Larissa tiene 26 años y hace cuatro meses que salió huyendo de un pueblo de Honduras, del que prefiere no decir el nombre.
“La decisión de ir a Estados Unidos la tomé porque
las pandillas están extorsionando al país entero
–narra la hondureña, mientras con un cucharón de plástico mueve sin
mucho ahínco el arroz blanco que fríe en un viejo sartén-. Allá en mi
país
hay que pagar siempre el ‘impuesto de guerra’ (la extorsión) a las
maras (las pandillas)
. Y aunque no
tengás dinero o empresa propia,
ellos siempre andan cobrando a la gente ese impuesto”.
La
centroamericana sonríe cansada. Lleva dos meses en el albergue de
migrantes de Arriaga, en Chiapas, y aunque asegura que agradece la ayuda
que le brinda el refugio, confiesa con voz sibilina que cuando junte
unos cuantos pesos más reanudará el camino que la lleve hasta Virginia,
en Estados Unidos. Allí, cuenta ahora con una sonrisa franca y sin
reparar en los números obstáculos que aún la aguardan,
espera encontrar para ella y sus dos hijas un refugio lejos de las extorsiones de las pandillas que las acosan.
“En Honduras
la mara está multiplicada
–explica, ahora con la mirada puesta en otra olla desconchada donde
hierven un puñado de frijoles negros, que ella misma lavó hace unos
minutos-.
Hay maras por todo el país. Y no solamente una, son muchas. Demasiadas
–puntualiza con los ojos negros muy abiertos-. Pero el gran problema
son las dos principales, que son la MS13 (Mara Salvatrucha) y el Barrio
18. Entre ellos
andan haciendo competencia para ver quién es más fuerte, y en todos eso enfrentamientos vamos incluidas las personas normales que nada tenemos que ver con ellos”.
A
continuación, cuando se le cuestiona si en el camino se ha encontrado
con otras mujeres centroamericanas que, como ella, también huyen de la
violencia de las pandillas, Larissa asiente con la cabeza varias veces, y
comenta bajando la voz que, además de las extorsiones, muchas de las
jóvenes que vemos en albergues como el de Arriaga se han visto obligadas
a huir simplemente porque un pandillero se fijó en ellas.
“En Honduras,
cuando un marero le gusta una chica inmediatamente se hace dueño de ella. Así de fácil –chasquea los dedos-. No importa si no
querés, porque solo
tenés dos opciones:
acceder a ser novia del marero, o van a por tu familia y luego a por ti. Y luego, una vez que ya seas su novia, te tatúan. Porque ya
tenés que estar bien
plaqueada. Allá la Mara lo identifica todo, es una mafia”, concluye la joven hondureña, que vuelve a mover el arroz en la sartén sin demasiado esmero.
Deportación de mujeres migrantes aumentó 59%
El testimonio de Larissa, que fue recabado por
Animal Político
durante un recorrido por la frontera sur para la elaboración de un
especial sobre migrantes, es un ejemplo más de los miles de casos de
mujeres,
especialmente del Triángulo Norte de Centroamérica -Honduras, Guatemala y El Salvador-, que están abandonando sus países ante el aumento de la violencia perpetrada por las pandillas y el crimen organizado.
Una
violencia descontrolada que, tal y como alertó ayer la Agencia de la
ONU para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en inglés) ha llegado a
tal punto que está generando
“una crisis de refugiados inminente en las Américas”.
Durante la presentación en Washington DC del informe
Women on the Run (Mujeres en Fuga),
el cual recaba entrevistas a 160 mujeres que, como Larissa, huyeron de Centroamérica
y también de “algunas partes de México”, el Alto Comisionado del ACNUR, Antonio Gutierres, advirtió que la crisis de refugiados que observa el mundo
no está limitada sólo al Medio Oriente o a África, sino que también se desarrolla en las Américas.
“Este informe es una
alerta temprana para crear conciencia sobre los desafíos que
enfrentan las mujeres refugiadas y
un llamado a la acción para responder a nivel regional a una crisis de refugiados que se anuncia inminente”, subrayó Gutierres.
Sin
embargo, este llamado del ACNUR a que los países de Centroamérica y
Norteamérica tomen medidas ante la crisis de refugiadas, como establecer
“las capacidades adecuadas” para que en las fronteras se realice una
correcta “identificación de personas en necesidad de protección
internacional”,
choca con las cifras de detenciones y deportaciones de mujeres migrantes en México.
Especialmente, con las registradas en este 2015, año en el que las autoridades migratorias mexicanas
batieron el récord de detenciones y deportaciones de mujeres desde que se tiene registro.
De
acuerdo con el último reporte de la Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación, de enero a agosto de 2015, es decir,
en ocho meses, se llevaron a cabo
30 mil 165 eventos de detención de mujeres migrantes;
63% más que en todo 2014, cuando se contabilizaron 18 mil 464 eventos;
y hasta 230% más que 2013 (9 mil 115), el primer año de Peña Nieto en Los Pinos.
En cuanto a los eventos de devolución de mujeres realizados por el Instituto Nacional de Migración (INM), es decir,
las deportaciones, de enero a agosto de este año se realizaron 24 mil 655,
59% más que en 2014 (15 mil 502); y
171% más que en 2013 (9 mil 095).
De
hecho, tanto el número de detenciones de mujeres de migrantes, como el
de deportaciones registrado en ocho meses del presente año,
es el mayor registrado en México desde que el INM comenzó a desagregar sus estadísticas por sexo en 2007;
año que más se aproxima a las estadísticas actuales con 21 mil 633
eventos de detención (-39% en comparación con 2015) y 20 mil 121
deportaciones (-22%).
Peticiones de refugio aumentan 79%, pero 75% son rechazadas
Por el contrario, y también en contraste con la petición del ACNUR de que los países de la Región
“reconozcan la creciente situación de refugiados en la región”, las peticiones de refugio en México
aumentaron 79% en 2014, pero la estadística de personas extranjeras a las que se les brindó la protección del estado mexicano
no aumentó de manera proporcional.
Así, de 2 mil 137 peticiones de refugio registradas en 2014,
hasta el 75% (mil 607 casos) no obtuvo el reconocimiento por diversos motivos.
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