Mathieu Tourliere
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| Un anaquel con refrescos en un supermercado. Foto: Alejandro Saldívar |
MÉXICO,
D.F. (apro).- Organizaciones de defensa del consumidor y de la salud
denunciaron hoy la injerencia de la industria refresquera en la posible
disminución de 50% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) para los refrescos y otras bebidas procesadas que tengan hasta
cinco gramos de azúcares añadidos –muchos de los cuales están destinados
a los niños–, actualmente en discusión en el Senado.
Lamentaron
que los diputados federales priistas, panistas y de los partidos
satélites PVEM y Panal, aprobaron la reducción del impuesto –de un peso
por litro a cincuenta centavos por litro– sobre estas bebidas, haciendo
caso omiso a las opiniones de organismos nacionales e internacionales de
salud que se alarmaron ante la medida “regresiva” aprobada en la
cámara.
Entre ellos destacan el Instituto Nacional de Salud
Pública, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México o la
Organización Panamericana de la Salud, así como una coalición
internacional de organizaciones científicas, que recomiendan, al
contrario, elevar el impuesto al 20% sobre todas las bebidas azucaradas.
De acuerdo con las organizaciones, la estrategia de la industria consiste en fomentar el consumo de bebidas light –tal
como lo hizo la industria del tabaco–, las cuales son diseñadas y
elaboradas en laboratorios con azúcares, edulcorantes, saborizantes y
otros químicos para habituar a los más jóvenes a la sensación de dulce y
volverlos adictos.
Prueba del cabildeo de la industria
refresquera, según El Poder del Consumidor, la dio el diputado priista
Jorge Estefan Chidiac el pasado 21 de octubre, cuando admitió en
entrevista con Radio Fórmula que “el sector empresarial en su conjunto estuvo visitando a los diferentes grupos parlamentarios”.
Durante la entrevista, el secretario de la Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados abundó: “no es una propuesta del PRI, obviamente.
Sin embargo, entendimos que podría ser una nueva opción para que se
creara una nueva generación de refrescos con menos calorías que,
obviamente, no va a sustituir a Coca Cola o Pepsi, porque sus fórmulas
son inalterables”.
Ayer, Miguel Messmacher, subsecretario de
Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), retomó
el argumento de la industria refresquera al destacar que la medida
propuesta por el PRI fue “malinterpretada”, pues aseveró que “lo que se
está proponiendo es establecer un tramo particular de bajo contenido de
azúcar y que solamente para ese tramo se aplique un impuesto más bajo de
50 centavos”.
Sin embargo, el argumento según el cual reducir el
impuesto sobre estas bebidas incentivará la elaboración de “un refresco
menos agresivo” no se sostiene en evidencias científicas, según las
organizaciones.
Con la medida, una bebida para niños de 300
mililitros tipo “aguïta” por ejemplo, podría contener hasta 15 gramos de
azúcares añadidos, lo cual se acerca a los 16 gramos de azúcar que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera lo máximo que puede
ingerir un niño por día.
De hecho, El Poder del Consumidor dio a
conocer su extrañamiento ante el silencio de la Secretaría de Salud pese
que su titular, Mercedes Juan López, respaldó en público el impuesto a
los refrescos que “ha disminuido el consumo en este año de las bebidas
azucaradas y ha aumentado el consumo de agua” el pasado 19 de octubre.
La industria, cuyo “poder económico ya se convirtió en un poder
político”, recluta a exfuncionarios para cabildear en las esferas
políticas, denunció hoy Alejandro Calvillo, director de El Poder del
Consumidor.
En la práctica de las “puertas giratorias”, Calvillo
señaló al exdirigente nacional del PRI y exdirector del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Genaro Borrego, quien funge
actualmente como director de asuntos corporativos de Femsa, la mayor
embotelladora de Coca Cola en México.
También señaló el caso de
Jaime Zabludowsky, quien negoció a nombre del gobierno mexicano los
tratados de libre comercio con América del Norte y la Unión Europea y
desempeña ahora, entre otros, el cargo de presidente ejecutivo del
Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, grupo de
interés de la industria de alimentos, bebidas y productos de consumo y
abierto opositor a los impuestos a la “chatarra”.
La discusión se
encuentra ahora en el Senado de la República, donde el PRI,
aparentemente solo, apoyará la reducción del impuesto.
En una
semana, el PAN dio marcha atrás: si bien los diputados votaron a favor
de la medida, los senadores del mismo partido anunciaron ayer que se
opondrán a la misma. Por su parte el PRD, Morena y Movimiento Ciudadano
la rechazaron desde un principio.
Calvillo sostuvo que, en caso
de aprobarse la reducción del impuesto, las organizaciones no
descartarían emprender acciones legales, pues estimó que “sería una
medida regresiva en materia de derechos, lo cual es anticonstitucional”.
Y concluyó: “¡No lo pedimos nosotros!, sino la comunidad científica
nacional e internacional. ¿Por qué (los legisladores priistas) no
acudieron a los expertos?”
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