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| El secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo. Foto: Benjamin Flores John M. Ackerman |
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Si el Senado de la República aprueba el Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) negociado en
sigilo por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el
gobierno de Barack Obama y otros siete países, estará entregando la
nación entera en bandeja de plata a los intereses más oscuros del
planeta. Con el TPP, el sistema jurídico nacional en su conjunto se
subordinaría a los caprichos de las grandes empresas trasnacionales. Los
únicos fines de estas corporaciones son el lucro para sus dueños y la
manutención de la hegemonía económica, política, cultural y militar de
Estados Unidos.
A juicio de Guajardo y su jefe Enrique Peña
Nieto, México no es una nación soberana, sino simplemente un
“esquema-país” (véase: http://ow.ly/TrknF)
cuya función principal es generar oportunidades de negocios para los
hombres y las mujeres más adinerados del mundo. Para el gobierno actual
no importan la devaluación del peso, la profundización de la pobreza y
la desigualdad, el raquítico crecimiento económico, el desplome en el
precio del petróleo o el aumento en el costo de la canasta básica. Todos
estos fenómenos son preocupaciones menores, ya que solamente afectan a
los más vulnerables y necesitados dentro de un país, México, que estos
funcionarios desprecian profundamente. Lo importante es mantener en
forma la máquina mexicana de apoyo a las redes de poder global.
El TPP es un documento secreto al que solamente unos cuantos oligarcas
apátridas y políticos corruptos tienen acceso. Sus 30 capítulos no se
han dado a conocer al público por el explosivo rechazo popular que
podrían generar dentro de los países que negocian el acuerdo: Estados
Unidos, México, Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y
Vietnam. La estrategia de negociación y aprobación del acuerdo
internacional se parece mucho a la del “Pacto por México” utilizada en
México para imponer la contrarreforma energética. Primero se realizan
negociaciones y pactos secretos entre políticos, empresarios y
funcionarios sin ninguna participación de la sociedad civil.
Posteriormente, las reformas consensadas son presentadas a última hora y
aprobadas sin deliberación alguna en clara violación de las prácticas y
los reglamentos parlamentarios.
El TPP es aún más peligroso que
la reforma energética. Las modificaciones a los artículos 24, 25 y 27
constitucionales publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario
Oficial de la Federación entregan los recursos nacionales a las
corporaciones petroleras y energéticas. Pero el TPP coloca al país
entero al servicio de las trasnacionales y de Washington.
A
partir de filtraciones, sabemos que uno de los elementos más nocivos del
TPP es el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos
inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que cancelaría el
poder de la nación para controlar los abusos de las empresas
extranjeras. Este tipo de mecanismos permiten a los “inversionistas”
demandar al Estado mexicano por oportunidades de lucro supuestamente
perdidas a partir de acciones gubernamentales en defensa del medio
ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas
demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder
Judicial, sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden
cuentas absolutamente a nadie. La ONG estadunidense Public Citizen ha
proporcionado un excelente resumen de lo que está en juego con este tipo
de acuerdos (véase: http://ow.ly/Trrxi).
La finalidad de dichas disposiciones es atar las manos de los
gobiernos. Se busca bloquear la posibilidad de que nuevas leyes o
regulaciones generadas por procesos democráticos interfieran con los
contratos y las ganancias de las trasnacionales. El TPP implica un
ataque directo a la soberanía nacional y una cancelación absoluta de la
soberanía popular.
México ya tiene una experiencia muy negativa
con esta clase de acuerdos. Tanto el capítulo 11 del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) como los establecidos con España
ya incluyen disposiciones similares. En varias ocasiones el gobierno
mexicano ha sido condenado a pagar sumas millonarias para “compensar” a
empresas trasnacionales ante las “pérdidas” causadas por acciones
gubernamentales.
En un caso, con el fin de proteger la salud de
sus ciudadanos, las autoridades del municipio de Guadalcázar, San Luis
Potosí, negaron un permiso de construcción a una empresa canadiense de
procesamiento de desechos tóxicos, Metalclad. Ésta recurrió al tribunal
especial del TLCAN y ganó un litigio en contra del Estado mexicano por
la cantidad de 16 millones de dólares. En otro caso, una compañía de
procesamiento de desechos tóxicos, la española Abengoa, ganó un juicio
similar, por 40 millones de dólares, al impugnar la decisión del
municipio de Zimapan, Hidalgo, de cancelar sus permisos de operación y
uso de suelo.
En lugar de empoderar a las trasnacionales en su
lucha contra el pueblo de México, un gobierno digno tendría que proteger
la economía nacional, el medio ambiente y el bienestar de los
ciudadanos. Por ejemplo, el centro de investigación Global Financial
Integrity estima que aproximadamente 50 mil millones de dólares son
extraídos del país cada año por medio de mecanismos de fraude fiscal,
lavado de dinero y repatriación de ganancias a los países sede de las
trasnacionales (véase: http://ow.ly/Trzfh).
Para aumentar el nivel de inversión no hace falta rematar a la nación o
sacrificar nuestra soberanía. Al contrario, basta y sobra con poner un
alto al saqueo constante de nuestros abundantes recursos y patrimonio
nacionales por las redes de corrupción financiera internacional.
Twitter: @JohnMAckerman
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