Aunque México reporta avances en los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) –una estrategia asumida por 65 países para transparentar información pública–, existe una “brecha” con la realidad, pues el nivel de vida de la población no ha mejorado.
Aunque
México reporta avances en los compromisos de la Alianza para el
Gobierno Abierto (AGA) –una estrategia asumida por 65 países para
transparentar información pública–, existe una “brecha” con la realidad,
pues el nivel de vida de la población no ha mejorado.
Así lo
advierten las organizaciones sociales participantes en la Cumbre
Internacional de la AGA que será inaugurada este miércoles 28 de octubre
por el presidente Enrique Peña Nieto y donde dará a conocer el avance
de los 26 compromisos asumidos por el gobierno mexicano en 2011.
La
finalidad del modelo de gobierno abierto es que haya mecanismos de
rendición de cuentas, participación ciudadana, transparencia y acceso a
la tecnología para que los ciudadanos vigilen y exijan resultados de sus
gobiernos. Para ello, cada país estableció metas en estos rubros.
México adoptó 26 compromisos cuyos avances alcanzados hasta julio pasado están publicadas en su página de internet.
Entre los compromisos está crear una base de datos de personas
desaparecidas, publicar un padrón abierto de beneficiarios de programas
sociales; publicación del gasto de obra pública, recaudación de
impuestos. Creación de plataformas para informar sobre la minería, la
industria petrolera, entre otras.
Sin embargo, para la sociedad
civil, un gobierno abierto no consiste en registrar supuestos avances de
transparencia si estos no se traducen en la atención de los problemas
estructurales del país.
“Hasta ahora, el Gobierno Abierto parece
circunscribirse a ejercicios muy puntuales que no abonan al
fortalecimiento de la democracia. La mayoría de los compromisos atiende
lagunas de información en ciertos sectores y dependencias y no se
traducen en prácticas estandarizadas de apertura que generen mayor
participación y rendición de cuentas”, advierte el comunicado.
Esta
evaluación forma parte del posicionamiento de la sociedad civil que se
dará a conocer este miércoles como parte de los trabajos de la cumbre
que se realizará en el Palacio de Minería.
Las organizaciones
advierten una preocupación por “la brecha que existe entre el alcance de
estos compromisos de gobierno abierto y la realidad que vive el país”,
toda vez que estos supuestos avances “no ha logrado paliar la grave
crisis en materia de derechos humanos que vive nuestro país”.
Una
muestra de ello es que “la cotidianidad de millones de mexicanos se
encuentra marcada por graves violaciones a sus derechos humanos, las
desapariciones forzadas, los retrocesos en materia de libertad de
expresión, la criminalización de la protesta, la pobreza, corrupción e
impunidad”.
Esto, insisten las organizaciones, “ha mermado la
confianza de la ciudadanía” y ha propiciado que expertos internacionales
participen en la investigación de violaciones a derechos humanos y
hagan recomendaciones al Estado mexicano, como ocurrió en las recientes
visitas de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Ambos
organismos coincidieron en la necesidad de generar mecanismos de
información eficientes y transparentes respecto al incumplimiento de las
obligaciones del Estado Mexicano de respetar y proteger los derechos
humanos y han advertido sobre la inminente necesidad de que los
funcionarios públicos involucrados rindan cuentas.
Los preceptos
de la Alianza para un Gobierno Abierto consisten en la colaboración,
participación, transparencia y rendición de cuentas, para lograr un
cambio de relación entre la sociedad y el gobierno que impacte
directamente en las políticas públicas, pero “este cambio no ha sucedido
en México”.
Por ello, las organizaciones sociales proponen al Ejecutivo que atienda las siguientes recomendaciones:
- Entender la apertura como un concepto que implica no solamente transparencia sino rendición de cuentas y participación ciudadana amplia
- Fortalecer y garantizar el estado de derecho
- Incluir los derechos humanos y la perspectiva de género como ejes transversales en los próximos Planes de Acción
- Implementar acciones que visibilicen y reviertan el contexto de violación a los derechos humanos y restricción del espacio público
- Promover el uso de datos abiertos para fortalecer la investigación
- Combatir la impunidad con acciones contundentes, se necesita una verdadera muestra de voluntad política.
- Utilizar los mecanismos de Gobierno Abierto para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
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