Monsanto se enfrenta a apicultores de Yucatán en la Suprema Corte (Entrevistas en CNN)

"La postura de Monsanto, como empresa, siempre hemos sido muy cercanos con las comunidades donde desarrollamos nuestro productos", aseguró el asesor jurídico de la compañía. (Foto: Karina Maciel) La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a resolver siete recursos en revisión, sobre la soya genéticamente modificada, que presentó la empresa Monsanto así como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y en algunos casos el Ministerio Público Federal, contra tres sentencias de amparo, dos emitidas por un juez federal en Campeche, la otra por un juez federal en Yucatán, que declararon inconstitucional el permiso otorgado por la Senasica a  Monsanto, para la siembra en fase comercial de soya genéticamente modificada, explicó Jorge Fernández Mendiburu, asesor jurídico de los apicultores mayas. En entrevista para Aristegui CNN, dijo que “los juzgados determinaron dos violaciones, una que tiene que ver con la violación del derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas de la Península de Yucatán y otro punto que tiene que ver con la violación al procedimiento puesto que los permisos se otorgaron desoyendo tres dictámenes importantes que desaconsejaban la siembra de la soya genéticamente modificada”. “Uno de los argumentos principales que utiliza el Tribunal Colegiado de Campeche y Yucatán para remitir el caso a la Corte es el tema del derecho al medio ambiente sano, lo que dice el Tribunal es: ‘Estamos en un caso donde efectivamente se tendrá que determinar si hay una legitimidad de comunidades indígenas para poder impugnar este tipo de permisos‘”, apuntó. Por otra parte “hay un tema que va más allá del tema de los pueblos originarios, es el derecho al medio ambiente sano… el debate es mucho más amplio. Es un tema de interés legítimo porque ese fue el planteamiento que hicieron los impugnantes, pero es un tema también de afectaciones al medio ambiente”. “El planteamiento y la oportunidad es bastante abierta para que la Corte le pueda entrar a si es indispensable aplicar el principio precautorio a partir de los riesgos que están señalados en los informes que obran en los expedienes del amparo, y además porque el tema vinculado por los indígenas no puede desligarse del tema del medio ambiente. Estamos hablando del patrimonio bicultural”, destacó. “Creemos que hay elementos suficientes para que se establezcan elementos, estándares y precedentes que hablen de una vez por todas del principio precautorio en México, además del tema de la consulta”, contó. Expuso que “la consulta establecida en la ley de bioseguridad es muy distinta a la consulta en materia indígena. Los quejosos no participaron en esa consulta, habrán participado algunas de las asociaciones que acompaña, los quejosos como tal no. Además, “la consulta en materia indígena es distinta, implica todo un proceso, hay toda una serie de requisitos. No podemos pretender que los pueblos originarios tengan acceso a los mecanismos de consulta que tien la ley de bioseguridad”. “Hay toda una serie de consecuencias ambientales, que no pueden estar desligadas”, refirió. “La utilización de glisofato implica un riesgo de resistencia de malezas, implica un riesgo por el tema de la polinización”, indicó. La comisión de áreas naturales protegidas ha dicho que los permisos se otorgaron en áreas que no son agrícolas, esto implica riesgo de deforestación, recordó. Monsanto  Por su parte Rodrigo Ojeda, director jurídico de Monsanto, aseveró que “consideramos que el asunto tiene que ver más con la procedencia del amparo (un grupo de indígenas)”. “Se tiene en juego cómo va a proceder cualquier amparo respecto de cualquier persona que levante la mano para decir que tiene una supuesta afectación, lo cual es trascendente para los efectos de la administración pública”, detalló. Dijo que “lo que tendrá que resolver la SCJN desde el punto legal es, si procede, cómo se concibió el amparo o si no procede”. “La Corte no va a entrar a un debate de si los transgénicos y la soya son buenos o malos… No va a ser un pronunciamiento de si la soya genéticamente modificada es buena o mala“, recalcó. “Al final del día la Corte va a tener la decisión de irse hacia la apreciación de los jueces de distrito de la Península de Yucatán que establecieron que no se siguió una fase de los procesos de otorgamiento, o por otro lado conforme a los argumentos presentados por la autoridad, el Ministerio Público y Monsanto en el sentido de que las personas que presentaron el amparo no acreditaron el interés legítimo”, precisó. “Nosotros seguimos el procedimiento establecido en la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados... obtuvimos el permiso después de seguir ese procedimiento y comenzamos la comercialización de soya, dentro de ese procedimiento se siguió una consulta pública, hay que señalar que incluso las mismas personas que están hoy demandando, participaron en parte de estas consultas públicas”, reviró. “Llevamos dos-tres años con esos permisos comercializando el producto a los agricultores de la zona que nos lo han solicitado. No hay nada en este momento que evite que Monsanto pueda seguir comercializando este producto”, justificó. Escucha la entrevista: