible en la fábrica de sueños.
Por
el lado conceptual, el ya aburrido decreto que se cita establece que
“la Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia de inclusión y
bienestar social, que se implementará a partir de un proceso
participativo de amplio alcance, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos
y recursos de la federación, las entidades federativas y los
municipios, así como de los sectores público, social y privado y de
organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los
objetivos…”
Compárese lo anterior con el andamiaje retórico del Programa Nacional de Solidaridad, que
es el instrumento que el gobierno de la República ha creado para emprender una lucha frontal contra la pobreza, mediante la suma de esfuerzos coordinados entre los tres órdenes de gobierno, y a través de proyectos y acciones concertadas con la sociedad. En el marco de un enfoque integral para combatir la pobreza, el PNS es el instrumento por excelencia para renovar una cultura de solidaridad y de participación social. El combate a la pobreza requiere un elevado espíritu de solidaridad de todos los mexicanos.
Pero bueno, ya hay decreto, aunque todavía no saben cómo estará
organizada ni cómo funcionará, toda vez que el artículo décimo segundo
del decreto de marras advierte que
la Secretaría de Desarrollo Social expedirá los lineamientos para la organización y funcionamiento del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre y de los comités comunitarios, de tal suerte que los 7.4 millones de mexicanos pobres y hambrientos que inicialmente atendería Sinhambre deberán esperar pacientemente (
que se brinquen una comida, recomendaría Ernesto Cordero) para que la rapidez con la que el gobierno federal presentó Sinhambre en sociedad se empalme con la capacidad financiera y operativa para su ejecución.
Paciencia, pues, que entre el Programa Nacional de Solidaridad y la
Cruzada Nacional contra el Hambre sólo transcurrieron 24 años, y el
Teletón en México apenas está por cumplir 16. Además, los millones de
hambrientos que sobreviven en esta República de discursos obtienen un
plus, pues podrán ver a Lucerito en la pantalla cuando se transmita, en
vivo y a todo color, el Teletón gubernamental.
Las rebanadas del pastel
Rabiosos y atascados, los barones de la minería, por
medio de sus personeros (entre ellos Agustín Acosta Azcón) insisten en
difundir falsas versiones sobre supuestas órdenes de aprehensión en
contra de Napoleón Gómez Urrutia,
cuando lo cierto es que el dirigente sindical obtuvo sentencia favorable en el juicio de amparo que promovió contra la última de las 11 acciones ilegales que se plantearon inconstitucionalmente en su contra, informa la defensa legal del Sindicato Nacional de Mineros, que encabeza el abogado Marco del Toro.
El
abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, defensor del general Tomás
Ángeles Dauahare –detenido junto con otros cinco mandos militares, por
presuntos nexos con el narcotráfico– pidió al juzgado responsable del
proceso de su cliente dictar la sentencia penal correspondiente debido
a la
falta de pruebasque acrediten las acusaciones formuladas el año pasado por la Procuraduría General de la República. La víspera, esa dependencia federal envió al juzgado responsable del proceso un documento en el que admite que no cuenta con prueba alguna que corrobore las declaraciones de testigos protegidos que acusaron a Ángeles Dauahare y al resto de los inculpados, que son, hasta donde se sabe, el componente principal del proceso judicial contra éstos.
En territorio zapatista priva la dignidad, no la miseria, dice
Señor Enrique Peña Nieto,
supongo que se habrá dado cuenta que en Chiapas no abunda la miseria
sino la dignidad. ¿Sabe? No dudamos que con su visita a Las Margaritas,
Chiapas, su visión aún siga limitada. Su
cruzada contra el hambreno ha podido entender que la geografía ha cambiado en estos últimos 20 años. Los más de 273 programas federales y los más de 2 mil 391 programas estatales y municipales diseñados para
acabar con la pobrezasólo juegan a medir las escalas del hambre y control que les dicta el FMI y el BM. La digna lucha del EZLN trasluce que las tácticas de contrainsurgencia siguen en pie.
Junto
con los otros liberales de su generación, Ignacio Manuel Altamirano
luchó decididamente por la libertad de cultos. Cuando ésta se obtuvo
legalmente, el 4 de diciembre de 1860, emergieron a la luz pública
células evangélicas que se fueron consolidando hasta convertirse en
núcleos bien asentados en distintas regiones del país.
El
escenario ha sido repetido en numerosas ocasiones para que resista
incólume la dura prueba de los hechos de soporte. Las disonancias entre
palabras y concreciones van apareciendo y fermentan dudas sobre los
méritos de mostrar, una y otra vez, escenografías donde las bases son
por demás endebles. El gobierno de Peña Nieto, a juicio de la crítica
enterada, agotó sus oportunidades de subirse al estrado sin nada, o muy
poco, entre sus manos. Aun los más ardientes difusores del oficialismo
en turno han menguado en sus alabanzas al espíritu renovador que,
llenos de fervor, anunciaron desde sus magníficos altavoces. Insuflar
expectativas requiere, según parece y a juicio del poder, de una
intensa campaña de propaganda gubernamental que apuntale los mermados
ánimos populares. Las formas con que se viene envolviendo el quehacer
público no se pueden confundir con el fondo.
Con mirada retronostálgica, aún es posible caminar por el centro de ciudad de México y los barrios
con historiade Buenos Aires, Quito, Montevideo, La Paz, Río de Janeiro. En cambio, los de Lima, Bogotá, Santiago, Panamá, Caracas, apenas conservan vestigios de añejas lozanías urbanas.
Los
casos de la estatua de Aliyev en Chapultepec y de Florence Cassez han
conseguido bastante más espacio en los medios que el de Walmart, que es
tanto más grave para el conjunto de la sociedad mexicana.
Se
cumplen cinco años desde que estalló la crisis global con epicentro en
el sector financiero. La economía mundial todavía aguarda con esperanza
una regulación para los bancos que controle abusos y reduzca riesgos.
Sin embargo, un nuevo y eficaz esquema regulatorio se está haciendo
esperar mucho más que Godot.
Curiosa
sociedad la nuestra: cada vez tenemos más foros de discusión y, al
parecer, cada vez discutimos menos. Discutir en el sentido fuerte del
término: contender con razones para examinar temas esenciales como el
calentamiento global, el agua, la sobrepoblación, las matanzas en Malí,
el derecho a la maternidad voluntaria o la nueva peste de la sociedad
moderna: el ocio.
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