La repentina preocupación por los pobres

Lo más lamentable es constatar que tenemos un Congreso que es capaz de extraviar las políticas públicas de un país al contentillo de una empresa.

Aleida Calleja

Desde la reforma constitucional de 2013 en Telecomunicaciones y Radiodifusión, el artículo 5º transitorio dispuso que el apagón analógico debería hacerse en todo el país a más tardar el 31 de diciembre de este año.

¿Por qué se puso en el texto constitucional una fecha tan específica? Porque con anterioridad las televisoras comerciales, Televisa y TV Azteca habían hecho acciones legales para impedirlo, incluso hubo instituciones que funcionaron como ariete para este propósito, como el conjunto de diputados que en el 2010 pusieron una controversia constitucional por el Decreto presidencial de Felipe Calderón que adelantaba la fecha del apagón al 2015 en lugar de que fuera hasta 2021, o el extinto Instituto Federal Electoral que pidió retrasarlo en Tijuana por las elecciones en Baja California norte en mayo del 2012. Una manera de evitar más obstáculos era ponerlo en la Constitución, así lo acordaron en su momento los partidos que impulsaron la reforma.

A pocas semanas de que el plazo se cumpla Televisa difunde una guerra de cifras de familias en Monterrey, Nuevo León, que se quedaron sin el servicio de televisión abierta digital por no contar con una tv digital o un decodificador, que difieren de las cifras determinadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), instancia encargada por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de entregar a la población más pobre integrada en el padrón de Sedesol los aparatos para transitar a la televisión digital. A su vez el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene que verificar que hay por lo menos un 90 por ciento de penetración para ordenar el apagón.

En una repentina preocupación por los más pobres el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, pidió retrasar el apagón en una entrevista radiofónica, porque millones se quedarán sin ver su televisión.

Con una inusitada rapidez y obsequiosidad, legisladores de ambas Cámaras en el Congreso se aprestaron a respaldar su petición, el senador chiapaneco, Zoé Robledo del PRD, presentó una iniciativa para retrasar la fecha al 30 de junio de 2016, mientras el senador Javier Lozano presentó otra para que se haga hasta ¡31 de diciembre de 2016! Sin más argumento que el de Televisa y sin presentar dato alguno de la certeza de las cifras y las consecuencias en términos económicos, técnicos o sociales, una completa irresponsabilidad.

También es irresponsable la petición de retrasar el apagón por parte de televisoras públicas de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales porque no tienen recursos para la transición digital, y es hasta ahora que formalmente van a la Cámara de Diputados a pedir recursos, cuando sabían de la fecha fatal desde hace dos años. ¿Coincidencia? Puede ser, pero hay que recordar que la actual presidenta de esta red, Susana Guadalupe Solís Esquinca que durante 20 años fue reportera de Televisa[1], es la titular del Sistema de Radiodifusión de Chiapas donde gobierna el Partido Verde Ecologista (PVEM), que es demasiado cercano a las televisoras.

El punto central, más allá de las maniobras que le comento, es que retrasar el apagón analógico tiene serias consecuencias.

Las consecuencias

La primera de ellas es que se retrasaría mucho más la implementación de la Red mayorista compartida para dar mejor y mayor conectividad al país desde la Banda del 700 Mhz, esta banda es bastante codiciada por que permite las mejores condiciones para el internet de cuarta generación. De acuerdo a las declaraciones públicas de la Subsecretaria de la SCT, Mónica Aspe, aún quedan nueve antenas de tv analógica en esa banda, que debe de quedar despejada para que pueda funcionar la Red. Retrasar este proyecto que es uno de los más importantes en esta administración, aplazaría la conectividad, especialmente a los más pobres, desalentaría la inversión que se necesita de miles de millones de dólares y por lo tanto la economía de escala que se desarrollaría con esta Red.

La segunda es que la nueva cadena nacional de televisión, estaría en franca desventaja frente a las actuales televisoras porque no tiene señales analógicas, sólo digitales y no podrá ganar audiencia mientras se aplace el apagón, al mismo tiempo se desincentiva la licitación de las 123 frecuencias de tv digital que quedaron desiertas en marzo de este año, con lo cual se reduce la posibilidad de tener contenidos diversos y la competencia.

La tercera es que se daría una señal muy mala a los inversionistas, no es buena señal que se cambie la Constitución para adecuarse al plan de negocios de una empresa que depende de audiencia de un mercado que controla, pues la preocupación de Televisa es el raiting con el cual puede poner tarifas a sus anunciantes, lo que le preocupa a esa empresa es que haya competencia, por más que su dueño diga lo contrario.

Los comisionados del IFT  Gabriel Contreras, Adolfo Cuevas y la comisionada María Elena Estavillo han declarado que esas serían las consecuencias, igualmente la subsecretaría de la SCT Mónica Aspe, sin embargo dócilmente aceptan que pueda hacerse este atraso si a así lo decide el Congreso, en lugar de defender los proyectos y dar claridad de las cifras e impactos que dañarían al país.

Lo más lamentable es constatar que tenemos un Congreso que es capaz de extraviar las políticas públicas de un país al contentillo de una empresa. ¿Qué pensarán los chiapanecos de que su legislador se preocupa más porque vean a Laura Bozzo en lugar de priorizar la conectividad a la banda ancha, siendo uno de los estados más pobres del país? El peor de los argumentos fue el del senador Lozano que dice que la gente se va a sacar los ojos si no puede ver televisión, brillante conclusión.

Postergar el apagón analógico es un escándalo de dimensiones internacionales, pues México sería el primer país en América Latina en hacerlo de conservarse la fecha, tener un 10 por ciento sin cobertura ha pasado en muchos países, en lugar de postergarlo lo que se implementan son planes para que en el corto plazo la gente pueda adquirir decodificadores. Aplazar el apagón es un inaceptable obsequio político a Televisa, tal como los sostuvimos tres de los ex presidentes de la Amedi.[2]

@callejag