Jesús Cantú
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- El gobierno mexicano y el Grupo Interdisciplinario de
Expertos Independientes (GIEI) lograron 10 puntos de acuerdo los cuales,
de aplicarse a cabalidad, podrían modificar radicalmente la
investigación sobre los acontecimientos del 26 de septiembre de 2014 en
Iguala.
Sin embargo, las declaraciones de los funcionarios
públicos que acudieron a Washington muestran que se busca preservar las
posiciones originales del gobierno mexicano: realizar un nuevo peritaje
sobre la presunta cremación de los cuerpos en el basurero de Cocula;
mantener la investigación en manos de la misma Procuraduría General de
la República (PGR) –cambiarla de una subprocuraduría a otra es una
medida cosmética–; y evitar que los militares sean entrevistados por el
GIEI.
La PGR, sin importar el cambio de su titular, persiste en
su pretensión de culpar de los hechos a las policías municipales de
Iguala y Cocula y deslindar de cualquier responsabilidad a las fuerzas
federales (Policía Federal, Ministerial Federal y Ejército).
El
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación,
Roberto Campa, sostiene que “el informe es coincidente con la
investigación que hizo el Ministerio Público, ya que los perpetradores
de estos hechos son corporaciones policiacas de Iguala, Cocula y los
expertos apuntan a la responsabilidad del gobierno municipal de Iguala…”
Sin embargo Campa ignora las recomendaciones 8 y 9 del informe del GIEI
que solicitan: “Investigar si la actuación de todos los cuerpos de
seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y
si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación,
especialmente, con la obligación de proteger a los ciudadanos”; e
“investigar a todos los posibles responsables que podrían haber
participado en los hechos de acuerdo con las declaraciones testimoniales
y otras evidencias probatorias.”
El informe, en la página 325,
señala explícitamente: “Los escenarios de violencia de esa noche
muestran un panorama de indefensión de las víctimas frente a los
agresores. Ello no sólo por el hecho de que se trataba de policía
municipal, sino porque ninguna otra fuerza del Estado que estaba
teniendo conocimiento de los hechos o estuvo presente en algunos
escenarios cuando se producían y fue testigo del nivel de agresión y
violaciones de derechos humanos, actuó en protección de los
normalistas.”
En la 318 destaca: “Además de la policías
municipales de Iguala y Cocula que fueron los directos agresores, en las
dos escenas de Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia, de donde
fueron detenidos y desaparecidos normalistas, hubo presencia de agentes
del Ejército, de la Policía Federal y ministerial en distintos
momentos.”
El documento señala además que hay dos momentos en que
no hay comunicaciones en el C-4 y que un documento oficial de
Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo señala “que no tiene
acceso a información a partir del C-4 en ciertos momentos esa noche,
porque la comunicación está intervenida por Sedena.”
Hoy incluso
se sabe (Proceso 2033) que tanto el entonces gobernador de Guerrero,
Ángel Aguirre, como el entonces procurador, Iñaky Blanco, hablaron
directamente con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, y solicitaron el apoyo del Ejército y la Policía Federal, mismos
que les fueron negados.
Efectivamente, como señala Campa, hasta
el momento en la investigación del GIEI no hay “absolutamente ningún
elemento o evidencia que haga suponer la participación de miembros de
las Fuerzas Armadas”, pero sí hay muchos elementos que obligan a seguir
las dos recomendaciones del GIEI ya citados, pues sus responsabilidades
pueden ser por omisión, al no proteger a los normalistas; como por haber
brindado protección a los actores directos de la desaparición forzada.
Contrario a lo que señala Campa hay muchos cabos sueltos en la
investigación de la PGR y muchos de éstos ya fueron claramente señalados
en el informe del grupo de expertos. Las diferencias entre las
investigaciones no se limitan a si fueron o no cremados en el basurero
de Cocula.
Dentro de estos 10 puntos de acuerdo hay cuatro que
pueden modificar radicalmente el rumbo de la investigación o convertirse
en fuente de conflicto entre la PGR y el GIEI, ya que obligan a la
Procuraduría a someterse a los lineamientos de los expertos: el 3 que
señala que el nuevo equipo de trabajo se conformará con gente “de
confianza de la Procuraduría General de la República (PGR) y del GIEI”;
el 5, que compromete que “las autoridades mexicanas deberán de trabajar
de manera conjunta con el GIEI, informando las diligencias a realizar y
líneas de investigación”; el 7, que obliga a formalizar reuniones entre
el GIEI y el nuevo equipo de trabajo; y el 8, que indica: “El grupo de
expertos proporcionará a la PGR un documento de trabajo para llevar a
cabo la investigación.”
De cumplirse estos cuatro puntos el
cambio de subprocuraduría responsable de la investigación sería más que
cosmético, pero hasta hoy todo indica que la PGR está más empeñada en
preservar “la verdad histórica” para deslindar a las fuerzas federales
de cualquier responsabilidad, a pesar de que cada día surgen más
evidencias de que en el mejor de los casos fueron negligentes, pues
tuvieron la información de lo que ocurría el 26 de septiembre del 2014
con toda oportunidad y no hicieron nada para evitarlo.
Así que el
forcejeo entre los organismos internacionales y el gobierno federal se
prolongará, por lo menos durante los siguientes seis meses, en los
cuales el grupo de expertos continuará su labor en el país.
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