En México se acaba de realizar la Segunda Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, en la cual de nueva cuenta se pone al centro el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, documento que reposiciona en el marco regional los derechos sexuales y los derechos reproductivos establecidos en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en octubre de 1995.
El Consenso se ha impulsado desde la Cepal, uno de los más altos niveles de articulación en América Latina (AL) y el Caribe, y México no sólo ratifica su firma, sino que se propuso para la segunda reunión regional para su seguimiento.
A lo largo del acuerdo se señala el compromiso de los países para establecer recursos orientados a una serie de acciones de política pública nacional en salud sexual y reproductiva.
Por ejemplo se acuerda: garantizar una dotación suficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos para brindar un acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva de todas, incluidos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna.
Tal compromiso se articula con los principios de la Observación General 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales —pacto signado por el país— particularmente con que el derecho al disfrute de más alto nivel posible de salud está sujeto a la realización progresiva (del derecho) y a la disponibilidad de recursos.
De igual manera se vincula con otros elementos fundamentales de los Derechos Humanos (DH), como la igualdad y la no discriminación en el acceso a la salud (incluyendo la atención al VIH, a las poblaciones indígenas y migrantes, y a las personas con discapacidad).
Estos marcos normativos internacionales señalan no sólo obligaciones, sino rutas del para qué y en qué se asignan los presupuestos en salud y en salud sexual y reproductiva en particular, acciones básicas como disponibilidad de recursos humanos capacitados en el marco de lineamientos clínicos y derechos sexuales y reproductivos, infraestructura sanitaria suficiente para cubrir las necesidades en salud de la población y con espacios habilitados culturalmente, abasto de métodos anticonceptivos y antiretrovirales, medicamentos para atención de embarazo y parto, recursos para estrategias comunitarias, y para asegurar el traslado de la población, efectivos sistemas de referencia y contra referencia, recursos para mejorar los registros y para la investigación, con el fin de mejorar la calidad de la atención considerando la diversidad poblacional y determinantes sociales.
Con todas estas consideraciones y directrices sobre la mesa, no queda sino exigir que el gobierno mexicano las realice, pero además con una implementación transparente, apegada a la rendición de cuenta permanente y procesos participativos.
Al revisar el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF), las promesas del discurso gubernamental de garantizar derechos en salud, y en salud sexual y reproductiva prácticamente se van al suelo.
Si el Sistema de Protección Social en Salud —a su haber, la principal fuente de financiamiento para los 32 servicios estatales de salud— presenta una reducción de -5.43 por ciento con respecto al 2015 y el gasto etiquetado en salud materna, sexual y reproductiva una tasa de decrecimiento de -7.41 por ciento en relación al mismo año, igualmente el presupuesto del Ramo 12 Salud presenta una tasa de decrecimiento de -6.73 por ciento.
De la misma forma, la fusión de los programas en salud reproductiva con el de salud materna en una sola categoría en el Proyecto del PEF 2016 atenta contra los planteamientos del propio Consenso de Montevideo, en cuanto a abordar y desarrollar acciones públicas diferenciadas por cada temática en salud reproductiva.
Es de recordar que los derechos reproductivos, por ejemplo, contienen la autonomía en diversos temas como es la decisión de tener o no hijas o hijos; sólo este planteamiento requiere de acciones en salud diferenciadas y con recursos específicos.
A la par, recursos agregados conducen a opacidad en la transparencia y a una corta rendición de cuentas, contraria a cualquier gobierno que se diga democrático.
Por último, estos recortes presupuestales evidentemente profundizarán la insuficiencia presupuestaria para el desarrollo real de los seis programas de política pública en salud reproductiva e igualdad de género, y de las estrategias dirigidas al VIH en mujeres.
Los documentos internacionales de DH mencionados ubican a las niñas y mujeres como sujetas de derechos; lo que las vulneraría de manera importante son las políticas públicas económicas. La asignación y la estructura de presentación de los recursos en salud reproductiva y en salud en el Proyecto del PEF 2016, van en tal dirección.
Las organizaciones de la Coalición demandamos a la Cámara de Diputados revertir estos graves retrocesos y actúe conforme a sus facultades de contrapeso del Poder Ejecutivo, y de modificación al Proyecto de Presupuesto.
Para lo cual se propone lo siguiente:
—Revertir la separación de los Programas Presupuestarios señalados.
—Recuperar la pérdida de -7.41 por ciento de decrecimiento en el presupuesto para el Programa Presupuestario P020 (Salud materna, sexual y reproductiva).
—Desglosar las acciones para el ejercicio del gasto de los programas presupuestarios P020 (Planificación familiar y anticoncepción, Salud Materna y Perinatal, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Prevención y control del cáncer de la mujer, Prevención, Igualdad de Género en Salud y Atención de la Violencia Familiar y de Género), y el P016 (Prevención y atención de VIH/Sida y otras ITS).
—Destinar recursos adicionales y específicos al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH para acciones enfocadas a la prevención del VIH en mujeres.
—Fortalecer los recursos presupuestales para acciones específicas en salud con población indígena.
—Fortalecer la homologación de indicadores en las distintas herramientas del PEF.
—Fortalecer en el decreto del PEF 2016 los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, garantizando el acceso público a la Plataforma Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFASPE), mecanismo en el cual se registra el gasto etiquetado en salud sexual y reproductiva que se transfiere a las entidades federativas.
—Etiquetar recursos específicos para el levantamiento de una Encuesta de Análisis para la población de 10 a 15 años —hoy invisible—, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), único instrumento que permitirá evaluar la aplicación de esa política pública en ese grupo de edad, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Por último, es necesario que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura considere la reinstalación del mecanismo “Mesas Interinstitucionales para la Discusión del Presupuesto para el Anexo de Igualdad”, en el que, además de las instituciones, puedan participar las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el tema.
*Daniela Díaz Echeverría es responsable del proyecto de Salud Reproductiva y Presupuesto Público, e investigadora en VIH en mujeres en Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
**Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Daniela Díaz Echeverría*
Cimacnoticias | México, DF.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario