El reto para un país como México que mantiene altos índices de corrupción, es cómo avanzar “de la narrativa tecnológica a una agenda con una voluntad política de derechos humanos”.
México tiene una de las mejores leyes de acceso a la información, pero
es uno de los países con mayor percepción de corrupción; eso demuestra
que “algo no está funcionando”, porque “no es posible hablar de gobierno
abierto si no hay justicia social, equidad y redistribución del poder”.
Así lo advierte el investigador de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), Álvaro Ramírez, quien realiza el reporte de
los avances de los 66 países que integran la Alianza para el Gobierno
Abierto que será presentado en diciembre próximo.
El reto para
un país como México que mantiene altos índices de corrupción, es cómo
avanzar “de la narrativa tecnológica a una agenda con una voluntad
política de derechos humanos”, aseguró el experto luego de presentar
avances de su estudio, auspiciado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), durante una sesión de la Cumbre Global Alianza para el
Gobierno Abierto.
México fue sede de este encuentro internacional
que reunió a representantes de 66 naciones para consensuar la agenda de
los próximos dos años en los temas centrales de la Alianza: Rendición
de cuentas, tecnología e innovación, participación ciudadana y
transparencia. Alejandra Lagunes, coordinadora de Estrategia Digital
Nacional, aseguró que México está avanzando en los compromisos adoptados
en 2011, cuando el país se unió a la Alianza.
Sin embargo, los
expertos, como el co-presidente de la Alianza por el Gobierno Abierto,
Alejandro González, y la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, señalan que el avance de los gobiernos
debe verse traducido en una mejor calidad de vida para la población.
Es
decir, una democracia fortalecida, ciudadanos con pleno ejercicio de
derechos e, incluso, el avance llevaría a combatir la desigualdad en
América Latina, donde existen 71 millones de personas en situación de
pobreza.
“Muchos países pueden estar en un proceso de simulación.
Hay un desafío de voluntad político y creer que esta es una manera para
garantizar un Estado de Derecho sino para cambiar la calidad de vida y
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, aseguró Álvaro
Ramírez, de la Cepal.
Estas consideraciones coinciden con el
segundo Mecanismo de Revisión Independiente de 2013-2015, realizado por
investigadores de Centro de Contraloría Social y Estudios de la
Construcción Democrática (CCS CIESAS), donde evaluó los avances del
gobierno mexicano respecto a sus promesas.
El reporte presenta los
resultados de 26 compromisos agrupados en nueve áreas: competitividad y
crecimiento económico; justicia y seguridad; política social y
educativa; ejercicio presupuestal e infraestructura y obra pública.
Los
indicadores registrados por el gobierno federal aparecen en varios
aspectos como “completado”; sin embargo, “ninguno de los compromisos
cuenta todavía con evidencia acerca del grado de utilización de la
información publicada ni sobre los beneficios que ésta ha representado
para los usuarios. Es decir, no se tiene información que permita
establecer los resultados que a la fecha ha generado el cumplimiento de
cada uno de los compromisos”, advierte la evaluación externa.
Estos son los incumplimientos señalados en el Mecanismo de Revisión Independiente de 2013-2015:
- Competitividad y crecimiento económico. El objetivo es publicar y hacer accesible información pública, como parte de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El gobierno mexicano se comprometió a facilitar la información de servicios públicos, solicitudes de crédito para emprendimiento, normas y regulación de la actividad económica a través de plataformas como www.gob.mx
Sin
embargo, la publicación de información no implica conocer el desempeño y
los resultados de las acciones en cuestión. Las reformas en materia de
transparencia no contribuyen a reducir la corrupción si no van
acompañadas de estrategias que permitan fortalecer la capacidad de
llamar a cuentas y sancionar a las autoridades; el publicar información
no es suficiente para afectar el desempeño y los resultados de las
acciones en cuestión. Se necesita que dicha información realmente
alcance a quienes está dirigida y pueda ser utilizada para procesos
efectivos de sanción.
- Justicia y seguridad. El gobierno mexicano se comprometió a crear una herramienta tecnológica que vincules dos bases de datos: el Sistema de Registro de Detenidos (SIRED) y el Sistema Público de Consulta de Detenidos (SPCD). Pero hasta el momento sólo se han acordado el tipo de datos que contendrá las plataformas.
También prometió un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) www.rnped.segob.gob.mx
,sin embargo, la base de datos no se encuentra homologada, ya que se
alimenta del reporte de distintas agencias, por lo que la información es
ambigua y en algunos casos se encuentra duplicada.
El tercer
componente era publicar información estadística de la Procuraduría
General de la República (PGR) sobre incidencia delictiva por
delegaciones estatales en www.datos.gob.mx; pero está pendiente todavía actualizar toda la información comprometida.
- Política social. Se cumplió en el compromiso de redactar y aprobar el Decreto para la creación del Padrón Único de Beneficiarios de Programas Gubernamentales (PUB) y en la publicación de datos de educación superior de forma desagregada y en formatos abiertos (matrícula, personal, subsistema y campo de formación por entidad federativa) www.busca.datos.gob.mx/#/instituciones/sep
Pero
en el sitio con la oferta de becas en las áreas e instituciones que
forman parte del Programa Nacional de Becas, aún no posible registrarse
en el portal para solicitar becas disponibles, aspecto clave para el
cumplimiento del compromiso.
- Transparencia presupuestal y fiscal. El gobierno mexicano se comprometió a enriquecer el Sistema CompraNet con módulos que contengan mayor información sobre el programa anual de compras y el resultado de investigaciones de mercado. Aunque se cumplió, tiene un impacto potencial bajo, porque contar con información clara sobre procedimientos de compras públicas no garantiza la prevención de actos de corrupción ni un buen desempeño gubernamental o un ejercicio eficiente del gasto público.
En cuanto al buzón tributario,
la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya ofrecía
información sobre las obligaciones fiscales de los contribuyentes, de
acuerdo con su actividad. Adicionalmente, no existe evidencia de que la
publicación de mayor información sobre obligaciones fiscales sea una
solución para enfrentar problemáticas relacionadas con la evasión fiscal
y el incumplimiento de dichas obligaciones. Por lo tanto este
compromiso también tiene un impacto potencial bajo.
- Infraestructura y obra pública. El gobierno ha invertido en la plataforma “Traza tu Ruta” http://ttr.sct.gob.mx/mappir y argumenta que es relevante; sin embargo, plataformas como éstas enfrentan la competencia de plataformas abiertas como google maps. El impacto potencial de esta medida, por lo tanto, dependerá de la capacidad de atraer tráfico a partir del valor agregado que ofrezca a los usuarios.
- Agenda digital. Se formalizó la Política Nacional de Datos Abiertos (PNDA) mediante un instrumento jurídico oficial, que se aplicará en las dependencias gubernamentales. Si bien es un primer paso necesario para avanzar hacia un gobierno abierto, su alcance es limitado, ya que no se puede hablar todavía de una efectiva implementación de dicha política que permita facilitar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y promover la innovación en nuestro país; y que al mismo tiempo sea capaz de crear valor social, mejorar la prestación de servicios gubernamentales, incrementar la transparencia y rendición de cuentas.
- Energía e industrias extractivas. El compromiso cumplido fue el sistema de información pública actualizado periódicamente sobre los donativos que otorga Petróleos Mexicanos y las licitaciones públicas. Pero no se concretó la base de datos pública con información sobre los proyectos de exploración y explotación de las compañías mineras que operan en México.
La
industria extractiva en México ha sido fuertemente cuestionada por
actos de corrupción y falta de apego a normas de respeto a derechos
laborales o ambientales, por lo que para avanzar hacia una efectiva
regulación y rendición de cuentas, la publicación de información tendría
que ir acompañada del fortalecimiento de mecanismos formales de
monitoreo, evaluación y control, incluyendo la aplicación de sanciones a
los casos de incumplimiento e irregularidades.
- Política ambiental. México avanzó significativamente en la generación de información y en el crecimiento y consolidación de sus sistemas de información ambiental. No obstante, aún falta generar e incorporar, en los diversos sistemas, información sobre temas prioritarios como los relacionados con el crecimiento verde, la productividad y eficiencia en el uso de los recursos, el valor de los servicios ambientales, y la integridad de los ecosistemas, pues los vínculos positivos y negativos identificados entre desarrollo y ambiente no se han logrado todavía.
- Retos públicos. Se cumplió el compromiso de desarrollar una plataforma en línea para gestionar convocatorias públicas para que pequeñas y medianas empresas puedan participar como proveedoras de tecnología del gobierno federal, proponiendo soluciones digitales a cinco retos públicos. Sin embargo, tal y como está redactado el compromiso, su impacto potencial es bajo, pues no considera realmente la participación de la sociedad en la solución de problemáticas en forma conjunta.
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