Mathieu Tourliere
 |
| La página web de la UFCW. |
MÉXICO,
DF (apro).- Por su condición de migrantes temporales, decenas de miles
de trabajadores agrícolas en Canadá –entre ellos mexicanos– se
encuentran vulnerables ante los abusos laborales que la propia
legislación canadiense permite, denunció hoy el Sindicato de
Trabajadores Unidos de la Alimentación y el Comercio (UFCW, por sus
siglas en inglés).
“Los ambientes de trabajo niegan las protecciones laborales, los derechos y la capacidad de organizarse de manera efectiva y de negociar colectivamente”, planteó el sindicato, al precisar que “estas limitaciones han creado una relación muy desigual entre la industria agrícola y los trabajadores agrícolas migrantes”.
Canadá y México ratificaron en 1973 el Programa de Trabajadores Agrícolas de Temporada (SAWP, por sus siglas en inglés) –creado en 1966–, a través del cual el gobierno mexicano recluta y envía jornaleros a las regiones del país que carecen de una mano de obra escasa, por periodos de ocho meses reconducibles al otro año, explicó el UFCW.
El sindicato indicó que, con el argumento de proteger a las pequeñas explotaciones familiares, la legislación canadiense niega derechos laborales, de salud y de seguridad a los trabajadores agrícolas, pero subrayó que “la granja familiar es en gran parte una reliquia del siglo XIX y principios del siglo XX”, e insistió en que el modelo de producción agrícola se acerca hoy en día más al modelo industrial.
A consecuencia de lo anterior, los trabajadores canadienses “no están dispuestos a hacer el trabajo agrícola por los salarios ofrecidos”, lo que permite a los operadores “importar” una cada vez mayor mano de obra barata del extranjero: de acuerdo con el UFCW, más de 45 mil migrantes de distintos orígenes laboran actualmente en el campo canadiense de manera temporal, tres veces más que hace una década.
El UFCW lamentó que los programas de empleo temporal en el campo asignen a cada migrante a un empleador específico, lo que lo convierte en “una fuerza de trabajo cautiva legalmente construida”, pues el miedo a perder el trabajo desincentiva la denuncia de los abusos laborales o las lesiones que suele provocar la actividad en el campo.
“Los trabajadores agrícolas migrantes deben tener la opción de solicitar la residencia permanente bajo programas provinciales nominados y sus permisos de trabajo deberían estar abiertos, permitiendo el empleo a través de un sector en una región”, estimó el sindicato.
Entre otros abusos, el UFCW destacó el seguro de empleo, que se deduce de la nómina de todos los trabajadores para supuestamente cubrir los periodos de interrupción de trabajo, pero del que no se benefician en la práctica.
El sindicato explicó que, al terminarse la temporada de cosecha, los empleadores suelen retornar a los trabajadores a sus países de origen y no esperan a que se agote el periodo de residencia temporal otorgado por el programa. Por lo anterior, no gozan de este fondo al que, en teoría, tendrían derecho
“Los ambientes de trabajo niegan las protecciones laborales, los derechos y la capacidad de organizarse de manera efectiva y de negociar colectivamente”, planteó el sindicato, al precisar que “estas limitaciones han creado una relación muy desigual entre la industria agrícola y los trabajadores agrícolas migrantes”.
Canadá y México ratificaron en 1973 el Programa de Trabajadores Agrícolas de Temporada (SAWP, por sus siglas en inglés) –creado en 1966–, a través del cual el gobierno mexicano recluta y envía jornaleros a las regiones del país que carecen de una mano de obra escasa, por periodos de ocho meses reconducibles al otro año, explicó el UFCW.
El sindicato indicó que, con el argumento de proteger a las pequeñas explotaciones familiares, la legislación canadiense niega derechos laborales, de salud y de seguridad a los trabajadores agrícolas, pero subrayó que “la granja familiar es en gran parte una reliquia del siglo XIX y principios del siglo XX”, e insistió en que el modelo de producción agrícola se acerca hoy en día más al modelo industrial.
A consecuencia de lo anterior, los trabajadores canadienses “no están dispuestos a hacer el trabajo agrícola por los salarios ofrecidos”, lo que permite a los operadores “importar” una cada vez mayor mano de obra barata del extranjero: de acuerdo con el UFCW, más de 45 mil migrantes de distintos orígenes laboran actualmente en el campo canadiense de manera temporal, tres veces más que hace una década.
El UFCW lamentó que los programas de empleo temporal en el campo asignen a cada migrante a un empleador específico, lo que lo convierte en “una fuerza de trabajo cautiva legalmente construida”, pues el miedo a perder el trabajo desincentiva la denuncia de los abusos laborales o las lesiones que suele provocar la actividad en el campo.
“Los trabajadores agrícolas migrantes deben tener la opción de solicitar la residencia permanente bajo programas provinciales nominados y sus permisos de trabajo deberían estar abiertos, permitiendo el empleo a través de un sector en una región”, estimó el sindicato.
Entre otros abusos, el UFCW destacó el seguro de empleo, que se deduce de la nómina de todos los trabajadores para supuestamente cubrir los periodos de interrupción de trabajo, pero del que no se benefician en la práctica.
El sindicato explicó que, al terminarse la temporada de cosecha, los empleadores suelen retornar a los trabajadores a sus países de origen y no esperan a que se agote el periodo de residencia temporal otorgado por el programa. Por lo anterior, no gozan de este fondo al que, en teoría, tendrían derecho
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